La primera marcha de este año convocada por el conjunto de las organizaciones estudiantiles, cumplió con todas las expectativas. La movilización del 11 de abril no sólo demostró que el movimiento de los estudiantes chilenos está consolidado y sin fracturas tras varios años de lucha, sino que también se ha instalado como un referente sobre […]
La primera marcha de este año convocada por el conjunto de las organizaciones estudiantiles, cumplió con todas las expectativas. La movilización del 11 de abril no sólo demostró que el movimiento de los estudiantes chilenos está consolidado y sin fracturas tras varios años de lucha, sino que también se ha instalado como un referente sobre el cual comienzan a ordenarse otras organizaciones sociales: el masivo acto del jueves 11 tuvo como antecedentes inmediatos un paro nacional de los trabajadores del cobre de los sectores público y privado, protestas de advertencia de las quince mil funcionarias de Integra y el paro de los empleados portuarios, que lograron paralizar durante varios días el tráfico de carga marítima alterando los nervios del gobierno y de los empresarios exportadores, que ya calculaban en millones de dólares las posibles pérdidas.
La amplia movilización de los estudiantes, que logró las marcas de 2011, así como las organizadas protestas de los trabajadores, son acciones que se estrenan en un año electoral y han sido anunciadas como el comienzo de una estrategia de activismo social que tenderá a profundizarse durante los próximos meses. A diferencia de huelgas esporádicas y sectoriales anteriores, o también contrariamente con las primeras protestas estudiantiles de inicios de esta década, las actuales manifestaciones tienden a derivar desde lo gremial o sectorial para confluir en lo político. Los diversos movimientos sociales y sindicales coinciden hoy en un plan político cuyo núcleo es cada vez más compartido. La renovación del discurso político está impulsada desde la base.
El clima social que se ha instalado en el país a partir de marzo pasado está alterando la correlación de fuerzas por primera vez en los últimos veinte años. La fuerza de la calle, que se expresa también en las encuestas con niveles de rechazo históricos a la institucionalidad y que tuvo, por cierto, una clara manifestación en la alta abstención de las elecciones municipales de 2012, ha comenzado a pautear a los partidos. La acusación constitucional de la Cámara de Diputados y el Senado contra el ministro de Educación, Harald Beyer, no hubiera ocurrido sin la fuerza de las organizaciones estudiantiles. Hace pocos años ese mismo Parlamento nunca hubiera cuestionado el lucro en la educación. Tras esta acción -que es efecto de la fuerza de la calle sobre la rígida institucionalidad binominal, en desbandada por no perder aún más votos en las próximas elecciones-, no pocos analistas del establishment, incluso, prevén unos próximos meses de alta conflictividad política. El deterioro del binominal hoy no es efecto de su propia corrupción, sino que se ha acelerado con las acciones y el discurso que surge desde las organizaciones sociales y sindicales.
LEJOS DE LOS PARTIDOS
Y DE LAS ELECCIONES
La fuerza de estos movimientos ha logrado también transparentar el deterioro de la política institucional, cooptada durante décadas por los grupos de poder económico. Las acciones, y en especial las omisiones, de los partidos políticos ante los reclamos ciudadanos no solo por la educación, sino la salud y tantas otras áreas de la producción y los servicios, los han llevado al momento actual, cuya característica es de un descrédito histórico. La marcha del 11 de abril recogió este clima político nacional. El presidente de la Fech, Andrés Fielbaum, que en una entrevista a Punto Final (PF 778) había declarado «los estudiantes no tenemos candidatos presidenciales», pudo observar que esta afirmación fue recogida durante la marcha. Tanto así, que incluso la prensa del duopolio no pudo omitir ni esconder el evidente fenómeno juvenil que expresa un rechazo a los partidos. La marcha del 11, pese a estar en los albores electorales, no pudo estar más lejos de ellos. Una enorme distancia separa las demandas e intereses de los estudiantes de los partidos políticos tradicionales. Entre las kilométricas columnas, entre los millares de banderas, no hubo ninguna representación partidaria.
Un pequeño incidente sirve de muestra. Durante la marcha hubo un panfleto llamando a votar que circuló con la imagen de Camila Vallejo y Giorgio Jackson junto a Michelle Bachelet. Antes del mediodía de ese jueves, Jackson escribía en su cuenta de Twitter que el folleto no lo representaba, en tanto la ex dirigenta Camila Vallejo, pese a ser candidata del Partido Comunista aliado del Socialista de Bachelet, llamaba a los responsables a dar la cara. Fielbaum declaraba durante este acto que el movimiento estudiantil no permitirá que sus demandas sean modificadas y tergiversadas, palabras que fueron una inmediata respuesta a las opiniones que un par de días antes había expresado Bachelet en una entrevista radiofónica. En la oportunidad, la expresidenta dijo de forma oblicua que no estaba de acuerdo con la gratuidad en la educación. Bachelet usó el mismo argumento tramposo que empleó Piñera un par de años atrás para argumentar su rechazo a la gratuidad. Para ambos, los hijos de los ricos deben pagar sus estudios.
Esta falaz argumentación compartida por Piñera y Bachelet ha sido rápidamente respondida por los dirigentes universitarios. Para los jóvenes, los millonarios como Piñera han de financiar no sólo la educación de sus propios hijos, sino también de un buen número de otros jóvenes a través del pago de mayores impuestos: una manera de nivelar las desigualdades y de avanzar hacia una mayor inclusión social y solidaridad en la economía.
ESTA SÍ QUE ES POLÍTICA: EL LLAMADO A UNA ASAMBLEA CONSTITUYENTE
¿Rechazo a la política? Por cierto que no. En la marcha un candidato, Marcel Claude, pudo caminar con tranquilidad entre los jóvenes, lo mismo que algunos dirigentes sindicales y de organizaciones sociales. Muchos otros también estuvieron, pero ninguno como protagonista. Fueron meros observadores, simples participantes. El protagonismo de ésta, como de las innumerables manifestaciones estudiantiles, es de los universitarios y secundarios. El movimiento les pertenece en toda su magnitud, en su historia y proyección.
Ante esta crisis de la política institucional los movimientos sociales ya han hecho su diagnóstico: sin partidos y sin candidatos, pero con una clara propuesta política que no pasa por la restauración de la quebrajada institucionalidad. Los jóvenes, del mismo modo que todas las organizaciones sociales, saben que la recuperación de la política pasa por la creación de una nueva institucionalidad a través del llamado a una Asamblea Constituyente. La soga que aprieta a los estudiantes y sus familias endeudadas por el sector financiero, a los trabajadores y empleados, a los consumidores y las diversas comunidades, está hecha del mismo material neoliberal y binominal.
La reciente experiencia del conflicto educacional no puede ser más clara y ejemplificadora para los jóvenes. El modelo neoliberal está basado en el lucro. Su esencia y razón de ser son las ganancias, sean éstas obtenidas en la diversión, los créditos, la telefonía, el transporte o, claro está, en la salud y la educación. Ante las demandas estudiantiles, que exigen una educación gratuita y de calidad como un derecho que debe entregar la sociedad o el Estado, el modelo neoliberal es el polo opuesto. Son dos visiones contrarias no sólo de la economía, sino de entender el mundo. Las diferentes ofertas de bonos y rebajas de tasas de interés en el financiamiento anunciadas por el gobierno de Sebastián Piñera no tocan la esencia del modelo, que es el lucro. Esa misma actitud de centinela de los negocios privados en la educación le ha costado a Harald Beyer una gran humillación en su vida política.
Con esta experiencia, en el pasado reciente, pese a las multitudinarias y numerosas marchas, quedan demostrados los límites del modelo político-económico sobre el que se apoya la educación chilena. A futuro, al considerar las declaraciones de Michelle Bachelet -la candidata con mayores posibilidades de llegar (otra vez) a La Moneda-, es altamente probable que los estudiantes tampoco logren sus objetivos. La permanencia del modelo de mercado desregulado se estrella contra las demandas de los estudiantes.
Los grandes temas políticos no están hoy en los partidos. Estos temas los ha venido colocando la ciudadanía y han sido recogidos en parte por los partidos. Desde los últimos años de la década pasada, tal vez desde la misma «revolución de los pingüinos», la política ha estado delineada desde la calle. Hablamos de la gran política, no de la agenda partidaria binominal o los anuncios gubernamentales, que poco o nada satisfacen o tranquilizan a la agobiada población chilena. Es paradójico, y también un factor de inquietud que debiera llevar a alertar a los movimientos sociales, que para las próximas elecciones presidenciales la candidata de la Concertación haya comenzado a levantar, con matices, algunas de las exigencias juveniles. Bachelet por un lado defiende el modelo de mercado, pero a la vez habla de gratuidad, lo que es una contradicción manifiesta.
El llamado de los movimientos sociales y juveniles a una Asamblea Constituyente es el grado más alto que puede alcanzar la política. Es creación y también un llamado a la acción y participación. Porque todas las demandas sectoriales debieran estar incorporadas en una nueva constitución menos mercantil y más solidaria, que ponga por delante al ciudadano y no al capital.
Son dos modos de mirar el mundo, el del gobernante, el político, el empresario, por un lado, y el trabajador, asalariado, joven o consumidor. La elite y la calle. Un episodio que expresó esta división ocurrió tras las paralizaciones de los portuarios y los trabajadores del cobre. ¡Cómo les dolió a los empresarios! ¡Cómo le dolió a Piñera! No las demandas, sino las pérdidas económicas traducidas también en menores ganancias. Aquella jornada Piñera se explayó en una actividad en terreno y les dijo a los chilenos que deben «cuidar el país que tanto nos ha costado construir».
La frase de Piñera nos recuerda las expresiones de Ricardo Lagos cuando censuraba las protestas porque dañaban «la imagen país». Pero en realidad tanto Piñera como Lagos son representantes -lo mismo que empresarios como Paulmann o Luksic-, de una elite favorecida por el modelo. Son representantes del escaso diez por ciento de la población que se apropia de más de la mitad de los ingresos totales, representan al uno por ciento multimillonario y poderoso que se apropia del 30 por ciento de toda la riqueza chilena. Ambos, así como sus respectivas coaliciones políticas, están allí para defender un modelo económico que ha permitido una concentración de la riqueza y unos niveles de desigualdad nunca vistos en la historia moderna de Chile. Es por ello que cuando se le pide al pueblo desde esas tribunas el cuidado del país, se le solicita simplemente el mantenimiento del orden establecido, del statu quo , de las diferencias e injusticias.
Piñera y su gobierno intentaron desacreditar las protestas de los trabajadores portuarios y mineros con la acusación de «politización del movimiento», denuncia que nos recuerda los peores años de la dictadura y su persecución a los políticos. Pese a las malas intenciones del gobierno, el hecho es una gran verdad. No solo hubo numerosas y muy públicas muestras de apoyo y solidaridad entre los diferentes movimientos de trabajadores, sino que las demandas han comenzado a trascender lo sectorial para orientarse a problemas compartidos por todos los trabajadores, como es el sistema privado de pensiones o la educación de sus hijos. De esta manera, hay un hilo que ha ido tejiendo una red cada vez más tupida entre los trabajadores, estudiantes y las comunidades afectadas por la expansión neoliberal.
Durante los últimos años la sociedad chilena ha despertado para reclamar sus derechos. En un país con un ingreso per cápita que apunta a los veinte mil dólares anuales, éste es el clamor de millones de personas hoy excluidas que buscan su espacio en la sociedad como parte de sus derechos como chilenos. Evidencias como que el 0,1 por ciento de la población, o unas 160 mil personas, se apropia del 17 por ciento del total de los ingresos, son sólo algunas de las aberraciones que tienen al país erizado.
Publicado en «Punto Final», edición Nº 779, 19 de abril, 2013