El proyecto para la reapertura de la mina de cobre de Touro-O Pino, en Galicia, ha puesto en pie a vecinos y vecinas, que ven peligrar su forma de vida
O Pino es un pequeño municipio de A Coruña. Marina nació allí, hija de padre y madre castellanos a los que la tierra gallega se les pegó tanto, tanto, que les cambió hasta el habla, y ahora ya no pueden hablar sin cantar.
Marina y la carballeira de al lado de su casa son un todo. Respirando tanta tierra, se convirtió en la mejor descubridora de tréboles de cuatro hojas que conozco, en cuidadora de bichos, animales y plantas, en una ecologista de las buenas y en una rebelde ante las injusticias contra la gente y contra la tierra. Hace apenas dos años comenzó a estudiar medicina. Tanto entrenamiento en cuidar lo vivo no podía tener otro final.
Y ahora su tierra está en peligro. En Touro-O Pino hay una antigua mina de cobre que fue abandonada a finales de los 80 porque los bajos precios de las materias primas no la hacían rentable. A pesar de que hayan pasado ya más de treinta años sin actividad, la contaminación que causó aún se mantiene en el río Ulla, sus afluentes y llega hasta la misma ría de Arousa.
En la actualidad la empresa Cobre San Rafael SL está promoviendo un nuevo proyecto de extracción que ha puesto en pie a vecinos y vecinas, organizados en la plataforma «Mina Touro-O Pino Non».
La mina ocupará casi 700 hectáreas, con planes futuros de expandirse a más de 1800. Destruirá casi 500 hectáreas de tierras agrícolas y forestales. La vegetación y la biodiversidad de la zona también se verán gravemente afectadas. Aunque se promete, como siempre, crecimiento económico y empleo, lo cierto es que se perderán puestos de trabajo estables en la agricultura, la industria láctea o el turismo – el Camino de Santiago pasa por Pedrouzo y quienes lo hagan caminarán y dormirán a solo 1 km de distancia de la mina a cielo abierto.
La perspectiva de la creación de empleo durante solo 15 años – probablemente especializado y no para la población local – no justifica la devastación a largo plazo que la mina a cielo abierto supondrá para la zona afectada. Máxime cuando el cambio climático y el declive energético obligarán a relocalizar las economías y estimular las producciones sostenibles, justas y locales.
La gestión de los residuos también presenta riesgos importantes. En la zona de Touro-O Pino se instalarán dos balsas de lodos tóxicos y cuatro escombreras de residuos estériles que ocuparán casi 300 hectáreas – unas 300 veces el tamaño del estadio Santiago Bernabéu- cerca de las áreas residenciales. En concreto, una balsa de lodos, rodeada por un muro de contención perimetral que alcanza los 55 metros de altura y casi 3 kilómetros de longitud almacenará 50 millones de metros cúbicos de estériles de mina, a 200 metros de distancia de zonas habitadas. Si el muro se rompiese la salud de las personas y territorios aguas abajo correría serio peligro.
El consumo de agua aumentará considerablemente. La mina necesitará seis veces más de lo que los dos municipios afectados consumen juntos. Dos afluentes del Ulla deberán ser desviados y más de 20 manantiales serán sepultados.
De ser aprobado el proyecto por parte de la Xunta de Galicia, dicen las vecinas de Mina Touro-O Pino Non, que muchas de ellas tendrán que abandonar sus hogares y empleos por la pérdida del hábitat, de medios de subsistencia y por la afección a la salud. Señalan que entre 1973 y 1986, durante el período anterior de funcionamiento de la mina, ya se produjo la expulsión de parte de la población.
El de Touro-O Pino no es un proyecto único en España. Elena Solís, abogada y miembro de Ecologistas en Acción, alerta sobre un auténtico «boom de la minería especulativa». Hay varios centenares de proyectos mineros repartidos por toda la geografía del estado español. Se resucitan minas dormidas y se sacan a concurso multitud de nuevos proyectos.
Solís habla de «minería especulativa» porque, dice, los proyectos no solo tienen como meta final la reventa de los permisos a empresas extractivas, con las consecuencias socioambientales que señalábamos, sino que hay otro objetivo inmediato: la obtención de beneficios en los mercados financieros. Los proyectos se convierten en instrumentos para atraer inversores privados, y en bolsa, se compran y venden acciones de las compañías dueñas de los derechos de extracción, que ven inflado artificialmente su valor.
«Numerosas compañías mineras internacionales con poco capital social cotizan en mercados secundarios apenas regulados, como los de Toronto, Australia o Londres, para atraer a fondos privados de inversión», señala Elena. Consiguen permisos mineros a través de las alianzas con empresas pantalla españolas. Aunque nunca se lleguen a conceder los permisos, con frecuencia se realizan talas o intervenciones supuestamente preparatorias del territorio que den idea a los inversores de que el proyecto es viable. A pesar de que al final no se extraiga mineral, se daña el territorio.
En el caso de la mina de litio de Cáceres, Valoriza Minerías, empresa minera del grupo Sacyr, tramita los permisos en Extremadura, mientras su socio, Plymouth Minerals, informa a sus inversores en la bolsa australiana de que el proyecto es viable. El ayuntamiento de Cáceres ha paralizado las obras porque carecían de los permisos necesarios, pero las acciones de Plymouth Minerals han subido considerablemente.
En Touro-O Pino el esquema es el mismo. Explotaciones Gallegas es el socio local, y se asocia a la multinacional Atalaya Mining, con sede en Chipre, formando Cobre San Rafael SL. A su vez Atalaya Mining está participada por la empresa suiza Trafigura, un holding metalúrgico chino y dos fondos de inversión norteamericanos.
Pero aunque esta nueva oleada de proyectos sea algo relativamente nuevo, el extractivismo no lo es. Es una forma de acumulación por despojo que viene funcionando desde hace siglos. El capitalismo se cimentó sobre la conquista y la colonización de América, África y Asia. Bajo la lógica colonial, estos territorios fueron «especializados» como minas y vertederos, con brutales consecuencias sobre comunidades y pueblos, mientras que los colonizadores, asumieron el papel de productores de manufacturas.
En la práctica, el extractivismo, ha sido un mecanismo de saqueo y apropiación colonial y neocolonial que ha marcado la vida económica, social y política de muchos países del Sur global. América Latina, por ejemplo, ha estado y está atravesada por esta lógica. En 2016 fueron asesinadas 200 personas, el 70% mujeres, por defender la tierra y oponerse a proyectos extractivistas o energéticos.
Allí Laura o Berta, que crecieron pegadas al territorio, que también hablan cantando, con la música que da la tierra, viven situaciones de extrema violencia. Sus luchas sostenidas mayoritariamente por mujeres, confrontan con intereses económicos que no dudan, de forma directa o indirecta, en criminalizar, amenazar, estigmatizar, calumniar, agredir o en el extremo asesinar. Temen ser expulsadas de sus territorios y se organizan para impedirlo, resistir a mercenarios, seguridades privadas, cuando no a los ejércitos de sus propios países. Tratan de mantener sus formas de vida y sus territorios, que viene a ser lo mismo.
El informe «El IBEX 35 contra la vida», da cuenta de cómo impacta la dinámica extractivista sobre la tierra, otras especies y las personas, especialmente sobre las mujeres. Algunas de esas empresas, que sacrifican vidas y territorios allá, son las que le cortan la luz acá a la gente que no puede pagarla. Las mismas lógicas en diferentes lugares: todo merece la pena ser sacrificado con tal de que crezca el beneficio.
Estamos ante un cambio de ciclo. La era del petróleo abundante y barato permitió impulsar, aunque de forma desigual, las potencialidades productivas capitalistas. La dinámica de crecimiento elevó las huellas ecológicas de los países del Norte global, hasta que los requerimientos de materiales, energía y sumideros de residuos superaron la biocapacidad de sus propios territorios. A partir de ahí, el modelo de desarrollo, en el plano material, se construyó con cargo al resto del mundo, configurando metabolismos económicos imposibles de extender y ahora, incluso de mantener en las áreas de privilegio.
Al pico del petróleo, le seguirá el «pico de todo» (peak everything). Mantener el modelo actual sin fósiles supone comenzar a vivir de todos los elementos de la tabla periódica y la disponibilidad de muchos de ellos ya se encuentran en situación de riesgo alto. Cada vez con menos posibilidades económicas y energéticas para iniciar nuevos ciclos de acumulación y habiendo llegando al límite de sus posibilidades de expansión en un «mundo lleno», extralimitado, al capitalismo solo le queda acentuar la violencia de la acumulación por desposesión.
Los procesos de acumulación primitiva señalados por Marx siempre han estado presentes en la historia del capitalismo, pero en los últimos años se han intensificado. Se ha acelerado el desplazamiento de poblaciones campesinas y la formación de un proletariado sin tierra en diversos lugares del mundo; los recursos comunes, como el agua, se privatizan; se privatizan industrias públicas; se blindan los derechos de las transnacionales a través de los tratados de libre comercio; las granjas familiares se ven desplazadas por las grandes empresas agrícolas; y la precariedad y la desigualdad aumentan a pasos agigantados.
El círculo de privilegio se estrecha y, ya también dentro de nuestros territorios, la lógica del extractivismo, la desposesión y la expulsión se agudiza. Por ello, en el corazón del mundo enriquecido aparecen también nuevas áreas, las que ha sido históricamente abandonadas, que se pretende utilizar como mina y vertedero y por ello, igual que Laura, Berta y sus comunidades, Marina y la plataformas vecinales se organizan para defender su tierra que, para quienes viven de ella, viene a ser lo mismo que defender su vida.
La nueva etapa está marcada por la expulsión. Un proceso, como advierte Saskia Sassen, de selección brutal que afecta a personas y lugares. No son expulsiones espontáneas ni una consecuencia de la crisis. Lo que sucede es que hoy la expresión de las relaciones capitalistas sigue la lógica del parasitismo. Para que unos tengan más minerales de los que les corresponden, otros tienen que ser expulsados a los márgenes o incluso de la vida.
Se hace difícil imaginar la escala en que puedan llegar a operar estas expulsiones en todo el planeta, en escenarios materiales como consecuencia de la crisis ecológica global. Ya asistimos a desplazamientos de población por motivos ambientales, por acaparamiento de tierras y por guerras por los recursos. A muchas de esas personas expulsadas se las llama «refugiadas» y no se les permite el paso a las zonas ricas que, sin embargo, devoran los materiales, energía o productos que vienen de su territorio cuya extracción o acaparamiento provocaron los conflictos que les han hecho migrar.
Los desastres climáticos, cada vez más frecuentes e intensos, están destruyendo medios de vida, infraestructuras físicas y ecosistemas frágiles. Se sustraen «trozos» de biosfera cuando la tierra es destinada a plantaciones de cultivo industrial o se convierte en tierras muerta cuando se dedica a la minería u otras actividades extractivas Dependemos materialmente de la tierra. Destruirla reduce las posibilidades de supervivencia humana, poniendo en peligro el bienestar, especialmente entre las poblaciones más pobres y vulnerables, y provocar desplazamientos masivos de población.
Y volvemos a las vidas cotidianas. El buen vivir, la vida con calidad, al menos conceptualmente, se perfila como una versión que supera los desarrollos «alternativos» e intenta ser una «alternativa al desarrollo». Es una opción radicalmente distinta a todas las ideas de desarrollo. Alude a la oportunidad de construir otra sociedad sustentada en la convivencia del ser humano, en diversidad y ajuste con la Naturaleza.
Por fuerza esa sociedad diferente deberá asumir que el decrecimiento de la esfera material de la economía global no es tanto una opción como un dato, y que esta adaptación puede producirse mediante la lucha feroz por el uso de los recursos o mediante un proceso de reajuste decidido y anticipado con criterios de equidad.
Saber que existen límites físicos en los bienes y procesos imprescindibles nos obliga a repensar nuestras categorías y nociones de libertad, derechos o calidad de vida, de forma que no se adquieran a costa de los de otras personas y especies. Una reducción de la presión sobre la biosfera que se quiera abordar desde una perspectiva que sitúe el bienestar de las personas como prioridad, obliga a apostar por la relocalización de la economía y el establecimiento de circuitos cortos de comercialización, a restaurar una buena parte de la vida rural, a cambiar el modelo de ciudad, disminuir el transporte y la velocidad, a acometer un reparto radical de la riqueza y los trabajos, también los de cuidados.
La gente de Touro y O Pino quiere poder seguir viviendo allí, de aquello que la naturaleza puede regenerar. Quiere un mundo rural vivo interconectado con los núcleos urbanos. No quieren dejar la tierra envenenada a quienes viene detrás.
Las posibilidades de vivir vidas buenas dependen de que Marina, y otras como ella, sigan encontrando tréboles de cuatro hojas, de que la casa de su familia siga siendo ese lugar acogedor y necesario en el que todo lo importante se dice cantando porque la tierra, esa tierra gallega viva, se les cuela hasta el habla.
Rebelión ha publicado este artículo con el permiso de la autora mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.