El pasado 6 de abril de 2011, Marinelly Hernández Orozco, insurgente de las FARC -EP y Prisionera de Guerra del Estado colombiano, fue conducida por el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC) a la audiencia pública citada por el Juez Penal del Circuito Especializado de Quibdó, dentro del proceso No. 2010002000. Marinelly, de 33 años […]
El pasado 6 de abril de 2011, Marinelly Hernández Orozco, insurgente de las FARC -EP y Prisionera de Guerra del Estado colombiano, fue conducida por el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC) a la audiencia pública citada por el Juez Penal del Circuito Especializado de Quibdó, dentro del proceso No. 2010002000.
Marinelly, de 33 años de edad, miembro de una familia humilde y campesina de la vereda Agua Bonita del Municipio de San Rafael (Antioquía), luego de ser presentada en audiencia manifestó al juez que se «declaraba en ruptura», por considerar la inexistencia de garantías al debido proceso y por desconocer como autoridad al estado colombiano. En un escrito con el que sustentó su declaración y renunció a cualquier tipo de defensa, manifestó textualmente:
«No necesito ninguna defensa, pues no he cometido ningún delito. Me declaro en ruptura con el Estado colombiano y sus leyes antipopulares e injustas. He sido una luchadora del pueblo».
En su narración, Marinelly declaró que durante su niñez vivió en carne propia las continuas agresiones y persecuciones que el Ejército colombiano desató contra sus padres y todo el campesinado de su región por el sólo hecho de pertenecer a la Unión Patriótica (UP), y en su adolescencia fue testigo de múltiples asesinatos de campesinos, amigos, vecinos y familiares, cuyos cuerpos eran abandonados con señales de tortura o desmembramiento.
«Todo esto fue parte de la guerra sucia y psicológica que implementaron para asustar a los luchadores populares. ¿Acaso con todas estas vivencias que era el diario vivir, puede un niño o joven creer en un Estado o alguna justicia?», manifestó la prisionera, quien atribuyó tales crímenes la Policía, el Ejército y grupos paramilitares.
Citó, a manera de ejemplo, la masacre en el Río Nare donde «el Capitán Martínez con sus tropas ingresaron a unas minas de oro donde se encontraban los campesinos sacando el mineral y un día antes, lanzaron panfletos diciéndoles que desalojaran, y al otro día entraron con motosierras y hachas, amarraron a los trabajadores en cadena y delante de ellos iban soltado de uno en uno, sin asesinarlos, les quitaban los brazos, las piernas y luego de cada persona recogían un solo brazo, una sola pierna y un montón lo tiraban al río y otros a los huecos de las minas y otros los dejaban para que las aves se los comieran».
La prisionera reveló que las acciones y violaciones del Estado colombiano contra el pueblo le indicaron el camino que debía seguir. La perspectiva que le aguardaba, de lo contrario, era «terminar masacrada, torturada o discapacitada por ser ejemplarizada como quedan muchos campesinos, sin tener nada que ver con el conflicto, o terminar siendo desplazada y viviendo de las limosnas en las ciudades».
Con una madurez forzada por tales violaciones y entendiendo que «por la vida no hay respeto y que sólo existe el símbolo de la vida», Marinelly ingresó a las FARC a los 14 años, considerando esta como su «única alternativa o forma de preservar la vida, luchar por ella y reclamar nuestros derechos».
El Ejército se cobró su militancia en su padre, torturado y asesinado a los 70 años
En su relato Marinelly denuncia que como represalia por haber ingresado a las FARC, en el año 2000, el Ejército en contubernio con los paramilitares asesinó a su padre:
«A mi único hermano también adolescente, le tocó desaparecer, ni siquiera pudo darle sepultura a nuestro querido padre. Nuestro padre se llamaba Héctor Alonso Hernández. El Ejército colombiano, en unión con los paramilitares lo colgó vivo de sus manos introduciendo ganchos en sus extremidades como si fuera carne de carnicería, luego le chuzaron el estómago y todo su cuerpo con una navaja o cuchillo, después arrollaron sus labios como se les taja a los pescados, por último, le dieron un tiro de gracia en su cabeza; según medicina legal o quienes practicaron el levantamiento, a nuestro padre lo torturaron vivo. Mi papá tenía 70 años de edad, ¿Cómo es posible que hagan eso con un anciano, tildándolo de guerrillero? Acaso por yo ser revolucionaria ¿Tenían que cobrarlo con la vida de mi padre?, entonces, ¿Qué diríamos de todos los senadores juzgados por parapolítica? ¿Que todas sus familias también tendrían que estar en las cárceles o deberían ser torturadas y sometidas a vejámenes contra la humanidad?, cobardes los que torturan y dan positivos con los campesinos y las personas indefensas».
Después de 16 años en las FARC, Marinelly fue apresada. Afirma que le han atribuido un sinnúmeros de delitos de los cuales no es responsable, a pesar que fue capturada en condición de rebelde, siendo sometida a 3 juicios, condenada en 2 de ellos y procesada actualmente por los delitos de rebelión, terrorismo, homicidio, entre otros, según sus propias palabras «repitiéndose la misma dosis que en los anteriores juicios para justificar una nueva condena que legitime la cadena perpetua de hecho que se acostumbra imponer a las y los prisioneros políticos en Colombia».
A Marinelly Hernández le causa hilaridad que a mujeres como ella las llamen a juicio por terroristas, mientras que «el actuar terrorista ha sido bandera de los gobiernos durante los dos últimos siglos, pero que en estos últimos años han pasado de la acción velada, a la acción descarada del Ejército colombiano que con una actitud real de terror cambia como el camaleón, no de color sino de pelambre y en las noches combina brazaletes, filosos machetes y motosierras, para luego, en la mañana, de nuevo convertirse en «glorioso Ejército de Colombia… Tengo que denunciar el innoble papel que juegan jueces y fiscales judicializando a campesinos en masa por el único delito de vivir en zonas alta influencia del conflicto armado…Cómo llamarle sino ¡TERRORISTA! a un Estado que castiga con el hambre y el olvido a su pueblo y que producto de ello mueren gran cantidad de niños en total olvido», concluye la prisionera.
Luego de hacer un recorrido estadístico sobre los altos niveles de pobreza y desigualdad en Colombia y las prioridades de los gobiernos en hacer la guerra mediante practicas de lesa humanidad como las 3.000 ejecuciones extrajudiciales consumadas dentro del periodo presidencial de Álvaro Uribe, el despojo de la tierra al campesinado y su acumulación en pocas manos como principal causa del empobrecimiento de treinta millones de los 42.888.592 habitantes que, «según las cifras oficiales» tiene Colombia, Marinelly, afirma que «es impensable una solución a los profundos problemas económicos, políticos y sociales del país si se sigue bajo la tiranía de un régimen que persista en las políticas de ruina para el campo y dentro de la misma dinámica, empuja a la miseria a las mayorías nacionales… el pueblo colombiano está gobernado, desde sus diferentes estamentos, por bandidos, que en las más diversas ramas, han recurrido a crímenes de lesa humanidad para perpetuarse en el poder».
Así, señala que en los procesos políticos, al que son sometidas las y los revolucionarios en Colombia, se aplica una «justicia de venganza privada con uso de las figuras públicas por parte de una clase dominante» que impone altas penas privativas de la libertad, citando al guerrillero Jacobo Arenas quien, según la fuente, dijo: «en Colombia hay dos poderes: el uno es el poder formal, como quien dice, el poder que se nos presenta en unas determinadas formas como por ejemplo, los llamados poder ejecutivo, poder legislativo y el poder judicial; este es el poder formal que no decide nada porque en las condiciones de hoy es como digamos algo decorativo, sujeto al verdadero poder».
Finalmente, la prisionera de guerra deja claro que para ella el aparato de justicia en el conflicto colombiano es una contundente arma del gobierno, por lo que rechaza los supuestos beneficios o pactos que le ofrecen, afirmando: «Asumo todos los procesos a los que he sido sometida, incluyendo el presente, no pretendo un trato benévolo, conozco claramente la política de cadena perpetua fijada para las y los prisioneros políticos, hagan lo que tengan que hacer, no me preocupo, porque la historia me absolverá y la justicia revolucionaria condenará a quien como ustedes se levantaron contra su pueblo…Señor Juez, no tiene usted autoridad moral para juzgarme, ni usted señor fiscal para acusarme, se equivocaron si piensan que he venido a renegar de mi organización y mi partido, pues aún padeciendo los sinsabores de los 40 años a los que he sido condenada con anterioridad y de los últimos acontecimientos me ratifico ¡ORGULLOSA FARIANA Y EN LA BÚSQUEDA DEL HOMBRE Y LA MUJER NUEVA!, capaz de generar los cambios que garanticen el desarrollo de una vida digna en todos los campos de la producción, desarrollo que con el actual sistema capitalista no está en capacidad de otorgar, pues sus fines son contrarios a mi sentir por lo que lo combato y lo combatiré… Desconozco el Estado que me juzga y mantiene prisionera, sólo reconozco para mi juicio los documentos farianos, por ser la única institución que respeto y por la que llegaría sin duda al sacrificio. De la misma manera, el único Estado que respeto, amo y reconozco es el ESTADO MAYOR CENTRAL DE LAS FARC-EP y su Secretariado, enarbolando la espada y el pensamiento de nuestro libertador Simón Bolívar, nuestro padre espiritual, por la definitiva independencia y la construcción de la patria grande y el socialismo, hemos jurado vencer y venceremos!!!»
Con estas palabras Marinelly Hernández Orozco, convidó al juez a no requerirla a futuras audiencias y a no nombrarle abogado para su defensa, pues considera no tener nada de qué defenderse por no ser responsable de ningún delito.
Mientras tanto, desde la Reclusión de Mujeres de Medellín, Marinelly espera el desarrollo del conflicto colombiano, en sus palabras, «con la cabeza y la moral revolucionaria en alto» insistiendo en citar a su camarada Jorge Briceño al decir «En las FARC no tenemos almas de traidores, sino de patriotas y revolucionarios, hemos luchado y continuaremos haciéndolo con valor, entrega y sacrificio por derrocar este régimen podrido de las oligarquías y construir otro orden social».
Este es el caso mas significativo de ruptura que durante la ultima década se haya presentado, pues representa a miles de hombre y mujeres que en sus edades de mayor grado de productividad son sometidos a cadena perpetua en lo real, quedándoles como única esperanza para recobrar su libertad la salida política al conflicto o un eventual intercambio humanitario.