El derecho a la Educación Afectiva Sexual (EAS) sigue siendo una asignatura pendiente.
La Educación Afectiva Sexual (EAS) es un derecho de la población recogido por la OMS junto con otros derechos sexuales y una tarea imprescindible y compartida.
Quienes hemos estado 40 años en Canarias formando a profesorado y a familias, para que abordaran la EAS en los hogares y en los centros educativos, con absoluta armonía y colaboración, no podemos sino indignarnos ante la destructiva capacidad de los partidos políticos de la derecha para, una vez más, instrumentalizar la Educación Afectivo Sexual como excusa para fomentar la discordia y el odio, para socavar la pluralidad, la diversidad y la libertad de pensamiento en la escuela; reclamando un supuesto derecho de las familias a censurar la formación de sus hijos e hijas, impidiéndoles el acceso a las actividades programadas por los centros educativos que no coincidan con sus planteamientos morales.
Un supuesto derecho, que no es tal, dado que este planteamiento va en contra de los derechos humanos y de la infancia, de los tratados internacionales, de las leyes estatales y autonómicas, de las normativas de la Consejería de Educación e incluso de la propia Constitución. Un supuesto derecho que no es más que un ataque directo al profesorado, al modelo de educación pública y, sobre todo, a los derechos de las niñas y los niños.
La función de la educación es formar ciudadanía libre, personas capaces de pensar, de hablar, de opinar, de construir su propia vida y de participar y convivir en una sociedad democrática, y ese objetivo fundamental que el Estado tiene el deber de garantizar, debe hacerlo en el marco de una ética global, democrática, de valores universales. Por eso, tenemos claro que el llamado «pin parental», que no tiene cabida en nuestras leyes, ni responde a los planteamientos de las familias, lo que pretende es atacar este modelo de educación e imponer la cultura del miedo en los centros educativos, para llevar al profesorado a la inacción.
El alarmismo de las derechas, transmitiendo mentiras muy peligrosas asociadas a la supuesta libertad de expresión, educativa y religiosa, persigue combatir las políticas de igualdad, diversidad e inclusión, aprobando medidas para defender su adoctrinamiento y recortar la libertad del alumnado.
Celebramos que la Consejería de Educación de Canarias se haya manifestado contra el «veto parental», asegurando que esa medida «no tiene cabida» en el sistema educativo español pues vulnera la legislación vigente. Pero nos parece una respuesta insuficiente.
Una vez más, insistimos en que esta Institución, y el gobierno en su conjunto, han de poner en marcha medidas que aseguren que la legislación se cumple en la práctica diaria.
Nos referimos al desarrollo de leyes, como la Ley de Salud Sexual y Reproductiva que indica que «los poderes públicos, en el desarrollo de sus políticas sanitarias, educativas y sociales garantizarán la información y la educación afectivo-sexual y reproductiva en los contenidos formales del sistema educativo», o al cumplimiento de la PNL aprobada por unanimidad en el Parlamento de Canarias en octubre de 2018 en la que «se insta al gobierno de Canarias a que se implementen políticas integrales en materia de educación afectivo sexual y de atención a la salud sexual y reproductiva, adecuadamente dotadas de medios y recursos económicos, materiales y humanos, basadas en un concepto positivo del hecho sexual humano, de la diversidad sexual y de los vínculos afectivos, que promuevan y garanticen que las personas se formen para vivir satisfactoriamente y sin riesgos su sexualidad, y para que sepan resolver sus necesidades afectivas, relacionales y de vinculación en el marco de una ética relacional de igualdad, sinceridad, respeto y responsabilidad».
Es cierto que ante la dura realidad que estamos viviendo por la inexistencia de esta Educación Afectivo Sexual (aumento de ITS, violencia sexual, embarazos en adolescentes, soledad emocional…) mucho se habla últimamente de su necesidad. Pero las políticas educativas en Canarias (y en el Estado español) en relación a la EAS se han caracterizado por su inexistencia y/o ineficacia, dado que la Educación Afectivo Sexual no se puede restringir a acciones puntuales, a talleres voluntarios, ni se puede concretar solo en charlas de algún especialista o activista, como está ocurriendo.
Cada persona es única e irrepetible, no pertenece a nadie y tiene el derecho a recibir una Educación Afectiva y Sexual por parte de las familias, de los centros educativos, de los servicios sanitarios y sociales y de los medios de comunicación.
Una educación que ponga en el centro sus necesidades y que le posibilite que pueda construir su biografía afectiva y sexual, diversa en orientaciones (homo, hetero, bisexualidad…), en identidades (hombres, mujeres, trans*, intersexuales…) y en deseos; construir su vida con libertad, sin elementos discriminatorios de género y libre de riesgos. Una educación que le facilite herramientas para construir relaciones diversas, guiadas por la ética relacional del placer y el bienestar compartido. Una educación en buenos tratos, en respeto, en cuidados, en humanidad.
Estos conocimientos y herramientas deben ofrecerse de forma estructurada y continuada en el aula, espacio que, al ser obligatoria la escolarización, puede garantizar que todas las niñas, niños y jóvenes, en su amplia diversidad, puedan acceder a la misma.
Una Educación Afectiva y Sexual que en los centros educativos puede (y debe) contar con tiempo, materiales y docentes con competencias para implementar, en colaboración y coordinación con las familias y los servicios sanitarios y sociales, esta formación integral. Este desarrollo requiere una apuesta decidida y comprometida por parte de los poderes públicos.
Urge la inclusión explícita en el currículo, y se necesitan medios y recursos personales y económicos para la puesta en marcha de planes de educación y atención a la sexualidad integrales, biográficos, interseccionales, desde una visión positiva del hecho sexual humano, no heteronormativa, desde la igualdad y la diversidad, con implicación de sus protagonistas, y como una responsabilidad compartida por los diferentes agentes sociales.
Pero lo cierto es que en Canarias, en la práctica, no visualizamos estos planteamientos integrales, comunitarios, que son necesarios. El actual gobierno de progreso no ha ofrecido alternativas al desmantelamiento de los planes, programas, recursos y servicios en materia de sexualidad, que llevaron a cabo varios gobiernos de Coalición Canaria, ni al modelo de Educación Afectivo Sexual que éstos implementaron, que se sigue concretando en acciones y medidas voluntarias, puntuales, fragmentadas y deslavazadas.
Las posibilidades para educar son muchas, pero no pueden quedarse en declaraciones de buenas intenciones, ni concretarse en parches o acciones para fotos, requieren ir a la raíz del problema.
De ahí la urgencia de atender al reiterado incumplimiento de las leyes, también por el gobierno de Canarias, que con su negligencia, cerrando los ojos ante la demostrada insuficiencia que conlleva realizar un par de charlas o talleres al año en algunos centros educativos, está lesionando derechos de la población infantil y juvenil. Si no se desarrollan políticas públicas integrales en educación y atención a la sexualidad se permitirá que esta función la cumpla la pornografía, como primera vía de acceso al conocimiento de la erótica para las y los menores, y unos medios de comunicación y redes sociales que van camino de convertir la sexualidad en un producto más de consumo.
Hacen falta otros modelos de vida y de relaciones que no dañen a las personas, que dignifiquen la vida y al ser humano. Y ello requiere ir más allá de declaraciones institucionales, implica dedicar recursos y tener la suficiente voluntad política para colocar las necesidades humanas en el centro de la acción política.
¿Serán capaces de hacerlo los gobiernos «de progreso»? .
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