Recientemente acaba de conocerse el Informe de la Cámara de Cuentas en el que se recoge que el Gobierno de la Comunidad de Madrid incrementó el canon anual de los hospitales semiprivados de la región construidos por el sistema PFI (Iniciativa de Financiación Privada), 1,9 millones de euros anuales y les incrementó además en 4,3 […]
Recientemente acaba de conocerse el Informe de la Cámara de Cuentas en el que se recoge que el Gobierno de la Comunidad de Madrid incrementó el canon anual de los hospitales semiprivados de la región construidos por el sistema PFI (Iniciativa de Financiación Privada), 1,9 millones de euros anuales y les incrementó además en 4,3 millones la cantidad máxima anual, todo ello sin ninguna publicidad ni recogerlo en la información que se da de las reuniones del Gobierno madrileño.
Parecen necesarias algunas reflexiones:
Primero. Desde la Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública de Madrid venimos denunciando, desde que la Comunidad de Madrid optó por esta formula para construir hospitales, que toda la evidencia disponible en otros países (especialmente en el Reino Unido donde se inició el experimento) señalaba que estos hospitales suponían un importante sobrecoste para la administración pública sin mejoras en la eficiencia y la calidad de su funcionamiento, y en este mismo sentido estaba lo referido en el Informe publicado por la OMS. El Gobierno madrileño sin embargo se empecinó en poner en marcha estos hospitales, supuestamente para mejorar la gestión y la eficiencia.
Segundo. En la Comunidad de Madrid, se da el caso que las entidades constructoras de unos hospitales cuyo coste de construcción fue de 676 millones de euros habían recibido a finales de 2011 oficialmente 683 millones de euros (es decir más del precio de construcción) y la Comunidad de Madrid, mas bien todos los madrileños, les adeudamos al menos 4.284 millones de euros, cantidad que puede ser sustancialmente superior porque los contratos prevén actualizaciones anuales. Como se ve un negocio redondo.
Tercero. Tal y como ahora de conoce, estos centros están recibiendo con carácter extrapresupuestario aportaciones suplementarias que escapan al control público y que suponen inyecciones de dinero, que en plena crisis solo pretenden mejorar la rentabilidad de unas empresas ya de por si altamente rentables (en 2011 se quejaban las concesionarias de que su tasa de beneficio había bajado de la prevista del 11% al 9% ) .Ya les gustaría a la mayoría de las empresas españolas estar en esta situación en medio de la crisis.
Cuatro. Además, hay que tener en cuenta que estos centros tienen un presupuesto diferenciado para la parte de gestión pública de los hospitales y que los análisis clínicos están externalizados en un macrolaboratorio privado y la radiología en una empresa pública con su propio presupuesto lo que hace aún mas opaco el gasto real de los centros y oculta su elevado coste.
Cinco. Conviene recordar que la única ventaja teórica de estos hospitales, el incrementar las camas hospitalarias de la Comunidad de Madrid, tampoco se ha hecho efectiva porque su apertura ha venido acompañada del cierre de camas en los hospitales tradicionales, con lo que Madrid continua por debajo de la media de camas/1.000 habitantes de España (3,06 versus 3,3) y muy lejos del promedio de la Unión Europea (5,5).
Finalmente, decir que estos sobrecostes para asegurar los beneficios de las empresas privadas han supuesto un estrangulamiento de los presupuestos de los hospitales de gestión tradicional (mas de un 11% de disminución presupuestaria en los dos últimos ejercicios) lo que deteriora la calidad asistencial, pese a lo que siguen siendo los elegidos por la mayoría de la población ante un problema grave de salud. Un buen ejemplo de los recortes de la Comunidad de Madrid es el reciente ERE a la agencia Laín Entralgo, el cierre de los centros de drogodependencias, etc, recortes que vienen provocados porque en un entorno de insuficiencia presupuestaria se produce una restricción de fondos y se mantienen los aportes a los centros privados y semiprivados.
En resumen, estamos ante un impresentable intento de ocultación de los exorbitantes costes de los centros de gestión privada y semiprivada y el fracaso de la política privatizadora. Por ello es necesario que se reconduzca la situación mediante la recuperación del control de estos hospitales por parte de la Administración Pública lo que normalizaría sus costes y permitiría una mejora de la Sanidad Pública madrileña.
Sergio Fernández Ruiz. Junta Directiva de la Asociación para la Defensa de la Sanidad Publica de Madrid