El magistrado y miembro de Jueces para la Democracia Ignacio González Vega denuncia, junto con otras 500 asociaciones de Derechos Humanos, la reforma de la normativa de la Justicia Universal, con la que se pretende dejar de juzgar los crímenes de guerra que se producen fuera de España. Más de 500 asociaciones defensoras de los […]
El magistrado y miembro de Jueces para la Democracia Ignacio González Vega denuncia, junto con otras 500 asociaciones de Derechos Humanos, la reforma de la normativa de la Justicia Universal, con la que se pretende dejar de juzgar los crímenes de guerra que se producen fuera de España.
Más de 500 asociaciones defensoras de los Derechos Humanos solicitaron al Gobierno español que detenga el proyecto de ley para reformar la normativa de Jurisdicción Universal, aprobado por el Congreso de los Diputados el pasado 19 de mayo y que se discutirá en el Senado el próximo 7 de octubre.
En un acto celebrado en la sede madrileña de CCOO (Comisiones Obreras) la plataforma Contra la Impunidad, por la Justicia Universal presentó un manifiesto en el que argumentan que la modificación de este principio, derivado del articulado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, es una reforma de gran calado legal que se ha hecho de «tapadillo».
«Tocamos a rebato por la reforma de la Ley de Justicia Universal, ya que esta normativa ha permitido investigar los crímenes contra la humanidad en todo el mundo -aseguró la presidenta de Amnistía Internacional en España- (…) Desde su aplicación, los autores de estos delitos contra los Derechos Humanos no han podido dormir tranquilos».
Desde AI plantearon que la ley para la reforma de la Jurisdicción Universal en el Congreso «termina con la esperanza» de las víctimas de estos crímenes. «El día en que se aprobó la reforma fue una jornada muy triste para las víctimas de la impunidad, ya que dichas víctimas habían visto por primera vez en la vida que sus voces podían ser escuchadas y no silenciadas».
Asimismo, el magistrado Ignacio González Vega afirmó que la reforma nació a partir del momento en que la Audiencia Nacional «se convirtió en juzgado de guardia del Primer Mundo». «Nadie alzó la voz cuando la Audiencia Nacional era, simplemente, el juzgado de guardia del Tercer Mundo. Las presiones políticas empezaron a llegar cuando las investigaciones involucraron a países como Israel, China y Estados Unidos. Esto es vergonzante», denunciaba el miembro de Jueces para la Democracia.
Por su parte, el director de la Fundación Presidente Salvador Allende en España, Joan Garcés, emplazó a que se detenga la reforma de la normativa y apostó por la «apertura de un proceso de debate tranquilo» para mejorar el principio de Jurisdicción Universal.
Nada más conocer la noticia, Amnistía Internacional advirtió que si la reforma se llevaba a cabo «España se convertiría en uno de los países más restrictivos» en esta materia, cuando «en su momento fue uno de los pioneros». Este argumento las se volvió a escuchar ayer en el salón de actos de CCOO.
La Plataforma contra la Impunidad y por la Justicia Universal tomará medidas. La primera es la de presentar ante el Senado un manifiesto. En opinión de estas organizaciones, la investigación de crímenes «perjudiciales y atroces» para la comunidad internacional supone una «obligación» y una «oportunidad» para que estos delitos «no queden impunes» y sus responsables sean juzgados.
EL CASO PALESTINO
El director del Centro Palestino por los Derechos Humanos, Raji Sourani, pidió que agresiones como las sucedidas en los ataques de Gaza el 22 de julio de 2002 (por la que el juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu abrió una investigación en enero de este año) no quedaran impunes.
En su opinión, si este tipo de ataques triunfan «el mundo corre el riesgo de orientarse por los parámetros dictados por la ley de la jungla». Los asistentes al acto quisieron dar voz a las víctimas y recordar cuál es su situación: «Las víctimas sienten los crímenes en su piel, y son ellas quienes deben sentir que la ley está de su lado».
Raji Sourani también explicó cómo están viviendo este proceso las asociaciones de Derechos Humanos: «Nos parece vergonzoso tener que ver como la diplomacia española y el ministro Moratinos, piden disculpas al Gobierno israelí menospreciando a los jueces que iniciaron el proceso contra Ben-Eliezer».
Según Sourani, la decisión del juez Andreu fue «una victoria», pero «no para los palestinos o los habitantes de Gaza», sino para la gente que «siente el poder de la justicia». «Hemos querido agotar las posibilidades que nos ofrecía el Gobierno israelí, que ha protegido legalmente a los criminales sin que pudiésemos juzgar sus delitos; pero hemos tenido que acudir a España después de pasar por países como Suiza o EEUU». Si el prçóximo 7 de octubre la reforma sale adelante, las asociaciones de Derechos Humanos tendrán que buscar otro país que les defienda.
Noticias relacionadas:
Comienza la lucha por la Justicia Universal
http://www.publico.es/espana/254735/asociaciones/defienden/justicia/universal
http://www.es.amnesty.org/jurisdiccion-universal-espana/actua/