Durante más de 7 décadas las clases dominantes han utilizado la desaparición forzada como método sistemático para arrasar con los contradictores políticos, generar terror en la sociedad para sofocar la movilización y rebeldía popular. En 2011 la Asamblea General de las Naciones Unidas mediante la Resolución 65/209 declaró el 30 de agosto Día Internacional de […]
Durante más de 7 décadas las clases dominantes han utilizado la desaparición forzada como método sistemático para arrasar con los contradictores políticos, generar terror en la sociedad para sofocar la movilización y rebeldía popular.
En 2011 la Asamblea General de las Naciones Unidas mediante la Resolución 65/209 declaró el 30 de agosto Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas [1] con el objetivo de motivar el reconocimiento y erradicación de esta modalidad de violación a los derechos humanos.
Cartografía de la desaparición forzada
La gran cadena de desapariciones forzadas cometidas por el régimen colombiano deja alrededor de 82.998 víctimas [2].
La primer víctima registrada de este flagelo fue la bacterióloga Omaira Montoya militante del ELN, quien fue desaparecida luego de ser capturada en Barranquilla el 9 de septiembre de 1977, por parte de unidades de la Policía [3].
A Nydia Erika Bautista militante del M-19 la sacaron de su casa en el barrio Casablanca de Bogotá, en 1987, luego fue torturada, asesinada y desaparecida por miembros de la Brigada XX de Inteligencia y Contrainteligencia del Ejército Nacional.
Su hijo, Erik Arellana Bautista vocero del Movimiento de Víctimas de Crimines de Estado (MOVICE), se ha dedicado a la recopilación de casos de desaparición forzada [4] y junto a otros periodistas el próximo 28 de agosto presentará la publicación Cartografía de la Desaparición Forzada en Colombia [5]. Al respecto Erik, afirmó:
«Estudiamos la desaparición forzada como una estrategia de guerra, los megaproyectos y la relación de los ríos con la desaparición y responsabilidad de agentes del Estado. Nosotros mapeamos las masacres en la región donde queda [la represa] Hidroituango, en esa ribera de doce municipios se cometieron más de setenta masacres. Después de las masacres, desplazamiento y desaparición forzada. Y la explicación de la empresa es que ahí había paramilitares».
La impunidad en la desaparición
El 90 por ciento de los casos de desaparición forzada queda en la impunidad, un crimen que se cometió en 1.010 municipios de los 1.115 que hay en el país, siendo las regiones más afectadas el Oriente antioqueño, Magdalena y el Valle de Aburrá.
La complicidad manifiesta del Estado se refleja en el testimonio del exparamilitar Jorge Iván Laverde (alias Iguano), quien afirmó:
«En alguna ocasión miembros de la Fiscalía nos manifestaron que venía una comisión a desenterrarlos (muertos en fosas) y que sería un escándalo»; Laverde agregó, «La fuerza pública era la que nos decía: «desparézcanlos, no me dejen todos esos muertos, para que a ellos no les quedara en la hoja de vida» [6].
Intensifican ataques al liderazgo social
Luis Eduardo Caldera Villamizar, de 43 años, líder comunal y actual candidato al Concejo de San Jacinto del Cauca en Bolívar, tras varios días de estar desaparecido, el pasado 18 de agosto encontraron su cuerpo sin vida en el río Cauca.
Anderson Pino Castaño, de 24 años, gestor cultural e integrante de del grupo musical Kódigo Ocho JTS, fue asesinado con arma de fuego en el barrio La Sierra, oriente de Medellín, el 18 de agosto.
Óscar Gerardo Salazar Muñoz, profesor, dirigente del Macizo Colombiano e integrante de Marcha Patriótica y la Central Unitaria de Trabajadores, el pasado 17 de agosto sufrió un atentado cuando en corregimiento de Altamira, Cauca, se dirigía de La Vega al El Recreo.
Mauricio García González, Presidente de la Junta de Acción Comunal de Carrera Vieja y de la Asociación de Pescadores en el corregimiento de Puerto Olaya en Cimitarra, Santander, el pasado 21 de agosto sufrió un ataque con arma de fuego quedando herido en una de sus piernas.
Rosa Villalba, integrante de la Mesa de Víctimas del Magdalena y otros líderes simpatizantes del Movimiento Político Fuerza Ciudadana, recientemente fueron declarados objetivo por las «Águilas negras».
El Concejo Regional Indígena del Cauca (CRIC) denunció que Nelson Lemus, Aida Quilcué, Luz Julicué, Oveimar Tenorio, Albeiro Camayo, Héctor Casamachin, Oriwac Raquel Trujillo, Alex Lulico, Cristian Rivera, Diego Pinzón, Horacio Dagua, Emilio Valencia y Ernesto Dagua, miembros de su dirigencia, nuevamente fueron amenazados a través de un panfleto que fue distribuido en los municipios de Toribío, Caloto, Miranda y Corinto.
Danilo Olaya, Presidente de la Junta de Acción Comunal de la Vereda Alto Cachaya, fue asesinado en el municipio de Gigante, Huila, este 24 de agosto.
Notas:
[1] Naciones Unidas: https://undocs.org/es/A/RES/
[3] Base de datos de desapariciones forzadas cometidas por el Estado. https://vidassilenciadas.org/
[4] Recopilación de casos de Desaparición Forzada. www.
[5] La desaparición forzada ha sido un método de control social y político. El Espectador, 15-08-2019.