Ya se habla abiertamente de la necesidad del recambio Constitucional que deje atrás la institucionalidad impuesta durante los 17 años de Dictadura cívico-militar. Ese sólo hecho ya es un triunfo para la emergencia de un proceso que vaya superando ese estado de quietud política y social en que se había sumergido la mayor parte de […]
Ya se habla abiertamente de la necesidad del recambio Constitucional que deje atrás la institucionalidad impuesta durante los 17 años de Dictadura cívico-militar. Ese sólo hecho ya es un triunfo para la emergencia de un proceso que vaya superando ese estado de quietud política y social en que se había sumergido la mayor parte de la ciudadanía y el espacio público durante la década de los 90´s y buena parte de los 2000´s. Ese mal llamado «consenso» de carácter neoliberal que no sólo adoptó, si no que promovió con todas sus fuerzas el ciclo de los Gobiernos de la Concertación, ha venido decayendo progresivamente, y ya pocos siguen señalando que esa «democracia de baja intensidad» es señal de que las cosas se están haciendo bien, que es signo de «gobernabilidad democrática» y desarrollo social y económico, ni ninguno de esos lugares comunes tan dañinos para una real práctica democrática y una efectiva construcción colectiva de la sociedad y de lo común.
Y más allá: la idea de una Asamblea Constituyente va ganando fuerza y es mencionada incluso en las voces y medios de los sectores más conservadores y reaccionarios del país.Doble ganada de los movimientos sociales y la ciudadanía más activa y crítica hacia el orden institucional vigente: no sólo se habla de la necesidad de una nueva Constitución (pudiendo proponerse, nuevamente, reformas parciales y acotadas como la del 2005 de Lagos), si no que también de un proceso social y político más abierto (en su rango de acción, en atribuciones, en composición), y con mayores niveles de participación ciudadana, y no sólo electoral, que se expresaría en una Asamblea Constituyente. El sólo hecho de haber ido ganando terreno esta idea es señal del avance paulatino en maduración y resonancia de los movimientos sociales y actores excluidos del esquema binominal, como asimismo, de la magnitud de la ilegitimidad de la que adolece el marco constitucional de nuestro país, por mucho que algunas autoridades políticas, las más tercas, lo nieguen tras una «aquí no hay ninguna crisis» o hacer tal cosa es como «fumar opio».
Sin embargo, habría que adoptar una postura de excesiva ingenuidad política y de prematuro festejo como para creer que «el modelo cayó» y con él la institucionalidad política que le da sustento y legitimación jurídica. Tanto el riesgo de una cooptación de las fuerzas desatadas dentro de los marcos establecidos (reduciendo su capacidad refundacional y propiamente constituyente), como de un gatopardismo que reforme ciertos aspectos periféricos o secundarios para conservar todo lo esencial, pueden terminar imponiéndose tal como ha pasado tantas veces en la historia política de nuestro país, de nuestro continente y el mundo entero. No son pocos los motivos para temer que tal cosa termine sucediendo, siendo la falta o precariedad de fuerzas y expresiones políticas que apuntalen un proceso efectivamente constituyente y refundacional, el que más relevancia estratégica parece tener hoy por hoy.
Y es que la obra de la Dictadura no sólo logró configurar una jaula de hierro institucional, es decir, un conjunto de obstáculos exteriores a la ciudadanía y a los actores políticos que pudieran intentar derribarla, si no que, como bien apuntó en su momento Jaime Guzmán, logró plasmarse en las prácticas y subjetividades de aquéllos, ya sea por la adopción de sus reglas y principios (por la clase política concertacionista) o por que el éxito de dicha cooptación dejaba al resto de los actores partidarios (las fuerzas de izquierdas y su crisis de incidencia) y también sociales (la ciudadanía y en especial las nuevas generaciones), bajo una desarticulación y desarme político que fueron el sustrato de la gobernabilidad que tanto se festejó por las elites y partícipes y defensores del modelo.
¿Cómo salir de ese atolladero? Por de pronto, como se apuntaba al principio, no partimos de cero: la misma trayectoria histórica y las lecciones y maduraciones ciudadanas han venido corroyendo y superando tal esquema de pasividades ciudadanas y estabilidades sistémicas. Ya casi a fines del Gobierno de Piñera, podemos decir que en Chile nadie sensato niega que nos encontramos en un largo ciclo de movilizaciones sociales que expresan y refuerzan el avance de un sentido común crítico que supera buena parte de las condiciones subjetivas que aquélla gobernabilidad tenía, y la hegemonía ideológica y cultural de carácter autoritario, individualista y neoliberal, ha venido notoriamente a la baja este último tiempo. En otras palabras, el poder instituido ha sido en buena medida destituido de una de sus mayores pilares: la aceptación ciudadana ya sea en términos de adhesión más o menos activa, o meramente como consentimiento tácito o resignación pasiva.
Pero es la dificultad de enlazar eso con las condiciones macro o más estructurales que harían posible un proceso constituyente y refundacional donde más bien predominan los oscuros, las diferencias y las dudas. Tiende a predominar, por ahora, una visión que demanda la realización de una Asamblea Constituyente, pero no asume la complejidad de aquélla y menos aún el encaminarse a generar las condiciones propias que harían posible que ésta tuviera un perfil efectivamente refundacional y transformador en beneficio de las mayorías y los anhelos democratizantes y libertarios que debería implicar. Es más, generalmente se desatiende el hecho de que tal camino refundacional supone pasos previos y posteriores a la misma Asamblea, y que en tal proceso es insoslayable un tipo de construcción política que no puede omitir el campo de disputas y correlación de fuerzas que supone un movimiento constituyente (Ver «Movimiento social, proceso constituyente, y escenario político-electoral en Chile a fines del Gobierno de Piñera«).
No se trata de que con centrar la mirada en esos aspectos desatengamos lo que se ha venido haciendo en términos de construcción de movimiento social y ciudadanía crítica desde abajo. Al contrario, se trata de aportar a ese proceso atendiendo también las condiciones políticas y de correlación de fuerzas en lo institucional y electoral, para que aquéllo pueda avanzar y constituirse en un movimiento y proceso constituyente. Vistas así las cosas, algunos puntos que atender (Sobre otras aristas más generales y en extenso, ver «Apuntes para una mirada proyectual hacia un nuevo proceso constituyente en Chile«.
Todo proceso y Asamblea Constituyente busca configurar un nuevo Estado y una nueva configuración institucional, y por tanto, tiene una no menor pretensión refundacional, pero tal cosa no sucede de un día para otro ni se hace sobre una página en blanco o un vacío legal absoluto: las viejas normas e instituciones siguen existiendo en el intertanto, y de hecho, en términos cuantitativos, la mayor parte de las normas siguen estando vigentes aún mucho tiempo tras la dictación de una nueva Constitución. Piénsese, por ejemplo, en toda la normativa legal del Derecho Privado, las que regulan los procesos y procedimientos ante los tribunales, o, cuestión hoy de crucial relevancia, todo el Derecho Internacional tanto Público como Privado, en especial los Tratados de Libre Comercio que los Gobiernos neoliberales han firmado con una abundancia excepcional (Chile es quizá el país con más tratados de este tipo en todo el mundo), o la muy privatista y concentradora regulación a la inversión extranjera en nuestro país.
Por todo lo anterior, los poderes instituidos buscarán de todas las formas posibles controlar, cooptar, atenuar el carácter refundacional del nuevo proceso. Con miras a ese objetivo, eventualmente pueden, también, convocar a elecciones para una Asamblea Constituyente… para ganar dentro de ella lo que ya era imposible de mantener bajo el anterior orden constitucional. En esto, de particular relevancia es la carencia en articulación política que tienen los actores que buscan un proceso de carácter refundacional, de mayores transformaciones: tales elecciones pueden repetir una configuración electoral no radicalmente distinta a la que había bajo el esquema binominal, o bien que lo modifique de una manera no tan profunda como se quisiera. Por tal cosa, preciso es apuntar que no es lo mismo una Asamblea Constituyente convocada por la vía de unas votaciones prematuras y repentinas, que una antecedida de hitos previos que la haga parte de un proceso mayor, como debates públicos y espacios y tiempos en los medios de comunicación social, o convocatorias a Asambleas Constituyentes comunales, provinciales o regionales.
Otra arista de relevancia: por la misma debilidad política antes dicha, tras la dictación de una nueva Constitución y su aprobación , las leyes complementarias en que se plasme el nuevo orden legal comienzan a recortar, atenuar, y relativizar los avances obtenidos a nivel de la Carta Constitucional. Aquí, de partida, hay que atender cómo serían los modos de funcionamiento de la Asamblea Constituyente, cuánto duraría, y si el Parlamento electo bajo la Constitución anterior mantiene cierto poder legislativo, y si, además, conserva un grado de control sobre el proyecto Constitucional redactado por la Asamblea Constituyente. Aquí vuelve a cobrar relevancia el poder social, político y electoral adquirido bajo la vigencia de la actual Constitución, pues el tipo de proceso constituyente que se tenga dependerá no sólo de los niveles de movilización social que lo hagan inevitable, si no que también de la regulación que de ella se haga por parte de los poderes instituidos del régimen institucional vigente que se intenta superar.
Para culminar, las voluntades puestas a favor de una transformación profunda y refundacional de nuestro país, debemos ir comprendiendo y no esquivando la complejidad de los distintos objetivos y tiempos que se ponen en juego en un proceso histórico de esta magnitud. En ese camino, la llegada al Gobierno nacional, la construcción de una mayoría parlamentaria que allane el paso a una Asamblea Constituyente y tras ella concrete sus pasos, de un referente amplio y unitario de las fuerzas sociales y políticas que sustente ese proceso a lo largo y ancho del territorio, o el copamiento progresivo de las espacios institucionales y estatales, o el fortalecimiento de una ciudadanía y un mundo de movimientos y organizaciones sociales a cada paso más fuertes y empoderados, son todos pasos que se retroalimentan pero también van teniendo tensiones y contradicciones no menores. Precisamente con todas esos pasos y dificultades que crecerán y se diversificarán con el tiempo, es que un proceso Constituyente, y no sólo una nueva Constitución puesta sobre el papel, se abrirá paso y avanzará en nuestro país.