Familiares de víctimas de la dictadura denuncian falta de voluntad política para castigar a responsables de crímenes de lesa humanidad. «A 26 años del término de la dictadura no hay voluntad política para investigar todos los crímenes, anular el Decreto Ley de Amnistía, cerrar el penal de Punta Peuco, degradar a los militares condenados, reparar […]
Familiares de víctimas de la dictadura denuncian falta de voluntad política para castigar a responsables de crímenes de lesa humanidad.
«A 26 años del término de la dictadura no hay voluntad política para investigar todos los crímenes, anular el Decreto Ley de Amnistía, cerrar el penal de Punta Peuco, degradar a los militares condenados, reparar dignamente a las víctimas, y un largo etcétera», señala a Noticias Aliadas Alicia Lira, presidenta de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos (AFEP).
Fue en EEUU y no en Chile que se declaró culpable al teniente (r) Pedro Pablo Barrientos -hoy ciudadano estadounidense-, como uno de los responsables del asesinato del cantautor Víctor Jara. Los ocho días que duró el juicio civil en la Corte de Orlando contrastan con «vivir tantos años con el dolor de la impunidad», declaró su viuda, Joan Jara. Víctor Jara, uno de los artistas emblemáticos del movimiento de la Nueva Canción Chilena, fue detenido tras el golpe militar que derrocó al presidente Salvador Allende (1970-73) el 11 de setiembre de 1973 y torturado y asesinado en el Estadio Chile.
Parlamentarios de derecha y oficialistas han presentado tres proyectos de ley que permitirían otorgar beneficios carcelarios a reos por edad, razones de salud y humanitarias. Las iniciativas, según el senador Alejandro Navarro, presidente de la Comisión de Derechos Humanos, «apuntan directamente a generar condiciones para beneficios a ex militares violadores de los derechos humanos».
«Además de la impunidad, bajas condenas y cárceles especiales, [los proyectos de ley] buscan liberar a los pocos genocidas que hemos logrado condenar», señala Lorena Pizarro, presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD), en declaraciones al diario Uchile.
A fines de septiembre, el ministro (juez) en visita Mario Carroza reabrió el caso Caravana de la Muerte -comitiva militar que recorrió el país en 1973 por orden del dictador Augusto Pinochet (1973-90) que terminó con la ejecución y desaparición de 97 detenidos- a raíz que la Policía de Investigaciones incluyera en un informe datos del Libro de Novedades de la Guardia del Regimiento Arica de octubre de 1973, que consignaba la salida de presos políticos desde la cárcel de La Serena hasta el Regimiento, entre ellos, las víctimas de fusilamiento.
El excomandante en jefe del ejército Juan Emilio Cheyre está siendo procesado en calidad de cómplice por el caso. Según el abogado querellante Cristián Cruz, el hallazgo del Libro de Guardia robustece aún más los medios de prueba contra Cheyre.
«Quien retira a los prisioneros es un suboficial de inteligencia que fue bastante claro ante la justicia al decir que obedeció al entonces teniente Cheyre, su jefe», dijo.
A principios de junio, el ministro del Interior Jorge Burgos ordenó la salida del jefe del Programa de Derechos Humanos Jorge Cabezas y del abogado Rodrigo Lledó, jefe del área jurídica del programa, para evitar que siguieran adelante en su intención de solicitar el procesamiento de Cheyre.
Lledó rechazó las presiones del Ejecutivo y antes de dejar su puesto pidió al ministro en visita Carroza el encausamiento del exjefe militar como encubridor de homicidios y secuestros calificados.
«Presionaron al ministro Carroza para que no procesara a Cheyre, y es muy posible que el descabezamiento del programa obedeciera también a eso», reconoce Lledó a Noticias Aliadas.
Para la abogada Carmen Hertz -viuda de Carlos Berger, asesinado por la Caravana de la Muerte-, «que a 43 años del golpe y su maquinaria genocida, se pretenda seguir ocultando la identidad de los asesinos no sólo es intolerable, sino que pone a Chile al margen de obligaciones internacionales. Es extraordinariamente grave».
Se mantiene el secreto El 31 de agosto, la Cámara de Diputados resolvió mantener el secreto de los testimonios y documentos recogidos por la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura (Comisión Valech) -creada en el 2003 para esclarecer la identidad de las personas que fueron detenidas y torturadas por agentes del Estado durante la dictadura militar- con lo cual se protege la identidad de criminales de lesa humanidad. A pesar que viola tratados internacionales, se mantendrá la cláusula de secreto que prohíbe dar a conocer por 50 años los testimonios contenidos en el Informe Valech.
«No se conocerán los nombres de los represores y los crímenes que cometieron, no se iniciarán juicios contra los victimarios», dice Lira. «Se asegura su absoluta impunidad, y eso contraviene el discurso de búsqueda de verdad, justicia y reparación. Es vergonzosa la decisión de la Cámara. Tenemos el derecho a saber qué pasó y que se acabe con la impunidad, se encarcele y juzgue a los violadores de derechos humanos. Hace años que la presidenta [Michelle Bachelet] se comprometió a reunirse con nosotros y darnos una respuesta sobre este tema, y a la fecha no sucede», añade.
La AFDD anunció que recurrirá a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para denunciar al Estado de Chile por el rechazo de la Cámara de Diputados a levantar dicho secreto. En agosto del 2014, la CIDH advirtió a Chile que debía derogar cualquier disposición que impidiera cumplir con las normas internacionales respecto a los procesos judiciales pendientes sobre crímenes de lesa humanidad.
El 11 de setiembre, al cumplirse 43 años del golpe militar, la presidenta Bachelet nombró a Lorena Fries, exdirectora del Instituto Nacional de Derechos Humanos, como la primera Subsecretaria de Derechos Humanos.
«Hemos dado pasos sustantivos en materia de reconocimiento, verdad, justicia y reparación, y lo queremos seguir haciendo. Todavía hay causas pendientes; no se ha avanzado todo lo que quisiéramos», dijo Bachelet.
Sensiblemente emocionada, Bachelet presidió la ceremonia reparatoria que exigió la CIDH en octubre de 2015 para el caso de 12 exintegrantes de la Fuerza Aérea (FACH) que no se adhirieron al régimen militar y fueron condenados por Consejos de Guerra entre 1973 y 1975. El 3 de octubre de este año fueron «absueltos» por la Corte Suprema. El caso incluye al padre de la mandataria, el general Alberto Bachelet, muerto a consecuencia de las torturas.
Para el escritor Hernán Montecinos, «las lágrimas y emociones de la presidenta son sinceras. Sin embargo, hay que aclarar que esta reivindicación del Estado no ha sido sincera, y es hipócrita. Se realiza tras un fallo e imposición de la CIDH que determinó que el Estado debía reivindicar a los militares constitucionalistas detenidos, torturados y condenados como traidores a la patria. Nunca el Estado como tal, por sí y ante sí, se impuso esta obligación moral y jurídica. Se vio obligado a hacerlo».
El excomandante de la FACH Ernesto Galaz, una de las víctimas, dice: «En el 2001, la Corte Suprema rechazó el recurso de revisión que interpusimos y en el 2003 rechazó otro de reposición. Agotada toda instancia en nuestro país acudimos al tribunal internacional». Recién a fines de setiembre el máximo tribunal ratificó las condenas contra los torturadores del general Bachelet: los coroneles (r) Edgar Cevallos Jones y Ramón Cáceres Jorquera que recibieron cuatro años de prisión.
Impunidad prevalece Erika Hennings, presidenta de la Corporación Londres 38 -organización de derechos humanos que toma la dirección de un excentro de represión y exterminio de la dictadura-, denunció que exoficiales de Carabineros condenados por crímenes de lesa humanidad y prófugos de la justicia, siguen cobrando sus pensiones. «La demora en los procesos y condenas, abre espacios para que los responsables se fuguen. Las redes de protección y pactos de silencio son evidentes. Varios continúan trabajando en Carabineros. El gobierno se hace cómplice pues no hay medidas firmes para romper la impunidad y que los procesados cumplan condenas», dijo Hennings en declaraciones a diario Uchile.
A lo anterior se agrega que la AFDD apeló la decisión del tribunal que el 5 de octubre otorgó la libertad condicional a Raúl Iturriaga Neumann, exsubdirector de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), la policía secreta de la dictadura, responsable de asesinatos, secuestros, desapariciones y torturas.
«Fue liberado pese a que debería cumplir condenas hasta el año 2037 por el asesinato del excomandante en jefe del Ejército Carlos Prats y su esposa en Buenos Aires, entre otras», indica Lira. «Esto contradice a aquellos jueces que realmente investigan, llegan a la verdad y aplican condenas. Otros les dan beneficios carcelarios, penas ínfimas o simplemente los absuelven».
«Esto es propio sólo de un país que vive bajo impunidad», advierte Pizarro.
Finalmente, el 19 de octubre, la Segunda Sala de la Corte Suprema en fallo unánime revocó la resolución dictada por la Corte de Apelaciones que benefició a Iturriaga Neumann.
Aunque el Parlamento haya declarado el 5 de octubre a Pinochet como el gobernante más violento y criminal de la historia de Chile, los tribunales y el Estado siguen siendo cómplices de la impunidad. Cuando se vieron obligados a investigar, buscaron subterfugios para rebajar penas, permitiendo que la mayoría de los condenados vivan una vida normal en sus casas o en cárceles especiales.
«Además, hay una operación de impunidad que busca favorecer a los condenados en Punta Peuco para lograr su libertad, pintando a los genocidas como unos pobres viejitos. El Ejecutivo tranzó con la dictadura la impunidad. Evaluar avances es bastante complejo porque da la sensación que los tribunales cada día cierran causas pero es completamente insuficiente. Si la impunidad no ha sido más obscena es por la acción de las organizaciones de familiares que lo hemos impedido», concluye Pizarro.