Resulta ciertamente lamentable que todo un Ministro de Trabajo como Valeriano Gómez, con una larga trayectoria vinculada, además, al sindicato UGT, utilice para justificar la última y nuevamente regresiva «minireforma laboral» llevada a cabo a golpe de «ucaz» por el Gobierno del PSOE, el viejo y gastado mito del «preferimos un contrato temporal a un […]
Resulta ciertamente lamentable que todo un Ministro de Trabajo como Valeriano Gómez, con una larga trayectoria vinculada, además, al sindicato UGT, utilice para justificar la última y nuevamente regresiva «minireforma laboral» llevada a cabo a golpe de «ucaz» por el Gobierno del PSOE, el viejo y gastado mito del «preferimos un contrato temporal a un parado».
Lo mínimo que debería exigirse al Ministro, y a todo el Gobierno, es que no trate de justificar sus recortes sociales y reformas neoliberales insultando a la inteligencia de los trabajadores con afirmaciones simplonas e inexactas.
Está más que demostrado a estas alturas por numerosos estudios, que no existe una relación causa-efecto entre flexibilizar la contratación temporal y la reducción del paro. Si hay alguna relación directa (la realidad es más compleja) es precisamente la contraria: cuanto más alta es la tasa de temporalidad, mayor es la tasa de paro, tal y como sucede en nuestro país en comparación con otros países de la UE. Y, es precisamente en tiempos de crisis económica cuando el abuso en la temporalidad se manifiesta rápidamente en un aumento del desempleo mucho mayor que en mercados de trabajo más estables, como sucede aquí desde 2008.
La eliminación de los límites al encadenamiento de contratos temporales aprobada el pasado viernes en primer lugar, no tiene eficacia directa alguna en la reducción del paro, y, en segundo lugar, supone una serie de consecuencias muy negativas para la mayoría de la población (los trabajadores) y por lo tanto, para el equilibrio, ya suficientemente dañado, socio-económico y laboral en nuestra sociedad.
Tales consecuencias son:
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Dejar sin efecto lo poco de positivo que tenía la reforma laboral pactada con los sindicatos mayoritarios en 2006. Saltándose, así, a la torera, de forma grave, el necesario respeto institucional que debería presidir el diálogo social y sus acuerdos.
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Abandonar, de facto, si es que alguna vez existió, el cacareado cambio de modelo productivo, para seguir apostando descaradamente por competir por la vía de los costes laborales (precariedad, salarios bajos, paro elevado, reducción de derechos, más desequilibrio en el reparto de la renta, etc.).
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Aumento de la tasa de temporalidad, precisamente en un momento en el cual había bajado varios puntos debido, paradójicamente, al único mecanismo dolorosamente eficaz en las últimas décadas para lograrlo, dado el fracaso en este sentido de los acuerdos entre Gobierno y agentes sociales, que ha sido la crisis económica y el paro desbocado.
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Incrementar la inestabilidad laboral, deprimiendo aún más la demanda interna y frenando cualquier atisbo de recuperación económica basada en el incremento del poder adquisitivo y la estabilidad de los trabajadores.
La otra medida incluida en el Real Decreto Ley ha sido la modificación del contrato de formación, aumentando varios grados su desnaturalización y convirtiéndolo en un auténtico contrato basura para jóvenes, y no tan jóvenes (hasta 30 años), con salarios mínimos y de previsible difícil implantación, debido a su complementariedad con estudios de Formación Profesional, en una configuración que se parece al modelo dual alemán de FP, como afirma el Gobierno, lo mismo que un huevo a una castaña.
En cualquier caso, de igual forma que ha sucedido hasta ahora, la barra libre de contratos temporales, con causa o sin ella, que nuestro ordenamiento laboral y el Gobierno que debería controlar su cumplimiento permiten, seguirá impidiendo que este contrato, o el de prácticas, sean utilizados como una vía de inserción importante para los jóvenes.
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