Las clases dominantes en Colombia han asesinado siempre para mantenerse en el poder y para ello utilizan a sus esbirros tipo Mancuso y Castaño. La oligarquía colombiana ha hecho de los llamados «paramilitares» para violentar su propio ordenamiento jurídico y las consecuencias de ello en lo relativo a uno de sus aspectos más sangrientos y […]
Las clases dominantes en Colombia han asesinado siempre para mantenerse en el poder y para ello utilizan a sus esbirros tipo Mancuso y Castaño. La oligarquía colombiana ha hecho de los llamados «paramilitares» para violentar su propio ordenamiento jurídico y las consecuencias de ello en lo relativo a uno de sus aspectos más sangrientos y aterradores: Las Masacres, escribe el analista Allende La Paz desde Colombia.
La pomposa iniciación del Show de AUV con las AUC, perdón, quise decir, «el proceso de paz con los paramilitares», tan promocionado y sublimado por los medios de comunicación burgueses colombianos e internacionales, nos lleva a la necesidad de mostrar, así sea lo más sucintamente posible, el origen y la utilización que la oligarquía colombiana ha hecho de los llamados «paramilitares» para violentar su propio ordenamiento jurídico y las consecuencias de ello en lo relativo a uno de sus aspectos más sangrientos y aterradores: Las Masacres.
En el informe presentado sobre Colombia por la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Mary Robinson, ante la Comisión de Derechos Humanos, cuyas sesiones terminaron el 26 de abril del 2.002, por primera vez en la historia un funcionario de dicho organismo llama la atención de una persona por lo que piensa hacer.
El llamado fue para Álvaro Uribe Vélez quien ha manifestado estar dispuesto a armar un millón de civiles para enfrentarlos a la insurgencia. Ello no es de extrañar ya que ha sido una práctica común de diferentes gobiernos la utilización de «civiles» para desarrollar tareas de contrainsurgencia.
Echemos una breve mirada por la historia colombiana para entender el fenómeno que se ha llamado PARA-MILITARISMO.
La utilización de mercenarios para la realización de las «tareas sucias» que las fuerzas represivas del régimen no pueden realizar sin violar el régimen constitucional, ha sido la constante en los EE.UU. Nada más recordemos los famosísimos «caza-recompensas» del Viejo Oeste que buscaban delincuentes, incluso en otros países violando su soberanía y los traían «vivos o muertos»; o la tristemente célebre contra-nicaragüense organizada, armada y financiada por los EE.UU. Por ello no es de extrañar que en la D.C.B.I. (Doctrina del Conflicto de Baja Intensidad) se contemple la utilización de un «ejército mercenario destinado a desarticular al movimiento revolucionario, hacerlo inviable como alternativa política» recurriendo para ello al terror, al asesinato selectivo y a las masacres.
Paramilitares durante la 1ª Violencia
Colombia no ha sido la excepción de esta práctica criminal. Los hoy llamados paramilitares, ayer fueron los «pájaros» y los «chulavitas» de la época de la violencia de los años cincuenta utilizados por el Estado colombiano para asesinar, masacrar, violar mujeres y explotar al campesinado de amplias regiones del país, que como el Departamento del Tolima se vio asolada por esta plaga:
«El grupo estaba compuesto por dieciséis hombres, y en él se mezclaban policías en ejercicio de sus funciones y criminales a sueldo, (por entonces llamados pájaros-asesinos que desde 1948 actuaron bajo la protección de algunas autoridades locales en los departamentos de Caldas, Tolima, Huila, Valle del Cauca y Boyacá-). Unos y otros iban esa mañana a Ríoblanco, un pueblo del Tolima donde ya eran temidos por sus frecuentes desmanes.
(…) Cuando los caminantes llegaron a la cuesta de Mal Abrigo, en cercanías de la población, fueron atacados sorpresivamente por un grupo de cinco muchachos provistos de armas de fuego (…) hijos de una pareja de ancianos labriegos, muertos pocos días antes por algunos de los que integraban la comisión asaltada, (…) que costó la vida a tres de los polizontes. (…) Una vez levantados, con el concurso de nutridos refuerzos, los cadáveres de las víctimas de Mal Abrigo, policías y pájaros se lanzaron sobre el cercano pueblo para vengar a sus caídos. Allí mataron, hirieron, golpearon, violaron saquearon e incendiaron durante varias horas, convirtiendo el lugar en escenario de todas las brutalidades. Ese día el terror llegó a Ríoblanco.
Era el 12 de Agosto de 1950
Los vecinos que lograron sobrevivir a la violenta incursión huyeron del municipio asolado, dejando atrás sus casas, fincas, muebles, aperos y reses.
(…) Más tarde, algunos de ellos constituyeron un grupo armado para defenderse de los atropellos oficiales. Otros -la mayoría- debieron sumarse a la gran muchedumbre de personas desplazadas que por aquellos años llegó a ciudades como Chaparral, Líbano, Neiva y Bogotá». (1).
Las víctimas de esta violencia siempre fueron gentes del pueblo, mientras los dirigentes de los partidos oligarcas -liberal y conservador- llegaban posteriormente a un acuerdo para repartirse el poder entre ellos, más conocido por los colombianos como Frente Nacional, en una alternancia de 4 años para el Partido Liberal y 4 años para el Partido Conservador, durante 16 años.
«El nuevo Paramilitarismo»
Mirando la historia no es de extrañar entonces que en contubernio impúdico las FF.MM. del Estado colombiano y el narcotráfico organicen, entrenen, armen y den apoyo logístico a «ejércitos mercenarios» que los colombianos hemos llamado paramilitares. Son conocidas la alianza de la Brigada de Inteligencia Militar (BIM) y el conocido capo narcotraficante del Cartel de Medellín Gonzalo Rodríguez Gacha (posteriormente asesinado por los organismos de seguridad de Colombia y la DEA) para realizar los asesinatos de los militantes de la U.P., entre ellos los magnicidios de Jaime Pardo Leal y Bernardo Jaramillo, y de 5.000 activistas más.
Recordemos las masacres de Segovia (53 muertos), Currulao (20 muertos), San Rafael (18 muertos), Punta Coquitos (25 muertos) y Mejor Esquina (38 muertos), todas realizadas por los paramilitares y otras con la participación conjunta con oficiales de la FF.PP.: Matanza de 20 indígenas en Caloto (para despojarlos de sus tierras), la matanza de Trujillo (Valle) en abril de 1990, con 107 campesinos muertos y un sacerdote (el párroco de Trujillo, Tiberio Fernández), descuartizados con motosierra y arrojados al río Cauca, hechos por los cuales la Corte Interamericana de los Derechos Humanos condenó por unanimidad al Estado colombiano, etc.
Queremos reseñar así sea sucintamente dos de las masacres en que ha quedado plenamente demostrada la participación y contubernio de militares-paramilitares:
El Aracatazo: El «Comando Alternativo Popular», relacionado con el Batallón de Infantería Voltígeros y guerrilleros del EPL amnistiados vinculados al partido Esperanza, Paz y Libertad, llevó a cabo esta masacre el 12 de agosto de 1995, en el bar El Aracatazo del barrio El Bosque de Chigorodó, Antioquia. Los miembros del «Comando» rodearon el bar con las personas adentro, dispararon contra el edificio y posteriormente entraron y ejecutaron algunas personas a quemarropa, dejando un total de 18 muertos.
Fue identificado uno de los miembros del «Comando»: José Luis Conrado Pérez, alias «Carevieja», el cual había aparecido fotografiado conversando con el entonces Comandante del Ejército, General Bonett Locarrno, en la Revista Cambio 16 publicada tres meses antes de la masacre.
Segovia, Antioquia : El 22 de abril de 1996, pistoleros trasladados a Segovia por el Capitán Rodrigo Cañas del Batallón Bombona, ejecutaron a cuatro personas en el barrio El Tigrito; se dirigieron al barrio La Paz y asesinaron a cinco personas más. En su recorrido dejaron una estela sangrienta de 15 muertos e igual número de heridos. Segovia estaba altamente militarizada, pero los pistoleros pasaron tres retenes militares y por el frente del cuartel de Policía, sin ser molestados.
El cinismo oficial
Esta política estatal ha sido insistentemente negada por los militares y los voceros de los gobiernos de turno (Barco, Gaviria, Samper, Pastrana), que aseveraban todo obedecía a «casos aislados». El Presidente Ernesto Samper rechazó una resolución del Parlamento Europeo condenando la violación de los D.H. al decir: «No es cierto que las fuerzas de seguridad colombianas hayan desarrollado una estrategia de emergencia, caracterizada por la ayuda a grupos paramilitares, ejecuciones extrajudiciales, tortura y desapariciones». Posición que es rebatida por Human Rights Watch, que en su informe de noviembre de 1996 dice:
«Algunos comandantes militares afirman que los paramilitares no existen y que los informes que indican lo contrario son desinformaciones divulgadas por grupos de D.H. que trabajan en representación de la guerrilla.
Cuando reconocen estas denuncias totalmente, los oficiales militares alegan que los paramilitares no son más que personas ejerciendo su derecho constitucional a la legítima defensa. Por su parte, el personal militar estadounidense y de la Embajada en Colombia alega que existe muy poca información sobre los paramilitares y que no tienen conocimiento de dónde, cómo y cuándo o con quién operan. (…) Estos argumentos son falsos.
Es hora de apartar la cortina de humo de desmentidos oficiales y de identificar esta asociación siniestra como lo que es: un mecanismo sofisticado sustentado en parte por los años de asesoramiento, entrenamiento, armamento y silencio oficial de Estados Unidos que permite a las Fuerzas Armadas de Colombia combatir una guerra sucia y a la burocracia colombiana desmentirla. El precio: miles de muertos, desaparecidos, lisiados y aterrorizados». (2). (Subrayado nuestro)
Diagnóstico que lleva a esta organización defensora de los D.H. a que entre sus múltiples recomendaciones como «suspender inmediatamente a los comandantes militares con un largo historial de apoyo y colaboración directa con los paramilitares» de los que los Generales Bedoya, Bonett Locarno y el General (r) Farouk Janine Díaz, son apenas unos ejemplos, inste «…al Presidente Samper a que invite al Fiscal de la Nación a presidir una comisión mixta gubernamental -no gubernamental que investigue a unidades concretas del Ejército implicados en una práctica sistemática de asesinatos políticos, en asociación con paramilitares como: La fuerza de tarea No. 27 Pantera, el Plan Especial No. 7, los Batallones Bomboná, Bárbula, Rafael Reyes, Antonio Nariño, Voltígeros, Palacé, José Hilario López, Ricaurte, Luciano D´Elhuyar; la Quinta, Séptima, Novena, Décima, Decimoprimera y Decimocuarta Brigadas, las Brigadas Móviles Nos. 1 y 2, y la Cuarta División.(3)
1. Human Rights Watch, Informe Noviembre de 1996. En Su Defensor, Año No. 41, Diciembre de 1996. p. 21
2. Ibidem, p. 22.
3. Ibidem