El 5 de agosto de 2004, en la vereda de Caño Seco, municipio de Saravena tres destacados dirigentes sociales fueron asesinados por el ejército: Leonel Goyeneche, Héctor Alirio y Jorge Eduardo Prieto. El día del aniversario, nuestra caravana se une a otra de camionetas, motos, buses y personas que se dirigen hasta la casa donde […]
El 5 de agosto de 2004, en la vereda de Caño Seco, municipio de Saravena tres destacados dirigentes sociales fueron asesinados por el ejército: Leonel Goyeneche, Héctor Alirio y Jorge Eduardo Prieto.
El día del aniversario, nuestra caravana se une a otra de camionetas, motos, buses y personas que se dirigen hasta la casa donde murales de las víctimas y una placa conmemorativa recuerdan la masacre en el lugar donde fueron asesinados a sangre fría. En uno de los muros se lee «su único delito: haber defendido la dignidad y los derechos de un pueblo». Antes de su asesinato habían tenido una reunión para evaluar la crítica situación de los derechos humanos en Arauca. Un departamento conocido por su resistencia a asesinatos selectivos, falsos positivos, masacres, tomas y persecución. En aquella madrugada, poco antes del amanecer miembros de las fuerzas armadas los acribillaron y después fueron presentados como guerrilleros muertos en combate. Por aquellos hechos han sido condenados varios soldados y un subteniente. La profesora María Raquel Castro, testigo de la masacre en la casa, fue detenida y encarcelada acusada de rebelión. Después de tres años encerrada, la justicia la liberó.
Un terrible ejemplo de combinación de masacre perpetrada por el Ejército y judicialización de líderes que persigue la desmovilización de la protesta social. El año pasado conocimos el caso de Milena Quiroz y otros líderes del Sur de Bolivar, también acusados de rebelión. La Fiscalía argumentó que Milen a debía estar privada de libertad porque promovía y organizaba marchas «de alta peligrosidad al orden del Estado, al orden de la seguridad». Después de 8 meses recuperó la libertad, aunque su caso sigue abierto. Este año Julián Gil, Secretario Técnico del Congreso de los Pueblos, fue detenido y permanece en prisión desde junio acusado de tenencia de explosivos. Desde la prisión declaró «que la Fiscalía, junto con la Policía, busca deslegitimar nuestras organizaciones sociales, populares y comunitarias. Señalar, perseguir y silenciar a todas aquellas voces que se resisten al saqueo de nuestros territorios y optan por la defensa de los Derechos Humanos y de la naturaleza». Desde Colombia, donde el pensar diferente tiene un alto coste, sus compañeros reivindican su inocencia y exigen parar la estrategia de judicialización y criminalización de las organizaciones sociales.
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