Según organizaciones sociales el aumento del conflicto y la agresión a las comunidades, está relacionado con el saqueo basado en la explotación y expropiación de los territorios. Aseguran que esta zona es estratégica para los intereses en el país y la región; intereses económicos y geopolíticos que configuran un enclave para realizar acciones en contra de Venezuela.
Arauca es un territorio diverso, de vocación agropecuaria, con reservas hídricas y recursos mineroenergéticos. Además, cuenta con es una zona de frontera extensa con la hermana República Bolivariana de Venezuela; lo que hace de el referencia geoestrategica en la región. Históricamente su población se ha organizado; formando un fuerte tejido social, que da solución sus necesidades, defiende a las comunidades, el territorio y la vida. Además, de oponerse a las políticas de Estado, esta oposición les genera agresiones sistemáticas desde los diferentes gobiernos, agresiones que han dejado masacres, asesinatos, desplazamiento, estigmatización y judicializado a las comunidades y sus liderazgos.
Según organizaciones sociales el aumento del conflicto y la agresión a las comunidades, está relacionado con el saqueo basado en la explotación y expropiación de los territorios. Aseguran que esta zona es estratégica para los intereses en el país y la región; intereses económicos y geopolíticos que configuran un enclave para realizar acciones en contra de Venezuela.
Desde este punto de vista, Juan Carlos Torregroza, abogado y asesor jurídico de la Fundación de Derechos Humanos Joel Sierra refiere: “el conflicto armado interno que vive Arauca, no solo afecta a la población, también a sus programas y proyectos del Plan de Vida que se han forjado los araucanos”.
Agredir Arauca, la apuesta gubernamental
Los intereses de la agresión contra las comunidades en Arauca, tiene un objetivo marcado: despajar el territorio de cualquier obstáculo para el desarrollo de mega proyectos petroleros y mineros energéticos. Además, de la militarización para «pacificar» el departamento y punta de lanza de la agresión contra Venezuela.
Según organizaciones sociales y políticas agrupadas en el Movimiento Político de Masas Social y popular del Centro de Colombia: “las comunidades que se oponen a estos proyectos son catalogadas por el Estado y las multinacionales petroleras como un enemigo interno, razón por la cual buscan eliminarlas”.
Una de las forma de agresión utilizada en Arauca han sido las masacres, ¿En qué consiste? Se le llama masacre al asesinato de dos o más personas en un mismo lugar y en estado de indefensión.
Liliana Roa sobreviviente de la masacre de la Cabuya, 1998, asegura: “la causa principal de la masacre, fue: dar vía libre a la explotación de los recursos de la naturaleza.” Según esta lideresa las empresas petroleras consideraban a las comunidades como un obstáculo, obstáculo que fue eliminado a través de la judicialización y posteriormente se perpetua la masacre.
Finaliza Liliana “algo que si notó la comunidad es que, una vez hace presencia el ejército y empiezan a pasar la maquinaria, comenzaron las amenazas, pero sabemos que eso fue una acción encubierta perpetrada por la fuerza pública, porque desde que llegaron al caserío todo el tiempo estuvieron amenazando con los paramilitares”.
Las masacres son prácticas de exterminio recurrentes en las zonas con intereses extractivistas en el país. Prácticas que generan terror en la población, desplazamiento y desarraigo del territorio. Las comunidades y familias afectadas no regresan a recuperar sus parcelas y semovientes, provocando la desarticulación del tejido social y la eliminación de formas organizativas como las Juntas Comunales y organizaciones sociales, más aún cuando las personas masacradas son los líderes de estas.
Según información recolectada por la Fundación Joel Sierra, muchas de las víctimas en Arauca, adujeron no querer hablar o recordar lo sucedido, debido al miedo hacia los determinadores y ejecutores de las masacres. Estas determinaciones de las victimas causan un impacto emocional en la salud mental[1]
Masacres en Arauca
Organizaciones defensoras de Derechos Humanos como el Colectivo de abogados José Alvear Restrepo, Humanidad Vigente, Corporación MINGA y la Fundación de Derechos Humanos Joel Sierra, han investigado estos hechos de violencia en los últimos treinta años. Como resultado de las investigaciones, la recolección de datos y la denuncia de las víctimas, se pueden referenciar 20 masacres entre finales de la década de los 80 hasta el año 2010[2]. Masacres ligadas a conflictos entre las comunidades y las pretensiones extractivas en el territorio. Hechos que agudizaron la crisis social y humanitaria en Arauca.
¿Quiénes son los responsables?
En las investigaciones realizadas en las 20 masacres en Arauca, se evidencia la responsabilidad del Estado; pues tiene una relación directa por acción o por omisión. Por acción en casos concretos como: Caño seco, La Cabuya, Puerto Lleras, Caño Temblador donde el Ejército Nacional perpetuo las masacres. Por omisión porque se utilizó a grupos paraestales para perpetrar estos crímenes. En estos casos las Fuerzas Militares despejaron la zona para que los grupos paramilitares arremetieran contra las comunidades. Como se evidenció en las Masacres de Flor Amarillo, Piñalito y Cravo Charo y Corocito donde alrededor del sitio de ejecución se encontraban el Ejército Nacional.
Otras masacres en el departamento se atribuyen a la extinta guerrilla de las FARC – EP entre las que se encuentran la de Puerto San Salvador y la Vereda el Triunfo
En esta estrategia criminal también tienen responsabilidad las empresas petroleras[3], quienes en los territorios armaron alianzas con grupos paramilitares, Ejército, Policía, bajo la “excusa de mejorar su seguridad”. Pero, en realidad sirvieron de apoyo logístico y financiero para perpetrar las masacres.
¿Impunidad en los procesos judiciales?
La mayoría de las masacres están en la impunidad. Ni la Fiscalía o los tribunales han realizado las investigaciones que permitan establecer a los responsables. Por el contrario, las comunidades y sus organizaciones de Derechos Humanos son las que han realizado la tarea de investigar y denunciar lo sucedido.
De los procesos judiciales establecidos a través de la denuncia, pocos han resultado en condenas impuestas por este tipo de hechos. En estos casos, solo se ha condenado a los autores materiales. Ejemplo de ellos es el caso de la Masacre en Caño Seco, donde se condenó, a 40 años de cárcel, al Subteniente Juan Pablo Ordóñez Cañón y los soldados profesionales Wálter Loaiza Culma y Óscar Saúl Cuta Hernández, del Grupo Mecanizado No. 18 Reveiz Pizarro. Así como a Daniel Caballero Roz, informante que los guió.
Más allá de enjuiciar y condenar a los autores materiales de estos hechos. Desde las instituciones no se investigó a quienes los determinaron y beneficiaron con estos crímenes de lesa humanidad.
Ejemplo de ello, la Masacre de Puerto Lleras en 1996. Hecho que la comunidad denunció, donde se pudo establecer responsabilidad directa del Ejército Nacional, pero, en ella no se investigó, ni procesó a los perpetradores. Debido al nulo interés del gobierno en esclarecer estos hechos. Para las familias y comunidades no ha existido justicia, verdad, garantías de no repetición y una reparación integral.
Las comunidades y sus organizaciones sostienen que:”las masacres hacen parte de esa estrategia criminal de agresión contra el pueblo araucano. Las masacres no son hechos aislados”. Declaraciones sustentadas por la fundación de Derechos Humanos Joel Sierra, quienes han exigido a la fiscalía y los investigadores judiciales que: “Deben establecer un contexto bajo el cual investigar las masacres, ejecuciones extrajudiciales y todos los otros ejes de esa estrategia criminal de agresión para poder llegar a los verdaderos responsables”. Recalcando «No hay interés del régimen para investigar, ni voluntad política para avanzar en el esclarecimiento de todas estas masacres”.
¿Qué perdieron las comunidades?
Las masacres ocasionan ruptura en el tejido social, debilitan los procesos organizativos de las comunidades. Además, perdieron la relación directa con el territorio, siendo despojados y su tierras puestas al servicio de las multinacionales extractivistas.
Acciones que se evidencian en el testimonio de Liliana Roa, sobreviviente de la masacre de la Cabuya. “Mi compañero era el presidente de la Junta de Acción Comunal, había un nivel de organización al interior de las comunidades«.
En este caso, no solo se perdió la vida de un ser querido, se desarticuló el nivel de organización. Luego de la masacre la comunidad salió del territorio, generando un desplazamiento forzado de las 34 familias que vivían allí.
Las masacres, ejecutadas en Arauca se realizaron en el marco del plan para despejar y saquear los territorios. Objetivos que el gobierno ha usado en sus planes políticos – Plan Colombia, desarrollado a través de: las Zonas de Rehabilitación y de Consolidación.
En la actualidad, la amenaza contra el territorio y las comunidades continúa. La implementación de las Zonas Estratégicas de Intervención Integral “Zonas Futuro” son reencauche de políticas anteriores. Políticas desarrolladas a través de la intervención militar, paramilitar; con ello, la ejecución de masacres y judicializaciones para despejar el territorio. La posición geográfica, sumado a intereses sobre los bienes comunes, son hoy una amenaza contra las comunidades y el tejido social; sobre quienes recae la intervención producto de la injerencia estadounidense y su coacción al Gobierno Duque. Ellas se preguntan con las «Zonas Futuro» ¿Volverán las masacres y judicializaciones a los territorios?
Publicado en Trochando sin fronteras