Tras perder a siete militantes en tres meses, la dirigencia del Polo Democrático Alternativo prepara una denuncia por los hechos ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Amenazas, escuchas ilegales y persecución.
En el Pacífico colombiano está Chocó, una provincia de selvas tropicales, tráfico de armas, pobreza casi absoluta, corrupción, cocaína y guerra. Allí, un hombre por poco único era opositor del gobierno nacional. Inocencio Rengifo era militante del Polo Democrático Alternativo en un pequeño pueblo de afros que en esa zona, la más desamparada y aislada de Colombia, notaba extraña su voz crítica. De un tiro, Inocencio fue asesinado hace pocos días en Cantón de San Pablo. Con su muerte se elevó a siete la lista de integrantes del Polo asesinados en los últimos tres meses. Por eso se prendieron las alarmas por los homicidios y, en general, crímenes de todo tipo cometidos contra la oposición: escuchas ilegales, desapariciones, persecución, amenazas. La dirigencia del partido prepara una denuncia por los hechos ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, la Organización de Estados Americanos.
«Sus familiares aseguran que el concejal no había recibido ningún tipo de amenaza», registra la agencia de noticias del Polo. Reprochar los crímenes cometidos durante el gobierno de Alvaro Uribe y el ministro que lo sucederá el 7 de agosto, además de habitar tierras disputadas por paramilitares y guerrilla, les parece a algunos razón de más para vivir en amenaza. El cuerpo sin vida de un opositor derramando sangre a la orilla del río, como se recuerda hoy de Inocencio, es imagen recurrente en la Colombia de hoy, y hace cincuenta años. Sobre todo, casos como éste recuerdan la masacre a la oposición y la izquierda que, como en el exterminio de la Unión Patriótica, UP, es realidad en este país, gobernado desde hace ocho años por la derecha. En los años noventa, unos tres mil integrantes de la UP fueron asesinados sistemáticamente por el Estado. Advirtiendo sobre la seguridad de los opositores de la actualidad, el Polo reunirá un pool de abogados que solicite protección para sus militantes, entre ellos senadores, directivos del partido y concejales en riesgo, como Inocencio.
La presidenta del Polo Democrático Alternativo, Clara López Obregón, aclaró que la documentación que entregarán a la OEA es «una solicitud formal de medidas cautelares para la protección de la vida de los dirigentes y representantes del PDA en los cargos de elección popular». Que no se alargue la lista de asesinados que hasta hoy conforman Ibio Efrén Caicedo, educador; Rogelio Martínez, líder campesino, e Iván de la Rosa, líder cívico que trabajó en la reciente campaña presidencial de Gustavo Petro, cuando finalmente resultó electo presidente el oficialista Juan Manuel Santos, cuestionado por su gestión en el Ministerio de Defensa, mientras el ejército desapareció y asesinó campesinos para disfrazarlos de guerrilleros y obtener beneficios, y mientras la agencia de inteligencia DAS interceptó y persiguió ilegalmente a la oposición, defensores de derechos humanos y jueces.
También Rogelio Tunusco, Francisco Abello, Carlos Wagner e Inocencio Rengifo forman parte de la lista de líderes del Polo víctimas de homicidio desde mayo de este año. Sus quejas contra el gobierno dejaron de escucharse a lo largo y ancho de Colombia. En Antioquia (centro), San Onofre (costa del Caribe), Buga (centrooccidente), Magdalena (norte), Valle (sur) y Chocó (costa pacífica), estos hombres fueron profesores, políticos, líderes comunitarios.
La preocupación de la presidenta del Polo también la llevó a buscar protección en el mismo gobierno colombiano. A finales de mayo, Clara López se reunió con el ministro del Interior, Fabio Valencia Cossio, a quien le pidió una nueva cita «para allegar esta nueva denuncia y realizar el seguimiento al acta de la reunión sostenida en ese mismo despacho sobre medidas de protección al candidato Gustavo Petro y al ex presidente del partido, Carlos Gaviria». Los congresistas Camilo Romero e Iván Cepeda, líder del movimiento de víctimas de crímenes de Estado, están a la espera de la respuesta por su seguridad que se elevaría en los próximos días nacional e internacionalmente. Jaime Caicedo, concejal de Bogotá, y Darío Rúa, dirigente sindical, igualmente aguardan una respuesta.
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