La campaña electoral colombiana está marcada por la muerte de defensores de los derechos humanos en completa impunidad, mientras se acusa al hermano de Álvaro Uribe de vínculos con los grupos paramilitares. El defensor colombiano de los derechos humanos Alexander Quintero murió por disparos de presuntos paramilitares de extrema derecha en Santander de Quilichao (departamento […]
La campaña electoral colombiana está marcada por la muerte de defensores de los derechos humanos en completa impunidad, mientras se acusa al hermano de Álvaro Uribe de vínculos con los grupos paramilitares.
El defensor colombiano de los derechos humanos Alexander Quintero murió por disparos de presuntos paramilitares de extrema derecha en Santander de Quilichao (departamento de Cauca), en lo que constituye el segundo crimen en menos de una semana contra defensores humanitarios.
Estas muertes, condenadas por la oficina en Colombia de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, ensombrecen la primera ronda de las elecciones presidenciales del próximo domingo, cuando se imputa también a un hermano del presidente Álvaro Uribe supuestos vínculos con un grupo paramilitar.
La violencia contra defensores de derechos humanos y dirigentes sindicales son hechos que han impedido que el Congreso en EEUU ratifique un tratado de libre comercio con Colombia.
Quintero, quien caminaba a su casa el domingo por la noche cuando fue acribillado a tiros por sicarios, ya había recibido amenazas. Dirigente social que trabajaba en la defensa de los derechos de las víctimas de la masacre de Alto Naya perpetrada en 2001, era uno de los más destacados en propiciar los lazos entre comunidades afrodescendientes, indígenas y campesinas de la zona.
Recién el día 18 mataron a Rogelio Martínez, en el departamento de Sucre, otro defensor de los derechos humanos que trabajaba por las víctimas y encabezada el regreso de medio centenar de familias desplazadas por la violencia de los paramilitares en el municipio de Onofre.
El representante de la ONU en Colombia, Christian Salazar, instó al Gobierno de Uribe a investigar, esclarecer y sancionar rápidamente a los responsables de estas muertes.