La guerra urbana que se libra en Medellín y en la que se enfrentan cientos de jóvenes, muchos de ellos menores de edad, hacen de esta ciudad un territorio en disputa permanente. Las políticas públicas aún no logran contener los altos niveles de violencia y preocupan los altos niveles de impunidad. La segunda ciudad de […]
La segunda ciudad de Colombia, con más de 2 millones de habitantes, se debate entre la violencia y la impunidad. De acuerdo con la Personería de Medellín, de los 2.022 homicidios ocurridos durante el año 2010, sólo el 45,8%, es decir, 927, llegaron a los estrados judiciales, pero lo informes de esta agencia del Ministerio Público van más allá y al hacer referencia a los casos de delitos de gran envergadura y desarticulación del crimen organizado expone que la judicialización tan solo llegó únicamente al 2,8 por ciento.
La situación genera inquietudes no sólo sobre la eficiencia de las estrategias de seguridad implementadas por las autoridades locales, tanto civiles como policiales, para prevenir los homicidios y garantizar la vida de los habitantes de esta ciudad, sino de la capacidad del aparato judicial para castigar el delito en una ciudad que considerada una de las más modernas del país y en la cual se han invertido en los últimos años cientos de millones de dólares en su desarrollo físico y social.
Si bien la situación que vive Medellín en el tema de violencia no es equiparable a la que padeció a finales de la década de los ochenta y comienzos de los noventa, cuando los homicidios llegaron a 6.000 muertos por año, resultado de la guerra entre estructuras del narcotráfico, paramilitares, milicias guerrilleras y fuerzas estatales, las expresiones criminales continúan y no sólo se expresan en muertes de hombres, mujeres, niños y niñas, sino en desplazamientos forzados intraurbanos, violencia sexual, reclutamiento y vinculación de menores de edad a las actuales estructuras criminales derivadas del paramilitarismo, extorsiones al comercio y a los transportadores y en los controles territoriales, constituyendo «fronteras invisibles» entre un barrio y otro, las cuales no se pueden franquear libremente.
De acuerdo con los análisis realizados por los investigadores de la Unidad Permanente de Derechos Humanos (UPDH) de la Personería de Medellín, los responsables de la violencia en la ciudad son aquellas organizaciones que se reconfiguraron a partir del año 2006, cuando terminó oficialmente el proceso de desmovilización colectiva de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc) acordado con el Gobierno Nacional. La situación se agudizó desde finales del año 2007, cuando las estructuras armadas ilegales de origen paramilitar, cohesionadas en la llamada ‘Oficina de Envigado’, se atomizaron en diversos grupos y comenzaron a enfrentarse entre ellas por el monopolio de la criminalidad.
En esta ciudad se enfrentan dos facciones de la llamada ‘Oficina de Envigado’, una estructura criminal surgida en la década de los ochenta en el seno del Cartel de Medellín y que ha tenido varias mutaciones a través de los años; a esa guerra se suman organizaciones como ‘Los Urabeños’, ‘Los Rastrojos’ y ‘Los Paisas’, surgidas luego de la desmovilización de las Auc y comandadas por antiguos narcotraficantes y mandos medios de la organización paramilitar que nunca se desmovilizaron o que lo hicieron y volvieron a delinquir. Todos estos grupos pretenden monopolizar la captura y el control de las rentas, tanto legales como ilegales, algunas de ellas derivadas de las actividades del narcotráfico, que genera la ciudad. Para lograr esos fines, se han fortalecido las medidas de control social y económico que este tipo de organizaciones criminales imponen en la mayoría de los barrios de la ciudad.
Los análisis realizados por la Personería de Medellín indican que las dinámicas de recomposición del control territorial armado ilegal que generan estas estructuras criminales se reflejan en «ataques indiscriminados, víctimas de balas perdidas, vinculación de niños, niñas y adolescentes a dinámicas de violencia armada, amenazas, extorsiones, imposición de fronteras territoriales, desplazamientos forzados y enfrentamientos constantes».
Una de las expresiones que hoy preocupa en la ciudad es el llamado desplazamiento intraurbano, es decir, personas y familias que se ven obligadas a dejar sus barrios y trasladarse a otros por presión de los grupos armados ilegales. El fenómeno, que también afecta a decenas de líderes sociales, ha venido incrementándose año a año. Cifras de la Personería de Medellín correspondientes al año 2010 permiten establecer que unas 4.469 personas tuvieron que abandonar sus barrios de manera forzosa, representando un aumento del 72% con respecto a los registros del año 2009, cuando unas 2.657 personas denunciaron su traslado forzado a otros lugares. Para el año 2011 el problema persiste. La Personería de Medellín, entre el 1 y 31 de enero, recibió 89 declaraciones de desplazamiento forzado en la ciudad, es decir, 396 personas más con respecto al mes de enero del 2010, cuando sólo se recibieron 62.
«El desplazamiento es una expresión de la violencia que vive la ciudad, así lo manifiestan las víctimas de este flagelo, al momento de declarar su desplazamiento. Amenazas, control social, territorial, intento de reclutamiento ilegal, negativa de vinculación al conflicto armado, violencia sexual y colaboración con las autoridades, son algunas razones que los obligan a abandonar su lugar de residencia», indica un informe de la UPDH.
Según esta dependencia, los niños, niñas y adolescentes son una población especialmente vulnerable en la ciudad. Del total de los registros de desplazamiento intraurbano, el 52 por ciento corresponde a menores de edad, que obligados, en algunos casos, por el intento de reclutamiento por parte de los grupos armados, tienen que desplazarse. De igual forma, preocupa como las mujeres se vean expuestas a la violencia sexual por parte de los grupos armados antes del desplazamiento.
Como resultado de sus análisis, la Personería de Medellín le ha recomendado a las autoridades municipales la implementación de acciones institucionales y la actuación coordinada de las diferentes entidades, que hacen presencia en las comunas, para que aporten a la prevención del desplazamiento y a la protección de las personas en cumplimiento del mandato constitucional, a su vez hace un llamado de alerta a la Mesa Municipal de Prevención y Protección y a la Unidad Móvil de la Gerencia de Atención y Coordinación de Población Desplazada, para que gestionen las medidas preventivas del desplazamiento.
Lo paradójico es que desde el año 2007, se creó la Mesa de Prevención y Protección de Desplazamiento Forzado Intraurbano, integrada por la Alcaldía de Medellín, la Personería de Medellín, la Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional, ACNUR, Defensoría del Pueblo, Procuraduría General de la Nación, Policía Metropolitana, Fiscalía General de la Nación, Cruz Roja y Naciones Unidas. La Mesa diseña y aplica estrategias dirigidas a prevenir el desplazamiento por medio de la emisión de alertas tempranas, de la coordinación de acciones de protección de los derechos de la población que se halla en zonas de alto riesgo, y cuenta con una unidad móvil que se moviliza de manera permanente por sitios específicos de la ciudad.
El tema del desplazamiento forzado fue incluido en el Informe Anual de la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos correspondiente al año 2010. Según el informe, «aunque el desplazamiento forzado suele presentarse en mayor medida en zonas rurales con presencia de grupos armados ilegales, durante 2010 se observó un incremento en los desplazamientos interurbanos. Preocupa especialmente la situación en Medellín y Córdoba, donde se registraron varios desplazamientos masivos a raíz de disputas entre grupos post desmovilización».
El Personero de Medellín, Jairo Herrán Vargas, ha llamado la atención sobre lo que se requiere para superar todos estos problemas: «si bien la estrategia de judicialización como medio para contrarrestar el poder de las estructuras armadas ilegales en la ciudad, ha dado resultados con las importantes capturas realizadas, ésta debe acompañarse de una protección efectiva de la vida, la libertad y los bienes de quienes son víctimas y testigos, además de la presencia social y efectiva del Estado en los territorios dominados por estas estructuras ilegales». En esas palabras se concentra el reto de una ciudad que debe superar sus violencias y transitar hacia tiempos más tranquilos, justos y respetuosos con los derechos humanos.
(*) Juan Diego Restrepo E. es periodista y docente universitario.
Este artículo ha sido publicado en el dossier especial del nº 46 de la Revista Pueblos, abril de 2011.