Los dos días de audiencia en versión libre del jefe paramilitar Diego Fernando Murrillo Bejarano, conocido con los alias «don Berna» o «Adolfo Paz», ante los fiscales de la Unidad de Justicia y Paz no fueron suficientes para clarificar las verdades del pasado y del presente del paramilitarismo en Medellín y en el departamento de […]
Los dos días de audiencia en versión libre del jefe paramilitar Diego Fernando Murrillo Bejarano, conocido con los alias «don Berna» o «Adolfo Paz», ante los fiscales de la Unidad de Justicia y Paz no fueron suficientes para clarificar las verdades del pasado y del presente del paramilitarismo en Medellín y en el departamento de Antioquia.
Negar todo vínculo con acciones militares ilegales que degeneraron en crímenes de lesa humanidad, atribuirle esos hechos a sus oponentes en armas y aclarar que en varias incursiones cayeron sólo actores del conflicto y no víctimas inocentes, fue la tendencia de alias «don Berna» ante la fiscal de la Unidad de Justicia y Paz que lo recibió en audiencia.
Contrario a toda evidencia, incluso judicial, el jefe de los bloques Cacique Nutibara, Héroes de Granada y Héroes de Tolová, persistió en diluir parte de sus responsabilidades en el comandante paramilitar Carlos Castaño Gil, asesinado por paramilitares en el 2004, y algunos hechos cruentos a aquellos grupos que combatió, entre ellos al bloque Metro de las Autodefensas y a las milicias de la subversión.
Su versión libre estuvo llena de anécdotas sin mayores precisiones y nutrida de evasivas en aquellos temas cruciales para la verdad que reclama la ciudad y el departamento. A cambio de ello, declaró que «su lucha paramilitar fue pacifica» y tuvo el arrojo de quejarse porque no era reconocido como «hombre de paz».
Fue tanta su imprecisión que el publicitado «gesto humanitario» de entregar las coordenadas del sitio donde reposaban los restos de cuatro familiares y un amigo de María Elena Toro, líder de la Corporación Madres de la Candelaria – Línea Fundadora – asesinados por las Auc en 1997, no condujo a nada. Hasta el momento, los cuerpos no han sido hallados, y su errónea información condujo a que se postergaran los restantes dos días de audiencia que le quedaban a alias «don Berna», con la excusa de buscar más información para lograr tal propósito.
Durante lunes y martes, las madres de la Corporación Madres de la Candelaria – Línea Fundadora -, el Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado y la Campaña Memorias contra el silencio y la impunidad exigieron la verdad, nada más que la verdad, sobre las acciones de los bloques paramilitares Cacique Nutibara y Héroes de Granada, que operaron entre 1998 y 2005. Fue un reclamo profundo y legítimo de madres y padres, esposas y esposos, y de hermanas y hermanos de aquellos que fueron desaparecidos por las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc).
Y si bien no hubo verdades de fondo, las víctimas alcanzaron un logro: evitar manifestaciones masivas a favor de alias «don Berna», tal como lo habían preparado con anticipación los reinsertados de las Auc, para lo cual habían presionado a las instituciones educativas de la ciudad con el fin de enviar grupos de estudiantes a recibirlo festivamente. No hubo flores, no hubo papel picado. Hubo indignación y un solo grito: «!asesino¡, !asesino¡, !asesino¡».
En el vacío quedó la verdad sobre las personas desaparecidas en Medellín atribuibles al accionar de los bloques de las Auc comandados por alias «don Berna»; en el aire también quedó la ubicación de varias fosas de la comuna 13, en donde reposan los restos, muchos de ellos descuartizados, de hombres y mujeres secuestrados, desaparecidos y asesinados semanas después de ejecutada la Operación Orión, en octubre de 2003, a través de la cual el Estado retomó el control de esa zona de la ciudad.
Pero otra verdad sobre el accionar paramilitar que quedó sin revelarse, por lo menos en estos dos primeros días de audiencia, no está relacionada con el pasado, sino con el presente. De acuerdo con evidencias recogidas por diversas organizaciones defensoras de derechos humanos, el paramilitarismo aún está en los barrios de Medellín. Y las claves de ello las tiene alias «don Berna», quien al respecto y pese a las evidencias, negó tener cualquier vínculo.
Pero las respuestas no sólo deben pedírsele al jefe paramilitar. El Alcalde Sergio Fajardo y el Secretario de Gobierno Gustavo Villegas también tendrán algo que explicar y responder si la ciudad está bajo control del paramilitarismo o en manos de la fuerza pública y del Estado social de derecho.
Reveladoras resultan las apreciaciones de los habitantes de la comuna 13 por ejemplo, quienes en voz baja y a través de sus líderes aseveran que allí «la situación está muy pesada, muy tensionante». En los barrios de este sector de la ciudad confluyen, según sus pobladores, la fuerza pública y el «paramilitarismo».
Y resulta preocupante lo ocurrido en el barrio Villa de Guadalupe, donde varios jóvenes pretendían impedir una obra teatral preparada por integrantes de la Campaña Memorias contra el silencio y la impunidad. «Vayánse ligerito que no respondemos por su seguridad» fueron las palabras amenazantes. ¿Quiénes son estos muchachos y quién los apoya en sus labores de control? Nadie lo sabe, y si lo sabe no se atreve a hablar.
Pero lo valioso de ese hecho, que no pasó a mayores, es que pese a lo reiterado por la Alcaldía de Medellín, en la ciudad que hoy se vende al mundo sí hay territorios vedados para sus propios ciudadanos. La evidencia es indiscutible. Y queda claro entonces que en Medellín existen dos verdades por contar: la del pasado y la del presente.