Se supone que la guerra contra las drogas sigue un guión muy claro: de acuerdo a los guionistas oficiales, el sistema judicial estadounidense se opone a los actores corruptos de otros países, que están tratando de llenar las calles de Estados Unidos con drogas ilícitas. Los narcotraficantes, policías corruptos y políticos ladrones en la guerra […]
Se supone que la guerra contra las drogas sigue un guión muy claro: de acuerdo a los guionistas oficiales, el sistema judicial estadounidense se opone a los actores corruptos de otros países, que están tratando de llenar las calles de Estados Unidos con drogas ilícitas. Los narcotraficantes, policías corruptos y políticos ladrones en la guerra contra las drogas están siempre ahí, en América Latina, y en cualquier parte, y los agentes de la ley estaodunidenses son siempre los chicos buenos que combaten estas fuerzas del mal.
Pero ¿qué pasa cuando aparece evidencia que cambia el guión de tono? ¿Qué pasa si ruge prueba de que es el sistema judicial estadounidense el corrupto? Un documento obtenido recientemente por Narco News hace que una de esas preguntas sea algo más que simple interrogación hipotética. En él, el abogado del Departamento de Justicia Thomas M. Kent afirma que agentes federales de la Oficina para el Control de Drogas (Drug Enforcement Administration, DEA) de la sede de en Bogotá, Colombia, son actores corruptos en la guerra contra las drogas (la DEA es parte del Departamento de Justicia).
La información en ese documento es también corroborada por un número de otras fuentes que hablaron directamente con Narco News, incluyendo a ex funcionarios del gobierno
familiarizados con las operaciones de la DEA en Bogotá.
El memorándum de Kent contiene algunas de las más serias acusaciones jamás lanzadas contra funcionarios antinarcóticos estadounidenses: que agentes de la DEA en el frente de la guerra contra las drogas en Colombia están en las nóminas de los traficantes de drogas, son cómplices en los asesinatos de informantes que sabían demasiado y, más asombroso aún, directamente involucrados en ayudar a los famosos escuadrones de la muerte paramilitares de Colombia a lavar su dinero.
El memorándum va más lejos en sus afirmaciones de que, en vez de ser unas cuantas «manzanas podridas» las que necesitan ser denunciadas a sus superiores, estos supuestamente sucios agentes están siendo protegidos por una cobertura en marcha orquestada por las oficinas de «monitoreo» dentro del Departamento de Justicia.
Estos cargos disipan el humo que disimula la pretensión de la guerra contra las drogas. Si son ciertas, no podrán ser dejadas de lado en conferencias de prensa pre acordadas. Cualquiera que esté al tanto de estos alegatos estará forzado a considerar a dónde vamos desde este punto en la así llamada guerra.
El «memo» de Kent
El 19 de diciembre de 2004, Thomas M. Kent, un abogado de la unidad de intervención telefónica de la Sección de Drogas Peligrosas y Narcóticos (NDDS, por su nombre en inglés), en el Departamento de Jusiticia, envió un «memo» a su jefe de sección. Fuentes en el trabajo de prosecución legal dicen a Narco News que un cierto número de otros funcionarios de alto nivel dentro del Departamento de Justicia y de la DEA recibieron pronto copias del documento. En él, Kent hizo una serie de acusaciones de corrupción centradas en la oficina de la DEA en Bogotá.
Kent dice que sus afirmaciones se apoyan en algunos agentes de la DEA en Florida que la agencia amordazó y reprimió luego de que intentaron exponer dicha corrupción. Específicamente, Kent sostiene que la Oficina de Responsabilidad Profesional de la DEA (o OPR, por sus siglas en inglés, y básicamente su oficina de asuntos internos) y que elementos de la Oficina del Inspector General del Departamento de Justicia (OIG) han trabajado para mantener un velo sobre los cargos de corrupción. De acuerdo a Kent, estas oficinas -que se supone deberían servir como agencias de monitoreo que investigan la corrupción- sabotearon las investigaciones llevadas adelante por los agentes de la DEA en Florida y por uno de los agentes de la propia OIG.
Del memorándum de Kent:
Como se expuso en mi (anterior) memorándum, con fecha de diciembre 13 de 2004, muchas investigaciones sin relación, incluyendo la Operación Snowplow, identificaron agentes corruptos al interior de la DEA. Como se expuso más adelante en mi memorándum, el manejo de la OPR de las investigaciones sobre las acusaciones ha sido cuestionado y el investigador de la OIG que las estaba revisando activamente ha sido removido de la investigación. Como expuse en mi correo electrónico, del 17 de diciembre de 2004, quiero hablar directamente con la Sección de Integridad Pública [del Departamento de Justicia] porque quiero asegurarme de se investigarán completamente las acusaciones y se actuará en consecuencia si son ciertas.
Como prometí, le proveo con información adicional sobre las acusaciones y evidencia que ya está en los archivos de la OPR y la OIG. Agentes que conozco pudieron responder por mi credibilidad y muchos individuos cercanos a investigaciones previas que descubrieron la corrupción aceptaron hablar conmigo. Tuve un tiempo limitado para hablar con ellos y hacer preguntas. Pudieron proveerme con algunos puntos destacados, pero ciertamente no toda la información que se asienta en la OPR y en la OIG. Tal reporte, basado en lo que conocí en unas cuantas horas, tomaría días.
Habiendo sido abandonados por muchos anteriormente y encarando tremendos riesgos para sus carreras y su seguridad, y la seguridad de sus familias, estaban comprensiblemente titubeantes para revelar la información que pedí, incluyendo los nombres de los directamente involucrados en la actividad criminal en Bogotá y los Estados Unidos. Aceptaron revelarme los nombres con la condición de que no los diseminara en ese momento. Están listos para dar a la Sección de Integridad Pública esos nombres y todo en los archivos de la OPR y la OIG, y luego más, si se les solicita.
¿Por qué un abogado del Departamento de Justicia teme revelar los nombres de los confidentes de la DEA aparte del temor de que podría poner en riesgo sus carreras y las vidas de sus familias? ¿Y por qué, como sostiene Kent, está todo siendo cubierto?
¿Qué tanto saben Glenn Fine, cabeza de la OIG del Departamento de Justicia, y Rogelio E. Guevara, quien actualmente supervisa la OPR en la DEA, sobre las acusaciones de Kent, que fueron hechas en su memorándum hace más de un año?
Una mirada en la naturaleza de la supuesta corrupción podría darnos algunas pistas.
(Recuerden que todas estas acusaciones vienen estrictamente del memo de Kent, aunque fuentes en la prosecución legal han corroborado mucha de esta información en forma anónima).
Lavado de dinero y paramilitares
Kent alega que uno de los agentes corruptos en Bogotá fue atrapado en una intervención telefónica en algún momento de 2004 discutiendo actividad criminal relacionada al enorme grupo paramilitar conocido como las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). El grupo es ampliamente reconocido por su involucramiento en el narcotráfico y la venta de armas a altos niveles. Trabajando de cerca con varios sectores de los militares colombianos, ha creado escuadrones de la muerte responsables por la muerte de miles de colombianos.
Lo que sigue es de un informe de 2004 preparado para el Congreso de los Estados Unidos por el Servicio de Investigación Congresal:
Las AUC persiguen a simpatizantes, tantos reales como presuntos, de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), el Ejército de Liberación Nacional (ELN), así como a activistas políticos, policías y jueces. El grupo es conocido por su brutalidad y ha asesinado a más civiles que los grupos insurgentes de izquierda: en 2001, las UAC mataron al menos 1.015 civiles, comparado con los 197 civiles asesinados por las FARC. Las AUC también cometieron más de cien masacres en 2001, una táctica utilizada para desplazar grandes porciones de población campesina para mantener así firme control sobre las tierras con mayores cultivos de coca.
Kent sostiene, en el memorándum, que durante la intervención, el agente corrupto de la DEA en Bogotá «expone su involucramiento en el lavado de dinero para las AUC». Pero pese a haber sido atrapado en la cita, admitiendo ayudar a la fuerza política más asesina que hay hoy en el hemisferio a lavar dinero de sus grandes operaciones de tráfico de drogas, el agente no encaró sanciones. De hecho, dice Kent, el agente fue esencialmente promovido: «Esa llamada fue documentada por la DEA y ese agente está ahora a cargo de numerosas investigaciones de narcóticos y lavado de dinero».
Kent también alega en el documento que los funcionarios del Departamento de Justicia acallaron la investigación de lavado de dinero porque descubrieron que estaba relacionada con la supuesta corrupción de la DEA en Bogotá. Afirma que el clavo en el ataúd fue puesto por la OPR luego de descubrir que un agente de la OIG estaba investigando la corrupción en Bogotá y la operación de lavado relacionada.
«En junio de 2004, la OPR y la DEA, las dos agencias avergonzadas por los alegatos previos (que involucraban a agentes de Bogotá) y queriendo estar bajo un tremendo escrutinio de sus propias acciones en respuesta, demandaron que mi agente de caso diera toda la información… a la OPR», señala Kent en el memorándum. «Una semana después de enviarla a la OPR, se terminó la investigación sobre lavado de dinero».
Kent detalla otros tres casos de corrupción extrema en su memo, todos involucrando agentes de la DEA en Bogotá en persecución de o conspirando para asesinar a informantes colombianos que amenazaron con derrumbar sus actividades. Fuentes dijeron a Narco News que estas acusaciones de corrupción involucran casos iniciados en 1999 o 2000, pero que resultaron en investigaciones llevadas adelante por meses o años.
(Kent escribió su memorándum a fines de 2004, solamente luego de que se diera cuenta de la supuesta corrupción y luego hubo agotado otros canales internos en el Departamento de Justicia para resolver estos problemas).
Alegato 1:
Agentes corruptos de la DEA en Bogotá conspiraron para asesinar informantes que los traicionaron
Durante el curso de una investigación de una operación de narcotráfico colombiano, un grupo de agentes de la DEA en Florida apuntaron a muchos objetivos, con la ayuda de muchos informantes colombianos. Una vez que los objetivos eran identificados como parte del círculo de la droga, comenzaban a cooperar con los agentes en Florida.
«…Hicieron asombrosas revelaciones respecto a los agentes de la DEA en Bogotá», escribe Kent. «Alegaron que habían sido asistidos en sus actividades en narcóticos por los agentes [en Bogotá]. Específicamente, alegaron que los agentes les daban información sobre investigaciones y otras actividades afines en Colombia».
Los traficantes eventualmente dieron a los agentes de Florida copias de informes confidenciales de la DEA, que los agentes de Bogotá supuestamente habrían pasado a ellos. Luego de que los agentes de Florida llevaron estos documentos a la OPR y a la OIG, uno de ellos recibió un «licencia sin goce de sueldo» -el primer signo de que la cobertura estaba en marcha.
Mientras el agente de Florida estaba fuera, los agentes de Bogotá marcaron un encuentro con uno de los informantes.
«Mientras el informante debaja la reunión, fue asesinado», afirma Kent. «Otros informantes… que también trabajaron con el grupo de la DEA en Florida fueron asimismo asesinados. Cada asesinato fue precedido por un pedido de identificarse por parte de un agente de Bogotá».
Alegato 2:
Los agentes de la DEA en Bogotá encarcelan y posiblemente conspiran a asesinar informantes para prevenir su viaje a Estados Unidos
Un grupo aparte de la DEA, también con sede en Florida, tuvo problemas con la misma oficina de la DEA en Bogotá mientras investigaba otra operación de narcotráfico colombiano. Los informantes avisaron a los agentes de Florida que este círculo de la droga había desarrollado un método ingenioso para contrabandear cocaína a los Estados Unidos, un método que parece haber sido sacar de un guión de la película de la guerra contra las drogas Traffic.
«Específicamente, los traficantes de droga en Colombia fundían acrílico con cocaína y le daban forma de varios bienes comerciales», afirma Kent. «El acrílico era entonces embarcado a los Estados Unidos y a Europa donde, mediante procesamiento, la cocaína era extraída del acrílico».
Informantes trabajando para los agentes de Florida enviaron ejemplos de la cocaína unida al acrílico a la DEA, pero los químicos de la agencia no pudieron saber cómo se extraía la cocaína. Como resultado, los agentes de Florida decidieron hacer ir a los informantes a Estados Unidos con una muestra del acrílico, así podrían ayudar a los químicos de la DEA en el proceso de extracción.
«Los agentes contactaron a la oficina de campo en Bogotá para discutir el viaje planificado de los informantes y su carga de cocaína diluida en acrílico fuera de Colombia», escribe Kent. «Fueron aconsejados de que la mejor táctica para los informantes era sacarla ellos mismos».
Pero cuando los informantes llegaron al aeropuerto para irse a los Estados Unidos fueron arrestados. Un agente de la DEA en Bogotá, se supo, dijo a los funcionarios colombianos que «los encerrara y tirara la llave», de acuerdo a Kent. El agente de Bogotá afirmó entonces que no tenía idea de que los agentes de Florida hubieran dado permiso a los informantes de transportar cocaína.
«Sus distorsiones fueron apoyadas por otro agente en Bogotá», afirma Kent. «Los informantes fuero apresados nueve meses mientras las acusaciones iban y venían. Una vez que se pudo comprobar que los agentes en Bogotá mentían, los informantes fueron liberados. Uno de los informantes fue secuestrado y asesinado en Bogotá, a donde había ido a esconderse».
Alegato 3:
Un informante expuesto por los traficantes con nexos con los agentes en Bogotá
En otro caso más develado por el memorándum de Kent, el segundo grupo de la DEA en Florida estaba trabajando con un informante en Colombia que afirmaba haber hecho contacto con las FARC en la cárcel. Fuentes dijeron a Narco News que el informante es un rico hombre de negocios colombiano con inversiones en firmas de alta tecnología y nexos con el narcotráfico. Las FARC (acusadas por funcionarios estadounidenses de tráfico de armas y de drogas) supuestamente estaban interesadas en comprarle un equipo de comunicaciones.
Aunque esta investigación eventualmente terminó en manos de la Agencia Nacional de Seguridad estadounidense, desde el principio parecía estar relacionada al tráfico de drogas y los agentes de la DEA en Florida decidieron investigar. Agentes de la oficina en Bogotá prometieron ayudar, uno de ellos asegurando a sus colegas en Florida que la liberación del informante podría arreglarse. Pero cuando los agentes de Florida llegaron a Colombia, otro agente de la DEA en Bogotá les dijo que el informante se quedaría preso.
Los agentes de Bogotá parecían obsesionados con impedir al informante trabajar con los agentes de Florida, y comenzaron a hacer todo lo que podían para prevenir la investigación de avanzar. «Como ambas partes discutieron, el informante fue retado por los agentes de Bogotá a probar sus afirmaciones,» señala el memorándum. «Lo hizo filmando una conversación que tuvo luego con un miembro de las FARC en la cárcel, en la que discutieron su deseo de que les proveyera con equipo de comunicaciones. Cuando fueron confrontados con la cinta que confirmaba la historia del informante, los agentes en Bogotá se quejaron de que el informante y el grupo de la DEA de Florida habían hecho era ilegal y no podrían obtener la liberación del informante».
Los agentes de Florida siguieron tratando de revivir la investigación, pero los agentes de Bogotá continuaron frustrándola de una forma u otra. Eventualmente, el informante fue liberado de prisión y trató de comenzar otra vez su trabajo con los agentes de Florida, pero un agente de la oficina de Bogotá viajó a Washington D.C. y se las arregló para convencer a los mandos de la DEA de desestimar la investigación.
Cuando el informante se acercó a la DEA una vez más con información, escribe Kent, «el agente de Bogotá que viajó a Washington D.C. afirmó esta vez que el informante era pedófilo. La investigación se detuvo. El agente de Bogotá fue solicitado de probar su afirmación pero no pudo aportar evidencia alguna». El agente cambió entonces de táctica, arguyendo que la DEA no podía trabajar con el informante porque las FARC podrían obtener el equipo de comunicación. También afirmó que uno de los objetivos de la investigación ligada a las FARC no estaba involucrado en narcotráfico -inclusive luego de que la oficina de Bogotá identificó previamente al individuo como narcotraficante.
«El agente [de Bogotá] no pudo disuadir a los involucrados en la investigación, y finalmente la tomaron con la asistencia de la NSA», establece el memo. «La investigación continuó hasta que el informante recibió un fax que lo identificaba como un informante de la DEA sobre las FARC. El documento reflejaba información que el grupo de la DEA en Florida había provisto con anterioridad a los corruptos agentes de Bogotá».
En otras palabras, alguien expuso al informante del grupo de Florida, volviéndolo un objetivo de mucha gente peligrosa, incluyendo a las FARC, y la herramienta para usada para exponerlo era información propiedad de la DEA que parecía salir de la oficina de la agencia en Bogotá. Los agentes de la DEA en Florida buscaron la fuente de esa información y siguieron el rastro a otros muchos informantes de la DEA. Los agentes de Florida intervinieron entonces teléfonos y grabaron conversaciones entre sus informantes y los otros informantes de la DEA que tenían relación con la información filtrada. Las grabaciones revelaron que un narcotraficante había de hecho obtenido la información interna de la DEA que fue usada para exponer al informante del grupo de Florida.
«La persona [el narcotraficante] es también un informante de la DEA», afirma el memorándum, «y se cree que ha sido controlado por la oficina de campo de Bogotá. Entre otras cosas, se alegó que el informante tenía muchos agentes en su nómina que le daban información clasificada. Los agentes se creía trabajaban en Colombia y en Washington D.C.».
Las grabaciones que revelaron esta información condenatoria fueron entregadas a la Oficina de Responsabilidad Profesional (OPR) y a la Oficina del Inspector General (OIG), establece Kent en el memorándum. Los agentes en la oficina de la DEA en Florida también trataron de realizar una emboscada contra los supuestamente corruptos agentes de Bogotá y Washington D.C.
«La reunión [la emboscada] fue desarmada cuando se supo que los agentes supieron de la trampa», afirma el memorándum. «…El informante que fue identificado… como el traficante de narcóticos con muchos agentes en su nómina, fue eventualmente traído a Florida para tomar una prueba de polígrafo sobre los alegatos de que estaba obteniendo documentos clasificados de agentes en Bogotá y otras partes».
Kent dice que el narcotraficante pasó la prueba del detector de mentiras en Florida, cuando fue preguntado si agentes le pasaban documentos clasificados y el aseguró que no. Pero la OPR misteriosamente ordenó que el poligrafista no informara sobre la prueba: «Recibió instrucciones [de decir] que la prueba nunca tuvo lugar».
La inundación
Los alegatos de corrupción hechos en el memorándum de Kent son asombrosos, pero los agentes en la oficina de la DEA en Bogotá no son los primeros en haber sido acusados de participar en conspiraciones de narcotráfico. Historias parecidas involucrando a agentes de la DEA fuera de Estados Unidos han surgido en el pasado. Y aunque los cargos sostenidos por Kent en su memorándum de 2004 han pasado ahora ya ante muchos ojos, no han recibido la luz del día. En vez de eso, como en casos similares en el pasado, han sido enterrados en los retorcidos pliegues de la burocracia del Departamento de Justicia.
Kent ya no está en la unidad de intervención telefónica de la NDDS en Washington. Ha sido transferido a Nashville, de acuerdo a fuentes familiarizadas con el memorándum. Irónicamente, el jefe de la NDDS a quien Kent dirigió el memorándun, Jodi L. Avergun, es ahora jefe de gabinete en la DEA.
Además, el pedido de Kent de enviar los alegatos de corrupción en Bogotá a la Sección Integridad Pública del Departamento de Justicia fue denegada, y su memorándum enterrado hasta hoy.
Una investigación completa de sus alegatos podría muy bien probar que la oficina de la DEA en Bogotá está tan limpia como un suspiro. Pero si es ése el caso, ¿porque entonces el Departamento de Justicia ha escogido silenciar y castigar a los confidentes en este caso más que dar una mirada a sus quejas?
Del memorándum de Kent:
Si somos incapaces arreglar una junta entre los agentes reportados y los abogados dentro del Departamento de Justicia que tienen la tarea de asegurar que los agentes corruptos no lo sean, entonces creo firmemente que observaremos desde la orilla como salen los alegatos en una corte, en las noticias y en Capital Hill. Los agentes reportados han puesto su confianza en mí… les he asegurado que sacaré el tema con ustedes con un recuento mucho más detallado de los alegatos y cómo la DEA y la OPR, y ahora al parecer la OIG, han fallado en investigar completamente los alegatos y llamar a cuentas a los responsables.
Si podemos poner juntos con la Sección de Integridad Pública, me aseguran que otros agentes que han guardado silencio hasta este punto por miedo a la venganza dirán algo. Esos agentes tienen evidencia adicional que no figura en los archivos en poder de la OPR y la OIG. Creo, basado en sus representaciones, que nueva evidencia sola pondría a los agentes corruptos en prisión.
Dada la pretensión que define la guerra contra las drogas, el memorándum de Kent (que básicamente rescribe el guión de esa guerra) no será precisamente un gran vendedor en Washington D.C. pronto -estando ausente la presión de los grandes medios.
¿Y que hay de los guardianes de la libertad de los grandes medios? ¿Tomarán el plato de esta historia, dada su afición a adherirse al guión normal de guerra contra las drogas? El hecho de que Narco News esté primiciando esta historia puede decirnos primero todo lo que necesitamos saber sobre este frente.
Pero la verdad, como el agua, siempre saca la basura a la superficie. Y en este caso, el dique que contiene la verdad en la así llamada guerra contra las drogas puede estar cerca de romperse. ¿Por cuánto más las naciones en América Latina y alrededor del mundo aceptarán la presencia impuesta de los guerreros de la droga estadounidenses en sus tierras, cuando esos mismos agentes y burócratas se meten a fondo en el comercio de drogas, que supuestamente deberían desaparecer, con completa impunidad y protección de sus superiores en casa?
«Los agentes que informaron los… alegatos [de corrupción] lo hicieron para corregir los errores cometidos por otros miembros de la DEA y la OPR», afirma Kent en el memorándum. «Estos intentos de hacerlo llevaron a la revancha… las fisuras en el manto que la DEA y la OPR han tratado de poner a este problema son cada vez más grandes».
«Es sólo cuestión de tiempo antes de que la cosa estalle…».
Para leer el memorándum de Kent (en inglés), ve a este enlace.