Los funcionarios públicos -protestando por el escuálido reajuste salarial- y el Movimiento de Trabajadores No+AFP, movilizado contra un sistema de pensiones que hunde en la miseria a cientos de miles de jubilados, protagonizaron la lucha social de esta quincena. Una lucha social que se ha venido reactivando sostenidamente en los últimos años. Entretanto el gobierno […]
Los funcionarios públicos -protestando por el escuálido reajuste salarial- y el Movimiento de Trabajadores No+AFP, movilizado contra un sistema de pensiones que hunde en la miseria a cientos de miles de jubilados, protagonizaron la lucha social de esta quincena. Una lucha social que se ha venido reactivando sostenidamente en los últimos años.
Entretanto el gobierno de la Nueva «Mayoría», presionado desde su interior por el Partido Demócrata Cristiano y por otros sectores conservadores de la coalición, está botando el lastre que ahora le significa su programa y en particular el macilento y frustrado «proceso constituyente». Se trata de una táctica de repliegue destinada a ganar tiempo para terminar el periodo presidencial en paz y, sobre todo, para procurar mantener posiciones en el próximo Parlamento. Esto da por descontado que la derecha ganará la elección presidencial. Sin embargo, gracias a la nueva ley electoral que redefine los distritos y aumenta el número de senadores (de 38 a 50) y diputados (de 120 a 155), la NM calcula que podrá mantener su mayoría en ambas Cámaras.
La ley que desplazó al sistema binominal fue elaborada mediante cálculos muy cuidadosos a partir de un estudio del comportamiento histórico-territorial del electorado. La ley permite -si no se presenta el obstáculo de una potente fuerza alternativa- el amistoso reparto de escañosparlamentarios entre las dos coaliciones que co-gobiernan el país. El resultado se definirá en el Senado, que solo se renueva parcialmente. Aun con una elevada abstención -que los estrategas electorales de ambos bloques consideran que será inferior al 65,5% alcanzado en las recientes elecciones municipales-, el cuadro parlamentario no sufriría mayores cambios… aunque ahora con muchos más diputados y senadores de millonarias dietas.
En este escenario político, enmarcado entre dos obedientes acólitos del capitalismo neoliberal, la Izquierda, ¿tiene algo que decir?
La fuerza y empuje demostrados en estos días por los gremios fiscales y el Movimiento No+AFP, parecerían afirmar que sí: que la Izquierda -en el sentido social y político del término- tiene mucho que decir en la coyuntura político-electoral que se avecina. No hay que olvidar en un recuento de fuerzas y experiencias al movimiento estudiantil, las movilizaciones combativas de Aysén, Chiloé, Freirina y otras localidades, las protestas de los pescadores artesanales contra la corrupta Ley de Pesca, o el hermoso y digno ejemplo de la resistencia del pueblo mapuche. Y más allá hay que agregar las numerosas y variadas organizaciones ciudadanas que levantandemandas de todo tipo. Algunas, como las de mujeres, o de los defensores del medioambiente que denuncian la catástrofe que aguarda al planeta si continúa la explotación desenfrenada de sus recursos, o los movimientos que defienden los derechos y la dignidad de homosexuales y lesbianas, o… la lista es interminable y se arraiga en el nivel más cercano a la población.
Estas manifestaciones levantan el conjunto de demandas del pueblo. Se trata de señales positivas de reactivación de la lucha democrática. Algo promisorio está fermentando bajo la superficie de una sociedad de cultura conservadora. Es el fenómeno que no advierte -o no quiere ver- la adocenadapolítica de los partidos de la autodenominada centro-izquierda.
Sin embargo, aisladas y sin un horizonte común que potencie sus fuerzas, las demandas populares están condenadas a conformarse con migajas y sumirse otra vez en la oscuridad. Casi ninguna de las demandas por las que hoy luchan los diferentes sectores populares podrá materializarse si no se unenpara cambiar la Constitución. Y este es un objetivo que en general no se plantean. La actual Constitución es la roca que se interpone en el camino de los movimientos populares. Para avanzar hay que removerla por el más democrático de los métodos: la Asamblea Constituyente.
Este objetivo político debería estar al centro de la lucha social. No se trata de convertir en partidos a las organizaciones sociales. Lo necesario es crear el instrumento que les permita intervenir en política para gestar la Asamblea Constituyente.
La próxima coyuntura podría servir para dar un primer paso en esa dirección, precisamente porque se perfila como un escenario sin alternativa al sistema político, económico y cultural que una mayoría rechaza. Se requieren candidaturas alternativas generadas desde la base social cuyo programa sea la convocatoria a la Asamblea Constituyente.
Es claro que será muy difícil llevar adelante este propósito debido a la dispersión de los movimientos sociales y los grupos políticos que componen la difusa Izquierda de nuestros días. Sin embargo, la coyuntura electoral de 2017 permitiría plantear el nudo de la crisis político-institucional, o sea la necesidad de una Constitución democrática que asegure igualdad y justicia, derecho al trabajo y salarios dignos, salud, educación, vivienda y previsión social. En síntesis: la reivindicación del trabajo.
Estamos en el trance de conformarnos con protestar en las calles yabstenernos en las elecciones, o de iniciar un camino propio -sin duda de largo plazo- que nos permita retomar el hilo democrático roto en 1973. Hay que dar ese paso en la seguridad de contar con gran parte de la base social de la coalición de gobierno, desalentada por la inconsecuencia y corrupción de sus dirigentes. La mayoría de los ciudadanos y ciudadanas se sumarán a la demanda de una Asamblea Constituyente si el instrumento político que forjen los movimientos sociales emprende ese camino.
PF
Editorial de «Punto Final», edición Nº 864, 11 de noviembre 2016.