Señoras y señores congresistas: El periodo legislativo que inicia este 20 de julio entraña para los congresistas la más alta responsabilidad histórica al sesionar en un momento decisivo para la paz de Colombia. Esta, no es solamente el mandato de la voluntad nacional; ella, la paz, además de ser un clamor de humanidad, constituye un […]
Señoras y señores congresistas:
El periodo legislativo que inicia este 20 de julio entraña para los congresistas la más alta responsabilidad histórica al sesionar en un momento decisivo para la paz de Colombia. Esta, no es solamente el mandato de la voluntad nacional; ella, la paz, además de ser un clamor de humanidad, constituye un derecho síntesis, sin el cual no será posible la concreción de ningún otro derecho.
La reconciliación está tocando hoy las puertas de Colombia y exige cambios estructurales que vayan difuminando, progresivamente, el más largo conflicto armado de Nuestra América.
Señoras y señores congresistas, es hora de materializar el precepto constitucional que consagra la paz como un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento. Es hora de pasar de la retórica y de las palabras muertas a una etapa de transición, en la que el Congreso de la República, legisle a favor del conjunto de la sociedad colombiana y no de minorías privilegiadas.
La paz de Colombia reclama un alto en las viejas costumbres y mecánicas de actuación del estamento parlamentario, para propiciar una reflexión necesaria. Senadores y representantes debieran pensar en el terrible impacto que sus proyectos legislativos neoliberales están causando en los pobres, que son la mayoría de este país; en la desfiguración de la democracia que implican las normas restrictivas contenidas en sus leyes de seguridad ciudadana; en la urgencia de contener la exclusión abriendo las compuertas de la participación democrática de toda la sociedad; en el aliento que le daría a la paz la desmilitarización de la vida social; en la necesidad de sustraer del mercado y el lucro los bienes comunes y los derechos; en idear políticas eficaces para erradicar el clientelismo y la corrupción; y la adopción de medidas prácticas para la reapropiación social de la salud, la educación, la seguridad social, la vivienda, la cultura y la garantía de formas de ingreso que dignifiquen el trabajo.
La economía produce más muertos que la guerra. Las víctimas de la política económica, de las que no se habla, también exigen verdad, justicia, reparación y un nunca más.
La paz está hablando hoy de víctimas y hay que tener en cuenta que la victimización tiene causas sistémicas, razones que se han activado para preservar el statu quo y el régimen de privilegios de unas minorías excluyentes. Es incuestionable que desde las cúpulas del poder se actúa para destruir cualquier alternativa política surgida desde abajo. Eso explica que partidos de izquierda, expresiones políticas populares, sindicatos, líderes sociales y campesinos, pueblos indígenas y comunidades afrodescendientes, se encuentren entre las víctimas colectivas de ese designio pérfido. Todo para garantizar la supervivencia del reino de la desigualdad, de la placentera burbuja de los terratenientes y latifundistas, de la financiarización, de la industria extractiva antisoberana, de la antidemocracia y el plegamiento de las élites a la geopolítica neocolonial.
Señoras y señores legisladores: sin duda los problemas y los temas a discutir en función de la paz encierran una complejidad extraordinaria, son un reto que todos deseamos enfrentar para tener definitivamente paz y justicia social, patria y democracia verdadera.
El escenario de la reconciliación debe construirse con sosiego y con inteligencia, sin carreras contra el tiempo, porque una paz mal hecha es peor que la guerra.
Permítannos decirles que la paz no depende de una persona ni de un partido, ni de un gobierno, sino de la sociedad en su conjunto. Requiere ser adoptada como una política de Estado, para que a futuro nadie se atreva a reversar el eventual acuerdo de reconciliación, pretendiendo que el destino de Colombia sea el de la guerra perpetua.
Lo que acordemos en una Mesa de Conversaciones debe ser asimilado a un gran Tratado de Paz, blindado por una decisión del pueblo soberano que trascienda hasta las generaciones venideras.
Transmitimos también este sentimiento a las Altas Cortes y al Ejecutivo, para que la paz como política de Estado rodee de certezas al esfuerzo colectivo de su construcción.
Saludo cordial,
TIMOLEÓN JIMÉNEZ
Comandante de las FARC-EP
NICOLÁS RODRÍGUEZ B.
Comandante del ELN