«La palabra es para decir la verdad, no para encubrirla», nos dice José Martí. Ohigginis Arcia, periodista del ‘Panamá América’, cumple con esa máxima, cuando el 18 de abril de 2007 denunció la venta de tesis. Al día siguiente escribió: «La Universidad de Panamá reiteró que no hará ninguna investigación al respecto; el Ministerio de […]
«La palabra es para decir la verdad, no para encubrirla», nos dice José Martí. Ohigginis Arcia, periodista del ‘Panamá América’, cumple con esa máxima, cuando el 18 de abril de 2007 denunció la venta de tesis. Al día siguiente escribió: «La Universidad de Panamá reiteró que no hará ninguna investigación al respecto; el Ministerio de Educación afirmó que «no tiene injerencia en el tema», y la dirigencia del Consejo de Rectores se negó a brindar una entrevista».
Me indignó la respuesta de las autoridades académicas, pero no me sorprendió. Me indignó, porque: 1) le están dando un pésimo ejemplo a la juventud; 2) a pesar de los altos salarios que devengan, ni tan siquiera se preocupan por hacer cumplir las leyes vigentes; 3) el Ministro declaró que éste era el año de la calidad de la educación.
No me sorprendió la respuesta de las autoridades académicas, dado que durante cinco años, he venido alertándolas sobre la profundización de la crisis de la educación, y no muestran interés alguno por empezar a resolverla. Les he explicado exhaustivamente, mis consideraciones sobre lo que hay que hacer para comenzar a transformar la educación panameña, entre ello, iniciar un programa de formación de formadores.
El editorial del ‘ Panamá América’ (21-4-2007) expresa: «Si el hecho mismo de ‘comprar’ un trabajo de grado es indignante, más lo es que los gestores de la educación nacional no se ruboricen ante semejante impudicia». El pueblo desea saber las razones que existen, para que quienes deben velar por el cumplimiento de las leyes, permitan estas graves violaciones. ¿No incurren en delitos?
En ‘ Censura y responsabilidad social’ (28-2-2007) y en ‘Plan de estudios’ (14-3-2007), publicados por el ‘Panamá América’, denuncié como en la Universidad Interamericana de Panamá (UIP), desde el año 2005 vienen ocurriendo una serie de hechos inconcebibles en una universidad. Entre estos sucesos se encuentra la violación sistemática de los artículos 1, 2, 4, 5, 11 y 12 de la resolución No. 104-04-SGP, del Consejo Académico de la Universidad de Panamá.
La situación denunciada por el periodista Ohigginis Arcia es mucho peor en la Universidad Interamericana de Panamá (UIP) y en la Universidad del Istmo (UDI), ya que los alumnos se gradúan sin necesidad de presentar una tesis, y sin tener las competencias técnicas imprescindibles en un profesional. El ¿modelo pedagógico? más difundido en la UIP y en la UDI, es que el profesor hace como que enseña y el alumno hace como que aprende. Por supuesto, no pregunten si los egresados de estas universidades saben investigar y pueden hacer una tesis.
Estas ¿universidades? nos atiborran con la propaganda de la ‘Revolución UDI’ y los ‘Profesores de Clase Mundial’. Sin embargo, ¿quiénes son los que imparten ‘Metodología de la Investigación Científica’ en la Universidad Interamericana y en la Universidad del Istmo? ¿Alguno ha realizado una investigación? Entre estos ‘flamantes profesores de clase mundial’, nos encontramos un fotógrafo y otro conocido por ‘Paseíto’, ya que su actividad docente se circunscribe a organizar ‘paseítos’, y después las evaluaciones consisten en preguntar sobre el ‘paseíto’ realizado. En la Universidad del Istmo tuve alumnos -algunos de ellos, ya con el título de maestría otorgado por la propia UDI, cuando les impartí clases-, que son analfabetos funcionales (Panamá América, 21-8-2006). A pesar de ello, están contratados como profesores en universidades públicas y particulares.
En ‘ Cultura del Estado de Derecho‘ (Panamá América, 17-11-2006), expresé: «Se puede estar en desacuerdo con algunas leyes e incluso con una Constitución, pero sólo un ‘Estado de Derecho’ permite trabajar por una justicia social, ya que se sustenta en dos ideas fundamentales: las leyes deben sustituir el uso arbitrario del poder, y todas las personas son iguales ante la ley y están sujetas a la misma». Como soy un ferviente defensor del ‘ Estado de Derecho’, el 10 de octubre de 2006, asesorado por el Dr. Miguel Antonio Bernal, presenté una denuncia por escrito ante el Ministerio Público. A los tres meses, fui citado a las instalaciones de la Procuraduría por un funcionario, que se identificó como el Lic. González (teléfonos: 66599089/5073027), que me comunicó verbalmente, que mi denuncia no procedía para que ellos la investigaran, pero que sí se la enviaría al Ministerio de Educación. Desconozco si llegó a hacerlo, pero sí sé que transcurrido casi un año nadie se ha interesado por la acusación que formulé en octubre.
En ‘Crisis de valores del Ejecutivo’ ( Panamá América, 11-7-2007) expresé: «Con varias decenas de alumnos de la Universidad Interamericana, se han violado las leyes que rigen la educación en Panamá. Además, a trece alumnos que habían sido reportados como ‘Incompleto’ -les faltan varias evaluaciones-, una profesora -cumpliendo órdenes del Decano de Pregrado-, les puso nota final de aprobado. Varios de ellos concluirán sus estudios dentro de dos meses, por lo que se les expedirán títulos que no tienen validez. En este cuatrimestre, a los profesores de la Universidad Interamericana se les descontó el impuesto sobre la renta, a pesar de que devengan menos de 800 balboas mensuales. Todo lo anterior ocurre gracias al silencio cómplice del Ejecutivo». ¿Tanta influencia tiene la transnacional propietaria de la Universidad Interamericana?
En 1986 se creó la Universidad Interamericana de Costa Rica; en 1994 inició operaciones su sucursal, la Universidad Interamericana de Panamá (UIP). Hace cuatro años, ambas universidades fueron adquiridas por Sylvan Learning Systems, y al año siguiente fueron traspasadas a Laureate International Universities, subsidiaria de Laureate Education, Inc., una transnacional con sede en Baltimore, Maryland, Estados Unidos. En el 2005 Laureate compró la Universidad Latinoamericana de Ciencia y Tecnología (ULACIT). El 26 de octubre del 2004 el Mgter. Narciso Arenas fue nombrado Decano de Pregrado de la UIP, mientras que a inicios del 2005, el Mgter. Antonio Fletcher fue designado Gerente General de Laureate International Universities en Panamá, y desde octubre del 2005 también se desempeña como Rector de la UIP.
Hasta el 31 de julio de 2007, Antonio Fletcher ocupó la Presidencia de la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (APEDE), a pesar de que ha fracasado como empresario -las empresas que ha creado no logran tener éxito-. Fletcher tiene una empresa consultora, AFCASA, cuyo único cliente es el Gobierno: disfruta de los contratos que le otorga el Ministerio de Comercio e Industria para la impartición de seminarios; hay gente mal pensada que dice que por eso la Universidad Interamericana -que no puede expedir diplomas de doctor-, le otorgó el grado de Doctor a Alejandro Ferrer, ministro de Comercio e Industria. Antonio Fletcher fue sustituido como Rector de la Universidad Interamericana y ahora atiende la creación de la clínica para la carrera de Medicina en ULACIT, por lo que debemos esperar médicos mal preparados.
El periodista Arcia escribe: «El secretario general del Ministerio Público, Rigoberto González, manifestó que el escándalo amerita una investigación penal» (Panamá América, 20-4-2007). Es por ello, que acuso públicamente al Rector de la Universidad Interamericana y al Vice-Rector Académico de la Universidad del Istmo, de violar la seguridad jurídica de los profesores y de estafar a los alumnos, mediante una publicidad engañosa.
Le he solicitado respetuosa e infructuosamente, al secretario general del Ministerio Público, Rigoberto González, que investigue todas las violaciones que ocurren en: Universidad de Panamá, Universidad del Istmo y Universidad Interamericana, ya que como nos dice ‘El Pulso de Panamá’ (Panamá América, 19-4-2007): «La tibia reacción de las autoridades universitarias oficiales, debe hacernos encender una luz de alerta. Que esto suceda sin una enérgica condena que exija una investigación a fondo, es trágico».
El ministro de Educación permite graves violaciones a las leyes, incumpliendo con los artículos 17 y 18 de la Constitución de Panamá, donde se expresa que los servidores públicos son responsables por infracción de la Constitución o de la Ley, y por extralimitación de funciones o por omisión en el ejercicio de éstas. Es necesario que el Ministerio Público inicie una investigación de oficio, ya que como nos dice Francisco de Quevedo (1580-1645): «Donde no hay justicia, es un peligro tener razón».