Rodrigo Granda, considerado el canciller de las FARC, fue secuestrado en Venezuela y llevado a Colombia donde quedó encarcelado. Posteriormente fue liberado por mediación del presidente francés con el objeto de facilitar la intermediación para un canje humanitario en Colombia. Tras permanecer en Cuba ahora a vuelto a Colombia con el objetivo de participar en esos diálogos
Seguramente quienes planificaron, financiaron y ejecutaron el secuestro de Estado en Caracas, en diciembre del 2004, contra mi persona jamás imaginaron que llevaban esposado con las manos atrás, encapuchado y metido en el maletero de aquel vehículo de color azul utilizado para el plagio, alguien que se convertiría, por lo absurdo de tal acción, en centro de las miradas de los pueblos y gobiernos de Colombia y Venezuela y de la opinión pública internacional.
El Sr. Uribe se creyó con pleno derecho de imitar a Bush quien estaba en la ejecución de actos de piratería violatorios de la soberanía nacional de países de los cinco continentes, secuestrando revolucionarios, llevándolos a cárceles secretas de Estados cómplices mediante vuelos y aterrizajes secretos contando con la complacencia de quienes se sumaron a su obsesiva «guerra infinita» lanzada para adelantar su también absurda lucha contra el terrorismo.
Los secuestros en el exterior, y especialmente en territorio venezolano, ejecutados contra opositores del régimen Uribista, es una práctica constante del gobierno colombiano. Antes de que ocurriera lo mío otras personas, sobre las que tendieron sus trastornadas sospechas de pertenecer a las FARC-EP y al ELN corrieron igual o peor suerte. Después de mi secuestro fueron reportados nuevos casos sin que la denuncia nacional e internacional lograra ponerle fin a estos crímenes.
Amparados en la impunidad que los cobija, un grupo de la más alta jerarquía del gobierno colombiano que había declarado organización terrorista a las FARC y ordenado la captura o asesinato de integrantes de la Comisión Internacional de nuestra organización Guerrillera en cualquier país donde se encontraran, dio vía libre al Secuestro en Caracas.
Por acción u omisión, son responsables: Álvaro Uribe Vélez (Presidente de Colombia), Francisco Santos (Vicepresidente), Alberto Uribe Echevarria (ex ministro de la defensa), el General Jorge Daniel Castro (exdirector de la policía nacional), Oscar Naranjo (hoy General y directos de la policía nacional), Jorge Noguera (ex director del Departamento Administrativo de Seguridad DAS, quien en estos momentos está detenido por sus nexos con los grupos paramilitares), Camilo Osorio (ex fiscal general de la nación, actualmente embajador en México y también investigado por paramilitarismo), y un grupo de oficiales y suboficiales de la policía, el ejército e integrantes de la fiscalía, quienes actuaron en contubernio con personal corrupto de la Guardia Nacional y la Disip venezolanas.
Las autoridades colombianas partían del supuesto que al presentarme como terrorista y narcotraficante «capturado en la ciudad colombiana de Cúcuta», se anotarían un rotundo triunfo en su lucha contra las FARC-EP. De ahí sus esfuerzos por hacerme aparecer como el Canciller de nuestra Organización y Comandante de primera importancia en las filas guerrilleras, negándome de paso la condición incontrovertible de sencillo soldado de la revolución.
Los halagos y las ofertas de dinero y ubicación en el exterior, con familia incluida, se mezclaron con las amenazas de extradición a los Estados Unidos o al Paraguay, y con el chantaje de que «no volvería a ver la luz del sol porque los procesos judiciales montados en mi contra no estaban pegados con babas», según palabras de mis captores. Solo me quedaba la opción, según ellos, de que admitiera mentir para involucrar al Presidente Hugo Chávez y la revolución venezolana en asuntos de la insurgencia colombiana, y la de aceptar volverme colaborador perpetuo del ejército regular y de los órganos de seguridad del Estado paramilitar y mafioso delatando a mis camaradas y entregándoles al Comandante Raúl Reyes.
Solo repulsión y asco producen los generadores de semejantes propuestas y los encargados de presentarlas.
La valentía de una variada gama de intelectuales de todo el mundo, de personas demócratas, de organizaciones populares venezolanas y colombianas y de un amplio número periodistas denunciando el rapto, como también y sobre todo el comunicado del Secretariado Nacional de las FARC-EP exigiendo respuesta de lo que había sucedido conmigo, impidieron que la maniobra uribista quedara en la impunidad. El mundo conoció la verdad de un secuestro de Estado realizado por el gobierno colombiano violando la soberanía de un país que más que amigo, es un hermano en el concierto de las naciones hijas de Bolívar.
La peregrinación por las cárceles de máxima seguridad del país; la comparecencia frente a fiscales, jueces y tribunales venales se convirtió en la cotidianidad que buscaba un fin único: la condena del procesado sin importar el grado de inocencia en torno a los amañados juicios que se montaron. Era un problema político cuyo manejo lo tenía el ejecutivo y donde los jueces claudicaron vergonzantemente al momento de «fallar en conciencia», mostrando para qué existe la justicia de clase y cómo se aplica en forma de revancha contra los luchadores populares.
Veintiún años de sentencia les pareció poco; por ello tienen caminando otros procesos de la infamia para seguir incrementando los lustros que debo permanecer en sus fortalezas carcelarias, verdaderas mazmorras de la indignidad donadas por el Buró de Prisiones de los Estados Unidos.
Atónito debió quedar Uribe cuando el Presidente de Francia Nicolás Sarcozy pidió mi liberación. Solo alcanzó a exclamar que «primó la confianza sobre la curiosidad y por ello se abstuvo de preguntar razones». Este gesto de Sarcozy dio un vuelco total al caso Granda.
Los agoreros y los fabricantes de la posible extradición, los que pedían cadena perpetua sin que tal pena esté consagrada en los códigos de nuestro país, y algunos que se lamentaban de que no se aplicara la pena de muerte en Colombia, quedaron decepcionados. El para ellos «criminal», saldría del penal con la frente en alto a «delinquir» nuevamente.
Jugando con cartas marcadas el gobierno colombiano quiso aprovechar, para sus propios fines y torcidos intereses, la petición de Sarcozy. Este había pedido al Sr. Uribe simplemente que me liberara; nada más. Pero el gobierno comienza a maquinar en torno a ese pedido francés una oportunidad para sacar ventajas políticas mostrando toda la hipocresía de su «corazón grande».
Es entonces cuando el Director nacional del Inpec, General Eduardo Morales Beltrán, se desplaza hasta la cárcel de castigo de máxima seguridad de la Dorada (Caldas), para auscultar si Granda tenía algo en contra para entrevistarse con el «Alto Comisionado para la Paz» del gobierno de Uribe, a lo cual respondí que no había ningún inconveniente.
Al día siguiente del encuentro con el General, éste regresó en compañía del Comisionado Dr. Restrepo, quien expone frente a mi persona Jhon Jairo y otro compañero delgado por los combatientes de las FARC en prisión, que el gobierno ha tomado la determinación de liberar a más de 200 integrantes de la guerrilla de una lista de 1.600 detenidos que, según ellos, tenían en las diversas cárceles; cifra a todas luces inflada y falsa.
La idea era que Jhon Jairo, de la Columna Tulio Barón de las FARC y Granda, encabezaran la desmovilización de combatientes desde la cárcel, puesto que con ello el gobierno pretendía desempantanar el acuerdo humanitario del canje y propiciar acercamientos hacía los diálogos de paz en la búsqueda de una salida al conflicto que vive Colombia. Consecutivamente se nos indagó si habría un gesto de reciprocidad de las FARC ante la eventual puesta en libertad de nosotros dos y del resto de camaradas; planteó el Dr. Restrepo que las condiciones para liberarnos eran: renunciar a ser integrantes de las FARC, no regresar a la montaña, no atacar a la fuerza pública ni a la población civil, no secuestrar y no volver a delinquir. Propuestas, en fin, ofensivas e inaceptables para nosotros en tanto se nos trataba como delincuentes comunes dejando de lado, en mi caso el carácter de secuestrado por el Estado colombiano y el de prisioneros de guerra en los casos de los otros compañeros.
Obviamente, de plano nos negamos a aceptar tales condiciones, con lo cual la reunión terminó abruptamente. El Comisionado Restrepo y el General Morales no tuvieron más remedio que retornar a Bogotá y nosotros a la calurosa y oscura celda.
Al mismo tiempo que se nos presentaba la propuesta en la Dorada, las demás cárceles a lo largo y ancho del país eran visitadas por un enjambre de fiscales, delegados del Comisionado para la Paz y algunos jueces, llevando a los integrantes de las FARC el mensaje de que el gobierno los dejaría en libertad siempre y cuando llenaran un formulario en el que debían aceptar las mismas condiciones indignante que nos había presentado el Dr. Restrepo a nosotros.
Cuando menos lo esperábamos, nuevamente recibimos la vista de Restrepo y Morales. El Comisionado expuso que el gobierno estaba dispuesto a indultarnos, a amnistiarnos, o a que nos acogiéramos a la «Ley de justicia y paz», y que entonces quedaríamos bajo la tutela de la Cruz Roja Internacional, la Iglesia, o si preferíamos podríamos salir hacia el extranjero; pero que en todo caso debíamos aceptar las ya mencionadas condiciones. Nosotros nos sostuvimos en nuestra primera respuesta: el NO claro y absoluto.
Hasta ese momento desconocíamos las gestiones y el pedido de Sarcozy. De ello el comisionado jamás habló. Es ante la segunda negativa y en otra conversación, cuando el comisionado se ve obligado a plantear lo que estaba ocurriendo, expresando: «el gobierno ha tomado la decisión de dejar en libertad a Grada. Esto no se hace extensivo a Jhon Jairo. Es un gesto unilateral del gobierno que por razones de Estado así actúa atendiendo la solicitud del Presidente Sarcozy de Francia. Saldrá un decreto presidencial que ya se ha consultado con los jefes de los partidos políticos, la iglesia y las cortes, amparado en razones de Estado para poder proceder. No vengo a negociar nada y el gobierno le ofrece a Granda que se meta en una Embajada, o que esté en manos de la iglesia transitoriamente, mientras se consulta con los gobiernos de Francia, Suiza o Cuba para que salga para alguno de esos países. Si se niega a abandonar el presidio, el Estado colombiano hará uso de todo su poder y de la fuerza para sacarlo y ponerlo en las puertas de la cárcel. Esto se hará antes del 7 de junio del 2007 en que el presidente Uribe comparecerá antes los medios de comunicación para hacer el anuncio público y explicar las razones de Estado que lo llevaron a tomar la determinación de la liberación de Granda y otros guerrilleros de las FARC».
Ante la situación creada tomamos contacto con el Padre Darío Echeverri, secretario de la Conferencia Episcopal Colombiana y con el agregado político de la Embajada de Cuba en Colombia, señor Antelo, para ver como podrían colaborar con mi estadía transitoria en uno de esos lugares, a fin de evitar un posible atentado en mi contra, lo cual de tiempo atrás se venía fraguando dentro de la cárcel y que, al quedar libre en la Dorada, podría fácilmente ejecutarse por instituciones oficiales o sus paramilitares.
El Decreto presidencial de mi excarcelación se expide el 4 de junio y se ejecuta en el acto. Allí el gobierno invoca las razones de Estado y agrega que me nombra «gestor de paz», un supuesto cargo que no existía y que mal podría aceptar en tanto que como guerrillero obedezco ordenes de los organismos superiores de las FARC-EP, que son los que me dicen que labor debo desempeñar, y no Uribe Vélez. Añadiría que todos los mandos y combatientes de las FARC-EP son verdaderos propulsores de la paz con justicia social sin necesidad de que se produzca un nombramiento por decreto, y menos del Presidente. Se trabaja en ese aspecto por convicción y por llevar la felicidad a nuestro pueblo como deber de quienes nos reclamamos revolucionarios.
De la Cárcel Doña Juana de la Dorada (Caldas), fui entonces trasladado en helicóptero a la base aérea de Palanquero y de ésta en un avión a cargo del Comisionado. En su compañía y la del padre Darío Echeverri fui llevado a Bogotá. La Iglesia brindó los aposentos de la Conferencia Episcopal para mi estadía en esa ciudad mientras se definía lo atinente a mi permanencia transitoria en Cuba, Suiza o Francia como únicos destinos posibles por la razón de que el gobierno se negó a repatriarme a mi segunda patria que es Venezuela, cuya ciudadanía adquirí mediante todos los procedimientos de ley. También me fue negada mi solicitud de ir al Ecuador o al Brasil.
Por acuerdo entre los gobiernos de Cuba y Colombia, y contando por mi parte con la autorización del Secretariado Nacional de las FARC-EP fui trasladado a la Isla en un vuelo charter en que mis acompañantes fueron, nuevamente el padre Darío Echeverri y uno de mis abogados, el brillante jurista Miguel Ángel González. Una representativa comitiva del Estado y del Partido Comunista Cubana encabezada por Armando Campos y José Antonio López tuvo la deferencia de recibirnos en la Habana.
El Consejo de Estado y luego El Partido Comunista de Cuba asumieron desde mi llegada las impecables y cálidas atenciones de las que fui objeto en los más de tres meses que permanecí en la patria de Martí, de Fidel y del Che, recibiendo esa inmensa fraternidad que tan generosamente mana de tan heroico y maravilloso pueblo.
Gratas sorpresas nos da la vida. Hoy por decisión soberana de las FARC-EP, el Secretariado Nacional de la Organización considera que debo retomar las tareas que realizaba en torno al Canje Humanitario, y proseguir con mis modestos esfuerzos que se suman a los de todo el colectivo Fariano que batalla por encontrar una salida diferente a la guerra impuesta por la terquedad de Uribe.
Sin dejar a Cuba, porque ella estará siempre en mi corazón, con ese magnánimo propósito mencionado, volví a Caracas y el 8 de Octubre, día del Guerrillero Heroico, pude estar de nuevo en los siempre añorados campamentos insurgentes, dándome el abrazo bolivariano de camaradas y hermanos con quienes en ese hermoso instante representaban a los millares de guerrilleros y guerrilleras que combaten por la Nueva Colombia. Ahí estábamos otra vez con Iván Márquez, Santrich, Lucia, Marco Calarcá y cientos de combatientes que jamás me abandonaron como no abandonarán a los nuestros en prisión, celebrando el exitoso regreso a la montaña con una felicidad infinita que extendemos con una señal de victoria a todos los combatientes de Manuel, en las cárceles, en los valles, cordilleras, montañas y ciudades de Colombia, con la certeza de que en nuestro regocijo va también la esperanza del pueblo que anhela la paz.
Aquí estamos en la montaña, se equivocan quienes creen que desde aquí delinquimos. Estamos cumpliendo el sagrado deber de luchar por la Nueva Colombia, la Patria Grande Bolivariana y el Socialismo.