Las universidades públicas colombianas se movilizan por mayor presupuesto. Rechazan recortes a los recursos financieros. Denuncian que por decisión del Gobierno Nacional en 2018 las universidades públicas dejarán de percibir $591.000.000.000. Leamos la convocatoria a la jornada del 4 de octubre: ¡Nos movilizamos este 4 de octubre por la defensa de la educación! Desfinanciación de […]
Las universidades públicas colombianas se movilizan por mayor presupuesto. Rechazan recortes a los recursos financieros. Denuncian que por decisión del Gobierno Nacional en 2018 las universidades públicas dejarán de percibir $591.000.000.000.
Leamos la convocatoria a la jornada del 4 de octubre:
¡Nos movilizamos este 4 de octubre por la defensa de la educación!
Desfinanciación de la educación pública, una tragedia desde los años 90. «La educación es un derecho de la persona y un servicio público que tiene una función social, toda vez que con ella se busca el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica y a los bienes y valores de la cultura. La educación formará al colombiano en el respeto de los derechos humanos, la paz, la democracia y en la práctica del trabajo y la recreación para el mejoramiento cultural, científico, tecnológico y para la protección del ambiente» – Artículo 67 de la Constitución Política de Colombia.
En desarrollo de este principio Constitucional se expidió la ley 30 de 1992, por la cual se organiza el servicio público de la educación superior en Colombia, con esta ley se creó el sistema de universidades del Estado el cual está integrado por todas las universidades estatales con el fin de optimizar los recursos humanos, físicos, técnicos y financieros. Esta ley fijó el criterio de asignación de recursos para la financiación de la educación superior, estableciendo que el financiamiento debe ajustarse cada año con la inflación causada, que los presupuestos siempre tendrán que reflejar un aumento en pesos constantes» En los años 90 las universidades fueron aumentando sus presupuestos, y aunque estos se actualizaban sólo a la proyección del IPC (Índice de Precio al Consumidor) en un principio. Mediante la figura de presupuestos adicionales de las universidades de manera individual, se logró aumento reales por encima del IPC. Así las universidades fueron aumentando sus presupuestos en términos reales, aunque nunca de manera relevante. Al llegar el año 2.000, el Consejo de estado sentenció que todo lo que recibieran las universidades por cualquier concepto de estado se volvía base presupuestal, de allí para adelante se agudizó la tragedia. En ese tiempo se disminuyó el presupuesto y los gobiernos presionaban por la ampliación de coberturas, construir infraestructuras, actualizarse tecnológicamente, mejorar el nivel de educación de los docentes, hacer investigación, cerrar brechas sociales llevando ofertas a las regiones más apartadas, incluso incursionar en la formación técnica y tecnológica. En el año 2009 se habla de «Crisis estructural de las universidades públicas» y la necesidad de un nuevo modelo de financiamiento que garantizara la sostenibilidad en términos de calidad y equidad social.
Fuertes discusiones se dieron en el año 2011 cuando el gobierno propuso un proyecto de reforma educativa a través de la modificación de la ley 30 de 1992. Buscaba incluir el ánimo de lucro en los procesos de financiación de la Universidad y avanzar en la profundización del subsidio a la demanda a través del crédito educativo para el financiamiento de la educación y establecer criterios que podían lesionar la autonomía universitaria. Este proyecto de modificación fue retirado después de grandes movilizaciones estudiantiles.
Pero a partir de ese momento el gobierno hizo reformas educativas sin modificar la ley 30. Por eso lo hizo mediante herramientas de políticas públicas en las que el gobierno tiene mucho más control, como son los documentos CONPES, los decretos, legislación vía plan nacional de desarrollo. Para mitigar la crisis acumulada se solicitó un 10% adicional sobre el IPC, aproximadamente $240.000.000.000, pero sólo se lograron asegurar $100.000.000.000 dentro del presupuesto del 2013, un monto Insuficiente.
Luego de 3 años surge en el 2014 El Acuerdo Por Lo Superior 2034. El cual fija el camino de la política educativa pública hasta el año 2034. Se plantean temas de financiación, calidad, autonomía, y tema del nuevo sistema de educación, este nuevo sistema se plantea como un sistema terciario. Se plantea como una pirámide en donde La educación Universitaria está en el primer lugar, luego la educación Técnica Y Tecnológica, y al final Los Programas para la capacitación del trabajo y desarrollo humano. Este sistema de educación terciaria no ofrece la posibilidad a todas las personas de entrar a esos segmentos de educación sin estar obligado por la condición socio-económica. Un estudiante universitario cuesta aproximadamente $7.000.000, y un estudiante técnico cuesta aproximadamente $1.000.000. Desde este término de costos el gobierno amplía el segmento de educación Técnica Y Tecnológica.
El presupuesto para la educación pública está siendo recortado cada año, en 2016 se dejó de percibir $373.291.000.000. En 2017 el recorte fue de $434.874.000.000 , y según el presupuesto general para la nación, en el 2018 las universidades públicas dejarán de percibir $591.000.000.000. Este déficit de financiación se puede ver en la contratación de las plantas insuficientes de personal administrativo y trabajadores oficiales, en los limitados recursos educativos y tecnológicos, en los exiguos rubros dedicados a la investigación, infraestructuras, etc. El presupuesto disminuye pero las presiones para aumentar la calidad siguen, incluso lograr la acreditación institucional, y en algunos casos la acreditación de alta calidad de algunos programas. Pero estas exigencias No son sostenibles si no se ofrecen las condiciones básicas para lo que el mismo estado demanda; como lo es contar con el número suficiente de profesores de planta, contar con condiciones para el desarrollo y formación en investigación, mayor productividad académica, mejoramiento de la infraestructura tecnológica y física, alto nivel de inglés o lengua extranjera, entre otros.
Las universidades han tenido que sobrellevar este déficit a través de diferentes estrategias, como: – Implementación de operación comercial. – Apertura a la financiación Autogestionada. – Aumento de matrículas, etc. Lo que se ha traducido en universidades que transitan por una armonización público – privada, en vía de sostener un déficit cercano a los 15 billones de pesos.
Por ejemplo, la Universidad de Córdoba recibía en el año 2012 un 23% de recursos Propios, y un 77% eran recursos de la nación. En el 2017 los recursos propios aumentaron en un 28%, lo que significa un recorte a los recursos de la nación, 72%. De esta manera se está llevando a la Universidad pública a convertirse en privada.
Los créditos educativos para el financiamiento de la educación – ICETEX- y programas como «Ser Pilo Paga», para las universidades y «Tú Eliges», para técnico y tecnológico se convirtieron en un punto crítico en la profundización de la crisis de la educación superior pública, estos créditos y subsidio a la demanda estimulan el sector privado. Ya que un 98% de los recursos de «Ser Pilo Paga» son destinados a universidades privadas. Aproximadamente 85% de «Pilos» se encuentran en universidades privadas, sin aporte alguno de cofinanciación de las mismas, que contrariamente, incrementan el costo de sus matrículas por encima del IPC. El presupuesto de «Ser Pilo Paga» en 2016 fue de $374.000.0000.0000, con este presupuesto se podrían financiar 50.000 estudiantes en universidades públicas. El programa «Se Pilo Paga» privatiza la educación, reproduciendo un esquema de costos ineficientes que no favorece la distribución transparente y productiva de los recursos públicos. Las cuatro cohortes de Ser Pilo Paga, proyectadas a 40 Mil estudiantes tienen un costo igual a las transferencias que se le dan a la Universidad pública en un año. Recursos con los que se podría garantizar la formación de medio millón de estudiante en universidades públicas.
Las consecuencias de la desfinanciación de las universidades públicas son notorias: – Universidades hacinadas – Reducción presupuestal para programas estudiantiles – Planta de docente congelada – Democracia degradada, etc.
Las universidades públicas merecen un trato justo, una buena atención por su aporte histórico y definitivo tanto al desarrollo del país como a la formación integral de sus ciudadanos.
Por la defensa de la universidad pública, nos movilizamos este 4 de octubre!