La nueva actitud fiscalizadora de la Contraloría General de la República hacia las hasta ahora intocables fuerzas armadas, seguida del inicio de procesos investigativos concretos, parece poner fin a la vergonzosa época sostenida tanto en dictadura como en los 20 años siguientes, caracterizada por despilfarros sin control y la mantención de odiosos privilegios. Pese al […]
La nueva actitud fiscalizadora de la Contraloría General de la República hacia las hasta ahora intocables fuerzas armadas, seguida del inicio de procesos investigativos concretos, parece poner fin a la vergonzosa época sostenida tanto en dictadura como en los 20 años siguientes, caracterizada por despilfarros sin control y la mantención de odiosos privilegios. Pese al estallido de numerosos escándalos y latrocinios que aumentaron el desprestigio de los institutos militares, personajes de la dictadura y de los gobiernos de la Concertación, incluidos los que fueron titulares de Defensa, mantuvieron en general una deplorable conducta de sumisión y silencio cómplice.
El miércoles el contralor Ramiro Mendoza investiga no sólo la adquisición de una casita por «un millón de dólares» para el ahora renunciado general Cristian Le Dantec y la compra del puente mecano que según Ravinet «vale callampa», sino además se investiga al Estado Mayor Conjunto de las fuerzas arnadas, al Consejo de Seguridad Nacional, el manejo del nuevo Hospital Militar, a FAMAE, al Cuerpo Militar del Trabajo y a la Dirección de Aeronáutica Civil que depende de la Fuerza Aérea, entre otros. El flamante Ministro de Defensa Andrés Allamand tiene material de sobra para conocer las intimidades de lo que en su tiempo él mismo condenó como uno de los «poderes fácticos»; en tanto supongo que el ministro Vidal ha de estar arrepentido de haber defendido la compra de la casita del millón de dólares. Las decisiones del contralor echan por tierra las maniobras distractivas con las que la Dirección de Carabineros intentó frenar estas investigaciones en 2009.
Medidas como éstas son indispensables y urgentes para oponerse a la creciente militarización de la sociedad chilena. Hoteles, hospitales, industrias, tribunales, comercios, escuelas, centros recreativos sistemas financieros y previsionales reservados, independientes y exclusivos sin hablar del 10% de las ventas brutas del cobre, etcétera. Todo un Estado dentro del Estado. Y además sin controles. Como si fuera poco, al interior de las fuerzas armadas operan centros de poder específicos, omnímodos y autónomos, como es la institución de los comandantes en jefe con automóviles fiscales, choferes, casas, jardineros, a perpetuidad y hereditarios. Viudas, hijos y nietos de tales sujetos usan y abusan por años de tamaños «beneficios» sin que hasta ahora nadie eleve su voz para que se ponga fin a la escandalera. Es de esperar que la Contraloría pare en seco tanta burla a los trabajadores, a los más pobres de Chile y al país entero.
Y hablamos sólo de los crímenes y delitos contra la propiedad y contra los intereses materiales de la nación, a los que hay que sumar por cierto los crímenes de lesa humanidad, los atropellos a la vida y a la dignidad humana con procesos todavía pendientes y que en su inmensa mayoría son crímenes sin castigo.
En este contexto el ex funcionario cómplice de la dictadura, el diputado Alberto Cardemil, se permite pedir públicamente el indulto para los criminales de la dictadura. Antes de estas declaraciones, un ingenuo que oyó a este individuo hablar en la presentación de un libro me decía que al parecer Cardemil estaba arrepentido de su complicidad y hacía una suerte de «mea culpa». Que nadie se llame a engaño, son lo que son. Ojo, que la señal viene de los actuales gobernantes y se acompaña del anuncio de que la Iglesia – tan lejana de la de Silva Henríquez – estaría a punto de presentar otro proyecto de indulto. Insolente, tan soberbio como descarado, el diputado de RN llama «terroristas» a las víctimas de la dictadura y «presos políticos» a sus asesinos. Las fuerzas democráticas, las organizaciones de derechos humanos han de estar alertas. Algo sucio se cocina en las alturas justo en el mismo momento que Contraloría actúa.