Es oportuno recordar lo sucedido en 1899 pues hoy, en 2017, Puerto Rico vive una situación similar y la ayuda humanitaria internacional tarda en llegar por la renuencia del gobierno de EE.UU. para permitir el ingreso de barcos de países como Cuba y Venezuela.
El resultado más inmediato del ciclón San Ciriaco en Puerto Rico fue la muerte de tres mil personas, muchas de ellas ahogadas por las crecidas de ríos. Casi el 90 % de la agricultura de la Isla fue destruida, en particular la producción de café y alimentos. Miles de puertorriqueños estaban a punto de morir de hambre y desolación. Era el 8 de agosto de 1899, un año después de la invasión estadounidense, bajo el mando del notorio asesino de civiles Nelson A. Miles.
Lo que quedaba de gobierno propio en la isla el 8 de agosto de 1899 era muy poco. Estábamos bajo un régimen militar abierto. El gobernador estadounidense en la isla, el mayor general George Davis, hizo claro que el Congreso no daría ningún empréstito para ayudar a superar la crisis alimentaria causada por San Ciriaco. Lo que sí se hizo fue militarizar todos los rincones de la isla, con el pretexto de que solo así se podía implementar un plan racional de distribución de comida.
El 12 de agosto de 1899 el Departamento de Guerra de Estados Unidos creó una «junta local de ayuda caritativa», integrada por la alta oficialidad de la marina y del ejército norteamericano en la isla, todos anglosajones. Esta junta tendría a su cargo la coordinación del uso de fondos caritativos y organizar la distribución de alimentos a la población.
Efectivamente, el 14 de agosto de 1899 el Departamento de Guerra de Estados Unidos emitió la Orden General 115. Bajo esta directiva, la isla quedó dividida en 17 «puestos» militares regionales de distribución de comida, bajo el mando de un oficial militar estadounidense. Cada alcalde de la isla recibió entonces instrucciones para nombrar tres ciudadanos locales con la obligación de reportarse inmediatamente a uno de los 17 puestos mencionados. En total se formaron 58 «sub-puestos» bajo la supervisión del ejército de Estados Unidos. El puesto central de distribución se estableció, por supuesto, en San Juan.
Cabe mencionar que muchos de los alimentos y de la ayuda para Puerto Rico fueron aportados no por los militares, sino por la comunidad latinoamericana en Nueva York, siendo la más importante la Sociedad Colonial de Nueva York. Todo Nueva York se movilizó a recaudar ayuda para los boricuas. El gobierno de Estados Unidos, sin embargo, exigió que los fondos de ayuda vinieran de donde vinieran, privados o públicos, se canalizaran a través del National Bank of North America, y que el transporte se efectuara en barcos estadounidenses, en particular los barcos McClellan y McPherson.
La distribución militarizada de alimentos comenzó en la isla el 16 de agosto de 1899. Uno de los problemas fundamentales era, por supuesto, la transportación. Puerto Rico contaban entonces con un sistema de tren que iba de Carolina, en dirección al oeste por la costa, hasta Sabana Grande. Pero faltaban cerca de 25 millas entre Camuy y Aguadilla. La mejor carretera del país era de tipo militar e iba desde San Juan a Ponce, con ramales a Guayama y Adjuntas. El centro de la isla solo contaba con caminos de tierra, muchos de ellos intransitables luego del ciclón. Pero era allí, en las montañas, que la necesidad era mayor. El café fue hasta 1898 el principal producto de exportación de la isla, pero San Ciriaco destruyó 90% de las siembras.
Una cosa que sí había heredado Puerto Rico de la época de España era un transporte marítimo de pueblo a pueblo por la costa, aunque en pequeña escala. Además, había una cultura de solidaridad y caridad social, como lo evidenciaba la Sociedad de Ayuda de Mujeres de San Juan.
Aunque el ejército de Estados Unidos quería controlar férreamente todo el proceso de distribución de alimentos en la isla, pronto los alcaldes locales empezaron a tomarse iniciativas. De los 58 «puestos» locales de distribución comenzaron a salir civiles en carretones, a pie y a caballo a llevar comida a los lugares más recónditos. Por toda la costa se organizó una red de pequeños barcos que comenzaron a traer la comida a los lugares en que hacía falta, sin esperar por los militares. Es decir, sacaban la comida de los centros de acopio y la distribuían por cuenta propia.
Molesto con la «indisciplina» de los boricuas (y de las boricuas, en particular), el Departamento de Guerra de Estados Unidos ordenó el 2 de septiembre de 1899 el establecimiento de un sistema de libretas de racionamiento de comida, en que todo persona mayor (capaz de trabajar) tenía que reportarse a uno de los 58 «sub-puestos» militares y mostrar empleo legal por al menos 6 días a la semana. De lo contrario, la familia entera no recibiría nada. Esto benefició a las plantaciones azucareras, que ya venían pasando a manos estadounidenses.
Ya para octubre-noviembre de 1899, sin embargo, la producción local de alimentos en la isla comenzó a despuntar. Productos como los plátanos, guineos y aguacates comenzaron a aparecer en los mercados libremente. Tan fue así, que a fines de noviembre ese año, el Departamento de Guerra cerró 10 de los 17 «puestos» regionales de distribución de alimentos. A pesar de toda la fuerza del ciclón San Ciriaco, la agricultura de alimentos local comenzó a mostrar energía. Ya a medidos de 1900 esa energía era palpable. El jíbaro le había dado una lección al invasor.
Fue así como, con toda maldad y alevosía, el Congreso aprobó la Ley Foraker el 4 de abril de 1900, que, entre otras cosas, disolvió todos los remanentes de gobierno local en manos de la nación puertorriqueña y devaluó nuestra riqueza agrícola, en particular la producción de café y alimentos, en un 40%.
Resulta así que el 4 de abril de 1900, mientras las organizaciones de mujeres en San Juan recolectaban comida y víveres para los pobres; mientras los campesinos hacían el mayor esfuerzo por levantar de nuevo la producción de comestibles en Puerto Rico; mientras la comunidad latinoamericana en Nueva York recolectaba fondos y mercaderías; mientras miles de boricuas burlaban las directrices militares para ayudar a las familias necesitadas, en el Congreso se fraguaba un golpe mortal a la economía local para que nunca pudiera suplir nuestras necesidades alimenticias. Por ahora lo vamos a llamar «devaluación» de la moneda, pero, en rigor, fue algo más, fue un acto criminal para destruir nuestra habilidad de ser algún día un pueblo próspero e independiente. Es un tema complejo, como todas las cosas monetarias.
Pedro Albizu Campos fue el primero en comprender a fondo, con datos y análisis detallados, lo acontecido ese 4 de abril de 1900. Por eso su rabia, por eso su rebeldía, por eso su coraje infinito para que comprendiéramos la verdadera naturaleza del imperialismo estadounidense.
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