Ha culminado exitosamente el rescate de los 33 mineros sepultados bajo tierra en la mina San José. Ha habido celebraciones generalizadas en todo Chile, pero no hay que olvidar que esto no era un ‘reality show’, ni un programa más de farándula a los que nos tiene acostumbrada la televisión local. Se ha hecho un […]
Ha culminado exitosamente el rescate de los 33 mineros sepultados bajo tierra en la mina San José. Ha habido celebraciones generalizadas en todo Chile, pero no hay que olvidar que esto no era un ‘reality show’, ni un programa más de farándula a los que nos tiene acostumbrada la televisión local. Se ha hecho un enorme show mediático que ha servido para dar rédito político al gobierno y al presidente Piñera, escondiendo muchas responsabilidades y causas de esta tragedia.
En primer lugar la falta de respeto por la vida y las condiciones laborales de los trabajadores, de empresarios cuya única meta es ganar dinero, sin invertir lo mínimo necesario en seguridad, incluso después de haberse comprometido a ello.
Una legislación poco exigente, y falta de fiscalización, de las instituciones que se supone tienen el deber de hacerlo, pero no cuentan con personal ni presupuesto para cumplir su función.
La responsabilidad del Ministerio de Minería encabezado por Laurence Golborne, que ahora por haber aparecido al frente de las labores de rescate goza de su momento de gloria, pero que antes de la catástrofe frente a la solicitud de entrevista de dirigentes sindicales mineros, para dar cuenta de la inminencia de un accidente grave en la mina, se negó a recibirlos y el argumento que recibieron los trabajadores fue que «ellos (el ministerio) estaban para preocuparse de la creación de empleo no de la seguridad laboral».
Y la corrupción de los funcionarios que otorgaron permisos de faenas que no eran aptas.
En Chile según cifras oficiales murieron a consecuencia de accidentes laborales, más de 150 trabajadores, solamente en el primer trimestre del año. Es urgente una legislación sobre seguridad laboral rigurosa, con control efectivo de los trabajadores y sus sindicatos. Necesitamos que se cumpla la fiscalización laboral, especialmente en faenas riesgosas, lo que como mínimo significa que los organismos que tienen la responsabilidad cuenten con la planta de funcionarios idóneos suficientes y presupuesto.
Una de las cosas más impresionantes, fue la solidaridad, la entereza anímica, la capacidad de aguante físico y de organización de los trabajadores atrapados a 700 metros bajo el suelo. Demostró la tremenda capacidad práctica y de la clase obrera chilena. Tras 16 días, de permanecer sin contacto con el exterior, casi sin comida ni agua, con poca luz y a cerca de 30º grados de temperatura, lo primero que preguntaron los trabajadores fue si el resto de sus compañeros que estaban en la mina habían cuando ocurrió el derrumbe habían podido salir bien.
Demostrando su orgullo de clase trabajadora, uno de los 33 mineros rescatados Mario Sepúlveda declaró: «A los profesionales que hacen todo esto, publicidad, televisión, lo único que les pido yo en términos personales es que por favor no nos traten como artistas ni periodistas. Yo quiero que me sigan tratando como Mario Antonio Sepúlveda, trabajador, el minero».
En medio de la enorme alegría que nos embarga al saber que estos mineros han sido rescatados. No nos olvidamos de los cerca de 300 trabajadores que han perdido su puesto de trabajo en la mina, y que como los empresarios no habían pagado sus cotizaciones de indemnización y de previsión privatizadas en Chile, corren el riesgo de quedar en la indefensión. Además está el caso dramático del trabajador Gino Cortés, que en un accidente anterior había perdido una pierna, y según declaró todavía no recibía ninguna indemnización.
Piñera declaró que el mundo ha visto que en Chile hacemos las cosas bien. Incluso dejando de lado el sufrimiento de esta catástrofe, y midiéndolo solamente en dinero, como le gusta hacerlo a los empresarios. Se calcula que el rescate ha costado entre 4.5 y 5 millones de dólares, ese costo se hubiera evitado, si se hubieran implementado las normas de seguridad mínimas exigidas por la ley actual. Es difícil decir así que se hacen las cosas bien.
33 hombres sepultados vivos
El 5 de agosto, en la mina San José, cerca de la ciudad chilena de Copiapó, a 800 kilómetros al norte de la ciudad de Santiago, se produjo lo que para muchos era la crónica de un desastre esperado. El derrumbe de parte de los túneles del yacimiento dejó sepultados a 33 mineros que laboraban en ella. Mientras escribimos estas líneas una perforadora ha conseguido construir un túnel que ha llegado hasta los mineros, aunque aún debe ser ensanchado y asegurado en un terreno inestable para poder sacar a los hombres sepultados desde los 700 metros de profundidad donde se encuentran, lo que aún podría llevar mucho tiempo.
En cualquier caso los mineros sepultados bajo tierra en Chile, ya han superado todas las marcas en accidentes parecidos anteriores.
La minería en Chile es un sector que deja utilidades muy grandes a sus propietarios capitalistas y al estado. Se estima que la minería aporta el 47% de las exportaciones totales, y representa el 7% del PIB.
El accidente puso al descubierto la situación de inseguridad en la que trabajan los mineros en Chile. No existen leyes adecuadas para resguardar a los mineros, y cuando existen no se fiscaliza su cumplimiento. Esto es especialmente grave en las pequeñas y medianas empresas del sector, el estado no les ofrece protección ni vigila que se cumplan sus derechos. Así día a día, los trabajadores exponen sus vidas en los yacimientos para ganar el pan para sus familias. El primer semestre de 2010 se reportaron 31 trabajadores mineros fallecidos.
La cantidad de inspectores para asegurar la aplicación de leyes laborales y de seguridad en el trabajo es desproporcionadamente pequeña, cuando no sencillamente ridícula, para la cantidad de empresas que deben fiscalizar. Las multas además son pequeñas, y a menudo se da el caso de empresas que prefieren pagar la multa, sin cumplir las exigencias o recomendaciones del organismo fiscalizador. La Federación Minera de Chile exigió que «Las multas y sanciones deberían ser más drásticas, porque las empresas muchas veces prefieren pagar las multas, porque son irrisorias… Las suspensiones son muy escazas y son esporádicas porque después de un tiempo vuelven a reabrir, y con conocimiento de las autoridades.»
Los trabajadores del Servicio Nacional de Geología y Minería, han denunciado que año tras año han visto su presupuesto reducido, lo que en la práctica implica que no pueden cumplir la función de fiscalizar en terreno minas de difícil acceso y a veces a miles de metros de altura. El presidente de la Asociación de Funcionarios señaló que hay tres fiscalizadores de seguridad para 844 faenas en la zona. De hecho en todo el país, para 4.500, pequeñas y medianas, explotaciones mineras, hay solo 16 fiscalizadores.
Aún así, en la lógica desreguladora y de menor injerencia del estado que anima el gobierno de Sebastián Piñera, en su programa proponía transformar al principal organismo con funciones fiscalizadoras, la Dirección del Trabajo, en un organismo puramente mediador, y de consejería.
El drama de los 34 mineros enterrados ha sacado a la luz múltiples injusticias e inequidades que cometen habitualmente los empresarios en Chile, más allá de las responsabilidades francamente criminales. Los mineros se encontraron sin seguro de accidentes, ni de salud, debido a que la empresa no pagaba a las instituciones correspondientes el dinero destinado a asegurar casos de accidentes, de enfermedades, ni tampoco las cuotas correspondientes al fondo de pensiones, dinero que, sin embargo, descontaba a los trabajadores de sus salarios.
Los mineros, y las familias que de ellos dependen, no saben si cobrarán sus próximos salarios. La empresa propietaria de la mina, ha declarado que no cuenta con dinero para continuar pagándoles, y además que ellos no tienen como hacerse cargo de los millonarios costos de las labores de rescate, por lo que esperan que el estado se haga cargo.
Afortunadamente, la gran conmoción pública causada por el caso de los 34 mineros, les permitió que hasta ahora todas las instituciones de seguridad social, en Chile en su mayoría privadas, no hayan eludido la responsabilidad, y hasta ahora el gobierno se ha hecho cargo de las labores de rescate, con un costo millonario.
A pesar de sus condiciones desesperadas, de no contar con un refugio adecuado, con poca comida y agua, los mineros se organizaron con mucho profesionalismo y solidaridad desde el primer momento. Aprovecharon los conocimientos de los muchos años de oficio de la mayoría de ellos, así como la formación superior de varios, para mejorar en lo posible los recursos de un refugio que no contaba con las condiciones adecuadas para un derrumbe de esa envergadura. Mantuvieron la disciplina de grupo, aprovecharon las baterías de los vehículos y maquinaria que quedó abajo en la mina para contar con energía para iluminarse.
Racionaron la poca comida que había hasta el límite, comiendo una cucharada de pescado en lata cada 48 horas, por ejemplo. Bebieron el agua que tenían con igual cuidado, incluso acopiaron el agua que encontraron en los vehículos. Hasta diseñaron en trozos de papel un juego de dominó para entretenerse en las horas de tedio. Organizaron servicios religiosos diarios y en general una rutina de actividades para mantenerse ocupados. Siempre en la confianza que sus compañeros estarían buscándolos. Ello les permitió resistir la larga espera hasta que llegaron a ellos desde el exterior con una de las sondas, con las que se intentaba localizarlos y comprobar si estaban con vida y donde.
Sus familiares en la superficie presionaron todo lo que pudieron para impedir que se abandonaran las tareas de búsqueda y rescate, incluso cuando el gobierno comenzó a preparar a la opinión pública para aceptar el desenlace fatal. El ministro de minería declaró en un momento que las posibilidades de rescatar a los mineros eran muy pequeñas, de solo el 2%, después que una cuadrilla de mineros rescatistas casi pierde la vida al interior de la mina, debido a un nuevo derrumbe. Los mineros rescatistas salvaron sus vidas pero salieron frustrados y llorando comunicaron a las familias de los atrapados su fracaso. Aún así, en una muestra tremenda de solidaridad de clase y humana, al ver que no avanzaban las labores y que el gobierno comenzaba a vacilar sobre la conveniencia de seguir adelante con el esfuerzo de rescate. Varios mineros se ofrecieron voluntarios para continuar trabajando dentro de la mina para sacar a sus compañeros atrapados, asumiendo ellos toda la responsabilidad por el peligro que correrían.
Una mina que no debería haber estado funcionando
San José había sido cerrado previamente por orden de la autoridad del Servicio Nacional Geológico Minero (SERNAGEOMIN), es una mina en explotación por casi doscientos años, llena de galerías antiguas y con roca inestable. El 2003, el secretario del sindicato de la Compañía minera San Esteban, propietaria del yacimiento, había presentado a la justicia un recurso de protección para detener la explotación. Recurso judicial que nunca prosperó.
El año 2004 el desprendimiento de una roca provocó la defunción del obrero Javier Castillo. Fue después de esta muerte que se decretó la clausura temporal de la mina. En una mina vecina, propiedad de la misma compañía, murió el trabajador Pedro Gonzales en 2003, y Fernando Contreras en 2005.
No obstante, los propietarios garantizaron la seguridad y obtuvieron la reapertura, pero otro minero murió en 2007 y se decretó el cierre definitivo.
Sin embargo, a fines de mayo de 2008, la explotación obtuvo los permisos de SERNAGEOMIN y volvió a abrir. Supuestamente se habían llevado a cabo en su interior proyectos de ventilación, eléctricos y un estudio geomecanico, con sistemas de fortificación y monitoreo geotérmico. Además se suponía que la mina contaba con una ruta de evacuación de emergencia a través de un ducto de ventilación con escaleras.
A principios de 2010 falleció Manuel Villagran en otro accidente en la mina. Un mes antes del derrumbe que dejó a los 33 mineros sepultados, Gino Cortés sufrió la amputación de una pierna por la explosión de una muralla en la mina. La mina era reconocidamente de alto peligro.
Ahora sabemos además que para aumentar las ganancias los propietarios tomaron decisiones francamente criminales. Así en una mina con roca inestable, redujeron el número de vigas de apuntalamiento, aumentando los metros entre ellas. Incluso llegaron a ordenar su desmantelamiento cuando obstaculizaban el trabajo de maquinaria en las vetas de mineral. Cuando se produjo el derrumbe, lo primero que intentaron los mineros fue ascender por la escalera del ducto de ventilación, que supuestamente era la salida de emergencia con la que contaba la mina. Pero descubrieron que la escala solo existía en una parte del trayecto y debieron abortar el intento de salida. Más tarde todo el ducto colapsó y ya no hubo posibilidad de usarlo. Sin embargo, si la empresa minera hubiera contado con la salida de emergencia, los mineros hubieran salido todos a salvo en las primeras horas.
Pero ¿por qué trabajaban en esa mina tan peligrosa, mineros con tanta experiencia?
Lo que explica que los mineros se encontraran laborando en condiciones tan peligrosas, tremiendo ellos que pasara algo grave, y con las señales que enviaba la mina con sus bramidos y accidentes anteriores, es la situación de tremendo desempleo, que obliga a los trabajadores a aceptar trabajos de alto riesgo.
Cuando salgan de su largo encierro los trabajadores sepultados se encontraran sin trabajo, en una zona en que hay alto desempleo. Como resultado, del desastre en la mina San José, 300 mineros han quedado sin trabajo. Además, ante la emergencia SERNAGEOMIN, ha debido cerrar algunas faenas en iguales condiciones de peligro.
Ministerio de Minería: «No estamos para preocuparnos de la seguridad laboral si no del empleo»
El sindicato de la mina, trató que se obligara a los empresarios a tomar medidas de seguridad apropiadas, recurrieron incluso a los tribunales, sin éxito. La Confederación Minera a la que estaban afiliados, intentó incluso una entrevista con el ministro de minería. Este no los recibió, y el funcionario con el que pudieron hablar les dijo que el ministerio no estaba para preocuparse de seguridad laboral, sino para garantizar el empleo (léase las ganancias de los capitalistas)
El Show mediático de Piñera
Hace cerca de 70 días un grupo de luchadores mapuche presos en distintas cárceles del país comenzó una huelga de hambre, exigiendo que no se les aplicara la ley anti terrorista de la época de Pinochet, ni el doble juicio por tribunales militares y civiles. Casi por 50 días los medios de comunicación de masas, y el gobierno, ignoraron la huelga de hambre. Solamente a través de redes de comunicación alternativas, mayoritariamente por internet, la noticia se abrió camino. El caso dramático de los mineros, les sirvió inicialmente para desviar la atención de la gente en todo el país de este y otros problemas, por eso afortunadamente para los mineros, al contrario de lo que suele ocurrir con situaciones que perjudican la imagen de los empresarios, el caso de los 34 mineros sepultados al interior de la mina San José, recibió desde el comienzo amplia cobertura.
Cuando en la mañana del 22 de agosto, después de muchos intentos infructuosos, los trabajadores de la sonda comenzaron a oír golpeteos a 700 metros de profundidad desde el fondo de la mina, y luego al extraer el martillo percutor encontraron adherido un papel con la leyenda en rojo: «Estamos bien en el refugio los 33», por primera vez tras 17 días de incertidumbre, supieron a ciencia cierta que sus colegas estaban con vida. Sin embargo, recibieron la instrucción de no contar nada a los familiares ni a la prensa, para reservar el momento mediático al presidente Piñera. Arriesgando sus puestos de trabajo, los operadores le contaron a los familiares que estaban desesperados esperando noticias, y la noticia se filtró a la prensa, varias horas antes del anuncio de Piñera, restándole algo de fuerza a su show mediático.
Los resultados del capitalismo salvaje
El yacimiento San José, a pesar de los múltiples avisos previos que dio la mina, incumplía reglamentos de seguridad, carecía de salida alternativa a la principal, y poseía un solo refugio con capacidad para solo 20 personas, más apto como refugio de incendio que de derrumbes.
El desastre en la mina San José es una muestra de lo que puede pasar cuando con un capitalismo salvaje y desregulado en la práctica, las empresas pueden privilegiar las ganancias sobre cualquier otra consideración, incluso el riesgo de la vida de los trabajadores. Ha dejado al descubierto la responsabilidad del estado que prioriza a las empresas, y al crecimiento económico, sobre las vidas de los mineros.