Con el nombre de «Minga por la Vida, la Autonomía, la Libertad, la Justicia y la Alegría», el 13 de septiembre se inició en Santander de Quilichao, al suroeste de Colombia, una marcha indígena en dirección a Cali, donde el 17 se realizará un Congreso Indígena y Popular con el mandato de formular un «Plan […]
Con el nombre de «Minga por la Vida, la Autonomía, la Libertad, la Justicia y la Alegría», el 13 de septiembre se inició en Santander de Quilichao, al suroeste de Colombia, una marcha indígena en dirección a Cali, donde el 17 se realizará un Congreso Indígena y Popular con el mandato de formular un «Plan de Vida de los Pueblos».
Convocada por la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC), el Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC) y la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca (ACIN), la movilización alcanzó una dimensión nacional en el transcurso del día jueves 16. Mientras Cali era escenario de la llegada de más de 55 mil marchantes, simultáneamente, los indígenas Zenúes se manifestaban en Sincelejo, departamento de Córdoba; los Wahuú y Kukpa en Riohacha, en el Norte; los Mocaná en el Atlántico; los Pijaos, Muiscas, Quichuas, Ingas, Guambianos y otros pueblos de la Orinoquia lo hacían en Bogotá.
Al cierre de esta jornada, el presidente de la ONIC, Luis Evelis Andrade, señaló que «los indígenas cumplimos con lo propuesto, la gran minga se realiza en todos los rincones de Colombia de forma pacifica, es hora que el gobierno responda de la misma manera y los 84 pueblos indígenas puedan vivir en sus territorios, bajos sus usos y costumbres».
Con esta «Gran Minga», una de las movilizaciones más grandes registradas en los últimos tiempos en Colombia, las organizaciones indígenas aspiran impulsar un proceso de convergencia para enfrentar las políticas del gobierno del presidente Alvaro Uribe. «No hablamos para el gobierno, le hablamos al pueblo», han manifestado sus voceros, destacando que por lo mismo no han antepuesto una plataforma de reivindicaciones especificas, sino una convocatoria que apela a: la defensa de los derechos ganados en la Constitución de 1991, la oposición al Acuerdo de Libre Comercio de las Américas (ALCA) y al Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, y el respeto y defensa del Derecho a la Vida.
Acorde con este plantemiento, el Congreso Indígena y Popular ha sido diseñado para que concluya con acuerdos y estrategias para detener el paquetazo de reformas constitucionales que viene impulsando el gobierno de Uribe, que entre otros aspectos contempla la transferencia de territorios indígenas a multinacionales, la anulación del derecho de tutela, la implementación de un estatuto antiterrorista que niega las más mínimas libertades y garantías, etc.
Así mismo, prevé la definición de estrategias tanto para enfrentar y detener las negociaciones del ALCA y del TLC, «porque se hacen a escondidas del pueblo y porque se está negociando la naturaleza y el bienestar de la gente con la lógica de volver negocio y mercancia lo que no puede ser vendido y debe ser protegido»; como para oponerse a la represión y atropellos contra los pueblos por parte del gobierno y de todos los actores armados.
En este cónclave también se debatirá sobre la construcción de «Mecanismos de Soberanía Popular y Resistencia», a partir de la «experiencia de las luchas populares frente al contexto que enfrentamos y de cara al país que queremos construir para que elaboremos una agenda de trabajo concreta y posible y los pasos que vamos a seguir como pueblos en el camino hacia la dignidad», según anticiparon las organizaciones convocantes. El resultado de las deliberaciones se traducirá en el Mandato Popular a ser presentado el sábado 18 en una asamblea pública.