Integramos la Nueva Mayoría. La Presidenta ha convocado a cuadros comunistas a colaborar con su gestión como mandataria en diversos niveles de la administración del Estado. En esta perspectiva, las cuestiones programáticas cobran especial relevancia. Se trata de anticipar, utilizando las herramientas de análisis disponibles, el curso probable de los acontecimientos. Ni el cambio de […]
Integramos la Nueva Mayoría. La Presidenta ha convocado a cuadros comunistas a colaborar con su gestión como mandataria en diversos niveles de la administración del Estado. En esta perspectiva, las cuestiones programáticas cobran especial relevancia. Se trata de anticipar, utilizando las herramientas de análisis disponibles, el curso probable de los acontecimientos. Ni el cambio de Gabinete ni el discurso del 21 de mayo han sido suficientes para resolver la crisis planteada. Hemos hecho nuestro el programa presidencial aprobado mayoritariamente por los chilenos y nos jugamos por realizarlo a integridad y en beneficio del pueblo. Pero, como lo expresamos con claridad en nuestro pleno de enero de 2014, «un programa es solamente eso».
Y agregamos: «De no mediar la voluntad política de quienes conducen el proceso, se quedará prisionero de las páginas que se escribieron con las mejores intenciones. Más aún, la realización de un programa de cambios como los propuestos alterará necesariamente las condiciones que hoy prevalecen en la sociedad chilena».
La práctica política de los primeros meses del nuevo Gobierno ha demostrado con creces lo anticipado hace un año.
En esta dirección, una reflexión sobre el carácter del programa de la Nueva Mayoría y sobre la dinámica política y social que genera su aplicación, en términos de confrontaciones de clases y de disputas intra coaliciones políticas, es muy necesaria.
Se trata de anticipar, utilizando las herramientas de análisis disponibles, el curso probable de los acontecimientos, perfilando así las hipótesis sobre el comportamiento de las distintas fuerzas, incluido nuestro partido entre ellas, en ese discurrir.
A 14 meses del inicio del Gobierno de Michelle Bachelet, se vive una aguda crisis política -crisis en las alturas, como la denominó el PC- que ha forzado a un significativo cambio de Gabinete hace pocas semanas.
En su segunda cuenta pública sobre el estado administrativo y político de la Nación, la Presidenta entregó un contundente balance de los logros en políticas sociales y medidas sectoriales.
Ello al tiempo de destacar los avances logrados y las perspectivas de la realización de las reformas de carácter estructural propuestas al país: la tributaria, la educacional, la laboral y la Nueva Constitución. Al hacerlo, delineó con claridad lo que las chilenas y chilenos pueden esperar de la segunda etapa de su Gobierno.
Sin embargo, ni el cambio de Gabinete ni el discurso del 21 de mayo han sido suficientes para resolver la crisis planteada. Pues, más allá de su forma -la desconfianza ciudadana en la probidad de los políticos de todos los signos- que por cierto no subestimo, la esencia de la crisis es provocada por la confrontación social y política entre quienes promueven los cambios y los que esperan bloquearlos.
El carácter del Programa de la Nueva Mayoría.
En nuestra caracterización del Programa presentado por la Presidenta, dijimos ya que puede (hasta ahora) calificarse como democrático reformista y de vocación social, desde el punto de vista de las garantías, derechos y servicios sociales que busca promover para todos.
Responde a un diagnóstico colectivo que, en lo esencial, cuestiona al neoliberalismo en tanto forma de expresión de un «capitalismo salvaje», opuesto a la democracia, considerado ese neoliberalismo tanto como categoría de la política en sentido estricto (forma autoritaria, excluyente y «tutelada» de régimen de ejercicio del poder del Estado) como amplio (impregnando las distintas esferas de la vida social: relaciones económicas, sociales, ideológicas, manifestaciones artístico culturales, etc.)
No surge por lo mismo directamente del programa un cuestionamiento del capitalismo como sistema. No se visualiza la contradicción Capital-Trabajo como la generadora principal del conflicto social. Por lo mismo, el programa no responde a la perspectiva de instalación inmediata de una democracia revolucionaria, que inaugure un tránsito a una sociedad de carácter socialista, sino solo (nada más, pero tampoco nada menos) a la de una democracia que si supere los aspectos más regresivos del neoliberalismo.
Fue bajo estas premisas que resolvimos ingresar al Gobierno, en la convicción que su gestión y la realización de su Programa podrá abrir paso a mejores condiciones para librar nuestra batalla por ideas y movilizaciones en pos de una democracia post neoliberal. Por lo mismo, y para no equivocar el análisis, el carácter del programa y sus medidas concretas deben examinarse desde este ángulo.
Lo que tampoco puede conducir a no presionar para que el cambio propuesto sea lo más avanzado posible.
Al hacer la afirmación anterior, tenemos en cuenta, por cierto, las enseñanzas que surgen de la dialéctica entre reforma y revolución, siempre presente en períodos de cambio social. En estos períodos no es posible teóricamente ni razonable políticamente, fijar a priori los límites de medidas que abren espacio a la ampliación de las luchas de clase y a cambios en la correlación de las fuerzas.
Así, por ejemplo, ocurrió en Chile con la llamada «chilenización del cobre» impulsada por el gobierno de Eduardo Frei en los ’60, que proveyó de nuevos impulsos a la lucha por la nacionalización de la «viga maestra» de la economía chilena, que culminó el año 1971 en la unánime aprobación parlamentaria de la nacionalización de la principal fuente de riqueza nacional.
Ello ocurrió – y podríamos abundar en ejemplos – pues estos períodos de cambio pueden devenir incluso en la apertura de una situación revolucionaria, aunque, obviamente, una tal situación no está presente en el Chile de hoy.
Por lo mismo, y los meses transcurridos lo hacen evidente, los comunistas y sus aliados enfrentan un complejo escenario de unidad y lucha política, que se expresa en todos los niveles de la sociedad. Unidos se enfrentan a la acción implacable de las fuerzas de la burguesía y sus expresiones políticas, que han mostrado una extraordinaria reluctancia a los cambios.
A la vez, el Gobierno es escenario de una disputa entre las fuerzas que participan de él. En la Nueva Mayoría existe también una relación de unidad y lucha de sus fuerzas componentes, siendo la intensidad de las reformas y medidas y la gradualidad de las mismas, una constante fuente de tensión. Fuera del Gobierno, en la actividad parlamentaria y en las organizaciones sociales, esta disputa tiende a reproducirse y sus resultados a incidir en el carácter de las medidas que se adopten.
La desaceleración de la economía chilena.
No ha sido fácil realizar las medidas de gobierno en el contexto de una economía que experimenta una fase de importante desaceleración.
En efecto, la coyuntura internacional y también fenómenos propios de la situación nacional, han confluido para provocar un cuadro de bajo crecimiento económico y de reducción de las posibilidades de rápida recuperación, que ha condicionado las políticas públicas. Entendámoslo bien. La economía chilena no está en crisis. No está generando menos riqueza. Pero el PIB creció el 2014 a sólo un 1.7% y las estimaciones más optimistas para este año no superan el 3,2%, lo que es todavía inferior al PIB potencial del país, que se estima ahora en un 4.25%.
Este es un aspecto fundamental a considerar en el análisis de la coyuntura política. Nadie podría negar la efectividad de la aplicación de la agenda de reformas de Michelle Bachelet. Más allá de errores, imprecisiones, malentendidos o insuficiencias propias de la gestión del nuevo gobierno, el balance es impresionante.
Sin embargo, la pregunta por los resultados prácticos de las reformas acometidas en términos de beneficios concretos, inmediatos, para las chilenas y chilenos, no tiene respuesta simple.
En muchos casos, los efectos directos sobre las personas y las familias se dejarán sentir solo en algunos años más (por ejemplo, contar con una educación pública gratuita y de calidad). En otros, más complejo aún en la medida que suponen cambios ideológicos, los efectos podrán experimentarse solo cuando la mayoría ciudadana sea capaz de apreciar el significado profundo de vivir en una sociedad más democrática que aquella en la que hoy actuamos.
Incluso las medidas más simples y cercanas – hablando de salas cuna, jardines infantiles, nuevos hospitales y consultorios, movilización colectiva, etc., requieren tiempos de despliegue e implementación que a veces o muchas veces sobrepasan la paciencia del ciudadano afectado.
No es posible inaugurar y operar un nuevo hospital en menos de tres o cuatro años (si se dispone de los especialistas) ni diseñar y construir una línea de metro en la RM en menos de cinco.
Así, la posibilidad de hacer las reformas y la velocidad de implementarlas depende, en primer lugar, del grado de conciencia ciudadana. Pero, no menos importante, también depende de contar con los recursos necesarios en el volumen y momento adecuados.
Y una economía que está creciendo muy lentamente no está en las mejores condiciones para proveer esos recursos. Consideremos solo el caso de la reforma tributaria y los ingresos fiscales. ¡Cada punto adicional de crecimiento del PIB permite al Fisco recaudar unos 800 millones adicionales en impuestos a la Renta!
En las certeras palabras de Jorge Marshall, ex Pte. del Banco Central, » (…) hay que remontarse a 2013, que es cuando cambia radicalmente el entorno de la economía chilena (…) Entonces finaliza el super ciclo de los términos de intercambio; la autoridad monetaria de Estados Unidos anuncia el fin de su política de inyectar liquidez a los mercados financieros; la expansión de China pierde la fuerza que había mostrado en los años previos; el crecimiento del comercio mundial se reduce a la mitad del que tenía antes de la crisis internacional y América Latina inicia una fase de conflictos internos que la alejan de los asuntos relevantes de la política y de la economía mundial».
Y, en este marco, la desaceleración se ha constituido en un arma privilegiada y principal de la derecha.
Sin arrugarse, contra toda la evidencia estadística nacional e internacional, contrariando la opinión de expertos reconocidos, ha declarado que la responsabilidad por la caída del ritmo de crecimiento de la economía chilena recaería en incertidumbre que provoca en la llamada «clase media» y en el empresariado chileno la propia política de reformas del Gobierno de la Nueva Mayoría.
Desconocen así que la tendencia ya se manifestaba con fuerza en el último año de Gobierno de Sebastián Piñera. No está de más recordar aquí que el destacado economista Thomas Piketty, en reciente visita al país, ha dado un rotundo mentís a esa pretensión, uniéndose a la opinión mayor parte de los especialistas chilenos más serios.
La derecha, principalmente la UDI, trabaja intensamente sobre este factor desestabilizador. Utilizando las organizaciones empresariales, que domina ampliamente, eleva la llamada «incertidumbre» e invita a la reducción de la inversión nacional e internacional.
Su dominio irrestricto de los medios de comunicación le permite saturar la «opinión pública» con esta consigna, que sitúa a la política pública como la causante de la caída significativa que experimenta la inversión privada, que es factor determinante de la reducción del ritmo de crecimiento de la economía.
Debemos reconocer que la oposición ha tenido éxitos importantes en su odiosa campaña. Durante la discusión de la reforma tributaria logró generar un clima adverso en sectores de pequeños y medianos empresarios así como en trabajadores asalariados que se identifican con la llamada por ellos «clase media», que facilitaron que la presión de sus parlamentarios en el Senado lograra un «acuerdo transversal» que modificó el proyecto original aprobado por los Diputados.
Cuando se inició la discusión del segundo proyecto de reforma educacional, que plantea el fin del lucro, el copago y la selección escolar, la UDI desarrolló la misma táctica.
Levantó la bandera del «derecho a elección», generó incluso una organización social que pretende agrupar a los padres y apoderados de la educación particular subvencionada (la CONFEPA) y reivindicó para si la defensa de la calidad de la educación, con lo que retrasó, aunque no logró evitar, la aprobación del proyecto y logró generar una actitud de rechazo a la reforma en un sector ideológicamente permeable al mensaje que la reforma afecta y lesiona los intereses de la «clase media», esta vez expresado en que se pretendía terminar con ese segmento educacional.
Puede esperarse, a partir de la virulencia con que se han expresado públicamente las organizaciones empresariales, en particular la CPC y la SOFOFA, que el trámite de las reformas laborales será difícil, pues allí ya se levantan fantasmas llamados a atemorizar a parte de la población trabajadora.
Que los empresarios no tendrían seguridades para invertir en nuevos proyectos o reinvertir en los existentes pues el alza de costos derivada de la posición más fuerte de los trabajadores organizados en las empresas afectaría su rentabilidad, que por lo mismo habría aumento del desempleo, etc.
Discusiones similares se han planteado o insinuado en otros ámbitos, como es el caso de la salud privada.
Aprovechando en su favor los insuficientes resultados de la política de reactivación impulsada por el Gobierno, la derecha combinó en su favor la crisis de desconfianza ciudadana en la política y las correcciones a la baja de diversas proyecciones de crecimiento en Chile y América Latina y logró generar una crisis de Gabinete que determinó en la sustitución del equipo económico y político que había encabezado la primera etapa del gobierno de Michelle Bachelet.
Tras ese cambio de Gabinete, agravado con los errores políticos que forzaron la renuncia del nuevo Ministro de la Segpres a solo 28 días de su nombramiento, el panorama se tornó preocupante. Pues en el marco de una fuerte ofensiva empresarial, el riesgo de ceder a la presión por frenar las reformas se hizo patente.
Las declaraciones de los nuevos Ministros de Interior y de Hacienda, que buscaron tranquilizar a la derecha y a los empresarios, abren una interrogante que se hace necesario despejar para asegurar la continuidad del proceso de reformas que sustenta la actuación de los comunistas en el escenario nacional .
¿Cuáles son las perspectivas de la economía chilena en el corto plazo?
A comienzos de año, los informes de los organismos públicos y privados independientes, así como las declaraciones de las autoridades económicas del país, coincidían en señalar que la curva de crecimiento agregado habría cruzado el punto de inflexión, abriendo paso entonces a una fase de lenta recuperación de los índices principales de la economía.
La expresión «brotes verdes» del ex Ministro de Hacienda Alberto Arenas graficaba esta visión, que permitía entonces pensar que lo peor habría pasado.
Sin embargo, el más reciente Informe de Política Monetaria del Banco Central, revisó a la baja sus proyecciones 2015. Sin ignorar las razones que habían llevado a sustentar la mejora prevista hacia 2015, la mirada más pesimista se sustenta en dos cuestiones básicas:
En primer lugar, en que las condiciones internacionales continúan siendo complejas. La reorientación de la economía china mantiene una incógnita sobre sus niveles deseados de stock de materias primas, cuestión vital para examinar la situación del cobre.
Más allá de los fenómenos especulativos, las diversas proyecciones apuntan a un excedente de producción moderado sobre el consumo, por lo que los precios de cátodo podrían estabilizarse entre los 2.6 y 2.8 dólares/libra.
Esto es un precio que permite la operación de la mediana y gran minería chilena, aunque disminuye sensiblemente los retornos.
Los costos de las mineras se verán favorecidos por la apreciación internacional del dólar. Será también favorable a la economía chilena el descenso de los precios del crudo, que apunta a mantenerse en torno a 60 a 70 US$/barril. La caída del petróleo beneficia principalmente a los privados, en tanto la caída del cobre perjudica a algunos privados y muy fuertemente al Estado.
En segundo lugar, y teniendo presente que los estímulos monetarios ya han jugado un importante su papel y que la tasa de inflación aparece relativamente controlada para el 2015, el acento principal de la recuperación se traslada a la inversión y el empleo.
Y, en materia de inversión, la mirada empresarial de la inversión continúa siendo interesadamente cautelosa. Como señalaba un analista un par de meses atrás:
«El riesgo para el 2015 es que esos indicadores de confianza permanezcan estancados cerca de los actuales niveles bajos. De ser así, la inversión puede evolucionar de manera muy lenta y la generación de empleo puede deteriorarse. En ese contexto, se pueden generar dudas adicionales sobre el ritmo de crecimiento potencial de Chile».
Pensando en su impacto sobre la demanda agregada, el desafío principal, entonces, es elevar el nivel de inversión productiva, que fue duramente afectada durante 2014. Destacan en ello la magnitud prevista de las inversiones estructurales y de mejoramiento previstas por CODELCO, que partiendo de la capitalización acordada para este año, se proyectan a 28 mil mill de US$ hasta el 2023.
Esta cifra representa el 58% de todo lo que proyecta invertir la minería privada hasta esa fecha , pese a que la producción de la estatal corresponde actualmente a menos del 40% de la producción anual total, lo que da una idea de la potencia de la decisión de rescate de CODELCO que está en marcha. Pensando en la inversión extranjera directa, puede esperarse un incremento mayor en los próximos años a partir de la creación de una nueva institucionalidad que reemplazará al DL 600.
Ello tal vez incida en revertir la tendencia negativa a la adquisición de empresas existentes de capital nacional por los grandes conglomerados internacionales. La generación de energías renovables no convencionales (ERNC) ha experimentado también un avance importante, destacando que el 2015 se podrían invertir unos 3.000 mill de US$. Los medios destacan que al ritmo actual podría anticiparse la meta de 20% de la matriz al año 2020.
Ello, sumado al ambicioso plan de inversiones del MOP, por unos 2.500 mill. de US$ este 2015, de los que unos 1.500 sería vía concesiones, configura una situación en que pueden generarse importantes impulsos a la inversión. Complementa lo anterior el esfuerzo que lidera CORFO por desarrollar mecanismos que actúen efectivamente sobre la innovación, orientados a elevar la productividad, que se ha constituido en un factor que limita el crecimiento.
De este modo, podemos estimar que efectivamente se apuntaría a una suave recuperación económica, especialmente hacia finales del 2015. El supuesto que subyace en esta visión es que el sector privado dejará atrás su postura extremadamente hostil al Gobierno y jugará su papel en la política de asociación público – privada que ha planteado la Presidenta.
Esto es lo que explica la actitud del Gobierno respecto de dar garantías al sector privado. Cabe por cierto preguntarse que podría ocurrir si se mantuviese la reticencia empresarial. Es sabido desde Keynes que la sola racionalidad económica no es el factor decisivo de las decisiones de este sector.
Esto ha llevado al planteo de que «el capital es cobarde», para denotar que el empresario tiene más aversión al riesgo que la que se le supone. Si este fuera el este caso, no nos cabe duda, debemos propender a un aumento significativo de la inversión directa estatal. No faltan para ello proyectos posibles ni recursos disponibles.
Mirando a futuro
El Pleno del CC de marzo de este año planteó con claridad una perspectiva, un rumbo estratégico, en definitiva, lo que antes llamábamos una vía, para alcanzar nuestro objetivo principal, cual es la instalación de una democracia de Nuevo Tipo en nuestro país como expresión concreta de nuestro concepto de Revolución Democrática.
En esa dirección, es importante destacar dos aspectos esenciales de esa vía, que seguramente estarán en el centro de nuestras preocupaciones y de nuestra actividad política durante un buen tiempo: de una parte, el gran asunto de la participación del pueblo como actor central de la construcción de su propio destino; de otra, aquello que no puede tampoco estar fuera de nuestra acción, el avance – al ritmo que las correlaciones de fuerza vayan permitiendo – de la socialización de los medios de producción.
Sobre lo primero, los comunistas hemos estado y sin duda estaremos en la primera línea cuando se trate de impulsar la organización social y popular para lograr, con la más activa movilización y participación, la realización del programa de reformas que comprometió la Nueva Mayoría. Hemos hecho mucho y continuaremos haciéndolo.
Pero esta participación no se reduce solo a exigir que se hagan los cambios estructurales necesarios para mejorar la calidad de la democracia y de sus instituciones. También, y sobre todo, es necesario que en la construcción y funcionamiento de la nueva institucionalidad, que encontrará una síntesis en la Nueva Constitución, el pueblo esté presente y participe activamente. Una nueva cualidad de la democracia, la participación, es un objetivo estratégico, que diferencia claramente las posiciones de quienes quieren hacer mejor el sistema existente de las posiciones de aquellos que queremos cambiarlo para mejor.
Sobre lo segundo, ya hemos dicho que hoy se apunta a una moderada recuperación económica, especialmente hacia finales del 2015. Con todo, la salida de este ciclo no puede llevarnos a ignorar que lo que demuestran las coyunturas críticas del 2008/2009 y del 2013/2014 es el agotamiento del modelo rentista instalado en nuestra economía por el neoliberalismo.
Se trata de un modelo que permite la explotación inmisericorde de los recursos naturales del país por grandes monopolios nacionales y foráneos. Un modelo depredador, basado en la exportación de recursos con muy escaso valor agregado. Que permite la obtención de riquezas cuantiosas al gran capital, y que distribuye muy poco a quienes participan de la actividad económica.
Recordemos que en nuestro país, según estudios de especialistas de la U. de Chile, el 1% de los más ricos se apropia del 32% del PIB. En estas condiciones, por ejemplo, se agravan a niveles dramáticos las crisis del agua y de la energía. El gran capital privado no tiene interés alguno en resolverlas con un criterio de bienestar social y de futuro.
Más aún, este modelo rentista se ha construido sobre las reglas impuestas a sangre y fuego por la dictadura neoliberal de Pinochet.
El Estado definido por la Constitución del 80 – la Constitución que nos hemos propuesto reemplazar – tiene por finalidad asegurar la libertad económica de los grandes empresarios y establecer el papel subordinado o «subsidiario» del Estado, sin importarle las desigualdades, las injusticias, los abusos y las vulnerabilidades macroeconómicas, resultantes de la aplicación de este modelo.
Así, numerosas normas de la actual Constitución deberán ser cambiadas, como por ejemplo, para reestablecer que el principio de que la propiedad privada no es absoluto ni está por encima de otros valores superiores, como son la responsabilidad social y la solidaridad colectiva. De aquí también se deduce la necesidad de que el Estado esté facultado para nacionalizar o crear empresas estatales o públicas, a través de instituciones centrales o entidades públicas como gobiernos regionales, municipalidades, o aportar recursos a cooperativas u otras empresas sin fines de lucro, con el fin de diversificar la propiedad empresarial.
Es necesario dotar al Estado de la capacidad de emprendimiento económico, entendido en el amplio sentido del término.».
Hay que cambiar progresivamente el modelo. No echaremos por la borda las asociaciones Público – Privadas que impulsa el Gobierno, pero debemos acotarlas y calificarlas mejor. La experiencia muestra que no debemos concesionar servicios públicos vitales, como son los casos de la salud y el transporte público. Junto a la estricta regulación de la actividad privada – y sobran los ejemplos que la justifican – es la hora de ampliar la esfera de la economía social, de la inversión pública directa en infraestructura y en la producción de bienes con alto valor agregado. Todo ello apuntando a hacer realidad la integración latinoamericana. Pues si la asociación Público Privada continúa siendo la base principal de nuestra estrategia económica, entonces es muy posible que la economía y la sociedad se hagan aún más dependientes de los intereses del capital financiero y de los grupos económicos.
Apoyamos la posición de la Presidenta y del Gobierno, que han reiterado hasta ahora su una firme voluntad de continuar impulsando la política de reformas. Las reformas son, en definitiva un gran avance en progreso social y reducción de desigualdad. Y esta es la tarea del momento. Sin embargo, en nuestra perspectiva estratégica, es necesario proyectarse más allá. Es verdad que no nos gusta jugar a la política ficción.
Pero, sin duda, la construcción del socialismo en el siglo XXI estará marcada por dos cualidades fundamentales: a) la democracia participativa, a la cual se accede desde la más intensa, rica y masiva movilización popular y social y b) la propiedad social de los medios de producción, la cual se alcanza en un proceso incesante de elevación del papel del nuevo Estado en los procesos de regulación económica general y de producción y circulación de bienes y servicios socialmente esenciales para la calidad de vida de la población. A estas cualidades fundamentales debemos apuntar desde ya, siguiendo la vía que hemos resuelto recorrer en varios eventos partidarios.
En conclusión
Reiteramos nuestro compromiso con el Programa que apoyó mayoritariamente el pueblo de Chile. Nos opondremos firmemente a las tratativas de la derecha, de la UDI en especial, por desestabilizar la institucionalidad chilena y afectar de este modo el funcionamiento de la economía.
Por las reformas también nos jugamos en la Nueva Mayoría, contribuyendo a la unidad de las fuerzas que están por los cambios y presionando a los sectores que tienden a vacilar en momentos de agudización de las tensiones políticas. No hay evidencia alguna de que sean las reformas propuestas e impulsadas por este Gobierno las que han provocado la desaceleración.
Se trata de reformas que no afectan lo esencial de la relación de capital, por más que corrigen, dentro del sistema económico, la magnitud de la dramática desigualdad que constatamos a diario. Se trata de reformas económicas que nos aproximan a los estándares OCDE, con los que tanto nos gusta compararnos.
No más que eso. Pero tampoco menos que eso. Son en definitiva un gran avance en progreso social y reducción de desigualdad.
Esta es la tarea del momento. Lo que venga después, en un escenario diferente, más democrático, lo decidirán los propios chilenos.
Los comunistas, como siempre, estaremos con ellos y junto a ellos.
(*) Ingeniero civil; Doctor en Historia; integrante de la Comisión Política del Partido Comunista
http://www.diarioreddigital.cl/analisis/6459-pc_economia_politica.html