Hay una utilización sistemática del aparato judicial y del sistema penitenciario como arma de guerra contra amplios sectores de la sociedad. El problema no es entonces el aumento de criminales, sino el aumento de sectores que son criminalizados y convertidos en criminales por las políticas represivas del Estado». Informe situación carcelaria 2011 La […]
La gravísima situación de las cárceles colombianas se expresa en: que 40.000 personas estén presas sin todavía haber afrontado un juicio, desde hace años sindicadas, que más de 400 personas estén lisiadas en las cárceles, que más de 400 personas estén enfermas con carácter terminal». Iván Cepeda
El hacinamiento en las cárceles colombianas tiene grado crítico: conlleva insalubridad, aumento de enfermedades, dramáticas relaciones condicionadas por la escasez de espacio y mínimos vitales, lo que vulnera la integridad física y síquica de la población reclusa. En varias providencias judiciales se contempla el hacinamiento como un estado permanente de tortura. Representa un factor de riesgo contra la vida misma de los internos. La alerta humanitaria máxima por hacinamiento es evidente: en La Picota hay 9.028 internos, cuando su capacidad es solo para 2.000 internos; en La Modelo hay 6550 presos cuando está prevista solo para 2.700 [1]. Según el Instituto Nacional Penitenciario ( INPEC), a marzo 2012, las cárceles de Colombia alcanzan una sobrepoblación de 39,5 % [2]. El dramático aumento de la población carcelaria en los últimos años es un termómetro de la realidad represiva que vive Colombia.
1. 40.000 personas presas sin juicio, 800 enfermos terminales y lisiados, y los ‘dormitorios’ cuelgan del techo En el Foro «Colombia Entre Rejas», el representante a la Cámara Iván Cepeda, denunció: La gravísima situación de las cárceles colombianas se expresa en cifras como por ejemplo: que 40.000 personas estén presas sin todavía haber afrontado un juicio y que están desde hace años en situación de personas sindicadas en las cárceles, que más de 400 personas estén lisiadas en las cárceles, que más de 400 personas estén enfermas con carácter terminal (…) Voy a presentar una iniciativa tendiente a que pueda haber algún tipo de medidas de des-hacinamiento, para que por lo menos se cree la figura de excarcelación por razones humanitarias para personas que están en situación de enfermedad terminal (…) Hay una política criminal del estado colombiano que promueve la penalización y la represión de la protesta social, del derecho a disentir; y que tiene como colofón la impunidad de los criminales de Estado(…) [3] En marzo 2012 Noticias Uno publicó imágenes exclusivas de la dantesca situación [4]: «Los guardianes y los 9.028 internos de la cárcel La Picota -que tiene capacidad solo para 2.000- están en alerta máxima porque: ‘La cárcel Picota no resiste más internos’. No soportan más el hacinamiento ni los riesgos que corren por las graves enfermedades (…) advirtieron que el hacinamiento está a punto de causar una epidemia. Los guardianes y reclusos de las dos principales cárceles de Bogotá grabaron videos que evidencian las condiciones de hiper-hacinamiento. (…) En La Modelo el hacinamiento es tal que ahora se disputan hasta los cielorrasos de los pasillos. ‘Los pabellones que cuentan con 130 celdas con medidas de 1.80 por 2 metros cuadrados que normalmente debe ser humanamente para pernoctar una persona, en el momento la adecuaron para 5’. Un interno que el año pasado denunció su grave situación en Noticias UNO, no pudo recuperarse: ‘Álvarez Tonguino, pese a que hubo una denuncia de los medios, se murió’ [por negación de asistencia médica]. No solo las enfermedades tienen en peligro a los presos, sino que la cárcel se ‘está cayendo a pedazos’. El sindicato denunció que la cárcel La Modelo de Bogotá también tiene serios problemas de hacinamiento: diseñada para 2700 internos, hay 6550 presos. Los reclusos que no encontraron cupo en las celdas y tampoco en el suelo tuvieron que ocupar los únicos espacios que quedaban… los techos de los pasillos. Con mallas, sábanas y ropa vieja, fabricaron hamacas y las amarraron a los cielorrasos.»
La masiva huelga de hambre de marzo es la última en data de una serie de protestas de los presos políticos que son absolutamente silenciadas por los medios masivos, e incluso aún muy poco visibilizadas por una izquierda entumida por el miedo a la solidaridad con sus propios presos políticos; miedo que han sembrado décadas de terror de Estado, lo que constituye un fenómeno que analizaremos en otro texto. La huelga tenía una reivindicación muy concreta: que el estado colombiano permita la visita de una Comisión de Verificación sobre la situación de DDHH al interior de las cárceles colombianas. Algo legítimo y realmente humilde; pero hasta eso es negado por el estado, que obviamente no desea que una Comisión de DDHH pueda constatar las condiciones infrahumanas en que malviven los presos, y tomar testimonios de las torturas, porque si bien a muchos presos se los podría meter en calabozos, trasladar, aislar y amenazar para impedir que dieran testimonio de las torturas a la Comisión, hay casos aberrantes inocultables, y el grado extremo de hacinamiento y la insalubridad son igualmente inocultables.
3. Retazos del olvido: presos políticos lisiados en patios paramilitares y asesinato de familiares para coaccionar a dar falsos testimonios
Sobre las torturas hay muchísimo que denunciar, las aberraciones cometidas contra los presos políticos se superan en horror unas a otras, y son cometidas al amparo del ostracismo e invisibilización: por ello la solidaridad con los presos políticos debe plantearse como una prioridad social. Hay presos que pasan años metidos en calabozos [7], hay golpizas, humillaciones, torturas físicas y sicológicas; hay presos empujados a la muerte porque se les niega la asistencia médica [8], presos ciegos y sin brazos, paralíticos, enfermos terminales que viven una tortura permanente, al serles negados incluso los medicamentos contra el dolor y al ser inmersos en patios llenos de paramilitares cuando están totalmente indefensos.
Revelador es el caso del preso político Oscar Elías Tordecilla, con los brazos amputados, que además devino ciego por la negación de la debida asistencia médica, y fue encarcelado en situación limite, situado adrede en una penitenciaría sin presos políticos, en un pabellón lleno de paramilitares, en violación al dictamen de Medicina legal y al DIH [9] .
Hay varios presos políticos y de guerra que han sufrido el asesinato de sus familiares porque se han negado a fungir como falsos ‘testigos’ para la policía en los montajes judiciales contra líderes campesinos, sindicalistas y activistas sociales. Un caso de este drama es el del preso político Carlos Iván Peña Orjuela. Carlos Iván ha sido sometido a presión por parte la policía judicial de la SIJIN para que atestigüe contra líderes campesinos del Magdalena Medio. Ante su negativa de colaborar en montajes judiciales, la policía desapareció y asesinó a su hermano menor, luego encarceló bajo montaje judicial a la familiar que se ocupaba de su hijo y amenazó de asesinar también al niño de 6 años. El Comité de Solidaridad con los Presos Políticos denuncia: » fue presionado para que ‘colaborara’ pues de lo contrario ‘le iba a costar muy caro’ (…)el agente de la SIJIN Juan Carlos Celis Torres profirió amenazas de montajes judiciales en contra de su familia, y amenazó directamente a su hijo diciendo que ‘de pronto anochecía pero no amanecía’ el niño. Le dio un plazo para convertirse en otro de los tantos testigos a sueldo que proliferan en el sistema judicial colombiano.» [10] . Tras las amenazas vinieron mayores crímenes: «la desaparición forzada y homicidio del hermano menor del detenido político (…) la captura de María Yolanda Cañón, familiar a cargo de su hijo. El detenido político procedió a llamar al celular de María Yolanda, quien contestó fue el agente de la SIJIN Celis Torres, quien se mofó de él advirtiéndole que si insistía en su negativa a ‘colaborar’ seguirían (…) En palabras textuales: ‘Yo le dije a usted que colaborara y usted no quiso colaborar y entonces la fiscalía tenía un paquetico y me tocó ir a capturarla y además por ahí le tengo otros paqueticos’. El CSPP denuncia las «actuaciones ilegales y vengativas de miembros de la policía judicial para generar ‘resultados’ que desconocen los derechos humanos y el derecho internacional humanitario. Prácticas compatibles con las políticas que han traído como resultado las ejecuciones extrajudiciales conocidas como ‘falsos positivos’ y la judicialización masiva de población civil inocente, detenida en las famosas ‘capturas masivas'» [Ibíd.].
4. Lo propio de un estado represor es negar su accionar: 9.500 presos políticos son un retrato de la realidad colombiana
Paralelamente a la huelga de hambre nacional, el cinismo del estado llegó a tales niveles que voceros del gobierno salieron a negar la existencia de presos políticos en Colombia [11], cuando es bien sabido que hay miles de hombres y mujeres condenados por el«delito de rebelión» -tipificado en el mismo código- y condenados asimismo por su extensión más arbitraria de «terrorismo«, una categoría conceptual en la que cabe todo lo que le moleste al estado [12] y al gran capital de un país saqueado que busca ahogar el descontento social en el exterminio y entre rejas. De los 9.500 presos políticos que tiene el estado colombiano, se estima que cerca del 90% son civiles encarcelados por su actividad política, su pensamiento crítico, su oposición a las políticas depredadoras del medio ambiente: sindicalistas, ambientalistas, maestros, líderes agrarios, académicos críticos, abogados, médicos, defensores de derechos humanos… hasta los artistas son objeto de la persecución judicial [13]. Por otro lado, también es bien sabido que en Colombia hay un conflicto social, político y armado, y que en ese marco, los insurgentes apresados por el estado son presos políticos de guerra, porque su reivindicación es eminentemente política y porque hay una guerra. Pero el estado colombiano intenta tapar el sol con un dedo.
5. Algo está destrozado en la balanza de la justicia
En Colombia se ha llegado a un extremo de clasismo que niega el trato humano a miles de presos políticos, mientras que impone que toda la sociedad priorice los temas que son impuestos desde las altas cúpulas del poder económico y político. La comparación entre la nula cobertura informativa sobre los presos políticos y de guerra en las cárceles por un lado, y por otro lado aquella híper-visibilización sobre los presos de guerra en la selva, destila el clasismo absoluto de la sociedad colombiana. Evidentemente los monopolios mediáticos distorsionan hasta la saciedad: llamando «secuestrados» a militares presos en combate, que son presos de guerra, y por otro lado omitiendo absolutamente a los presos políticos y a los presos políticos y de guerra en las cárceles colombianas.
Mientras la insurgencia de las FARC en un gesto humanitario libera a los 10 militares presos de guerra, caídos presos en combate, el gobierno colombiano sigue pisoteando todo humanitarismo e intensificando la represión contra la población: sigue con las capturas contra líderes sociales, con los montajes judiciales, con los bombardeos descomunales con toneladas de bombas que destrozan a los campesinos insurrectos mientras duermen [14]; con la persecución política allende las fronteras contra civiles e insurgentes viejos y enfermos [15]; el estado colombiano sigue con la tortura contra presos políticos y presos políticos de guerra.
Los medios masivos explotan el drama humano de los 10 militares por años presos en la selva; pero no nombran a los miles de presos políticos en las cárceles, que sufren reiteradas torturas. Y lamentablemente, incluso aquellos que han puesto todos sus buenos oficios en obra para la liberación de los diez presos de guerra en la selva, no ponen el mismo empeño en la liberación de los presos políticos y de guerra en las cárceles: para los presos lo que se plantea es solamente una Comisión de Verificación, pero no se exige la liberación.
Curioso país y curioso mundo que estima que unos humanos valen más que otros: por unos se exigió la liberación, por los otros se pide permiso a un estado -que lo niega- para una Comisión de Verificación. Algo está destrozado en la balanza de la justicia.
6. Aumento vertiginoso de judicializaciones, hacinamiento carcelario y condiciones degradantes
El estado hace constantes malabarismos para minimizar la envergadura del hacinamiento y el aumento exponencial de encarcelamientos: no obstante disponemos de las cifras reconocidas por el INPEC, y de informes de organizaciones de DDHH, como el informe presentado ante el Comité de Derechos humanos de la ONU [16 ], que expresa:
«En Colombia el índice de hacinamiento es de 41.7%. Un hacinamiento crónico muy alto que constituye por sí sólo un factor de violación de los derechos (…) imposibilita la convivencia pacífica entre los internos y les exige soportar condiciones de vida violatorias de su dignidad. (…) Eduardo Cifuentes, ponente de la sentencia que mostró la sistemática y alarmante violación de derechos fundamentales en las cárceles [expresa]: ‘durante las inspecciones judiciales realizadas a múltiples cárceles fue necesario suspender las diligencias en la noche, ante la imposibilidad de caminar sin pisar las cabezas de los reclusos que estaban acostados en el suelo.’ En penales como La Picota o Jamundí, ‘la luz solar no entra ni siquiera por un tiempo limitado.’ Hecho reconocido por el CDH como constitutivo de una violación de la dignidad. El hacinamiento también ha sido denunciado por instituciones internacionales y Gobiernos extranjeros. La Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos ha advertido que los prisioneros sufren malos tratos y hacinamiento. Las condiciones en que viven los presos en Colombia fueron tenidas en cuenta por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos para negar la extradición de una personasolicitada por las autoridades colombianas. De acuerdo con el Tribunal Europeo, el prisionero corría alto riesgo de ser objeto de malos tratos durante su detención, producto de las malas condiciones y de los abusos por parte de la guardia.(…) Con respecto a las condiciones de salubridad existen serios problemas relacionados con el suministro de agua y la falta de higiene de los espacios comunales. La deficiente infraestructura trae problemas en el control de enfermedades infectocontagiosas y plagas. La Procuraduría denunció esta situación, diciendo que los penales se han convertido en cunas para ‘el desarrollo de enfermedades infecto-contagiosas como tuberculosis, lepra, varicela, hepatitis A, hepatitis B, VIH, sífilis, gonorrea y otras enfermedades de transmisión sexual, así como para infestaciones por vectores de plaga’.»
La privación de agua durante días en centros de reclusión como el de Valledupar, dónde las temperaturas rondan los 35- 40 grados, constituye un agresión contra la salud e integridad humana; los presos enferman debido al agua infectada, y las infecciones no tratadas por negación de asistencia médica han producido fallecimientos. « Condiciones inhumanas, golpizas y tortura persisten en la prisión de alta seguridad de La Tramacúa, en Colombia, aseguró Alliance for Global Justice. Se priva a los presos de agua y la comida contiene materia fecal o está podrida, según han constatado la Comisión para los Derechos Humanos de Naciones Unidas y distintas ONG» [17]. E
n Bogotá y lugares más fríos, una de las prácticas lesivas para la salud de los presos es bañarlos con agua helada, y obligarlos a permanecer desnudos en patios con temperaturas que pueden rondar los 5 grados [18] .
Denuncian los 
presos:
«Las instalaciones del ERON-Bogotá no cumplen con las normas mínimas consagradas por los protocolos internacionales (…) se nos obliga a hacer nuestras necesidades fisiológicas a la vista pública, violando el derecho a la intimidad; mientras que por patio se dispone de ocho duchas comunales para una población de 220 internos. La luz solar jamás entra al penal y las condiciones de iluminación y aireación son precarias; y no obstante las bajas temperaturas del penal, no se nos ha dotado de cobijas pero tampoco se autoriza su ingreso(…) la ausencia de cámaras dentro de los pasillos y patios, facilita la realización de actos ilícitos por parte de las autoridades penitenciarias.» [19] El Inpec informó que a marzo 2012 hay 105.474 personas en los 144 centros de reclusión. Además hay 22. 264 personas en detención domiciliaria, 1.678 en cárceles distritales, 1.198 en penales de la Fuerza Pública. Un total de 130. 614 personas privadas de la libertad. El hacinamiento alcanza el 39.5%, y aumenta día a día. A 31 de diciembre 2011 el hacinamiento era de 32.9%: el incremento es del 6.6% [20].
7. El negocio de privar de libertad: cárceles eternamente inconclusas e insalubres, y el Buró de EEUU
Hay un aumento vertiginoso de población carcelaria: «Tan solo en el 2011 ingresaron a los penales colombianos 55.112 reclusos, y hubo un aumento del 40% en la población carcelaria» [21]. El director del INPEC expresó que el estado va a: «Trabajar por un sistema de concesión, una privatización del sistema penitenciario» [22 ]. Se adopta el modelo estadounidense de privatización, con la vulneración de los derechos humanos que esto conlleva.
La Campaña Traspasa los Muros denuncia: «El índice de hacinamiento es un factor usado por el Gobierno para justificar la construcción de nuevas prisiones sin resolver de fondo la problemática, persistiendo un estado de cosas inconstitucionales en las cárceles declarado por la Corte Constitucional mediante las Sentencias T-153/98 y T-606/98 .»[23]
Las políticas represivas devienen un negocio en sí, en desmedro de la vida e integridad de miles de humanos: «Plan estratégico de quienes ven los establecimientos de reclusión como un negocio y no se plantean políticas encaminadas a ‘buscar soluciones al hacinamiento por la vía normativa (despenalizar delitos, reducciones de penas, creación de subrogados penales, justicia terapéutica, detención domiciliaria, etc.).’ Por este enfoque de masificar el sistema carcelario y penitenciario, hablamos de la industrialización de las prisiones. A través de la USAID y del Buró Federal de Prisiones de EEUU, el gobierno estadounidense diseñó el proyecto para la construcción de nuevas cárceles(…) construcciones dirigidas al encierro y al asilamiento como forma de castigo. Según un informe de la Contraloría, ‘las obras que inicialmente se presupuestaron en $33.740 millones terminaron valiendo $908.156 millones, el costo de la gerencia del proyecto pasó de $2.300 millones a $8.338 millones y los plazos de 36 meses se extendieron a seis años y medio’. Además de los sobre costos se destaca que la entrega de las nuevas construcciones ha sido incompleta; obras sin finalizar(…) por lo que podríamos hablar de una corrupción deseada por parte de las instituciones con el fin de mantener este proyecto y a la vez, reforzar las condiciones inhumanas de encierro y no tomar medidas para cambiarlas. Estas nuevas cárceles se encuentran situadas en temperaturas extremas con construcciones que no responden a las condiciones bioclimáticas, afectando deliberadamente la salud física y mental de las y los reclusos.» [Ibíd.]
8. Aumento de la represión, el problema es el modelo
La creación de nuevos cupos carcelarios es ínfima frente al desproporcional aumento de las judicializaciones. Asimismo el estado ha optado por elevar las penas. Como lo expresa un informe realizado por los mismos presos políticos y de guerra, de noviembre 2011:
«El problema es el modelo; un sistema que ejecuta la política criminal y penal con la visión del enemigo interno y regula el escenario político a través de la aplicación de la pena de prisión; un modelo que privilegia la perdida de la libertad como castigo al opositor y como arma de guerra contra la sociedad misma. El problema no es entonces el aumento de criminales, sino el aumento de sectores que son criminalizados y convertidos en criminales por las políticas represivas y de estigmatización aplicadas por el Estado en contra de diversos sectores sociales. (…) hay variadas formas de aplicación, para lograr el objetivo de utilizar la cárcel como castigo inclemente a los sectores populares y al opositor: estas son, las capturas masivas, los falsos positivos judiciales, los montajes judiciales, el pago de informantes, la criminalización de la protesta social, entre otras. La cifra que manejan las organizaciones de Derechos Humanos con respecto a personas detenidas por motivos políticos en Colombia es de 7.500. Sin embargo, consideramos que es una cifra bastante conservadora en 2011 teniendo en cuenta el aumento desmedido en el número de personas que se encuentran sufriendo la privación de libertad. Aunque el número de internos en las cárceles aumenta y evoluciona constantemente, la cifra de 7500 se ha mantenido en la inercia desde hace años. A lo sumo se ha dicho 7.500 + 1, por causa de la captura del periodista Sueco Joaquín Pérez Becerra. Valdría la pena reconsiderar la cifra, teniendo también en cuenta la agudización del conflicto social y armado que se ha presentado en los últimos años y la utilización permanente del aparato judicial como instrumento de la guerra». [24 ]
Gracias al incansable trabajo de los familiares, de las organizaciones solidarias con los presos políticos y a las valientes denuncias de estos, a inicios del 2012 se le da algo más de visibilidad al tema. Tras el encuentro «Colombia Entre Rejas» de febrero 2012, se adopta efectivamente la cifra más realista de 9.500 presos políticos en Colombia, como cifra mínima referencial, a sabiendas que hay una estrategia permanente desde el estado de maquillar los encarcelamientos políticos.
9. En Colombia existen entre 9.500 y 21.199 prisioneros políticos: el estado se ensaña y maquilla la persecución política
La Campaña Traspasa los Muros expresa: « La estrategia usada contra los prisioneros políticos es juzgarlos por rebelión y agregarles los cargos de terrorismo, narcotráfico y concierto para delinquir con fines terroristas con el claro objetivo de quitarles el estatus político, facilitando incluso la extradición [el Art. 35 de la Constitución impide extraditar personas por delitos políticos] «. [25]
A 31 enero de 2012, el INPEC informa que de las 102.292 personas privadas de libertad a la fecha, hay 21.199 personas asociadas a ‘delitos que atentan contra la existencia y seguridad del Estado’: » Teniendo en cuenta que con la desnaturalización del delito político en Colombia es sistemático que las y los prisioneros políticos sean juzgados por delitos comunes, al tiempo que son asociados con organizaciones rebeldes, se puede estimar que en Colombia existen entre 9.500 y 21.199 prisioneras y prisioneros políticos». [26]
Al perseguido y condenado político se lo invisibiliza desnaturalizando el carácter político de su reivindicación, y se disfraza el ensañamiento estatal contra la oposición política endilgándole a las víctimas de montajes judiciales un sinnúmero de delitos comunes, asimismo se les endilga a los perseguidos políticos civiles el ‘delito de rebelión’: «Los prisioneros políticos denuncian que son sometidos a chantaje judicial por parte de funcionarios de la Fiscalía General, con el propósito de aceptar cargos por rebelión, bajo el argumento de correr riesgos de ser condenados por más delitos y ser sentenciados a altas penas privativas de la libertad .» [íbid]
«El no reconocimiento de la condición política de las y los prisioneros políticos conlleva a que no sean separados debidamente de los presos vinculados al paramilitarismo, convirtiéndolos en población vulnerable. La no separación pone en amenaza constante su vida. Esta situación de riesgo se extiende a familiares, por este motivo muchos prisioneros políticos piden a sus seres queridos que no les visiten para disminuir las posibilidades de agresiones». [27]
10. Llamado a mayor solidaridad nacional e internacional: La exigencia de libertad para los presos políticos es un imperativo en el camino hacia una verdadera paz con justicia social
Hace falta encaminar de manera urgente la solidaridad con este colectivo humano, castigado por su pensamiento crítico y su lucha social, cuya existencia es testimonio de la realidad represiva que sufre Colombia. Los presos políticos, sus familiares y las organizaciones que los apoyan hacen reiterados llamados a la comunidad nacional e internacional a que se exija el cese de la tortura y el cese de la tortura de negación de asistencia médica; a que se revisen las condenas desproporcionadas impuestas a los presos políticos y de guerra; a que se cese la modalidad de ‘secuestro carcelario’ que tiene a miles de seres humanos presos por años sin juicio; a que cesen los montajes judiciales y la utilización de falsos ‘testigos’ pagados o coaccionados; a que cese el aislamiento familiar como forma de tortura adicional; a que se respete el DIH y se haga la debida separación de los presos políticos y los paramilitares; a que se exija la puesta en libertad de los enfermos terminales y personas paralíticas o lisiadas, que por su situación demandan casa por cárcel, medida que les es sistemáticamente negada, cuando sí que se les otorga de manera sistemática esta medida a los pocos miembros de la oligarquía que en rarísimas ocasiones pagan condenas -irrisorias- por conformar paramilitarismo o/y practicar desfalcos billonarios al presupuesto público. Otra de las exigencias urgentes es que cesen los asesinatos, las desapariciones, las agresiones y amenazas contra los familiares y abogados de los presos políticos. Los familiares han sido víctimas de una política del terror de estado que busca castigar a los presos políticos, y sobretodo obligar a los presos políticos a colaborar con la policía y dar falsos testimonios en los montajes judiciales contra los miembros de organizaciones sociales.
Los presos, familiares y defensores de DDHH, también piden a la comunidad nacional e internacional que se exija el des-hacinamiento carcelario y que no sea a través de la lógica represiva de construir más y más cárceles, lo que no soluciona el problema dado el aumento exponencial de encarcelamientos: se trata de cuestionar las políticas penales y la utilización del aparato judicial como un arma de guerra contra la población y sus reivindicaciones. La exigencia de libertad para los presos políticos es un imperativo en el camino hacia una verdadera paz con justicia social y tolerancia política.
NOTAS: * Este texto es a la vez un texto autónomo y la IV Parte del dossier Colombia y sus miles de presos políticos silenciados que abarca el contexto de intereses económicos y la represión política correlativa, los montajes judiciales, las condiciones de tortura a las que son sometidos los presos políticos, la invisibilización del drama y lo que su existencia pone de manifiesto.
Para consultar las demás partes del Dossier, y para ver las notas completas, en caso de no tenerlas aparentes en esta publicación: www.azalearobles.
[1] Alerta humanitaria máxima por hacinamiento: en La Picota hay 9.028 internos, cuando su capacidad es solo para 2.000 internos; en La Modelo hay 6550 presos cuando está prevista solo para 2.700 internos http://www.youtube.
[2] « El Inpec informó que a marzo 2012 hay 105 mil 474 personas en los 144 centros de reclusión. Además hay 22 mil 264 personas en detención domiciliaria, mil 678 internos en cárceles distritales, mil 198 reclusos de los 10 penales de la Fuerza Pública. Hay 130 mil 614 personas privadas de las libertad, según el Inpec. El hacinamiento alcanza el 39.5 por ciento.» http://www.
[3] Intervención del representante a la Cámara Iván Cepeda, en el Foro ‘Colombia Entre Rejas’, celebrado en febrero 2012 http://www.youtube.com/
[4] En marzo 2012 Noticias Uno publicó imágenes exclusivas de la situación dantesca de hacinamiento en las cárceles colombianas: http://www.
[5] 617 presos políticos en huelga de hambre en marzo 2012: http://www.
[6] presos políticos en huelga de hambre fueron castigados por la guardia http://www.rebelion.
[7] «Es de conocimiento público que los prisioneros políticos y de guerra, y en general la población reclusa, que asciende a más de 130.000 personas, vivimos en condiciones infrahumanas y constantemente se nos vulneran los derechos humanos, el debido proceso, el derecho a la salud, la dignidad humana, etc. Como práctica sistemática somos confinados en centros de reclusión alejados de la familia, nos aíslan en patios de castigo, nos condenan a una vida de tortura y en la práctica nos imponen cadenas perpetuas, es el caso del compañero Jorge Augusto BERNAL, miembro de las FARC-EP, hecho prisionero por el Estado hace 17 años, de los cuales 8 ha permanecido en calabozo, 4 de ellos en la Cárcel La Tramacúa de Valledupar, sin agua, a temperaturas superiores a los 40 grados, sin acceso a atención médica(…) Este es uno de muchos casos de prisioneros políticos que han sido condenados a verdaderas cadenas perpetuas con penas de 40, 60 y más años. También se presentan casos de tortura, como el del compañero Diomedes Meneses CARVAJALINO, en silla de ruedas, parapléjico por torturas, y quien aun cumpliendo los requisitos para la libertad condicional, le ha sido ilegalmente negada. (…) Ante el aislamiento y castigo, y luego de procesos de ablandamiento moral, se instiga a desmovilizarnos y a renegar de nuestros principios y de nuestra organización, como ocurre con el compañero Bernardo Mosquera MACHADO, prisionero en un calabozo, con problemas respiratorios y del corazón, de 67 años, y ante sus problemas la única respuesta dada por el INPEC y el gobierno es una visita en la cual delegados gubernamentales lo invitan a desmovilizarse y traicionar su causa, a cambio de algunos beneficios jurídicos (…) Estos entre muchos casos, deben ser investigados por las autoridades responsables de la protección de los derechos humanos y organizaciones de la comunidad nacional e internacional.» http://www.
[8] Cárceles en las que fallecen con escandalosa frecuencia los presos políticos y de guerra. Negación de asistencia médica como tortura. Marzo 2012: Presos Políticos diagnosticados con cáncer continúan sin recibir atención médica: http://www.
Enero 2012 : «Están aumentando los casos de prisioneros políticos asesinados» http://www.
[9] Preso político Oscar Elías Tordecilla, con los brazos amputados, que además devino ciego por negación de la debida asistencia médica, y fue encarcelado en situación limite, situado adrede en una penitenciaría sin presos políticos, con paramilitares, en violación al dictamen de Medicina legal y al DIH. Aunque un juez determinó prisión domiciliaria , el preso político Oscar Elías Tordecilla invidente y con los brazos amputados, sigue encarcelado en situación limite . http://www.rebelion.
[10] Los crímenes de estado contra los familiares son utilizados como medida de tortura y chantaje contra los presos políticos, si los presos no acceden a convertirse en informantes, o para callar las denuncias. Asesinan al hermano del preso político Carlos Iván Peña Orjuela y la policía amenaza a su hijo de 6 años http://www.rebelion.org/
» El agente de la SIJIN Juan Carlos Celis Torres profirió amenazas de montajes judiciales en contra de su familia, y amenazó directamente a su hijo (…) Le dio un plazo para convertirse en otro de los tantos testigos a sueldo que proliferan en el sistema judicial colombiano.» Tras las amenazas: «la desaparición forzada y homicidio del hermano menor del detenido político (…) la captura de María Yolanda Cañón, familiar a cargo de su hijo.» http://www.
La niña Alida Teresa, hija de preso político, violada y asesinada por paramilitares, en impunidad 2012 http://insomne.info/index.php/
En libertad cinco campesinos de Santander y la familiar de Carlos Iván Peña Orjuela, Yolanda Cañón, víctimas de montaje judicial: pasaron 7 meses presos con testigos falsos, unos por su actividad en la organización campesina, y Yolanda Cañón como medida de represalia contra el preso político Peña Orjuela por su negación a fungir como testigo falso en los montajes judiciales de la policía SIJIN. http://www.
[11] El cinismo llegó a tales niveles que voceros del gobierno salieron a negar la existencia de presos políticos http://m.
[12] Miles de hombres y mujeres condenados por el ‘delito de rebelión’: «(…) Existencia del delito político que además está reconocido por la legislación penal colombiana, la Constitución Nacional y los tratados internacionales ratificados por el Estado colombiano. No entendemos cómo los representantes del establecimiento pretenden desconocer la realidad que vive el país y la legislación nacional e internacional que dicen defender.» http://www.
[13] ‘Secuestro Carcelario, montajes judiciales, ‘cibercafés de la selva’ y persecución política allende las fronteras’ http://www.
[14] Gobierno colombiano sigue pisoteando todo humanitarismo: sigue con los bombardeos descomunales que destrozan a los campesinos insurrectos mientras duermen: en el mes de marzo fueron 2 campamentos, uno en Arauca y otro en el Meta. http://www.semana.com/nacion/
[15] «El estado colombiano sigue con la persecución política allende las fronteras contra civiles e insurgentes viejos y enfermos. Se cuentan ya por decenas los perseguidos políticos -entre civiles e insurgentes- entregados por el estado venezolano al estado colombiano, en total violación al DIH y a la propia constitución venezolana, algunos han sido entregados heridos, otros enfermos, violando todos los convenios internacionales (…) Entre los casos más conocidos está el del periodista Joaquín Pérez Becerra, entregado en violación al DIH, privado de todo derecho a defensa; está también el cantor y ex combatiente Julián Conrado que pidió asilo en Venezuela, capturado de civil, se hallaba en Venezuela debido a estar gravemente enfermo, que lleva 11 meses en detención ilegal en Venezuela, y contra el cual el estado colombiano ha violado todos los plazos legales para un pedido de extradición; un caso reciente es el de Alberto Chitiva Asprilla, un anciano con graves problemas físicos que fue detenido en marzo 2012, y que de ser entregado sería también en total violación al DIH, a la Convención de Ginebra, a la Convención contra la Tortura, dado que está enfermo y que los fallecimientos en cárceles colombianas por tortura y negación de asistencia médica son alarmantes.» http://www.
[16 ] Informe sobre la Situación Carcelaria en Colombia presentado ante el Comité de Derechos humanos de la ONU, en el 2010, en el 99° período de sesiones en Ginebra, Suiza, en respuesta en incompleto informe presentado por el Estado colombiano. http://gdip.
[17] Se agrava situación en La Tramacúa, ‘La Jornada’, 17 de mayo de 2011 http://www.
[18] M. A. Beltrán denuncia torturas y tratos degradantes en ERON, Carta abierta de la familia Beltrán: « El frío es atroz, los prisioneros deben bañarse completamente desnudos con agua helada delante de todo el mundo, no pueden permanecer durante el día ni un instante en sus celdas, no reciben luz solar(…)» http://www.rebelion.
[19 ] Denuncian ERON como centro de tortura: 120 presos políticos en desobediencia civil por condiciones de tortura e insalubridad http://www.
[20] Cada mes, 2.862 personas son privadas de la libertad http://www.
[21] «Tan solo en el 2011 ingresaron a los penales colombianos 55.112 reclusos, hubo un aumento del 40% en la población carcelaria.» http://www.
[22] Ricaurte expresó que el estado va a: «Trabajar por un sistema de privatización del sistema penitenciario» http://www.
[23] «El índice de hacinamiento es un factor usado por el Gobierno para justificar la construcción de nuevas prisiones sin resolver de fondo la problemática» http://issuu.com/
«(…) quienes ven los establecimientos de reclusión como un negocio y no se plantean políticas encaminadas a ‘buscar soluciones al hacinamiento por la vía normativa (…) El gobierno estadounidense diseñó el proyecto para la construcción de nuevas cárceles (…) Según la Contraloría, ‘las obras que inicialmente se presupuestaron en $33.740 millones terminaron valiendo $908.156 millones, el costo de la gerencia del proyecto pasó de $2.300 millones a $8.338 millones’ (…) obras sin finalizar (…)por lo que se podríamos hablar de una corrupción deseada por parte de las instituciones con el fin de mantener este proyecto y a la vez, reforzar las condiciones inhumanas de encierro (…)»
[24 ] Informe Situación Carcelaria: http://www.
[25] » Otra estrategia usada contra los prisioneros políticos es juzgarlos por rebelión y agregarles los cargos de terrorismo, narcotráfico y concierto para delinquir con fines terroristas con el claro objetivo de quitarles el estatus político, facilitando incluso la extradición [el Art. 35 de la Constitución impide extraditar personas condenadas por delitos políticos] «. http://issuu.com/
[26] «Según el INPEC, a 31 enero de 2012, la población privada de la libertad ascendía a 102.292, hallándose 21.199 de estas personas: asociadas a los delitos de rebelión (1.933), concierto para delinquir (8.629), terrorismo (679), actos de terrorismo (54), secuestro (2.541), secuestro extorsivo (2.987), extorsión (4.326), financiación a grupos terroristas (18), utilización de medios y métodos de guerra ilícitos (30), traición a la patria (1) y espionaje (1). Teniendo en cuenta que con la desnaturalización del delito político en Colombia es sistemático que las y los prisioneros políticos sean juzgados por los delitos comunes mencionados al tiempo que son asociados con organizaciones rebeldes, conduce a pensar que en Colombia existen entre 9.500 y 21.199 prisioneras y prisioneros políticos.» http://www.
Las partes, ya publicadas de este Dossier a 12 de abril 2012 son:
Parte I : Colombia: miles de presos políticos son el rostro de la empatía acribillada
Parte II : Despojo, empobrecimiento y muerte para beneficio multinacional; la voz disidente es eliminada
Parte III : Secuestro carcelario , montajes judiciales, ‘ cibercafés de la selva’ y persecución política allende las fronteras
Parte IV: M odelo represivo y alerta humanitaria por Hacinamiento carcelario
La V Parte será publicada entre abril y mayo, y tratará el tema de la tortura en las cárceles colombianas
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