La implementación de la modernidad, trae la presencia de empresas multinacionales en el modelo de producción de banano en América Latina, se inicia bajo una colonización económica y territorial bajo las enormes plantaciones de la United Fruit Company en la producción de banano a finales del siglo XIX en América central como: Honduras (1870) Belice […]
La implementación de la modernidad, trae la presencia de empresas multinacionales en el modelo de producción de banano en América Latina, se inicia bajo una colonización económica y territorial bajo las enormes plantaciones de la United Fruit Company en la producción de banano a finales del siglo XIX en América central como: Honduras (1870) Belice (1880) Guatemala (1890), El Salvador (1880), Nicaragua (1880), Costa rica (1870), países del caribe Panamá ( 1887 ), Cuba( 1870-1895 ) y Jamaica( 1830 por franceses), consolidándose el “modelo de modernidad de empresas multinacionales” en la producción del banano.[1]
Colombia, modernidad y muerte ocasionada por la multinacional Chiquita Brands
La modernidad en cuanto a la producción bananera, se inicia con la incorporación de la United Fruit Company. En Colombia hacia el año de 1899, la United Fruit Company fue la primera de las multinacionales modernas con el modelo de producción de banano en América Latina que hace presencia en el Magdalena (zona norte del país)
El Estado moderno y corporativista a principios del siglo XX , efectúa la primera masacre con trabajadores colombianos en el Magdalena por parte de la United Fruit Company en Ciénaga Magdalena en 1928[2] Bajo el amparo de un Estado corporativista incipiente, consolida la intervención extranjera con la presencia territorial de las empresas multinacionales, en primer lugar, asegura la aplicación de un corporativismo de las empresas extranjeras en el territorio nacional con aplicación de diversas temas económicos, en segundo lugar, asegura la explotación sistemática en los territorios de las zonas geográfica de producción de Banano en el Magdalena ( zona geográfica norte de Colombia). [3] Es así, como El Estado Moderno Corporativista, consolida sectores capitalistas externos en Colombia, generando un paradigma de relación binominal entre empresarios y sectores de la oligarquía, como fuerza militar y violenta en la construcción “moderna” de los territorios.
Territorialmente esta modernidad del banano, no llega sola, viene acompañada del “desarrollo del progreso”, a finales del siglo XIX con la construcción del Ferrocarril del Atlántico en la década de 1890, consolidando la industria bananera bajo mecanismos de explotación y muerte en Colombia. En este trayecto la nación planteará grandes interrogantes sobre las formas estructurales de injerencia extranjera y las múltiples violencias acaecidas hacia los siglos XX y XXI.
El Estado Corporativista Paramilitar (ECP) en los 90’s con la Chiquita Brands en Colombia
La empresa multinacional la Chiquita Brand’s es la extensión de la empresa United Fruit Company, prolongación moderna del progreso y muerte en Colombia. Como todo proceso moderno, renovador de explotación, la multinacional Chiquita Brand’s, pasa por diversas filiales; después de casi 80 años de presencia de la multinacional en territorio colombiano, donde se hace recurrente una violación de los derechos humanos de una población campesina. En Colombia, se configura un escenario geográfico de consolidación en la instalación de las multinacionales que data de finales del siglo XIX, hacia la explotación económica y la pérdida de la soberanía en Colombia. En el siglo XX se recurre a un estado corporativista paramilitar, para afianzar la explotación económica y su protección a empresa extranjeras productora de banano como la Chiquita Brand’s.
En el año 1990 la multinacional United Brands Company, es rebautizada con el nombre Chiquita Brands su filial es BANANEX,[4] la cual es denunciada por participar en el tráfico de armas, financiamiento y causar muerte y desplazamiento a trabajadores/campesinos en contubernio con grupos paramilitares, colocando por parte de las víctimas diversas denuncias sin grandes impactos y dejando una estela de impunidad durante mucho tiempo.
En el modelo paramilitar por parte del Estado colombiano, hacia los años 90’s tiene como piloto a la familia a Castaño su presencia en la región del Urabá, luego coincide en 1995 con Rito Alejo quien era comandante dando extensión a este modelo de terror en Mapiripan. El financiamiento por parte de la multinacional Chiquita Brand´s, gestionó la violencia masiva en Colombia contra miles de campesinos. El ex -presidente Álvaro Uribe Vez quien le dio vida a las CONVIVIR (organismo de seguridad legamente constituidas), creadas para el sector rural en Urabá estaban protegidas por un decreto nacional, desde allí se concretan los grupos autodefensas (AUC) para servicio de empresarios nacionales y extranjeros perpetrando asesinatos, desplazamientos y masacres. Según un informe de la Comisión de la Verdad, “el papel de las Convivir fue central en la consolidación de las relaciones entre empresarios bananeros y grupos paramilitares, tanto en Urabá como en el sur de Córdoba. Este entramado no se limitó a la acción contrainsurgente, sino que, entre otras cosas, implicó violencia contra trabajadores de esa industria”.[5] La modernidad en su expansión, en una instalación de guerra. El producto del banano degustado en Miami, en Europa estaba producido con la sangre de los campesinos en Colombia, el “progreso al servicio de empresarios” originaba una violación sistemática y masiva de campesinos, silenciando 54 mil víctimas reconocidas por la Justicia Especial para la Paz (JEP) en 11 municipios de la zona del Urabá Antioqueño, donde la presencia paramilitar se consolida y la multinacional financia la entrega de armas a esas zonas. Todo bajo la complacencia de un Estado Corporativista Paramilitar (EPC).
Hacia el año 2007, se presenta una demanda en Estados Unidos contra Chiquita Brand’s por parte de familiares víctimas, acusando a la compañía de financiar y armar a los grupos de paramilitares de Auto defensas Unidas de Colombia (AUC), grupos de extrema derecha creados en Colombia en el año de 1999. En la investigación de los hechos la multinacional Chiquita Brand´s mediante su filial BANANEX, facilita armas y pagos a paramilitares mediante una expansión territorial, bajo tráfico de armas, soborno y financiación en sitios geográficos como puertos, extendiendo el terror hacia una violación masiva en Urabá y en 7 departamentos , en la zona Caribe y en el departamento del Meta para el financiamiento de grupos armados durante el periodo presidencial Álvaro Uribe Vélez Esta demanda se identifica, por los procedimientos jurídicos extremadamente lentos, ante la demanda de los familiares directos asesinados, como los desplazamientos ocasionados por parte la multinacional Chiquita Brand’s
¿La sentencia para la empresa Chiquita Brand´s, pero sin efecto para las víctimas?
1. Las investigaciones por violación de derechos humanos por parte de la multinacional Chiquita Brands de Estados Unidos, se han hecho durante más de 20 años, donde la justicia en Colombia ha tenido una actitud sumisa.
2. En el año 2007 la empresa Chiquita Brands, acepta en Estados Unidos haber realizado el pago a la Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) de 1.7 millones de dólares. Esto no se reconoce por negligencia en el sistema judicial colombiano, es decir por parte de la fiscalía en Colombia
2. Hay otro proceso que está en etapa de investigación en la fiscalía en Colombia, lleva 18 años en Colombia que compromete a Chiquita Brand’s, pues hay confesión sobre su responsabilidad.
3. Actualmente, hay 6.000 víctimas que reclaman en Estados Unidos contra Chiquita Brands
En el fallo emitido en 2025, en respuesta a la demanda interpuesta por nueve familias, se dictó orden de captura contra siete (7) directivos de la empresa Chiquita Brands. La decisión judicial se produce a tan solo dos meses de que prescriba el proceso. Tras 20 años de investigaciones jurídicas, económicas y políticas sobre los responsables directos de la multinacional Chiquita Brands, las víctimas continúan cargando con el peso del tiempo y del dolor, esperando que los crímenes perpetrados contra sus familiares no queden en la impunidad. Este fallo representa un paso hacia una justicia eficaz y oportuna, que llegue en esta generación, y no como un acto simbólico para las siguientes. En Estados Unidos ya fue aprobado un fallo en el que la multinacional reconoce su responsabilidad, y ahora, en Colombia, se dicta una sentencia que ordena la captura de siete (7) directivos. Esta orden queda en firme mientras no se interponga apelación por parte de la defensa de Chiquita Brands, quienes tienen un plazo de tres días para hacerlo.
De no presentarse dicha apelación, el juicio seguirá su curso. Para las familias, este momento representa más que una acción legal: es una luz al final del túnel, una esperanza renovada, un nuevo amanecer en la lucha contra la impunidad y el reconocimiento de la reparación. Una lucha que no debería quedar relegada a una tercera generación, sino resuelta con justicia, reparación aquí y ahora.
El fallo emitido en 2025 es el resultado de un proceso judicial lento que tomó más de 20 años de investigaciones jurídicas, económicas y políticas. Esta decisión representa una respuesta tardía a las denuncias de las víctimas, pero también una evidencia del peso que finalmente ha tenido su lucha incansable.
En Estados Unidos, se impuso a la multinacional Chiquita Brands una multa de 25 millones de dólares, mientras que, en Colombia, la justicia determinó que los siete (7) empresarios implicados deberán pagar una sanción de 14 mil millones de pesos. Sin embargo, en ambos casos, los montos no están destinados a la reparación directa de las víctimas. En Estados Unidos, el dinero será transferido al Tesoro nacional, y en Colombia, los recursos se destinarán al fortalecimiento y funcionamiento de la rama judicial.
Así, las víctimas —quienes han esperado por décadas un acto de justicia— quedan por fuera del sistema de reparación. Las decisiones judiciales, aunque contundentes en lo punitivo, continúan dejando un vacío en lo humano. No hay compensación económica ni simbólica que alivie las pérdidas, y lo que se exige ahora es que se priorice una verdadera reparación integral y que el reconocimiento judicial no sea solo una sanción económica sin rostro, sino un acto de justicia real en términos de reparación para las víctimas.
Es imperativo que la Rama Judicial reconozca plenamente los derechos de las víctimas, incluyendo el derecho fundamental a la reparación integral. No basta con la imposición de sanciones económicas a los responsables; se requiere que esas decisiones se traduzcan en mecanismos efectivos de justicia restaurativa que beneficien directamente a quienes han sufrido los daños.
En este sentido, es urgente que se contemple la reparación directa a las víctimas como parte central del fallo. De no darse este reconocimiento en el marco judicial, debe establecerse una ruta alternativa de intervención que permita gestionar acuerdos vinculantes entre la multinacional Chiquita Brands y las víctimas, garantizando el pago de compensaciones económicas que representen una forma de indemnización real. Cualquier decisión judicial que excluya a las víctimas de los beneficios materiales de la sentencia corre el riesgo de convertirse en una victoria simbólica, vacía de justicia. La reparación no puede quedar relegada a un plano secundario; debe ser el eje que oriente las acciones del sistema judicial y de cualquier negociación que surja de este proceso.
Lo verdaderamente histórico en este fallo de 2025 es que, por primera vez en décadas, se emite una sentencia de esta magnitud contra una multinacional, más de 30 años después de los hechos. La decisión judicial contra Chiquita Brands marca un hito jurídico en la lucha contra la impunidad empresarial. Sin embargo, este avance, aunque significativo, resulta lento y limitado en su alcance.
La responsabilidad penal y económica es solo una parte del proceso. Lo más importante —y aún ausente— es el verdadero reconocimiento de la justicia en clave de reparación. Las víctimas han recorrido un largo camino de dolor, marcadas por el despojo de sus tierras, el desplazamiento forzado, la ruptura de sus hogares y la violencia masiva que desarticuló sus vidas y comunidades.
Mientras exista resistencia, estos hechos no quedarán sepultados por la historia ni naturalizados como parte del «arco del tiempo moderno». El presente no puede seguir mirándose como un simple calidoscopio de eventos dispersos, sino como un prisma que proyecta con nitidez la resistencia de los pueblos frente a la imposición violenta de formas de vida.
las victimas apalabrarán la injusticia para la nueva opuesta al sol: la reparación como reconocimiento de sus derechos, sino existe ello, no hay justicia. Ante ello, algunas palabras del gran geógrafo anarquista Elisée Reclus:
“Hay que estar cerca de la naturaleza para no sentirse ansioso cuando se está cautivo en la niebla; el objeto más pequeño adquiere proporciones inmensas, infinitas”. (Historie d’une Montagne)
Hasta el retorno.
[1] La United Ftuit Company se incorporó oficialmente el 30 de marzo de 1899 bajo estatutos aprobados y reglamentados por las leyes del Estado de Nueva Jersey.
[2] Se efectúa en 1933 la Masacre de las bananeras en Colombia ver el texto “100 años de soledad de Gabriel García Márquez,” y el análisis del historiador Renán Vega Cantor (Vega, Renán , 2018)
[3] https://omal.info/IMG/pdf/documento_chiquita.pdf
[4] La evolución del nombre de la multinacional bananera en: 1899-1970: United Fruit Company, 1970-1990: United Brands Company. 1990-Actualidad: Chiquita Brands International.
[5] Ver sobre este punto Informe de la Comisión de la Verdad sobre Las ACCU y la industria bananera.
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