Mónica es una mujer separada de 70 años que padece de Alzheimer y sobrevive con una pensión no contributiva de 365 euros. Desde 1974 vive en un piso alquilado en el Paseo de la Castellana, habiendo pagado todos y cada uno de los recibos hasta el día de hoy. ¿Cómo puede ser que una mujer […]
Mónica es una mujer separada de 70 años que padece de Alzheimer y sobrevive con una pensión no contributiva de 365 euros. Desde 1974 vive en un piso alquilado en el Paseo de la Castellana, habiendo pagado todos y cada uno de los recibos hasta el día de hoy. ¿Cómo puede ser que una mujer enferma sea desahuciada después de cuarenta años sin deber un solo euro?
Esta aberración es posible gracias a la actual ley de alquileres (LAU), que permite dar por terminado el contrato si un familiar del propietario necesita hacer uso de la vivienda. Tras años de presión y acoso inmobiliario para forzar a Mónica a abandonar su hogar, el dueño alegó que su hija necesitaba la casa para cursar sus estudios en Madrid, a pesar de que ésta vive en la ciudad desde hace 4 años. En este caso resulta evidente que la necesidad de Mónica es mayor, pues se trata de una enferma de Alzheimer con un grave deterioro cognitivo que solo ingresa 365 euros al mes. Para ella, permanecer en el piso en el que ha vivido durante los últimos 40 años es una cuestión de vida o muerte. Si Mónica es desahuciada no sólo perderá un inmueble, sino también su hogar, sus recuerdos y sus vínculos en el barrio. Desde un punto de vista médico está comprobado que el desarraigo de una persona con Alzheimer, la pérdida de su entorno y los cambios bruscos en su rutina, provocan un agravamiento de la enfermedad.
Mónica no pudo contar con una defensa justa, pues su abogada no presentó al juzgado los documentos y pruebas para demostrar que su necesidad era mayor que la de la hija del propietario. Ni siquiera se le comunicó la situación del proceso y no tuvo conocimiento de nada hasta que recibió la orden de desahucio. Desde entonces su hijo Cristian, que lleva varios meses sin cobrar y está envuelto en un ERE, comenzó a luchar junto a la Asamblea de Tetuán para oponerse a un desahucio injusto. Gracias a estos esfuerzos se logró aplazar el primer lanzamiento previsto para el 15 de febrero, pero el rodillo de la justicia fijó una nueva fecha para el 5 de abril.
La situación que atraviesa Mónica es el resultado de una ley injusta, pues la jueza ha decretado la necesidad de la hija del dueño sin pedirle ningún documento que acredite su situación económica, conformándose con las calificaciones de la universidad, el certificado de empadronamiento y el testimonio de la arrendadora del piso en el que vive. Sin embargo, esta situación se agravará en los próximos meses. El proyecto de reforma de la ley de alquileres que se tramita actualmente en el Senado, establece que si el propietario necesita la casa para sí o para sus familiares próximos, el inquilino deberá abandonarla en 2 meses aunque cumpla el contrato y tenga los pagos al corriente. En caso de que la vivienda no sea ocupada y todo sea una maniobra para vaciar el inmueble, es el arrendador quien debe demostrarlo, algo que en la práctica resulta prácticamente imposible. (descarga aquí el proyecto de ley e infórmate aquí sobre sus consecuencias). El piso de Mónica presenta oportunidades inmejorables para la especulación, pues está en una de las zonas más caras de Madrid, junto al Santiago Bernabéu. Evidentemente, los beneficios que proporciona un contrato de renta antigua no son comparables con lo que podrían obtenerse de una venta o un alquiler libre. Si hoy en día las inquilinas se encuentran en una situación de indefensión jurídica, con la reforma de la ley de alquileres los especuladores tendrán barra libre para expulsarlas en cualquier momento. Este es el futuro del alquiler en nuestro país; futuro que Mónica sentirá en sus carnes el próximo 5 de abril si no lo evitamos.
Porque el derecho a la vivienda no acaba en las hipotecas
¡Detengamos esta injusticia! ¡Mónica se queda!
Viernes 5 de abril a las 10h en Pº de la Castellana, 144.