El pasado 11 de junio -siguiendo una larga tradición de lucha que entronca con las tomas de terrenos y la autogestión del hábitat urbano durante el gobierno de la Unidad Popular- la Federación Nacional de Pobladores (FENAPO) decidió instalar un campamento en las riberas del Mapocho. Uno de los múltiples efectos que tuvo la dictadura […]
El pasado 11 de junio -siguiendo una larga tradición de lucha que entronca con las tomas de terrenos y la autogestión del hábitat urbano durante el gobierno de la Unidad Popular- la Federación Nacional de Pobladores (FENAPO) decidió instalar un campamento en las riberas del Mapocho. Uno de los múltiples efectos que tuvo la dictadura pinochetista fue el desplazamiento de amplios sectores populares a las periferias de la ciudad, condenados a vivir, en el mejor de los casos, hacinados en viviendas de cuarenta metros cuadrados en complejos habitacionales sin infraestructuras ni servicios adecuados. Los sucesivos gobiernos de la Concertación- Alianza-Nueva Mayoría, so sólo no solucionaron el problema habitacional en Santiago y en el país, sino que, en consonancia con las políticas neoliberales instaladas por la dictadura y los «chicago boys», mercantilizaron el suelo edificable y financializaron el acceso a la vivienda. Estos gobiernos interpusieron entre el Estado y los pobladores a empresas de construcción y bancos perpetuando de este modo un ciclo perverso de lucro y pobreza que no sólo no se puede solucionar dentro de este marco económico neoliberal, sino que, de hecho, sólo puede empeorar y condenar a un mayor número de personas al endeudamiento, el hacinamiento y la marginación.
En la mayoría de los sectores populares de Santiago sigue habiendo muchas personas que viven como «allegados» en casas de familiares, parientes o amigos en condiciones de hacinamiento material y emocional que no permiten un desarrollo integral y digno de la vida. El problema es que la situación de estas familias es mayormente invisible tanto para los «sectores altos» de la ciudad que viven de espaldas a la dura realidad de los sectores populares, como para los turistas que pasean por Providencia, Santiago Centro o Bellavista sobre un decorado de modernidad y bienestar que no es más que una fachada de cartón piedra y luces diseñada para tapar la miseria y el sufrimiento de la mayoría del pueblo chileno.
Por eso, para hacer visible lo invisible, para que los sectores acomodados y el gobierno no pudieran mirar para otro lado, la FENAPO instaló un campamento en el río Mapocho, bajo el popular puente Pío Nono que conecta el centro de la ciudad con el tradicionalmente bohemio barrio de Bellavista. Rafael Soto, uno de los líderes del movimiento, me contaba que querían ejemplificar para la sociedad santiaguina, el grado cero de la desposesión: venirse a vivir debajo del puente, porque menos que eso ya no hay nada. Y allí en el río durante 74 días construyeron una mediagua (una vivienda de madera de las que se añaden a las casas populares para alojar a familiares o amigos que no tienen donde vivir), montaron un comedor popular y construyeron un nudo de comunicación social, cultural y político para que no se olvidara la situación de miles de familias en Santiago que llevan años esperando a poder tener una vivienda y una vida dignas.
En varias ocasiones he tenido el privilegio de poder hablar con alguna de las pobladoras (se trata de un movimiento con un liderazgo mayoritariamente femenino) que están en esta situación al calor de una hoguera compartiendo unos porotos con rienda o unas ricas lentejas con zapallo. Para la mayoría de estas luchadoras el subsidio de vivienda es una dolorosa ficción, una promesa permanentemente incumplida por el Estado, independientemente del color ideológico de los gobernantes de turno. Tati Tinerfeño, por ejemplo, una pobladora de Pedro Aguirre Cerda, vive con sus dos hijos en una casa de 50 metros cuadrados que ocupan otras 11 personas y lleva más de cinco años esperando a que se ejecute su subsidio de vivienda. Cuando una de las estudiantes de la universidad de California para la que trabajo le preguntó por qué la vivienda era un derecho, Tati se quedó callada un segundo, miró al cielo y dijo, «Si los pájaros y las aves tienen nido, por qué nosotros no vamos a tener derecho a una vivienda digna» -así de simple, así de profundo. Rafael Soto añade también que la concepción del suelo occidental como mercancía nada tiene que ver con la tierra ( «Ñuke Mapu») del pueblo mapuche, que a diferencia de la «pachamama» andina, no es considerada una deidad, pero expresa una relación espiritual y holística con hombres y mujeres mapuches. En este sentido, podría decirse que la noción misma de subjetividad y persona, tal y como la entiende el mundo occidental, queda inherentemente ligada al derecho de habitar la tierra en consonancia y diálogo con los «Ngen» o espíritus de la naturaleza: una persona sin una casa y su entorno no es persona.
¿Qué demanda la FENAPO? Cosas muy concretas como que se ejecuten los subsidios de vivienda social que hayan sido otorgados para que personas como Tati puedan dejar de vivir en condiciones de hacinamiento. El Estado no atiende a estos requerimientos, porque toda la institucionalidad de la dictadura ha transformado la materialidad de la vida en una mercancía, incluida la tierra y muy pronto también el aire.
Una de las mañanas que bajé al río Mapocho pude acompañar a los pobladores del Comité de allegados Don Bosco de la Florida al Serviu (Ministerio de Vivienda). Nos atendió uno de los subsecretarios del Ministerio que con muy buenas maneras nos explicó que el Estado no puede ejecutar los subsidios de vivienda, entre otras cosas, porque compite en igualdad de condiciones por la compra de suelo con las inmobiliarias privadas. De nada sirvieron las conmovedoras palabras de algunas pobladoras que llevan años esperando su casa: el Estado está de rodillas frente al mercado.
En este sentido, la FENAPO propone una mesa de diálogo social en la que dirimir estos asuntos para facilitar y potenciar la autogestión del hábitat urbano: eliminar la intermediación y el lucro de bancos e inmobiliarias con el objeto de recuperar una relación con el Estado que les permita ser productores de sus casas, sus escuelas y sus comunas como empezaba suceder durante el gobierno de Salvador Allende. El objetivo es desmercantilizar la tierra y reconstruir la relación con la «Ñuke Mapu» en pos no sólo de un techo como predica una conocida ONG, sino de una vida digna y sustentanble. Que esto no son cuentos de hadas ni utopías inalcanzables lo prueba, entre otras cosas, el MPL (Movimiento de Pobladores en Lucha) de Peñalolén que ya cuenta con escuelas, huertos y complejos habitacionales autogestionados.
Sin embargo, durante los 74 días que estuvo el campamento en el río Mapocho la FENAPO no obtuvo ninguna respuesta concreta por parte del gobierno a estos requerimientos. El martes 19 de agosto celebraron un festival cultural que contó con la participación de la rapera Anita Tijoux, Subverso y otros artistas que actuaron encima de una mediagua para más de 4,000 personas que se dieron cita en las orillas del río y el puente para apoyar las demandas del movimiento de pobladores. El encuentro fue recibido con un apagón mediático y con el silencio del gobierno. Ante esta situación y después de haber resistido dos meses largos, en pleno invierno, contra viento y marea, la FENAPO decidió buscar soluciones por su cuenta y ocupar un inmueble vacío en la calle Monjitas 530, en pleno corazón del barrio de Lastarria. Lastarria es conocido como el barrio por excelencia de la cultura y las letras, pues está delimitado por el Centro Cultural Gabriela Mistral y el museo de Bellas Artes, contando entre medias con un sin fin de cafés, librerias y galerias de arte.
Este contexto es fundamental para poder entender la injusticia que supone el intento de desalojo de los pobladores de la casa de Monjitas 530. El primer día que entré en el edificio me encontré con Tati limpiando el improvisado salón que habían organizado en el primer piso: por fin algunas de las muchas familias tenían un espacio amplio para vivir y en el centro de la ciudad. Otra de las mañanas me encontré con Talo, un joven poblador y artista, que vive con su hija en la casa de Monjitas. La niña dormitaba en uno de los sofás del salón donde se reúnen los miembros de la FENAPO, mientras su padre terminaba de leerle un cuento para que despertara. Otros jóvenes mientras tanto preparaban un té y se disponian a aprestarse para ir a la universidad. Familias humildes y dignas tratando de salir adelante y de combatir ese absurdo neoliberal que permite que haya gente sin casas cuando hay casas sin gente.
Al pasar de los días, los pobladores supieron que el edificio era propiedad de unos españoles que también son dueños de varios inmuebles en el barrio, entre otros, el Hotel Ciudad de Vitoria y el restaurante El Txoko alavés. Ambos negocios parecen ser propiedad de los Hermanos Bengoa -María Jesús, Eduardo y Nieves–. No es claro, porque los hermanos Bengoa no han accedido a hablar con nosotros, cuál es la estructura empresarial de estos negocios, pero con la información disponible en el internet hemos podido saber que los hermanos Bengoa son titulares de una empresa radicada en Vitoria –Hotelera Chile Bi S. L. [1]– y de otra sociedad — Hotelera Celedon Limitada– que tributa en Chile desde 1997 [2]. No se ha podido encontrar otra información, no sabemos que otros inmuebles poseen en le barrio Lastarria ni qué monto de sus plusvalías repatrían o reinvierten en España y en Chile.
Lo que sí sabemos es que desde que la FENAPO se mudó a la casa de Monjitas 530 se han comportado como «colonos» que no se someten a ninguna otra ley que no sea su derecho a ocupar el territorio y desplazar a la población «nativa» por la fuerza en una especie de revival siniestro de la época colonial. Hasta ahora, según los testimonios de los pobladores que viven en el inmueble, ni siquiera han sido capaces de mostrar un título de propiedad ni de hacer uso de la ley para ejercer su supuesto derecho a desalojar el predio. Incluso asumiendo el sacrosanto derecho a la defensa de la propiedad privada existen garantías procesales en cualquier Estado de Derecho que deben de ser respetada. En lugar de respetar estas garantías procesales, la señora María Jesús Bengoa se presentó en la madrugada del pasado lunes 29 de septiembre, acompañada de cuatro matones y una barra de hierro para desalojar a los pobladores de la casa (el video es espeluznante) [3]. Esta «Inés de Suárez postmoderna» como la denominaría más tarde Lautaro Guanca, otro de los líderes de la FENAPO, en clara alusión a la concubina de Pedro de Valdivia a la que no le dolían prendas en cortar cabezas mapuches para defender Santiago, parece no reconocer ninguna de las leyes chilenas, no creer más que en la ley de la fuerza, en el derecho consuetudinario del colonizador a ocupar el territorio del colonizado y despojarle de sus recursos por la fuerza.
Las autoridades republicanas de Chile deberían, aunque sólo fuera por dignidad criolla, abrir una investigación y establecer responsabilidades penales, si las hubiera, por el comportamiento de la Señora Bengoa, porque ésta vulnera claramente la legislación nacional, pero para eso el Estado chileno debería dejar de estar de rodillas, recuperar su soberanía, defender los intereses públicos y dejar de representar los intereses privados de las empresas privadas. En este caso el «derecho a la ciudad» de los pobladores chilenos choca con los intereses comerciales de una empresa española coludida con las autoridades chilenas para seguir desplazando a los sectores populares hacia la periferia, hacinándolos y apartándolos de la vista de los turistas y las clases medias acomodadas que toman café o van a un museo en el Barrio de Lastarria. En este sentido, el conflicto entre los pobladores de la FENAPO y la Sociedad Hotelera Celedón es una visión a escala menor pero más visible -una alegoría– de los modos en los que opera el saqueo neocolonial español en Chile y en América Latina. Los beneficios multimillonarios de las empresas españolas en la región se asientan sobre la base de la explotación, el despojo y la opresión de las grandes mayorías latinoamericanas; en el caso de los bancos, las petroleras o las empresas de comunicación estas cadenas pueden ser más difíciles de detectar, pero están ahí. Sorprende y sonroja que más de 500 años después de la conquista estos hoteleros españoles sigan comportándose como dueños y señores de una tierra que no les pertenece ni de hecho ni por derecho.
En los albores de la II guerra mundial el filósofo alemán Walter Benjamin escribió en relación a la cultura y los imperios europeos que «todo documento de la civilización es, a la misma vez, un documento de la barbarie». Estos días en la calle Monjitas 530 frente a la civilización de los cafés literarios, el refinamiento culinario de la comida española o las obras de artes de los museos también se puede contemplar la barbarie que supone condenar a miles de familias al hacinamiento, sin una vivienda digna, cuando sigue habiendo cientos de inmuebles vacíos en Santiago. El conflicto aquí es entre dos derechos: el derecho a la especulación inmobiliaria y el lucro de una empresa extranjera y el derecho de los pobladores a ocupar el edificio y transformarlo en vivienda digna, una escuela popular y un centro cultural para los nadie y los nunca. Lo que está en juego en la inversión de esta dialéctica de la dominación es nada menos que un peldaño en pos de la descolonización del Estado y la sociedad chilenas. Como nos enseñó Roberto Fernández Retamar en la estela de la Revolución Cubana, Calibán siempre puede romper las cadenas que le unen a Próspero para liberarse del yugo de la dominanción y la dependencia coloniales. Fue posible entonces y es posible ahora.
[1] http://www.elrestoran.es/empresa-hotelera-chile-bi-en-vitoria-gasteiz-6751
[2] https://zeus.sii.cl/cvc_cgi/stc/getstc?RUT=77044570&DV=1&PRG=STC&ACEPTAR=Efectuar%20Consulta
[3] https://www.youtube.com/watch?v=ehA4JPIq-ws
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