La penetración paramilitar, el arrebato ilegal y la legitimación de los nuevos dueños son los pasos de la cadena de despojo de las tierras en los Montes de María.
A juzgar por la reacción del ex mandatario en su acostumbrada tribuna virtual, en la que califica como «vocero nostálgico de la narcofarc» al parlamentario Iván Cepeda, por las denuncias de los métodos de despojo de las tierras en los Montes de María, que terminaron en manos de 25 empresarios antioqueños amigos de él, se puede pensar entonces que se está ante un concierto para delinquir orquestado desde la «Casa de Nari». No obstante, tales afirmaciones no se podrían lanzar sin un peso probatorio importante como fue el expuesto por los representantes a la Cámara del Polo Democrático, Wilson Arias e Iván Cepeda, quienes desnudaron la estrategia de la toma de tierras en tres pasos: de una parte, la estrategia de terror paramilitar que dejó 49 masacres desde 1995 hasta el años 2005; la captura de la política por la clase mafiosa como sucedió en el caso del ex gobernador Salvador Arana o el propio ex congresista Álvaro García Romero, y por último, la compra masiva, ilegítima e ilegal de las tierras en los Montes de María por «los amigos de Uribe», afirmación sostenida por Salvatore Mancuso, jefe paramilitar.
Refundar los Montes
Según el Representante Cepeda, fue Esteban Echavarría, un prestante hombre de negocios del departamento de Antioquia y ex gerente de la campaña de Álvaro Uribe a la gobernación de Antioquia, quien le explicó la razón por la cual los empresarios de ese departamento resultaron dueños de un alto porcentaje de la tierra de la Serranía de San Jacinto. «La seguridad democrática había logrado la paz en los Montes de María, pero lamentablemente esas tierras estaban y seguían vacías», habría manifestado Uribe en una reunión sostenida en diciembre de 2007 entre este y los empresarios de Antioquia, motivo suficiente para que se enfilaran baterías a su compra. Esos mismos empresarios, que son autores de la carta de respaldo a su gobierno que circula en sectores políticos del país y que ha causado molestia en el Gobierno Santos.
Trámite ilegal
Luego que se definiera la tarea de refundar los Montes de María por el conglomerado antioqueño, llegaba lo que Cepeda denomina la segunda fase del concierto para delinquir. En esta etapa, la participación del ex ministro de agricultura Andrés Fernández, es importante por ser quien le insinúa a los pocos colonos de María la Baja, Bolívar, vender tierras a impolutos empresarios antioqueños. Sin embargo, hacer efectiva dicha venta no era tan fácil, pues existían 3.128 matrículas inmobiliarias bajo medidas de protección que impiden la comercialización de las propiedades, producto de los casi 68 mil desplazados y de los hechos graves de violencia en la zona. En un video presentado en la plenaria del recinto y que ya se encuentra en poder de la Fiscalía General de la Nación, se ve al ex ministro incitando al destituido ex gerente del Incoder, Rodolfo Campo Soto, a emprender la tarea de facilitar la comercialización de esas tierras levantando las medidas de protección.
Engaños por doquier
Entre las modalidades de apropiación ilegal denunciada por Cepeda, está el despojo material o de hecho de adjudicatarios de Incoder o la compra de tierra a través de testaferros, que con la información de las deudas de los campesinos a esta institución y adjudicaciones falsas, lograban comprar bajo presión a sus dueños, hectáreas a un valor de 100 mil pesos. Es el caso del señor representante legal de La Agropecuaria El Central, Otto Nicolás Bula Bula, cercano amigo del ex mandatario y quien fue el segundo en la lista de su primo el Senador Mario Uribe, en elecciones de 1998.
De hecho, existen ya investigaciones sobre la procedencia del capital económico del empresario paisa que puede llegar a ser el de mayor crecimiento en la última década de todo el departamento de Córdoba. Sin embargo, y no menos grave resultan las otras formas fraudulentas de apropiación de la tierra de los Montes de María, como «la sustracción de resoluciones de adjudicación de las Unidades Agrícolas Familiares, UAF, del Incoder, que presuntamente sustrajo el empresario Álvaro Ignacio Echeverría -representante de Tierras de Promisión S.A- para comprar, aprovechando que los campesinos no tenían copia de las resoluciones o no las habían registrado en la oficina de instrumentos públicos. Presionó a los campesinos con los documentos y dinero en mano para que vendieran», explicó el representante Cepeda.
Fase final del despojo
El tercer paso de la empresa criminal de despojo está relacionado con la creación de fiducias, que son empresas encargadas en administrar negocios y construir patrimonios autónomos, lo que significaría que tales bienes estarían bajo protección comercial y se haría imposible conocer su origen y manera de adquisición. Aunque ahí no para la tercera fase, pues Cepeda explicó que gracias a la creación de tales fondos de propiedad el Gobierno Uribe desarrolló programas de reforestación asimilables al Agro Ingreso Seguro, AIS, que fueron la herramienta legal que tuvieron los empresarios antioqueños para que el Fondo de Financiamiento del Sector Agrario, Finagro, girara sumas cuantiosas de dinero y poner en marcha los proyectos productivos planificados.
Los nuevos AIS
«Señor Ministro, mientras para los campesinos despojados no hay beneficios, no hay incentivos, para quienes se beneficiaron del despojo sí hay cuantiosas posibilidades», sentenciaba Cepeda, mientras el ministro de Agricultura, Juan Camilo Restrepo, tomaba nota de la lista de beneficios adquiridos por los 25 empresarios antioqueños entre los que se encuentran la estabilidad jurídica en la contratación con el fin de garantizar las inversiones nacionales y extranjeras, zonas francas uniempresarial de bienes con exención de impuestos de importación o exportación de insumos agroindustriales que les representa una ventaja comercial sobre cualquier otro negocio en la zona.
La parapolítica en los Montes
Las denuncias van más allá de la apropiación de la tierra y se ubican en el poder político de las zonas de influencia del paramilitarismo con las «Bacrim» y de los gamonales políticos que se encuentran en el pabellón de la parapolítica en la cárcel La Picota. «Nunca ha dejado de existir la presión de los grupos armados en esas zonas» indica un reciente estudio de seguridad electoral que confirmaría lo expuesto en el debate y la conclusión a la que llegó Cepeda. Las elecciones que se aproximan están influenciadas por los parapolíticos con el fin de elegir concejales, alcaldes y gobernadores y coincide la amenaza con los territorios arrebatados en los Montes de María.
Fuente: http://www.pacocol.org/index.php?option=com_content&task=view&id=10409