En Bogotá, los grupos de ultraderecha se han conjurado para impedir que la administración del Alcalde Gustavo Petro avance con su plan progresista que tiene como objetivo principal atender los problemas más graves de los sectores que están sumidos en la pobreza y la segregación social. Poderosos intereses políticos, empresariales, clientelares, corporativos y mafiosos han […]
En Bogotá, los grupos de ultraderecha se han conjurado para impedir que la administración del Alcalde Gustavo Petro avance con su plan progresista que tiene como objetivo principal atender los problemas más graves de los sectores que están sumidos en la pobreza y la segregación social.
Poderosos intereses políticos, empresariales, clientelares, corporativos y mafiosos han sido activados en los últimos 13 meses para obstaculizar cualquier ejecución gubernamental en los diversos campos de la actividad pública estatal.
Un día es la mano oscura de los carteles de la contratación expresada en la voz de sus fichas infiltradas en el Concejo Distrital que recurren a tesis y planteamientos absurdos para descalificar al Alcalde con señalamientos macartistas e infamantes sobre su vida política.
Otro es una extraña movida desde los niveles superiores del Estado con nombramientos para insinuar controles e inspecciones que pongan a raya un supuesto plan socialista que afecta los parámetros de la democracia neoliberal de baja intensidad.
La prensa hegemónica orquesta de manera cotidiana una matriz que distorsiona,envenena y confunde amplios grupos ciudadanos, generando desconfianza y reticencia para empujar la deslegitimación de las autoridades distritales y del Jefe de la administración central.
Los últimos 30 días el tema ha sido el nuevo modelo de aseo organizado para proteger el ambiente y los derechos sociales de miles de recicladores sumidos en la miseria.
Ahora, de manera concertada, se posicionan mecanismos penales y disciplinarios para asfixiar y destruir el liderazgo de Gustavo Petro.
No hay que llamarse a engaños. Nada de lo que ocurre es casual ni refleja las formalidades institucionales que se invocan por los altos jefes judiciales y administrativos. Lo que está ocurriendo es un «golpe de Estado» localizado en los ámbitos de la jurisdicción distrital.
Las fuerzas populares y progresistas de la capital no podemos hundirnos en la perplejidad y el escepticismo. Hay que organizar y promover la movilización ciudadana en defensa de los intereses públicos y comunales.
Hace bien el Alcalde en convocar la movilización del pueblo por la paz y la democracia del siglo XXI.
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