La sociedad civil colombiana comienza a reaccionar a la decisión del presidente Álvaro Uribe de emprender un rescate violento de rehenes en manos de las FARC y abandonar contactos con esa guerrilla izquierdista para un canje por insurgentes presos. El Senado aprobó el martes por la noche una resolución exigiendo al Poder Ejecutivo que restableciera […]
La sociedad civil colombiana comienza a reaccionar a la decisión del presidente Álvaro Uribe de emprender un rescate violento de rehenes en manos de las FARC y abandonar contactos con esa guerrilla izquierdista para un canje por insurgentes presos.
El Senado aprobó el martes por la noche una resolución exigiendo al Poder Ejecutivo que restableciera los contactos con las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia) con miras al canje y que desistiera del rescate militar de 33 oficiales y suboficiales del ejército y la policía, tres agentes estadounidenses y 26 políticos de los cuales la más prominente es la ex candidata presidencial y ex senadora Ingrid Betancourt.
La moción, sin efectos institucionales, fue promovida por el tradicional Partido Liberal y el opositor Polo Democrático Alternativo, en una sesión con la presencia del ministro del Interior, Carlos Holguín, quien posteriormente aseguró no haberse dado cuenta de que fue aprobada e inclusive la puso en duda, pese a que la Secretaría de la cámara certificó la votación.
Según el diario El Tiempo de este miércoles, el ministro aseguró que la resolución era inconstitucional por inmiscuirse en el manejo del orden público, un asunto que es competencia del Ejecutivo.
El viernes, Uribe renovó su declaración de guerra total a las FARC y ordenó el rescate violento del grupo de civiles y de uniformados que esa guerrilla mantiene cautivos, en algunos casos desde 1997, para canjearlos por unos 500 rebeldes presos.
Uribe habló un día después del estallido de un coche bomba frente al principal cantón militar del país, atribuido por el mandatario a las FARC, la principal guerrilla colombiana, en armas desde 1964 y que controla actualmente 35 por ciento del territorio del país.
«Un operativo de rescate pone en altísimo riesgo la vida de los secuestrados. ¿Por qué asumirlo en cambio de encontrar caminos que permitan su regreso con vida, y no muertos como me lo entregaron a mí?», interrogó el martes ante la prensa Yolanda Pinto, viuda del ex gobernador de la norteña Antioquia, Guillermo Gaviria, muerto en 2003 cuando el ejército intentaba rescatarlo.
En igual sentido se pronunciaron familiares, amigos, políticos, artistas y gente común durante un «plantón» el martes en la central Plaza de Bolívar de Bogotá, y en 42 municipios del suroccidental departamento del Valle del Cauca, mientras en otras localidades se organizan nuevas expresiones de rechazo a la decisión presidencial.
«No entendemos cómo el presidente se retracta si durante los últimos cinco meses nos habló de acuerdo humanitario y del compromiso con los gobiernos de Francia, Suiza y España (auspiciantes internacionales del canje). Es la palabra de un jefe de Estado, no es sólo la palabra de Uribe», dijo en el plantón Yolanda Pulecio, madre de la rehén Betancourt.
Junto a las personalidades conocidas, en la Plaza de Bolívar estaban los familiares de soldados y policías cautivos de las FARC.
«Uno se siente muy dolido con la afirmación del presidente, pero no perdemos la esperanza ni la fe en Dios», dijo a IPS Mary Franco, tía del soldado Luis Alfonso Beltrán, capturado ocho años atrás en el sureño departamento de Caquetá.
«Estamos en contra no sólo de los atentados sino de la guerra en general. Por eso insistimos en que el camino es el diálogo. Rechazamos la guerra y queremos la paz», complementó Marleny Orjuela, presidenta de la Asociación Colombiana de Familiares de Miembros de la Fuerza Pública Retenidos y Liberados por Grupos Guerrilleros.
A la convocatoria asistieron también representantes de más de 100 organizaciones sociales de paz y de derechos humanos colombianas e internacionales.
Con consignas como «el pueblo lo dice y tiene la razón, acción humanitaria para toda la nación», los manifestantes anunciaron acciones de resistencia civil permanente en distintas regiones, con el apoyo de los alcaldes Sergio Fajardo, de Medellín, y Luis Eduardo Garzón, de Bogotá, y del gobernador del Valle del Cauca, Angelino Garzón.
Editorialistas y columnistas de periódicos y revistas nacionales también han cuestionado la decisión presidencial. «Pese a la indignación por el atentado, cerrar la puerta al intercambio y buscar el rescate militar de los secuestrados no parecen el mejor camino», afirmó el domingo un artículo editorial del diario El Tiempo, único de circulación nacional y propiedad de la familia del vicepresidente Francisco Santos y del ministro de Defensa, Juan Manuel Santos.
«¿Tiene esta tajante decisión presidencial alguna relación con preocupaciones de imagen, o encuestas internas que sugieren que su perfil de líder inclaudicable contra la guerrilla habría sufrido deterioro por cuenta de sus recientes propuestas a las FARC?», interrogaba El Tiempo.
El artículo dio pie a la inmediata respuesta del asesor presidencial José Obdulio Gaviria, quien como colaborador del mismo periódico afirmó el lunes que «Colombia y su gobierno son las instituciones más vituperadas del mundo» y consideró alevoso el cuestionamiento de la nota editorial.
El martes, Uribe se dijo «totalmente solidario con las familias de los secuestrados» en declaraciones a la cadena radial RCN.
Pero «avanzar en el acuerdo humanitario, avanzar en la zona de encuentro en medio de acciones terroristas, es simplemente echar para atrás y volver a entregarle el país a las FARC», añadió.
Las familias de los rehenes reclaman al gobierno desde hace años un acuerdo humanitario. Uribe siempre fue renuente, pero después de ser reelegido en mayo para su segundo mandato habló abiertamente del canje e inclusive dio instrucciones al respecto.
Pero este mes retrocedió en sus propuestas cuando las FARC dieron a conocer sus condiciones.
De manera simultánea, el ejército se ha visto envuelto en escándalos sobre violaciones de derechos humanos, corrupción y narcotráfico. La cúpula militar debió reconocer que varios presuntos atentados en Bogotá atribuidos a las FARC habían sido fabricados por oficiales para inculpar a esa guerrilla.
Según el programa de televisión Noticias Uno, minutos antes de que explotara el coche bomba del jueves en el cantón militar del norte de Bogotá, se apagaron simultáneamente las ocho cámaras de seguridad que controlaban ese sector.
Este miércoles, la Federación Internacional de los Derechos Humanos condenó la explosión del jueves 19 y expresó «preocupación» por las declaraciones de Uribe, «en las que decidió poner fin a todo acercamiento» con las FARC, estimando que éstas «son responsables del atentado y sin que las autoridades competentes hayan podido comprobar la autoría».
Mientras tanto, visita el país desde el martes una misión del gobierno estadounidense, encabezada por el subsecretario de Asuntos Políticos del Departamento de Estado (cancillería), Nicholas Burns, a la que Uribe solicitará no se reduzca la ayuda militar de Washington, que suma 4.700 millones de dólares desde 2000.
Este jueves, el movimiento a favor del canje humanitario peregrinará al venerado cerro de Monserrate, en el este de Bogotá, con la participación de los alcaldes de la capital colombiana y de Medellín.