Cabe hacer hincapié en que esta crisis político-institucional del país tiene dimensiones nunca vistas desde la derrota de la dictadura a manos del pueblo a fines de los ochenta. Pero, además, ella abre una ventana enorme de oportunidades para cambiar las cosas, recuperar la democracia capturada y los derechos sociales. A condición de tener consciencia […]
Cabe hacer hincapié en que esta crisis político-institucional del país tiene dimensiones nunca vistas desde la derrota de la dictadura a manos del pueblo a fines de los ochenta. Pero, además, ella abre una ventana enorme de oportunidades para cambiar las cosas, recuperar la democracia capturada y los derechos sociales. A condición de tener consciencia de ello y optar por la movilización de los actores sociales con una narrativa de la urgencia de actuar con objetivos claros y concretos conversados entre los sectores con más iniciativa política y convocatoria. Y tras una ruptura con el orden político-institucional dominante postdictadura.
Es en este clima de profunda crisis de legitimidad que la casta político-empresarial pretende legislar acerca del proyecto de ley de reforma laboral de la ministra del Trabajo de Bachelet, Javiera Blanco. Indecente. Sin diálogo ni consideración por las propuestas e indicaciones legítimas y las reivindicaciones históricas de los primeros interesados: los trabajadores. Por lo mismo, los «legisladores», acostumbrados a regatear las demandas, deberían inhabilitarse.
Y si hablamos de casta político-empresarial es porque los escándalos de Penta-SQM-Caval nos muestran que los dos aliados sistémicos se han coludido para usufructuar de privilegios y mantenerse en el poder. Ha quedado claro que las grandes empresas financian «legalmente» a sus políticos mediante «fondos reservados» (o cajas negras prohibidas en otras democracias). Y como si esto fuera poco, también lo hacen de manera ilegal mediante el pago de boletas truchas por pago delictuoso de servicios inexistentes y, además, cometiendo fraude al fisco al pagar menos impuestos (al bien público), es decir, practicando delitos tributarios y también cohecho. Esto supera los límites admisibles en toda sociedad que busca mantener un relato de vida social e instituciones comunes.
La casta oligárquica sabe que la situación es grave. Detrás y en filigrana va surgiendo y se manifiesta un conflicto por ordenar la sociedad según intereses antagónicos en el país real de Penta-SQM-Caval. Ahí «donde 74% de los trabajadores gana menos de $400.000 mensuales» (fundacionsol.cl).
Como en otras facetas de la vida política democrática las elites pervirtieron los objetivos del financiamiento electoral: éste no tiene por objetivo que los empresarios puedan comprar a punta de millones a partidos y mantener a la casta de políticos profesionales, sino promover mediante el financiamiento público del proceso electoral ciudadano la representación democrática de toda la sociedad, así como de velar por la legitimidad de las instituciones. Y evitar lo que todos ellos han promovido al mendigar platas a las empresas: que el capital y la desigualdad de recursos financieros destruyan los cimientos de la democracia.
No es corriente que en el lenguaje social falten incluso los calificativos para denominar un hecho tan inmoral como es el que legisladores y funcionarios públicos instrumentalicen a sus propios hijos y parientes para obtener aportes empresariales para sus campañas o negociados especulativos. El de «nepotismo» les quedó chico. Hechos transgresores de las normas básicas de la convivencia política que dejan atónitos a algunos e indignan a otros. Es un paso demasiado grande hacia la corrupción como estilo de vida generalizado. Lo que implica la transmisión directa de comportamientos delictivos al entorno familiar y por ende social. Cabe agregar que estos gestos no han podido concretarse sin la complicidad de los parlamentarios que hoy claman el hipócrita «caiga quién caiga». Todo indica que esta gente actúa sin prever consecuencias. Además de haber defendido intereses corporativos durante todos estos años postdictadura.
Conviene detenerse acerca de un hecho sintomático: el informe de conclusiones de la comisión investigadora del caso «Cascadas» en la cámara de diputados (que esta comisión despachó el 10 de diciembre 2014 y que indagó prácticas bursátiles irregulares de las cuatro empresas cascadas que Julio Ponce Lerou utiliza para controlar SQM) fue aprobado por ocho votos a favor de la Nueva Mayoría y de un independiente. En sus principales conclusiones no se establece cuestionamiento alguno a la actuación de Julio Ponce Lerou. En los debates internos de la comisión de la cámara con representantes de la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS) según información aparecida en La Tercera (29/03/2015) -y no desmentida por nadie- los diputados Rincón y León de la DC asumieron los mismos argumentos que los de la defensa legal de Ponce Lerou-SQM en el caso cascadas. En la polémica Sebastián Piñera versus Julio Ponce, los diputados DC defendieron al controlador de SQM y los de RN al expresidente de la ultraderecha. Además gastaron tiempo (15 reuniones de la dicha comisión en 2014) y plata para producir un informe trucho.
¿Y quién defendió en esa comisión los intereses de las mayorías ciudadanas y trabajadoras? ¿Quién dijo aquí hay gato encerrado? Ningún avispado parlamentario. Si los hay no se nota o están aislados porque son muy pocos.
Las evidencias revelan entonces que hay sospechas fundadas de que muchos parlamentarios están política y éticamente inhabilitados para votar una ley que tendría que restituir derechos a los trabajadores. El proyecto actual del gobierno y de la ministra Javiera Blanco es denunciado por favorecer a la clase patronal; consolidar los pilares del plan laboral de la dictadura y criminalizar a los dirigentes sindicales y a los métodos de lucha históricos de la clase trabajadora.
La duda razonable formulada en pregunta que se ha instalado en una fracción de la ciudadanía y en los trabajadores es a saber si los parlamentarios están en condiciones objetivas y subjetivas para legislar en aras de los intereses del bien común y/o de la gran mayoría asalariada del país. Huelga decirlo, todo indica que una proporción importante de diputados y senadores ha sido elegida con aportes de los grandes empresarios. Se aplica entonces la noción de conflicto de interés, puesto que si han sido financiados por éstos, sus votos y propuestas de cambios a la ley laboral tenderán a favorecer a los dueños del gran capital y la riqueza. Esto explica en gran parte por qué un código laboral que atenta contra los derechos de los trabajadores reconocidos internacionalmente se ha perpetuado.
Otro botón de muestra es esta información entregada por elmostrador.cl (04/03/2015) que habla por sí sola: «el funcionario del Ministerio Secretaría General de la Presidencia (Segpres), Juan Marco Moreno, tendrá que informar a sus superiores sobre los trabajos que le habría efectuado a la SQM. Moreno, quien de acuerdo a la denuncia del SII habría recibido $15 millones, es militante del PPD y responsable de la agenda legislativa del Congreso.»
Se supone que para legislar hay que estar por por encima de toda sospecha e incluso de la apariencia de conflicto de interés. Lo que no es el caso, ya que el duopolio político de la transición pactada está por el suelo en lo que a legitimidad pública respecta debido al financiamiento empresarial de la política -todas las encuestas lo indican- . Tanto así que las reformas del gobierno son criticadas incluso por algunos DC y uno que otro socialista, puesto que la demanda de negociación por rama le es negada a los trabajadores.
Por supuesto que hay que ser pragmático. En estos casos. Esto significa pasar a la acción para obtener objetivos concretos y hacer avanzar la causa de los derechos colectivos de los trabajadores. Es el tipo de práctica socio-política que las elites temen por sobre todo: el de la acción colectiva sindical amplia y en unidad con otros sectores sociales como estudiantes, pobladores, ambientalistas y mujeres. Pues si bien hay que tener un proyecto de sociedad que queremos construir y que podría plasmarse en grueso en una nueva constitución salida de una Asamblea Constituyente, esto no debe ser un impedimento teórico-abstracto para luchar por obtener cosas concretas como mejores condiciones de trabajo y salariales para los trabajadores, es decir, ocuparse al mismo tiempo ahora de las «cuestiones técnicas» como la negociación por rama y, los otros movimientos sociales, de aspectos propios de su lucha específica como la calidad del agua, la seguridad ambiental, las normas estrictas y multas a las empresas depredadoras, la construcción de viviendas en suelos expropiados a los especuladores, la renacionalización del cobre, etc.
Ser pragmáticos en la acción transformadora. Y no conservadores entrampados en la utopía o en la espera del líder providencial. El líder carismático, solo, sin contrapeso de un movimiento social y rodeado de tiburones, la experiencia lo indica, se irá para donde sopla el viento; negociará con los poderosos y le dará vuelta la espalda a las exigencias de cambio estructural.
Hay una gran oportunidad para ir construyendo desde ya una correlación de fuerzas favorable a los cambios, es decir por reformas estructurales. Son los primeros interesados: los trabajadores, los estudiantes, los pobladores-ambientalistas y los sin techo, los pensionados; pues la prueba es que la casta dominante no ha hecho ni hará los cambios prometidos desde 1990. Se trata de superar las diferencias.
¿Y porqué no levantar un programa inclusivo y movilizador ya? Ejemplo: plantear la renuncia de todos los senadores y diputados; elecciones presidenciales, parlamentarias y de AC ahora (ya que Bachelet ha amenazado con irse); incluir la lucha contra la corrupción en las empresas (apertura de los libros de contabilidad y balances a los sindicatos) e imponer las reformas inconclusas haciendo valer las demandas de los estudiantes en educación, de los usuarios de la salud y pensiones, etc. Promover asambleas ciudadanas y de trabajadores para desarrollar estos puntos y debatir acerca de la nueva constitución, es posible y oportuno hacerlo.
Es sólo en estos momentos extraordinarios: de irrupción en la escena política de la energía ciudadana, que la democracia cobra vida e irriga la sociedad entera (dixit: Jacques Rancière).
Para impedir el retorno de lo mismo: de las castas ideológicamente falsas y conservadoras y de sus soluciones precarias (adoptadas a lo largo de toda la historia de Chile), es necesario la voluntad de poder (colectiva). Es la única que crea perspectiva. No hacerlo es dejar pasar nuevamente el momento de influir en la balanza del poder político y social al no ser capaces de acumular fuerzas con organización, ni de ponernos de acuerdo en un programa común salido de las organizaciones y movimientos sociales populares. A ver manera entonces de retomar el arranque de 2005-2006-2011 y darle carne y hueso con una movilización social que impulse demandas intersectoriales y de transformación social.
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