El pasado 10 de Febrero del 2005 fue un día doblemente trágico para los estudiantes de Colombia y el mundo. Ese día se llevaba a cabo la séptima ronda de negociaciones del Tratado de Libre Comercio (TLC) en Cartagena, y los estudiantes y las centrales obreras habían convocado a movilizaciones de protesta en todo el […]
El pasado 10 de Febrero del 2005 fue un día doblemente trágico para los estudiantes de Colombia y el mundo. Ese día se llevaba a cabo la séptima ronda de negociaciones del Tratado de Libre Comercio (TLC) en Cartagena, y los estudiantes y las centrales obreras habían convocado a movilizaciones de protesta en todo el país en rechazo a dichas negociaciones, que vulneran la soberanía alimentaria de la nación, además de las desventajas económicas y ecológicas que traerán para la pequeña y mediana producción agrícola del país. Los estudiantes de la U de A y de la Universidad Nacional (Medellín) protestaban, también, contra la reelección presidencial de Álvaro Uribe y por la defensa de la educación pública.
Pero aquel día la explosión de un artefacto en la Universidad de Antioquia, hizo que la protesta estudiantil terminara en tragedia. Por causa de la explosión, murieron (el 18 de febrero) las estudiantes, Paula Ospina, de Ciencias Políticas de la Universidad Nacional y Magaly Betancur, de Ingeniería Física de la Unal, y sufrieron heridas otras 32 más. Todo ocurrió, según testigos de aquella jornada, de manera muy rápida. Primero se presentó un enfrentamiento a piedra y gases lacrimógenos entre estudiantes y policía en las horas de la mañana, y luego vino el estallido del artefacto con los trágicos resultados.
Sin embargo, a esta tragedia que costó la vida a dos estudiantes y heridas a otros 32, además de los daños causados a los laboratorios de química farmacéutica de la universidad, le siguió otra peor que hoy se ha convertido no solo en pesadilla, sino en humillación sobre el dolor de los heridos, sus familias, amigos y amigas, y las de las familias de las jóvenes estudiantes que perdieron la vida. Se ha cumplido con patética maledicencia el refrán que dice: al caído caéle.
Doble tragedia, porque aunque todos los estudiantes que han sido acusados de los trágicos sucesos, han acatado y seguido el juicio que se les sigue, no obstante la dura situación que tienen que afrontar de estar muchos aún con las heridas sin sanar, y temerosos de ser condenados sin haberse llevado a cabo un juicio, es decir la presunción de inocencia y el debido proceso tal y como dice el comunicado del claustro de profesores de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Antioquia, firmado el 6 de Mayo, cuando fueron capturados en un gigantesco operativo 14 estudiantes:
«El Claustro declara que en el marco de un estricto respeto a los principios y garantías del estado de derecho, reconoce la legitimidad del Estado, incluso a través de la vía penal, si ello se entiende como necesario, para investigar y determinar la responsabilidad de las personas por los actos que implicaren daño injustificado a los bienes y valores definidos democráticamente por una sociedad (…) mantiene la firme convicción de que la defensa de principios como la solidaridad, la libertad de cátedra, la libertad de expresión, la presunción de inocencia y el debido proceso, han de estar presentes en todos sus actos. Y que han de estar presentes así, por lo menos en cuanto el Claustro pretenda ser coherente con una idea de institución universal, pluralista y pública, defendida por la Universidad a la que se debe, y que la Constitución Nacional y los Estatutos fundacionales de la Universidad enfatizan constantemente (El Claustro) entiende que la captura de -por lo pronto- 14 estudiantes es un problema de la Universidad. Y que precisamente en cuanto ellos son estudiantes la Universidad no puede darles la espalda ni a ellos, ni al ambiente que ha generado su captura. En caso contrario, cree el claustro que la Universidad estaría por lo menos abjurando de aquellos valores y principios que la fundan y le dan razón de ser, al paso que renunciaría a participar en la construcción social, cultural y política de un proyecto más civilizado y menos autoritario de convivencia». http://colombia.indymedia.org/news/2005/05/25329.php
En segundo lugar, esta tragedia ha servido en bandeja de plata a la derecha y los defensores de la política de «seguridad democrática» que impulsa el gobierno de Álvaro Uribe con el apoyo y financiación de Washington, para reprimir y acabar con el movimiento estudiantil y el renacer de la conciencia crítica y organización de éstos. Lo cual, por otra parte, ha significado que los estudiantes participen activamente en debates y protestas contra el TLC, la reelección presidencial, y contra la privatización de la educación. De ahí que, los agentes represivos del estado (fiscal que ordenó los allanamientos que recuerdan los nefastos días de las dictaduras del cono sur, el comandante de la policía Rubén Carrillo que organizó la operación ‘Algebra II’ con precisión quirúrgica a la caza fácil de 14 estudiantes de los cuales algunos tienen heridas de quemadura aún, los Medios de Alienación Masiva como el editorial En defensa de la Universidad de El Mundo, 14 de Mayo, etc) hayan aprovechado los trágicos sucesos del 10F para golpear el naciente movimiento estudiantil que hoy está en la calle y marcha contra la política del gobierno de Uribe. Un presidente que ha dejado de serlo para entrar en campaña política buscando su reelección, y a quien la derecha y los paramilitares quieren mantener en el poder.
Pero nos preguntamos. ¿Podrá sostenerse cuatro años más en el poder un presidente y un gobierno cuya campaña militar («seguridad democrática»/Plan Patriota) apoyada y financiada por el imperialismo, solo arroja como resultado las masacres para-militares de San Onofre, donde han sido encontrados más de 52 cadáveres de campesinos brutalmente asesinados, los deguellamientos de los dirigentes campesinos de la comunidad de Paz de San José de Apartado por tropas del ejército colombiano el pasado 21 de Febrero http://colombia.indymedia.org/news/2005/03/22797.php, los miles de campesinos desplazados de sus tierras por la motosierra y el machete del ejército paramilitar, los miles de presos políticos y de conciencia que abarrotan las cárceles del régimen de la «seguridad», la impunidad con que se va a premiar a los ejércitos paramilitares que el mismo presidente de Colombia ayudó a crear en los 80s, la intensión de abolir de la constitución y de la memoria colectiva el delito político para así, falsamente pretender, que en Colombia no hay un conflicto armado, por solo mencionar algunos de los «exitosos» logros?.
No es la primera vez que los estudiantes son víctimas de los errores propios o de la violencia estatal en las históricas luchas que han llevado a cabo al lado del pueblo. La historia del movimiento estudiantil colombiano a lo largo de las últimas 5 décadas, esta plagada de asesinatos, desapariciones, torturas, encarcelamientos, represión y terrorismo de estado que les ha aplicado la oligarquía celosa de que éstos, junto a los trabajadores, campesinos, indígenas, el pueblo sublevado tome el poder. De ahí que para nadie es un secreto que las universidades han sido canteras de luchadores, semilleros de jóvenes que han entregado lo mejor de sus conocimientos académicos y experiencias de lucha a las organizaciones y partidos revolucionarios que luchan por el poder en Colombia.
Durante los últimos años, luego de la larga década de represión, deserción y silencio impuesto por la ola de derechización que recorrió al mundo y paralizó al pensamiento crítico, las universidades públicas y sus estamentos estudiantil y profesoral han vuelto a recuperar, poco a poco, su razón de ser crítica y deliberativa de los asuntos que le atañen no solo a la universidad, sino a la sociedad y el país en general. Este renacer crítico de los principales sujetos de la reflexión intelectual y académica, estudiantes y profesores, se ha manifestado en los foros y asambleas donde se abordan temas tales como el TLC, la amenaza de la privatización de la educación pública, la salud y la reelección presidencial, entre otros. Es decir, los estudiantes han empezado a retomar el papel que históricamente han jugado en la vida política, intelectual y académica del país. Debaten, por ejemplo, cómo el movimiento estudiantil participa en la oposición y el descontento popular que crece cada día ante la entrega de la soberanía, la agricultura, la economía y la educación a los intereses hegemónicos de una clase y una potencia imperial.
Las décadas de los 60 en adelante, han sido testigos de la participación de los movimientos estudiantiles en las luchas políticas contra la injusticia y la represión del poder del estado burgués. El continente está plagado de ejemplos, desde el movimiento estudiantil y obrero en Córdoba, Argentina. El Cordobazo del 29 de Mayo de 1969, donde según un testigo de primer orden como el periodista Rodolfo Walsh: «Se produce un estallido popular, la rebeldía contra tanta injusticia, contra los asesinatos, contra los atropellos. La policia retrocede. Nadie controla la situación. Es el pueblo. Son las bases sindicales y estudiantes que luchan enardecidas. El apoyo total de la población. Es la toma de conciencia contra tantas prohibiciones. Nada de tutelas ni usurpadores del poder, ni de complices participacionistas…» Y quien concluye diciendo: «El saldo de la batalla de Córdoba ‘El Cordobazo’ es trágico. Decenas de muertos, cientos de heridos. Pero la dignidad y el coraje de un pueblo florecen y marcan una página histórica argentina y latinoamericana que no se borrará jamás».
En Colombia, los estudiantes de las universidades públicas han estado, casi sin excepción, desde que hicieron presencia como movimiento estudiantil, al lado de las luchas populares y revolucionarias, y practicado la solidaridad de clase. Esto lo vemos desde las protestas obreras y estudiantiles en Bogotá el 10 de Mayo de 1.957 contra la dictadura de Gustavo Rojas Pinilla, que costó la vida de varios estudiantes; en las luchas estudiantiles de los 70s y los 80s contra la deuda externa y la solidaridad con las revoluciones antiimperialistas de Cuba, Chile, Nicaragua, Salvador, Guatemala, etc.; hasta las batallas por la autonomía universitaria, el derecho a la educación de los sectores pobres, la defensa de la educación pública, la reforma agraria, las reivindicaciones de los campesinos e indígenas por sus derechos y cultura, y contra el despojo, por la constituyente del 91, entre otras. Jornadas de lucha en la que los estudiantes han participado activamente, no solo desde la academia sino en la calle a través de la acción directa, de la lucha extraparlamentaria, como lo están haciendo hoy contra el TLC, la reelección del presidente más entregado a los intereses imperialistas que conozca la historia, o contra la privatización de la educación. Es lo que protestaban el 10 de febrero los estudiantes en la Universidad de Antioquia y en todo el país, y que por una tragedia costó la vida a dos estudiantes y heridas a 32, muchos de los cuales son perseguidos, puestos en las mazmorras o sometidos al escarnio público.
El vasto operativo de premeditado calculo político y mediático de la policía de Medellín, que comenzó a la media noche del pasado 6 de Mayo contra 14 estudiantes de la Universidad de Antioquia, «guerrilleros» para el comandante que dirigió la difícil operación, «terroristas» como los señala el editorial de El Mundo (ver El Mundo, editorial del 14 de Mayo) nos trae a la memoria el recuerdo de la inquisición. La inquisición, nos lo recuerdan hoy, no sólo fue el arma de combate de los defensores del status quo que las castas feudales y la iglesia reaccionaria del medioevo utilizaron con cruel aplicación, condenando a la hoguera los disidentes, no creyentes, brujas, brujos y herejes. Hoy deja entrever su rostro, el que cubre el velo de la llamada «seguridad democrática» o «cruzada antiterrorista». Pero no nos hagamos ilusiones. ¿Las torturas en la cárcel de Abu Ghrabi (Irak) una hoguera? ¿La base de Guantánamo, ocupada y usada como cárcel y centro de tortura por el mayor poder del mundo, una hoguera? ¿Hogueras en Palestina? ¿La masacre de San Onofre, en Sucre Colombia, una hoguera? ¿El degollamiento de niños, niñas, y pobladores de la comunidad de Paz de San José de Apartadó, el pasado mes de Febrero, una hoguera? Olvidémonos. Las hogueras son cosas del pasado, de la inquisición!