«Sé de oídas que quieren derribar el edificio, pero nadie del Ayuntamiento ha venido a informarnos; aquí no somos delincuentes; el gobierno quiere engordarse los bolsillos porque son viviendas que están cerca de la playa», afirma una vecina de 37 años, de etnia gitana, que reside en el Bloque Portuarios del barrio del Cabanyal-Canyamelar, en […]
«Sé de oídas que quieren derribar el edificio, pero nadie del Ayuntamiento ha venido a informarnos; aquí no somos delincuentes; el gobierno quiere engordarse los bolsillos porque son viviendas que están cerca de la playa», afirma una vecina de 37 años, de etnia gitana, que reside en el Bloque Portuarios del barrio del Cabanyal-Canyamelar, en Valencia. Vive en los «bloques» desde hace 22 años, actualmente con su marido y dos hijos y con un contrato de alquiler. Por las mañanas trabaja en la venta ambulante en los mercados de la ciudad y por las tardes estudia para titularse como mediadora social. «Somos gente pobre y humilde, a la que tienen sin información y sin derechos», añade; critica que se adopten decisiones «sólo por la ‘pinta'» de la gente y el «aspecto exterior» de estas edificaciones construidas en los años 50 del siglo pasado, para los trabajadores del puerto. «¿No es esto inhumano?», se pregunta.
El Ayuntamiento de Valencia, gobernado en coalición por Compromís, el PSPV-PSOE y València en Comú, aprobó el 31 de enero en primera instancia -y con el apoyo de Ciudadanos- el Plan Especial del Cabanyal-Canyamelar (PEC), que está sometido a información pública durante 45 días. En la presentación del PEC, documento marco para la regulación urbanística y patrimonial del barrio, el concejal de Urbanismo, Vicent Sarrià (PSPV-PSOE), anunció que el Bloque Portuario «desaparecería» en el plazo de tres años; de este modo, en la disyuntiva rehabilitación/demolición, la concejalía ha optado por el derribo; la idea que plantea el PEC es la construcción de dos edificios -de cinco alturas cada uno- en los laterales del lugar que actualmente ocupan los «bloques» (por ello se utiliza oficialmente el término «reedificación»).
Aprobado hace dos décadas por el anterior Gobierno municipal, del PP, el Plan Especial de Reforma Interior y Protección del Cabanyal-Canyamelar (PEPRI) proponía prolongar la avenida de Blasco Ibáñez -una de las vías más importantes de la ciudad- hasta el mar, lo que implicaba partir el barrio en dos mitades, además de la destrucción de más de 1.600 viviendas y 450 inmuebles. La barriada se degradó durante años, sobre todo en la denominada «zona cero». Tras una larga lucha vecinal y de los movimientos sociales, batalla jurídica en los tribunales y litigio entre las administraciones, el plan -que incluía la destrucción del Bloque Portuarios- se paralizó. El tripartido «progresista» formado tras las elecciones municipales de 2015 finiquitó el PEPRI -ésta fue una de sus primeras decisiones- y actualmente promueve el PEC como modelo urbanístico para este barrio marítimo y popular, de 20.100 habitantes, cuyo núcleo de ensanche original fue declarado Bien de Interés Cultural (BIC) por la Generalitat Valenciana en 1993.
Según la Concejalía de Urbanismo, integran el Bloque Portuarios 168 viviendas, de las que 91 son privadas y 77 públicas; coexisten viviendas en manos de sus propietarios, en régimen de alquiler y ocupadas (de las 117 «estancias habitadas» en el edificio, 52 están ocupadas, informa el consistorio). Con los propietarios privados el Ayuntamiento ha alcanzado un acuerdo, destaca Diego Linares, presidente de la comunidad de propietarios de los «bloques»; «después de presionar y mantener reuniones con las administraciones, hemos llegado a la solución de que se construya un nuevo edificio en el que se nos pueda realojar a los propietarios que así lo queramos», apunta. La Associació Brúfol, que desde 2013 trabaja en proyectos educativos con mujeres y menores de etnia gitana del barrio (muchos de ellos, de origen rumano), recuerda que en los «bloques» residen desde hace al menos una década entre 70 y 80 familias de escasos recursos, que en la mayoría de los casos ocupan viviendas públicas. Brúfol advierte que, con el PEC y la destrucción del Bloque Portuarios, cerca de cien menores podrían quedarse sin hogar y escolarización en el Cabanyal.
El PEC establece que las 11.609 viviendas con las que actualmente cuenta el barrio -con residentes o vacías- aumenten hasta las 12.651 (de las 1.042 nuevas viviendas previstas, 466 serán de renta libre, 288 de protección oficial y otras 288 se dispondrán en régimen de alquiler para mayores de 65 años, menores de 35 y colectivos sociales «vulnerables»). En la década y media que el plan propone como horizonte, el Ayuntamiento prevé que el Cabanyal-Canyamelar pase a tener 29.000 habitantes. El plan especial incluye, entre otras actuaciones, una zona destinada a oficinas, comercios y un hotel de 15 alturas; otra de carácter «educativo-universitario», que podría acoger -según el documento- escuelas de formación privadas y residencias de estudiantes españoles o «erasmus»; 250.000 metros cuadrados de zonas verdes públicas y «espacios libres»; y seis aparcamientos públicos (cinco de ellos en altura) con capacidad de 1.250 plazas. El Ayuntamiento podrá limitar el uso turístico de viviendas privadas «en caso de saturación que afecte gravemente a la normal convivencia vecinal» y establece porcentajes para la limitación de estos usos.
En el pleno municipal del 31 de enero intervinieron vecinos críticos con el PEC. «No da una solución real de habitabilidad a todas las personas que viven en el Bloque Portuarios», expusieron, además de señalar el «miedo a la turistificación» del Cabanyal-Canyamelar; «se ha sucumbido ante la estrategia inmobiliaria de segunda línea de playa»; asimismo «se crea una nueva ‘frontera’ con el mar, con edificios residenciales alineados de norte a sur de entre tres (más ático) y cinco alturas; tampoco se especifican las actuaciones para enmendar décadas de abandono en la zona cero», la más empobrecida del Cabanyal.
Reivindicaron que el plan especial «reconozca» y «respete» la huerta urbana, espacio verde y educativo autogestionado que, con años de trabajo, ha levantado el colectivo Cabanyal Horta junto a otros vecinos del barrio. Su posible destrucción es uno de los aspectos del PEC más criticados por los movimientos sociales. La iniciativa agroecológica nació en 2015 para la recuperación del solar del Clot, de titularidad municipal, ubicado frente a los «bloques». En este sector, el PEC prevé actualmente la construcción de viviendas y zonas verdes. Cabanyal Horta celebró el 26 de enero el Día del Árbol en el Clot, con una jornada de plantación de árboles en la que participaron 150 vecinos; ante la amenaza que planea sobre los huertos, denunciaron el «urbanismo depredador, ciego y elitista» del PEC.
El balance de tres años y medio de trabajo incluye la retirada y reutilización de 1.200 kilogramos de escombros, la limpieza de la mayor parte del solar, la plantación de más de 50 árboles y la puesta en cultivo ecológico de cerca de 500 metros cuadrados de parcela. Menores de dos colegios del barrio -Santiago Apóstol y Ruiz Jiménez- aprenden en el aula de educación ambiental, a lo que se suman talleres – control biológico de plagas, conciencia y circo o postres veganos- y jornadas, por ejemplo sobre la acogida de personas migrantes, dinámicas eco-sociales o para la autogestión de Radio Malva.
Se trata de «un espacio de resistencia y antigentrificador, uno de los últimos reductos del barrio conquistado por los vecinos», define Silvia, activista de Cabanyal Horta. Entre los referentes de la iniciativa, afirma que pueden observarse en el centro de Berlín o lo que en Madrid representó el Centro Social Patio Maravillas; «otro proyecto hermano amenazado por la ciudad negocio», comparte el colectivo Cabanyal Horta en su página de Facebook, en referencia a la información del periódico Directa sobre la amenaza de desalojo que afronta «Date una huerta», un huerto-jardín autogestionado en el distrito barcelonés de Nou Barris.
Silvia es vecina del Cabanyal-Canyamelar. «Se está desplazando a población del barrio y abriendo muchos negocios para visitantes y turistas», explica. El portal Valencia Bus Turístic, de la empresa Viajes Transvia Tours, define del siguiente modo el Cabanyal: «Un barrio que está de moda, símbolo de la resistencia ciudadana, que atrae a turistas e inversores por su cercanía al mar, su nuevo ambiente y sus precios». No es la única muestra de efervescencia. El proyecto DataHippo, que difunde datos sobre las principales plataformas de alquiler turístico, informa que Ciutat Vella es el distrito de Valencia con más anuncios de apartamentos en Airbnb (1.936), seguido de Poblats Marítims (1.407) y L’Eixample (1.012). El número de anuncios no equivale al de apartamentos, pero permite una aproximación con datos de agosto de 2018. De la cifra atribuida a los Poblados Marítimos, 760 corresponden al Cabanyal-Canyamelar.
Helena Puertas Grau es periodista y vecina del Canyamelar, donde vive de alquiler desde 2013 y paga 400 euros mensuales. «Me costó mucho encontrar este precio más o menos asequible, aunque ya supone la mitad de mi sueldo; ha sido fruto de un trabajo de investigación personal fuera del mercado inmobiliario», afirma; se da la circunstancia de que el Ayuntamiento de Valencia, la sociedad pública Plan Cabanyal-Canyamelar y la Generalitat cuentan con 394 viviendas (algunas en proceso de rehabilitación) en el barrio, y las dos primeras instituciones también con 130 solares. Sobre la afluencia de turistas, «se está produciendo por el momento de manera moderada, pero constante; hay muchos apartamentos turísticos que no se ven, pero están», destaca Helena Puertas.
Otra de las amenazas es la gentrificación (transformación urbanística de un barrio, que implica sustituir a la población más pobre por otra de mayor poder adquisitivo); según esta vecina, «además de los bares con perfil socio-cultural y de moda, en el Canyamelar proliferan hoy los establecimientos hosteleros que antes no existían, aunque es cierto que no en el mismo grado que en el barrio de Russafa». Entre el Canyamelar y el barrio del Grao, resalta un «auténtico ‘pelotazo'»: la Collegiate Marina Real Scholarship, un alojamiento para estudiantes inaugurado en septiembre de 2018 que anuncia en su página Web 350 estudios de lujo con baño privado. Mientras, continúan las luchas sociales. El Espai Veïnal del Cabanyal, que trabaja en el sindicalismo de barrio, se moviliza contra los desahucios promovidos en la barriada por fondos de inversión, como el grupo Vértice, o bancos como el BBVA; los activistas denuncian las estrategias de presión por parte de empresas que compran inmuebles enteros y tratan de desalojar a los vecinos, con notificaciones por debajo de la puerta, anuncios de reparaciones de escalera, instalación de ascensores o inicio de obras.
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