Un año antes de que la presidenta Michelle Bachelet termine su mandato, ciudadanas y organizaciones femeninas chilenas valoran los avances impulsados por su gobierno en materia de equidad de género. Pero aún quedan pendientes muchas tareas, acotan. «Debemos ser justas en señalar que hay una sensación positiva del trabajo que se ha hecho durante el […]
Un año antes de que la presidenta Michelle Bachelet termine su mandato, ciudadanas y organizaciones femeninas chilenas valoran los avances impulsados por su gobierno en materia de equidad de género. Pero aún quedan pendientes muchas tareas, acotan.
«Debemos ser justas en señalar que hay una sensación positiva del trabajo que se ha hecho durante el gobierno de Bachelet en torno de los derechos de los mujeres», dijo a IPS la presidenta de la no gubernamental Corporación Humanas, Lorena Fries.
«Pero claramente hay una deuda con las mujeres que se encuentra pendiente desde mucho antes» de la investidura de la mandataria, el 11 de marzo de 2006, y «que lamentablemente aún no se ha podido saldar por completo», agregó esta abogada chilena.
Ése parece ser el sentimiento con que las organizaciones femeninas conmemorarán este domingo en Chile el Día Internacional de la Mujer, a un año de que finalice el mandato de la primera presidenta de este país de 16,6 millones de habitantes.
«Lo más positivo es que nunca había habido un gobierno que se tomara tan en serio el tema de la igualdad y de la no discriminación hacia las mujeres. Esto se materializa en un respaldo y en una permanente mención y visibilización del tema por parte de la presidenta. Se le ha dado una prioridad que nunca antes habíamos visto», dijo a IPS Teresa Valdés, coordinadora del no gubernamental Observatorio de Género y Equidad.
Entre los logros, se destaca la reforma del sistema de pensiones de 2008, que contempla diversos beneficios para las mujeres, especialmente para las de menores recursos.
Alejandrina Zúñiga, de 68 años, es una de ellas. Luego de haber sido ama de casa durante toda su vida, labor por la cual nunca recibió retribución económica, el año pasado solicitó la pensión básica solidaria de 60.000 pesos (unos 97 dólares) nacida con la reforma. Para su sorpresa, fue seleccionada para cobrarla.
«Yo encuentro excelente lo que ella ha hecho por las dueñas de casa. Nunca un presidente nos había ayudado tanto. Yo soy una agradecida de la presidenta», dijo Zúñiga a IPS.
Por su parte, Elba Verdugo, de 34 años, saluda el bono que recibirá cuando jubile por cada hijo nacido vivo. Ella tiene tres, de entre uno y 18 años.
Aunque no recuerda otra política de equidad de género implementada por la mandataria que la haya beneficiado directamente, Verdugo considera que con la llegada de Bachelet a la primera magistratura hay «mayores oportunidades para las mujeres», según comentó a IPS.
«Yo diría que están logrados la mayoría de los objetivos de nuestra agenda de género, que el gobierno desarrolla intersectorialmente», declaró a IPS la ministra del Servicio Nacional de la Mujer (Sernam), Laura Albornoz.
Además de la reforma previsional, las organizaciones destacan el apoyo a la maternidad. Aumentó significativamente la cantidad de salas cunas y la cobertura de la educación preescolar, y el gobierno creó el Sistema de Protección Integral a la Infancia Chile Crece Contigo, programa multisectorial que acompaña a padres e hijos desde la gestación hasta los cuatro años de edad.
A ello se suma la promulgación de la llamada ley de amamantamiento, que amplió el derecho de las mujeres trabajadoras a alimentar personalmente durante la jornada de trabajo a sus hijos menores de dos años. También se perfeccionó la entrega de pensiones alimenticias por parte de los padres que no viven con sus hijos.
De igual forma, se aprobaron leyes que garantizan el descanso de las empleadas del comercio y que mejoran las condiciones salariales de las trabajadoras de casa particular, equiparándolas con las de cualquier asalariado.
Valdés también menciona iniciativas en apariencia menos importantes, como el respaldo gubernamental a la práctica del deporte entre las mujeres. La socióloga cree que estas políticas públicas son «estratégicas» y sus resultados se verán sólo a mediano y largo plazo.
El combate a la violencia doméstica es otra área donde se ha progresado, con campañas de sensibilización y apertura de casas de acogida a las víctimas. Pero los femicidios persisten. Las organizaciones demandan más recursos y un abordaje integral y coordinado entre las distintas instituciones pertinentes.
Pese a los logros, la lista de puntos pendientes es larga. Fries menciona sólo tres: la no ratificación del Protocolo Facultativo de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (Cedaw), la falta de una ley de cuotas que promueva la participación política femenina y la desigualdad de derechos dentro del matrimonio y la familia.
Entre las prioridades legislativas de este año figura, precisamente, el proyecto de participación política equilibrada entre hombres y mujeres en candidaturas a cargos de representación popular, así como al proyecto de régimen económico del matrimonio, que modifica la modalidad de sociedad conyugal, informó la ministra. Sin embargo, ambas iniciativas son resistidas por algunos parlamentarios tanto de la oposición derechista como de la coalición de centroizquierda que apoya a Bachelet.
Albornoz asegura que en los tres años de esta presidencia han tenido «un entusiasta apoyo parlamentario», pero Fries y Valdés, en cambio, responsabilizaron en parte al Congreso y a los partidos políticos del rezago en materia de derechos humanos de las mujeres.
Otra materia largamente resistida y postergada por el país es el pleno reconocimiento de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, coinciden las entrevistadas.
En 2006 el gobierno intentó poner a disposición de todas las mujeres, de forma gratuita en los servicios de salud, anticonceptivos de emergencia, pero esta medida fue prohibida por el Tribunal Constitucional, basándose sobre el argumento de que las llamadas píldoras del día después pueden ser abortivas, algo descartado por la Organización Mundial de la Salud.
Además, instituciones femeninas han solicitado infructuosamente al gobierno que dote de urgencia a un proyecto de ley marco sobre derechos sexuales y reproductivos que duerme en el Parlamento desde 2000. Aunque la ministra Albornoz aseguró a IPS que el Sernam «apoya» el proyecto, confirmó que éste «no tiene urgencia».
Las mujeres también exigen que se legisle sobre el aborto terapéutico (aquel que se practica por razones médicas), penalizado en Chile desde 1989. Pero este espinoso tema simplemente no está en el programa de la actual administración.
Una de las opiniones más críticas hacia la política de género del gobierno proviene de la presidenta de la Asociación Nacional de Mujeres Rurales e Indígenas (Anamuri), Alicia Muñoz, cuya organización nunca logró reunirse con Bachelet a pesar de sus múltiples peticiones.
«Podríamos hablar, en términos generales, de algunos avances, pero no todos los que necesitamos las mujeres. Son pinceladas, que no solucionan el problema de fondo», señaló a IPS la dirigente de Anamuri, que posee 10.000 asociadas en todo el país.
En el caso de las mujeres asalariadas agrícolas, que deben soportar precarias condiciones laborales, hay «una deuda histórica» que se mantiene hasta hoy, planteó Muñoz.
Muchas de las demandas de estas mujeres, dijo, son las mismas que las del conjunto de los trabajadores del país: fortalecimiento de la negociación colectiva y de la sindicalización, así como el abandono del modelo de desarrollo neoliberal y la profundización de la democracia.
En el marco de un nuevo Día Internacional de la Mujer, lesbianas y transexuales del no gubernamental Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh) también solicitaron al Sernam, a través de una carta, que salde la «deuda histórica» que tiene el país con ellas.
Estas mujeres, que constantemente denuncian actos de discriminación y vulneración de sus derechos en el trabajo, la educación y la crianza de sus hijos, piden políticas públicas que visibilicen a este sector de la sociedad y que mejoren sus condiciones de vida.
Un proyecto de ley que sí podría materializarse este año, según la ministra Albornoz, es el que procura terminar con la brecha salarial entre hombres y mujeres que ejercen la misma labor. Actualmente ellas reciben entre 30 y 40 por ciento menos que ellos.
Al pensar en el futuro, Valdés teme que los avances registrados en materia de equidad de género durante la administración de Bachelet no sean continuados por el próximo gobierno.
«No creo que (eso suceda) en todas las materias. Pero sí me preocupa el acceso de las mujeres a los espacios de poder político. Ahí ha habido mucha resistencia y la salida de la presidenta puede ser el punto final incluso de la medida más simbólica que tomó, el gabinete paritario», complementó Fries.
«No tenemos un mecanismo institucional que garantice esto. La presencia de ellas en los niveles locales y en el Congreso es una vergüenza si lo comparamos con los estándares latinoamericanos. En ese sentido sí puede haber un retroceso», recalca.
Para la presidenta de la Corporación Humanas, en este año de elecciones parlamentarias y presidenciales los protagonistas deben ser los propios ciudadanos.
«Este año los que tenemos que salir al pizarrón somos las organizaciones y los ciudadanos, en el sentido de que ya tenemos elementos para tomar decisiones respecto a cómo votamos y para exigirle a los candidatos, cualquiera sea su filiación política, que den respuesta a los intereses y demandas de las mujeres», concluyó.