A 33 años del golpe de Estado en Chile, aún hay cerca de mil personas detenidas desaparecidas. Entre ellas, alrededor de 70 mujeres, muchas de las cuales eran militantes políticas. La mayoría tenía entre 21 y 25 años. Algunas estaban embarazadas. Unas eran profesoras, dueñas de casa o universitarias. Todas soñaban con una sociedad mejor. […]
A 33 años del golpe de Estado en Chile, aún hay cerca de mil personas detenidas desaparecidas. Entre ellas, alrededor de 70 mujeres, muchas de las cuales eran militantes políticas. La mayoría tenía entre 21 y 25 años. Algunas estaban embarazadas. Unas eran profesoras, dueñas de casa o universitarias. Todas soñaban con una sociedad mejor.
Una persona detenida desaparecida es toda persona que, luego de ser detenida o secuestrada por agentes de seguridad del Estado o por individuos a su servicio, no puede ser ubicada por sus familiares o amigos en lugares de detención. A veces, su rastro se pierde inmediatamente después de haber sido detenida o, en otras ocasiones, tras haber sido vista en uno o varios lugares de reclusión. Las autoridades niegan haberlas detenido, o bien declaran haberlas liberado, o guardan silencio.
En la mayoría de los casos, las personas detenidas desaparecidas mueren a consecuencia de la tortura o son ejecutadas y sus cuerpos enterrados de manera clandestina o lanzados a piques de mina, a ríos o al mar, o son dinamitados. Cruel práctica que, en América Latina, se conoce desde los años sesenta, alcanzando niveles muy altos en los años setenta, época en que las dictaduras militares hicieron su apogeo en el continente.
El primer país que ejerció la práctica de la desaparición forzada por parte de agentes o personas al servicio del Estado en América Latina fue Guatemala, en 1964, durante el régimen del coronel Enrique Peralta Azurdia, cuando 28 dirigentes sindicales y políticos fueron secuestrados, asesinados y lanzados al mar desde aviones militares.
En Brasil, durante los regímenes militares instalados entre 1964 y 1985, hubo 125 casos, según informaciones de la Iglesia Católica. En Uruguay, desde 1973 a 1989, se registraron 160 casos, la gran mayoría de ellos ocurridos en Argentina, con 127 víctimas (entre mayo y octubre de 1976).
En Argentina, entre el 24 de marzo de 1976 y 1983, según la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (Informe Oficial de Gobierno) hubo 9 mil casos, pero el número extraoficial es de 30 mil personas desaparecidas.
Perú, según el informe final de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación, presentado en agosto de 2003, tuvo la guerra sucia más sangrienta de América del Sur. Se estima que 69 mil 280 hombres y mujeres, murieron o «desaparecieron» entre 1980 y 2000, víctimas del terrorismo y de la represión estatal.
Desapariciones en Chile
Las cifras sobre las personas detenidas y desaparecidas en Chile varían. Según el Informe de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación, creada en 1991 por el primer gobierno democrático tras la dictadura, hubo 957 casos en el período del régimen militar (septiembre 1973-marzo 1990). Sin embargo, la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos registra un número mayor: 1.192 casos.
El Informe de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación de Chile, más conocido como el Informe Rettig (por su presidente, Raúl Rettig), establece dos períodos importantes de la práctica de los «detenidos desaparecidos».
El primero prevaleció en los meses inmediatamente posteriores al 11 de septiembre de 1973. Por lo general, en este período, tras la detención de la persona, se procedía a su ejecución sumaria o asesinato «disponiéndose luego del cadáver (por lo común, lanzándolo a un río o enterrándolo clandestinamente), todo ello seguido de negación de los hechos o de la entrega de versiones falsas». Para la Comisión, en estos casos, la desaparición fue «más bien un modo de ocultar o encubrir los crímenes cometidos, antes que el resultado de acciones sujetas a una coordinación central que tuvieran por objeto eliminar a categorías predeterminadas de personas».
En el segundo período, que cubre principalmente los años entre 1974 y 1977 (aun cuando la última persona desaparecida durante la dictadura se registró en noviembre de 1989), la Comisión señala que tras las acciones represivas del régimen, había «una voluntad de exterminio, dirigida sistemáticamente y por motivaciones políticas, en contra de ciertas categorías de personas». En este lapso, la principal responsable de las desapariciones forzadas fue la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA).
Las mujeres
De las 957 personas detenidas desaparecidas en Chile según el Informe Rettig, 64 eran mujeres. La mayoría de éstas tenía de 20 a 25 años y eran estudiantes universitarias o secretarias. Gran parte de ellas, 33, eran militantes o estaban vinculadas al Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), movimiento que optó por la lucha armada.
Pero más allá de esto, el perfil de estas mujeres es heterogéneo. La de mayor edad, María Julieta Ramírez, tenía 65 años, y fue arrestada cuando visitaba a su hija, recluida ésta en un centro de detención (Tres Álamos), en noviembre de 1974.
La más pequeña tenía tan sólo 8 meses, Claudia Victoria Poblete Hlaczik. Viajaba en avión desde Santiago a Buenos Aires con su padre chileno y su madre argentina. Al llegar a la capital argentina, el 19 de mayo de 1977, los tres fueron detenidos y están desaparecidos desde entonces.
Sus ocupaciones también eran diversas. Dieciocho de ellas eran estudiantes universitarias, pero también había secretarias, empleadas públicas, profesoras de educación básica, dueñas de casa, asistentes sociales, obreras.
Quizá una de las cosas que más impacta al recorrer los casos es darse cuenta de la persecución sistemática a militantes de ciertos partidos o movimientos políticos en determinados períodos, lo que concuerda con los análisis políticos realizados al respecto. Así, de las 31 mujeres detenidas desaparecidas entre junio de 1974 y febrero de 1975, 28 pertenecían o estaban vinculadas al Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR). La gran mayoría de ellas eran estudiantes universitarias.
En 1975, la represión se abatió sobre la dirigencia y militantes del Partido Socialista. Es el caso de Michelle Peña, de 27 años, detenida en junio de 1975. Otra de las militantes arrestadas de ese partido fue Carolina Wiff, quien fue detenida junto al miembro del Comité Central del PS, Carlos Lorca, también en junio de 1975.
En 1976, el régimen militar tuvo como blanco al Partido Comunista: nueve de las 15 mujeres detenidas desaparecidas ese año pertenecían a las Juventudes o al Partido Comunista. Uno de los casos más conocidos es el de Reinalda Pereira, tecnóloga médica de 29 años, quien fue secuestrada cerca de su casa en diciembre de 1976, en el marco del «caso de los trece» que descabezó a la cúpula del PC en la clandestinidad.
En 1977, las mujeres son detenidas y hechas desaparecer en Argentina, dentro de lo que se llamó «acciones contra matrimonios mixtos argentino-chilenos». Los casos más impactantes fueron los de las hermanas Gloria y Carmen Delard Cabezas y sus cónyuges. Uno de los matrimonios fue detenido el 17 de enero de 1977 y el otro al día siguiente.
De las 64 mujeres, por lo menos diez estaban embarazadas. La que estaba en mayor estado de gestación era Michelle Peña, con ocho meses y medio de embarazo. Michelle, nacida en Francia, tenía nacionalidad española y era militante del Partido Socialista. Su pareja, Ricardo Lagos Salinas, era militante del mismo partido.
Mirta Alonso Blanco, de nacionalidad argentina y casada con un chileno, tenía 6 meses de embarazo al momento de su detención en Argentina, en mayo de 1977. Su hijo, que nació en cautiverio, fue recuperado posteriormente por su abuela.
Cecilia Labrín, al ser detenida el 12 de agosto de 1974, tenía 25 años y tres meses de embarazo. Algunas informaciones entregadas a su madre aseguran que Cecilia dio a luz a una niña en marzo de 1975, pero hasta ahora no lo ha podido confirmar.
La gran farsa: «El caso de los 119»
Entre el 18 y el 25 de julio de 1975, algunos medios de comunicación escritos de Chile difundieron versiones sobre la suerte de 119 personas chilenas muertas en Argentina y otros países, las que, supuestamente, habían sido ejecutadas por sus propios camaradas. Así, el 23 de julio, con el título «Ejecutados por sus propios compañeros: Identificados 60 miristas asesinados», el diario El Mercurio de Santiago publicó el siguiente cable de la agencia noticiosa estadounidense UPI:
«Según el semanario argentino Lea, en los últimos tres meses en Argentina, Colombia, Venezuela, Panamá, México y Francia han sido ejecutados por sus propios camaradas, como producto de un largo proceso de divergencias mutuas, recriminaciones y disputas por dinero a partir de la caída del Gobierno de Allende, los miristas que a continuación se indican» (sigue una lista con 60 nombres, entre los cuales figuran 10 mujeres).
El 24 de julio, el periódico La Segunda presentó otro capítulo del «caso de los 119». «Exterminan como ratas a miristas» era su título. Esta vez, la información aseguraba que 59 «extremistas» habían sido identificados como muertos, heridos o evadidos tras encuentros con las fuerzas policiales argentinas.
Los 119 nombres que aparecían en la lista correspondían a personas detenidas en Chile por la DINA, particularmente en 1974. Sus familiares habían presentado recursos de amparo ante diversos juzgados en el país. De las 119 personas, 18 eran mujeres. La totalidad de estas mujeres habían sido detenidas entre julio y diciembre de 1974 y todas eran militantes del MIR o estaban vinculadas a él.
Las investigaciones realizadas por, entre otros, el abogado chileno Hernán Montealegre, demostrarían que todo era un montaje del régimen militar para soslayar su responsabilidad ante los familiares de las víctimas y ante los organismos internacionales. La fuente de las noticias -el semanario argentino Lea y el diario brasileño O’Dia- habían editado sólo un único número. Suficiente para diseminar una mentira.
Detrás de la lectura de los casos de las detenidas desaparecidas, de sus fotos que las muestran alegres o serias, de los testimonios de familiares y testigos aparece una inmensa tragedia humana. Lo que duele no son sólo los sueños rotos ni los anhelos hechos añicos, sino las vidas truncas de mujeres y hombres que lucharon por sus ideales, por sus principios, por una vida mejor. Y más allá de eso, está el dolor de sus amigos, de sus amigas, y sobre todo de sus familiares, que todavía hoy reclaman justicia, que todavía hoy quieren y necesitan saber qué pasó con sus seres queridos, que todavía hoy quieren saber dónde están.
Fuentes:
Padilla Ballestero, Elías, La memoria y el olvido, en http://www.nuncamas.org/investig/lamemolv/memolv06.htm
Gobierno de Chile, 1991, Informe de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación.
Rojas, Paz; María Inés Muñoz; María Luisa Ortiz; Viviana Uribe, 2002, Todas íbamos a ser reinas. Estudio sobre nueve mujeres embarazadas que fueron detenidas y desaparecidas en Chile. LOM/CODEPU.