A raíz del escándalo sobre la condena de la justicia imperial a la multinacional «Chiquita Brands, alias»United Fruit Company» por financiar organizaciones terroristas, al margen de la ley, como dirían en Colombia, el debate sobre el paramilitarismo y su aplicación continua sobre la palestra. Para la muestra un botón, se dice que Coca Cola Servicios […]
A raíz del escándalo sobre la condena de la justicia imperial a la multinacional «Chiquita Brands, alias»United Fruit Company» por financiar organizaciones terroristas, al margen de la ley, como dirían en Colombia, el debate sobre el paramilitarismo y su aplicación continua sobre la palestra.
Para la muestra un botón, se dice que Coca Cola Servicios de Colombia, es la compañía más eficientes del país, gracias a la aplicación del terrorismo de Estado en el que también están mezcladas otras empresas multinacionales como la Drumon, Nestlé, British Petroleum, Repsol, Oxi Petroleum, etc, etc.
Las reiteradas denuncias y pruebas contra estas transnacionales, son prueba palpable que el paramilitarismo es la herramienta de la cual se valen los explotadores para preservar sus intereses económicos y políticos que en el caso de las multinacionales les garantiza cuantiosas ganancias a costa de asesinar sindicalistas, destruir sindicatos y desmejorar las condiciones salariales de los trabajadores.
La condena a Chiquita por financiar a al paramilitarismo, es sólo la punta del iceberg paramilitar que abarca a todos los estamentos de ese Estado oligárquico.
El paramilitarismo no es una exclusividad de la oligarquía colombiana ni tampoco de Alvaro Uribe Vélez, pero si es muy claro que durante su período como gobernador de Antioquia entre 1995 y 1997, uno de sus logros fue el impulso de este.
Uribe en su administración no sólo promovió la creación de las Cooperativas de Seguridad Privada CONVIVIR, iniciativa destinada a legalizar paramilitarismo, sino que además implemento su ‘Estado Comunitario’ (Estado mafioso), en la zona de Urabá, una zona con un gran nivel de organización popular, que fue destruido y que debido al «éxito» de este, la oligarquía colombiana, en el Congreso de Ganaderos, en 1996, aprobó extender esa iniciativa de Uribe Vélez a escala nacional y además promover su candidatura presidencial en el 2002 y lo reeligieron en el 2006.
Y es que chiquita es una muestra de cómo «El terrorismo de Estado» se ha aplicado por la oligarquía colombiana desde hace muchísimos años. El caso de la masacre de las bananeras ocurrido en la población colombiana de Ciénaga en 1928 cuando las fuerzas armadas de la oligarquía colombiana abrieron fuego contra los trabajadores asesinando a más de mil de ellos, con sus mujeres e hijos para defender los intereses de la United Fruit Company, es una muestra de la aplicación del terrorismo de estado que se han ocultado cuidadosamente al pueblo colombiano.
La condena a esta multinacional se da por hechos parecidos, masacres ocurridas en la misma zona del país, donde financiando el paramilitarismo lograron desalojar a los campesinos de sus tierras, destruidas las otroras fuertes organizaciones sindicales, para así forjar un imperio del terror que apoyadas desde Bogotá por los gobiernos de turno que a su vez toman medidas que legalizan fortunas mal habida y dejan sin castigo a los responsables del terrorismo de estado.
Chiquita no sólo aportó dinero a raudales. También colaboró para que entraran en el país más de 3.000 fusiles AK-47 y millones de municiones que fueron a parar a los grupos paramilitares. En la región de Urabá, la zona donde operaba la multinacional, se registraron entre 1997 y 2004, 62 masacres en las que murieron 432 personas, en su mayoría campesinos pobres, muchos de ellos trabajadores de las bananeras.
Además, más de 60.000 personas tuvieron que abandonar sus viviendas en medio de esta limpieza paramilitar impulsada entre otros por Alvaro Uribe y su estado mafioso..
Pero no es solo Chiquita, Coca Cola también tiene su historia.
En la zona de Urabá, la misma zona donde Uribe implemento su ‘Estado Comunitario’ y la misma zona donde se dio el caso de Chiquita Brands, Coca Cola inició un experimento financiando paramilitares para destruir la organización sindical, desmejorar las condiciones laborales de sus trabajadores y ante su «éxito» ha intentado implementarla en todo el país a la sombra de la «Seguridad Democrática» de Alvaro Uribe Vélez.
En 1992 el Gerente de Coca-Cola, José Gabriel Castro, acusó públicamente a los trabajadores y al sindicato de ser agentes de la guerrilla. En 1995 el ejército de la oligarquía colombiana allanó las instalaciones de la Cooperativa de los Trabajadores al Servicio de Coca-Cola y afiliados a SINALTRAINAL, lo que repitió un año después el Bloque de Búsqueda de la Policía.
En 1996 los paramilitares llegaron a la Planta de Coca Cola en Carepa y disparan cuatro veces en la cabeza, seis en el pecho y en los testículos a Isidro Segundo Gil, Secretario General de Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria de Alimentos, SINALTRAINAL Seccional Carepa.
Luego de asesinarlo, los paramilitares entraron por la fuerza a la sede sindical, la saquean y le prendieron fuego.
Luego convocan una reunión de trabajadores en el interior de la empresa donde amenazan con matarlos a todos si no renunciaban al sindicato esa misma tarde. Los 43 trabajadores recibieron las cartas de renuncia al sindicato mecanografiadas en las mismas oficinas de la empresa.
Ante la complicidad estatal con el paramilitarismo, el sindicato Sintrainal, recurrió a la justicia imperial, que en esa ocasión exoneró a la empresa Coca Coca, que de inmediato recurrió a la injusticia colombiana acusando de terrorismo a los sindicalistas que se buscaban defender sus vidas.
El abogado de Coca-Cola para el caso fue Jaime Bernal Cuellar, quien fuera Procurador General de Colombia entre 1994 y 1999, cuando fueron denunciados los crímenes, y fue uno de los funcionarios estatales que no hicieron nada para detener los asesinatos.
Para el caso Coca cola, la política paramilitar se tradujo en la reducción de tres veces del número de trabajadores sindicalizados; mientras que en multinacionales como la Nestlé solamente el 3% de sus trabajadores llega a diez años de permanencia.
Sobre la Drummond, que es una empresa dedicada a saquear el carbón de Colombia, cuenta Francisco Ramírez Cuellar en un articulo titulado «Lo que cuesta asesinar sindicalistas» como fue el proceso para asesinar a los creadores del sindicato en esta empresa.
Dice Cuellar que Valmore Locarno Rodríguez, Víctor Hugo Orcasita Amaya y Gustavo Soler Mora, asumieron la dirección de Sintramienergética seccional El Paso, para buscar mejores condiciones laborales, seguridad en el trabajo, comida en buenas condiciones, salarios dignos, seguridad social para ellos y sus familias; la respuesta de la empresa fue acusarlos de guerrilleros
Rafael García, ex jefe de informática del DAS en declaraciones a la fiscalía, dijo que el estuvo presente cuando en un hotel de Valledupar, Augusto Jiménez, presidente de la Drummond en Colombia, se reunión con un enviado del mafioso Jorge 40, para entregarle dinero con el cual estos atemorizarían el sindicato.
El 12 de Marzo de 2001, semanas después de entregado el dinero por parte de Jiménez, una camioneta llena de militares-paramilitares cierra el bus en que iban los trabajadores, identifican a Valmore Locarno Rodríguez y delante de sus compañeros lo asesinan con dos disparos en la cabeza, luego bajan a Víctor Hugo Orcasita Amaya, se lo llevan en la camioneta y horas después aparece torturado y con varios impactos de bala en su cerebro; en Octubre de ese año ocurre lo mismo con Gustavo Soler Mora, quien había asumido la dirección del sindicato después del asesinato de los dos compañeros.
Todos las personas que querían laborar en Drummond fueron sometidas a la aplicación de un detector de mentiras, se les investigó su vida, se les miraron reportes en los organismos de seguridad y se buscó que sus «padrinos» fueran personalidades de Valledupar, amigos de los Araujo u otro directivo de la compañía, para garantizar que sólo entraran personas de «confianza» para la empresa minera.
Sintramienergética-Funtraenergetica y los familiares de los sindicalistas asesinados, ante la impunidad que padece el proceso en Colombia, habida cuenta del peso político que tiene Drummond, pues su representante es Fabio Echeverri Correa asesor presidencial de Uribe, optaron por demandar a la multinacional también ante la «justicia» imperial.
Sobre las petroleras, la Unión Sindical Obrera, Uso, en un documento sobre el tema dice que ‘Detrás de la llegada de la British Petroleum Exploration al Casanare, llegaron los paramilitares’
Dice el documento que según la investigación realizada por Ignacio Gómez sobre el espía alemán Werner Mauss, la historia de la empresa Sistema de Defensa Limitada, DSL (Defense System Limitada) contratada por la BP para su seguridad en Colombia, está íntimamente ligada con el aparatoso sistema de defensa británico y que tiene injerencia directa en el conflicto social y armado que vive Colombia y que estos, la DSL, entrena grupos paramilitares.
En un artículo publicado en 2002 en Los Angeles Times, se denunciaba que la OXY pagaba 750.000 dólares a las fuerzas de seguridad colombianas y la Asociación Cravo Norte -propiedad de ECOPETROL y la OXY, que actúa en el yacimiento Caño Limón- en 1996 firmó un ‘acuerdo de colaboración’ anual de casi dos millones de dólares para financiar económicamente las unidades de la brigada XVIII que cubrían las zonas cercanas al yacimiento.
Según el documento de Uso, en el país hacen presencia aproximadamente veinte multinacionales del petróleo y que aunque ellos han denunciado a la Britis, nada indica que las restantes compañías en mayor o menor medida no acudan a los mismos procedimientos para garantizar sus inversiones y su seguridad.
Es de mencionar que la Repsol y la OXY invadieron el territorio indígena U`wa en busca de petróleo, sin el consentimiento de las comunidades y violentando sus territorios en clara trasgresión de la Constitución Colombiana, siendo protegidas sus bienes y maquinarias por fuerzas militares-paramilitares, que asesinaron a varios de los líderes indígenas.
Diversas agrupaciones sociales, de carácter religioso y partidos políticos suizos, integrados en la organización Multi Watch, convocaron a una audiencia pública los días 29 y 30 de octubre de 2005, en Berna, para analizar las denuncias de trabajadores de Nestlé en Colombia en el sentido de que la empresa helvética ha incurrido en prácticas antisindicales que viene manejando desde hace mucho tiempo, en relación también con la muerte y desaparición de algunos trabajadores.
Según lo visto en los últimos tiempos en Colombia, donde el presidente es un hombre con pasado de narcotraficante y de paramilitarismo, con ministro cuyas familias están al servicio del narcotráfico, donde los ex procuradores se convierten en abogados de la multinacionales que fomentan el paramilitarismo, multinacionales que son a su vez representadas por altos funcionarios estatales, con comandantes militares untados de narcotráfico y con parlamentarios que al tiempo que aprueban nuevas leyes ordenan nuevas masacres, no debe caber duda de hasta donde el paramilitarismo es un herramienta del terrorismo de estado aplicado por esta oligarquía para paralizar la protesta social, destruir organizaciones populares para ellos seguirse enriqueciendo, en detrimento del país y del pueblo.
La lista de multinacionales apoyando el terrorismo de estado en Colombia, es bien grande y entre otras se destacan Chiquita, Coca Cola, Nestlé, Drumon, Britis Petroleum, Oxi, Repsol, etc,
El paramilitarismo y Alvaro Uribe Velez, son sinónimo de muerte. Hay que recordar que entre 1995 y 1997, cuando Uribe fue gobernador de Antioquia se desató la más feroz arremetida con la Unión Patriótica donde exterminaron este movimiento en Urabá e implantaron el «Estado Comunitario», hoy conocido como «Seguridad Democrática», proyecto de Pax romana que se pretende aplicar en todo el país, donde la participación de las multinacionales financiando la guerra contra el pueblo son un eslabón fundamental.
Los datos reflejan un panorama desolador de desapariciones, asesinatos a sangre fría que tan solo en el primer mandato de Uribe llegan a los once mil casos, unos 62 mil exiliados y alrededor de cuatro millones de desplazados internos, que son el producto del intento de aplicar en todo el país, lo realizado por Uribe en Urabá.