Multinacionales, paramilitarismo y Estado

Desde hace mucho tiempo diversas organizaciones sociales en Colombia, léase sindicatos, comunidades indígenas y afrodescendientes, entre otras, han venido denunciando y con gran insistencia el papel activo que han estado jugando las multinacionales en la violación a los derechos humanos en el país y también en cuanto hace referencia a la profundización del conflicto armado en el mismo.

Y mientras la Colombia humilde y empobrecida se desangra, o deambula de semáforo en semáforo como de modo fiel e irrefutable lo ejemplifican los más de dos millones y medio de persona desplazadas que hoy mal viven entre barrancones en las principales capitales, o en improvisados albergues, semimuertas como es de esperarse por la inasistencia oficial, estigmatizadas por una sociedad indolente y devoradas por la falta de esperanzas, las multinacionales del petróleo, del carbón, de los recursos hídricos, del sector financiero y las telecomunicaciones, como no, con la complicidad de la mal nacida oligarquía colombiana nutren sus arcas y para ello apelan a la conjugación de todas las formas de protección del capital: jurídicas, políticas y militares.

2. La Coca-Cola y sus criminales pasos.

La participación de importantes multinacionales en sonados crímenes de sindicalistas en Colombia no es un asunto nuevo y compromete a singulares y muy reconocidas empresas. La multinacional Coca-Cola, por ejemplo, desde principio de la década de los noventa viene siendo señalada por el Sindicato Nacional de la Industria de la Alimentación (SINALTRAINAL) [1] como responsable de cegar la vida a por lo menos 14 miembros de su agremiación, entre ellos 7 miembros del sindicato de la Coca-Cola y, de igual modo, propiciar el desplazamiento forzado de varias decenas de sus miembros, lo que incluye, por supuesto, el exilio de un par de trabajadores sindicalizados. Varios de los sindicalistas asesinados fueron ultimados mientras se estaban negociando pliegos de peticiones y diversas voces no han dejado de señalar como responsables de dichos crímenes al paramilitarismo en complicidad con los organismos del Estado.

Entre los sindicalistas asesinados desde 1992 hasta acá se encuentran: José Gabriel Castro (1992), José Manco David (1994), Luis Enrique Gómez (1995), Isidro Segundo Gil (1996), José Libardo Osorio (1996), Alcira Herrera Pérez, esposa de Isidro Gil (2000) y Oscar Darío Soto, en Montería, Córdoba (2001). Y ello para no mencionar el allanamiento de sedes sindicales y también las reiteradas amenazas contra familiares y miembros del sindicato. Todo ello, efectivamente, con la complicidad de los distintos gobiernos quienes han actuado por acción o por omisión como perfectos cómplices frente a toda esta tropelía. Por todos estos crímenes, hasta ahora no se conoce ningún responsable y constituye todo ello la punta del iceberg de una estrategia orientada en la dirección de eliminar a todo opositor que quiera ponerle óbices a la gula de las multinacionales en Colombia.

Esta denuncia ha traspasado la frontera y ha convocado la solidaridad de trabajadores de distintos países, incluida la del sindicato metalúrgico estaudinense United Steelworkers of America (Uswa), quien junto a otras agremiaciones sindicales procedieron en el año 2001 a instaurar una demanda ante un Juez Federal contra la compañía y, además, contra dos de sus embotelladoras por considerarlas responsables de crímenes y persecución contra los sindicalistas colombianos. Como era de esperarse, el Juez desestimó la denuncia en marzo del 2003 contra la Coca-Cola, pero el boicot y la solidaridad ante este criminal proceder por parte de esta multinacional no ha dejado de sentirse, hasta el punto que varios campus universitarios en los EEUU y en Europa han hecho recientemente un llamado para que los productos que expende la Coca-Cola a su interior sean retirados hasta tanto no se clarifique cuál es y ha sido su responsabilidad ante los hechos que se le imputan.

3. La coca-cola mata, el Estado igual: boicot en el corazón del imperio.

Desde finales del año 2005 y principio del 2006, varias campañas contra la Coca-Cola se han puesto en movimiento en varios campus universitarios. Así, la Universidad de Míchigan [2] y la de Nueva York han retirado los productos Coca-Cola y otro tanto han hecho varios centro educativos en Inglaterra, Irlanda e Italia, entre otros. El lema que los ha hermanado es: Porque amo la vida no tomo Coca-Cola. Esta campaña se suma a otras que ya en otros momentos fueron impulsadas en el año 2003 por otros actores. Esta situación para los directivos de la multinacional les ha resultado incómoda y como nunca antes han tenido que salir a dar las explicaciones de rigor frente a las punzantes denuncias que se les hace.

En este sentido Edgar E Potter, director de Relaciones Laborales Globales de Coca-Cola salió a decir en una carta a Terry Collingsworth, director ejecutivo del Fondo Internacional para los Derechos Laborales, organización con sede en Washington y quien representa legalmente a los sindicalistas que: The Coca-Cola Company y sus embotelladoras han entrevistado a testigos de los asuntos en cuestión y confían en la suficiencia de esas investigaciones. Estas no encontraron evidencia de que los administradores de las plantas embotelladoras de Coca-Cola en Colombia conspiraran con paramilitares para amenazar o intimidar sindicalistas, ni evidencia de que administradores de plantas embotelladoras de Coca-Cola tengan algún papel en la muerte [de sindicalista]« [3]

4. El carbón mueve las industrias y mata a trabajadores.

Y si este es el criminal actuar de la Coca-Cola, el de la Drummond, mayor explotador del carbón en Colombia no es nada distinto. Hoy se sabe lo que ya muchos sindicalistas habían denunciado en su debido tiempo, sólo que quien debía en nombre del Estado garantizar la defensa de los derechos humanos de los trabajadores colombianos y castigar a la Drummond no lo hizo como era su responsabilidad. El gobierno de Álvaro Uribe Vélez y la justicia en Colombia sabían, antes también el Presidente Andrés Pastrana Arango, que la multinacional del carbón estaba seriamente comprometida en el crimen de varios sindicalistas (Valmore Locarno, Victor Hugo Orcasista y Gustavo Soler), hechos acaecidos en el año 20001, pues Rafael García, el exinformático del DAS y quien prendiera el ventilador de la parapolítica y ahora confidente de la Fiscalía, denunció en mayo de 2006 que Augusto Jiménez, Presidente de la Drummon en Colombia había dado a Rodrigo Tovar Pupo, alias Jorge 40, la friolera de 200.000 euros con el objeto de que procedieran contra los mencionados sindicalistas. Pese al proceder de la Drummond y a lo contado por Rafael García, la corrupta justicia colombiana expresada en el juez instructor del caso archivó el mismo por la razón que ya todos conocemos: falta de evidencia.

¿Cómo es posible, me pregunto, que la justicia colombiana archivara este caso y ahora Karon Bowdre, así sea por burla, juez federal en los EEUU considere que hay indicios para iniciar un juicio contra la multinacional Drummon? El juez en mención ha considerado oportuno escuchar el testimonio de Rafael García, sin embargo, todo parece indicar que el juez norteamericano es de la consideración que lo más conveniente es que la Drummond y los abogados de los directivos sindicales asesinados y del sindicato mismo (SINTRAMIENERGIA) muñan un acuerdo y así evitar la instancia del juicio. Cabe señalar en cuanto hace referencia al juez colombiano que éste autorizó realizar un juicio, sí, pero, al parecer, relacionado sólo con los daños derivados de la muerte de los sindicalistas.

5. Por los recursos energéticos todo vale.

Está claro que tanto para la justicia colombiana como para la justicia de los EEUU no interesa condenar a la Drummond, a toda costa se le blindará, lo cual nos dice que se le tolerará el que haya matado, como lo ha hecho, y hasta el que haya financiado a grupos paramilitares como así ha sucedido, contraviniendo incluso directivas del Departamento de Estado de los EEUU y la misma Patriot Act, la cual prohíbe expresamente cualquier trato con organizaciones consideradas terroristas. En todo caso, la Drummon según la lógica norteamericana no ha hecho otra cosa que garantizar un importante flujo de recursos energéticos [4] de carácter estratégico para los EEUU, ávido como sabemos de importantes recursos energéticos en estos cruciales momentos. Todo este oprobio es susceptible de ser perdonado en EEUU y tambiénen Colombia, allá se bendice a quienes torturan en Guantánamo, Abu Graihb, a quienes lanzan bombas de fósforo en Irak y cometen allí crímenes de guerra y lesa humanidad; también allá perdonan a quienes mintieron por lo de las armas de destrucción masiva que no le encontraron a Sadam Hussein; y acá se perdona a Mancuso, Jorge 40, Don Berna y demás asesinos y mafiosos de profesión y, sobre todo, teniendo como base una ley (Justicia y Paz) que sólo Uribe y una parte de su Congreso revestido de nexos con el narcoparamilitarismo les podría brindar.

Esta es la seguridad democrática que Uribe le vende en empaque al vacío a la famosa comunidad internacional, quien le premia y santifica los crímenes de hoy y de ayer, sin equívoco alguno, siempre y cuando y con servilismo inconfundible permita que los recursos energéticos de carácter estratégico que requieren tanto el amo del norte como otras potencias para enfrentar sus crisis energéticas fluyan hacia sus centros de poder. Ante todo ello me pregunto ¿Qué hay de la tan anunciada lucha contra el terrorismo patrio y el terrorismo ecuménico y sus financiadores propios y extraños? ¿No sabía acaso el Presidente Uribe toda esta situación? ¿Qué hubiera sido de un industrial colombiano o una multinacional que hubiera pagado a las FARC o al ELN una cantidad semejante y ello hubiera sido de público conocimiento? ¿Por qué las redadas tan vehementes contra indefensos campesinos y desarmados sindicalistas, y ni siquiera una encendida diatriba presidencial contra la Drummond? ¿Qué pasa señor Presidente, está reservándose para atacar a Gustavo Petro o (para-para, perdón la sorna) atacar a Robledo, a Piedad Córdoba, a su Profesor Carlos Gaviria, o a cualquiera que usted considere que es un terrorista vestido de civil?

Lástima que el Presidente Uribe tenga tan frágil memoria y se acuerde sólo de atacar a los miembros del Polo Democrático Alternativo, a quienes considera terroristas vestidos con sacos de leva o sin él, pero se le olvida que los más señeros terroristas son las multinacionales que ahora desangran al país y que con gran candor en su viajes por Europa y los EEUU les ofrece toda suerte de gabelas, incluidas que hagan lo que hacen y como lo hacen, y no pase nada. El presidente Uribe me temo, que frente a este y otros casos parecidos da notorias e inconfundibles señas de ser más hincha de un tipo de «terrorismo» que de otro. Si no es así, señor Uribe, empiece por demostrarlo. Frente a todo lo anterior la Drummond niega su participación en lo crímenes cometidos contra tres sindicalistas y seguro que las leyes norteamericanas sólo impondrá una sanción, si es que la hayan responsable, por apoyo a grupos terrorista y no por asesinar o promover el crimen de indefensos sindicalistas, cuyo único delito, sin duda, fue defender sus derechos como trabajadores y el denunciar la voracidad y la explotación de los recursos con los que cuenta el país, ante lo cual calla la servil y violenta oligarquía colombiana, y de quien el presidente Uribe es uno de sus máximos exponentes.

6. Colombia, un parque temático del horror en manos de la Chinita Brands.

No cabe la menor duda que Colombia de la mano de la oligarquía colombiana y de las multinacionales que la saquean y humillan se ha convertido en todo un parque temático del horror y en un museo vivo del sufrimiento acumulado. Todavía estamos lejos de conocer cuál es el verdadero proceder criminal de muchas de las multinacionales que operan en Colombia y no esperemos que este gobierno ni ninguno de los anteriores corra el velo para conocer en todo su esplendor la alevosía de cómo operan estas corporaciones con el apoyo del Estado, el paraestado y sectores muy minúsculos pero poderosos de la oligarquía en Colombia.

Sobre la historia de dolor y sangre que las multinacionales han ido construyendo en el país es muy fragmentaria la información que se tiene. En no pocos casos es el Estado y los distintos gobiernos quienes más se han encargado de invisibilizar el proceder violento de este tipo de corporaciones, vinculadas como sabemos a los intereses más conservadores y dispuestas a acometer cualquier tipo de política siempre que ello beneficie su dominante posición. Paradójicamente hoy se sabe más por fuera del país sobre este tipo de empresas que al interior del país mismo, lo cual nos pone a pensar en la existencia de una política deliberada orientada para que la opinión pública no conozca qué es lo que realmente acontece con dichas organizaciones en cuanto tiene que ver con la violación a los derechos humanos y en lo que atañe al financiamiento de la guerra que ellas propician en el país y de lo que sacan enormes ganancias.

En correspondencia con lo anterior, hace pocos días ha trascendido que la multinacional Chiquita Brands ha tenido que pagarle al gobierno de los EEUU [5] una suma de 25 millones de dólares por haber financiado esta multinacional del banano a grupos paramilitares en Colombia, los cuales están considerados por el Departamento de Estado de los EEUU desde el 10 de septiembre de 2001 como grupos terroristas. El contencioso entre el Gobierno de los EEUU y la Chiquita Brands resuelto a instancia del Juez Federal de la Corte del Distrito de Washington, Royce Lambret, hace apenas unos pocos días, terminó resolviéndose del siguiente modo: La Chiquita Brands reconoció que sus principales cuadros directivos en EEUU entregaron a los paramilitares colombianos entre 1997 y el año 2004 a través de su filial Banadex unos 1.7 millones de dólares a cambio de que éstos protegerían los distintos procesos relacionados con el negocio del banano, lo que incluía, por supuesto, atacar a todo aquel que fuera una amenaza para dicha actividad. Durante esta época los asesinatos y los desplazamientos en Urabá fueron constantes.

El mencionado recurso, reconoce la misma multinacional, fue recibido por parte de los paramilitares a modo de cuotas, 100 en total, y fueron recepcionadas de modo inicial por la Convivir Papagayo, una de esos tantos engendros criminales que dejó instaladas el Presidente Uribe en su nefasto paso por la gobernación de Antioquia, la cual cambiaría en el año 2003 su fachada y se haría llamar desde entonces Servicio Especiales de vigilancia y seguridad privada. Se sabe que la renovación de la licencia de esta fachada del paramilitarismo está pendiente en la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, organismo por demás nada pulcro en este tipo de manejos. No hay duda que con este dinero los paramilitares de Carlos Castaño y los militares de la XVII Brigada del ejército impusieron un régimen de terror en la zona de Urabá y de modo simultáneo en el Departamento Magdalena, zonas por excelencia del cultivo del banano, lo cual se hizo extensivo a otras zonas del país.

7. Mate y pague: Colombia el corazón de las tinieblas.

Dentro de esta perversa lógica, la cual sólo entiende Uribe y los suyos, la Chiquita Brands se compromete a pagar los cinco primero millones de dólares una vez se dicte la sentencia y cuatro pago más con sus respectivos intereses hasta completar los 25 millones que implica la multa por haber apoyado a los grupos paramilitares. Dentro de los compromisos de esta multinacional también está el asumir un programa de ética empresarial y contribuir en el esclarecimiento de todos los hechos asociados a la financiación de los paramilitares, incluido la entrega de 3400 fusiles AK que dichos grupos recibieron con su respectiva munición y que fueron introducidos al país en el barco Otterloo de su filial Banadex, en noviembre del año 2001, y en cuya operación participaron, se cree, países como Nicaragua, Panamá y la misma Colombia. ¿Dónde estaban las autoridades colombiana cuando esto? A cambio, el Departamento de Justicia de los EEUU da por bueno el acuerdo y manifiesta que no interpondrá ninguna acción de tipo criminal contra la Chiquita Brands, amén de dar por cosa juzgada el acuerdo.

De este acuerdo se derivan algunos elementos que es preciso anotar. En primera instancia, que el gobierno de los EEUU entiende como simple amonestación económica un hecho que para cualquier colombiano/a con un poco de dignidad y sentido común consideraría un criminal proceder. Para los EEUU las víctimas colombianas no hacen parte de sus preocupaciones y no tendría porque serlo, pues su interés está centrado y estará centrado de aquí en lo sucesivo, si es que ello sucede, en conocer sólo los pormenores de la financiación que recibieron los paramilitares y, del mismo modo, en desconocer las perversas y trágicas consecuencias que de este apoyo se hayan derivado. Esta sanción económica a la Chiquita Brands, la cual no deja de ser una caricatura y una horrible e inadmisible complicidad con su criminal y terrorífico actuar, ese que dice combatir los EEUU en nombre de la libertad, los derechos humanos, la democracia y todos los valores abstractos que representa el occidente en cabeza de su sociedad, hace bullir, enardecer la conciencia y reclamar del Estado colombiano, de su gobierno, de su criminal élite y de la sociedad en su conjunto, sin duda, un instante de dignidad, un basta de servilismo ante tanto oprobio junto.

El trato que ha recibido la Chiquita Brands en EEUU por parte de sus autoridades no ha podido ser el mejor, le toleran que mate a inocentes en Colombia y encima le premian. Aquí se muestra una vez más el verdadero sentido de la «lucha» global del gobierno de los EEUU frente al Terrorismo y su nunca acabada doble moral frente al mismo. Lo que queda claro es que aquí se impone la lógica americana de mate y pague y también el insulto proceder de proteger y blindar a cualquier precio a los directivos de la Chiquita Brands en los EEUUU.

Vamos a ver si la vehemencia que con tanta desmesura nos ha dado a conocer el Presidente Uribe siempre que sale a atacar a la oposición o a cualquier ONG que critica su risible política de derechos humanos, será la misma que utilizará para solicitar la extradición de los Directivos de la Chiquita Brands, quienes han cometido delitos en Colombia y reconocido los mismos ante una Corte norteamericana. Demuestre señor Presidente, aunque sea una sola vez, un acto, por fin, de dignidad frente a esa patria que siempre dice defender en encendidos discursos y en medio de los más coloridos consejos comunales. Atrévase a solicitar la extradición de quienes han matado en Colombia y también de quienes han contribuido junto a usted y los suyos a hacer del país un lugar pequeño y nada cerrero como su ganado que pasta en tierra de narcoparamilitares y a los cuales, por cierto, se les impondrán penas risibles. Me temo que hasta allá usted no llegará, usted, si acaso, pedirá a la amañada Fiscalía Colombiana que investigue a los funcionarios de la filial de la Chiquita en Colombia, es decir, a Banadex, [Banacol] o como se quiera llamar, y a ellos tratará de aplicarle eso que en Colombia llaman con tanto ufano ley, que si es como la de justicia y paz, y la cual se formuló a imagen y semejanza de los intereses de los narcoparamilitares, me temo, que es una soberana burla contra las víctimas y un trofeo para los perpetradores.

8. El DAS: ocultando los nexos entre la Chiquita [6] y el paramilitarismo.

Lo curioso es que de todo esto algo conocía el Gobierno de Uribe, pues en el año 2003 el entonces responsable de la INTERPOL, Coronel Henry Rubio, entregó un informe a Jorge Noguera, Exdirector del DAS [acusado por haber puesto a este organismo al servicio de los paramilitares] y en donde le ponía de manifiesto el caso de los más de 3000 fusiles que la Chiquita Brands a través de su filial había introducido por el puerto de Turbo, de amplio manejo paramilitar como sabemos desde mediado de los años 90. La postura de Noguera, se señala en diversos espacios, fue la de entorpecer la investigación y evitar que se conociera en profundidad los nexos de la Chiquita Brands [Banadex] y el fortalecimiento económico, político y militar del proyecto paramilitar en Colombia. Visto todo lo que ha acontecido en el país con la parapolítica y los cada vez más incontrovertibles fundamentos de los señalamientos que pesan sobre Jorge Noguera, resulta obvio pensar que lo que se ha buscado y buscó desde el DAS y desde el gobierno mismo fue que este repudiable hecho no saliera a flote.

¿No sabía acaso Uribe que la Organización de Estado Americanos (OEA) había hecho una investigación sobre el particular y que la misma era de un profundo calado, e implicaba a una importante multinacional y su filial? ¿Por qué en la cruzada contra el terrorismo a la criolla Uribe y la justicia colombiana han dicho a pena nada sobre el particular? ¿No sabía Uribe que una de esas Convivir que él ayudo a forjar estaba detrás de la recepción de esas millonarias contribuciones que estaba haciendo la Chiquita Brands a los paramilitares y que ésta se había convertido en una empresa de vigilancia? Frente a este y otros casos habría muchas cosas que el señor Presidente debería por simple ética política aclarar. Sin embargo, la realidad le rebasa y pienso que cualquier argumento hoy es poco frente a tanto silencio acumulado y ante tantas intentonas por ocultar la naturaleza de los hechos.

9. Tras el rastro de la Chiquita Brands. Colombia no es la Excepción.

El proceder de la Chiquita Brands en Colombia es criminal y más aún el del Estado colombiano. De la Chiquita y de todas las multinacionales que existen en el país poco bueno habría que esperar. Son depredadoras del ambiente y también de la sociedad. La historia de la ahora Chiquita Brands está plagada de violencia y terror a lo largo de toda América latina y el caribe. Su predecesora fue la temida United Fruit Company, la misma que en el año de 1928 desplegó una brutal represión contra los trabajadores agrícolas en el Departamento del Magdalena y contra la cual se levantaron sus trabajadores reclamando dignidad. Para sofocar la huelga de los bananeros el Gobierno Conservador de Miguel Abadía Méndez [7] , tan pronorteamericanos e incondicional como el de Uribe ahora, lanzó al ejército contra los trabajadores.

El resultado fue una masacre que el realismo Mágico de García Márquez en un acto de exageración literaria cifró en 3000 personas asesinadas. En realidad fueron muchas menos, pero no por ello menos dolorosas aquellas muertes. Aquel acto canalla sería inmortalizado en Cien Años de Soledad, pero al decir verdad, mucho antes que este hecho fuera reivindicado por el Nóbel colombiano en su inmortal novela, y al mismo tiempo tomado como un insobornable símbolo contra la desmemoria colectiva y también como una representación rupestre y arqueológica del barbarismo que ha caracterizado a la cleptócrata y ruin élite colombiana, Jorge Eliécer Gaitán [8] en 1929, siendo ya Representante a la Cámara se dio a la tarea de conocer de viva voz los pormenores de aquellos luctuosos y tristes hechos, para lo cual se desplazó a la región de Ciénaga Magdalena, lugar dantesco donde se produjeron aquellos inolvidables sucesos.

Una vez realizada aquella etnografía de la barbarie y de vuelta en Bogotá, en el mes septiembre de ese mismo año, Gaitán pronunció en el Congreso de la República uno de los discursos más importante de la historia social y la cultura política en Colombia. En aquella ocasión Gaitán cargó contra el Gobierno de Abadía Méndez y contra el Ejército, y a quienes tildó de arremeter contra el martirizado pueblo, mientras por otro lado se congraciaban con la United Fruit Company y con el gobierno de los EEUU. Aquellos encendidos debates del Gaitán se prolongarían por espacio de quince días, los que servirían, por un lado, para poner al desnudo la vileza y el servilismo de la oligarquía colombiana cuando de defender los intereses extranjeros en el país se trata, y por el otro lado, para que Gaitán se granjeara la confianza y el cariño del incipiente movimiento obrero y de otros sectores subalternos que por entonces despuntaban en Colombia. Casi 70 años después de aquellos discursos lanzados por Gaitán, la oligarquía sigue siendo igual de rancia y asesina contra los indefensos, y servil, como es de esperarse, ante el todopoderoso amo del norte y las potencias de nuevo cuño. Sería bueno que ésta arrodillada élite colombiana, acostumbrada como está a decir sí ante los designios de los EEUU y toda suerte de potencias extranjeras, se tomara en serio aunque fuera por un instante las palabras Gaitán y aprendiera a defender en la tangibilidad del mundo esa patria que dicen defender en grandilocuentes discursos.

Así, la ayer United Fruti Company y hoy la Chiquita Brands, han teñido de rojo la geografía nacional siempre que han querido y les ha resultado conveniente. Ayer de la mano del Gobierno y el Ejército y hoy de la mano del Estado y del paramilitarismo. En otros lugares de América latina, en Guatemala, por ejemplo, la United Fruit Company de la mano de la CIA propició el golpe de Estado contra el Presidente Jacobo Arbenz, y en Cuba no sólo explotó las riquezas derivadas del monopolio del Azúcar, durante todo el tiempo que pudo, sino que fue un soporte para la dictadura de Fulgencio Batista hasta antes del triunfo de la revolución cubana. Por todo lo anterior, no es de extrañar que el gobierno de los EEUU le haya perdonado a esta multinacional el que sus principales cuadros directivos estuvieran financiando todo este tiempo a los grupos paramilitares en Colombia. De sobra es conocido que el gobierno americano es el protector más grande de todo tipo de terroristas y de dictadores, siempre y cuando, seguro, éstos sirvan a sus más encomiables designios: para muestra un botón, Posada Carriles y Orlando Bosh.

Ante todo esto, la Chiquita Brands contrario a la Coca-Cola y la Drummond, ha reconocido los delitos que se le imputan. Esta multinacional propiciadora del paramilitarismo en Colombia y, por tanto, auspiciadora de la violación a los derechos humanos ha entendido que es mejor reconocer los hechos y pagar, pues de algún modo tiene consagrado y por anticipado el perdón. Está claro que para el gobierno de los EEUU importa poco que los barcos de la Chiquita o su filial fueran cargados de cocaína y regresaran cargados de fusiles AK con los que se masacraba y masacra a cientos de colombianos/as. Ello no interesa, al fin de cuenta los muertos no son norteamericanos y de algún modo, según la lógica americana y de la Chiquita, ello era un mal necesario: se trataba de limpiar las zonas de todo tipo de indeseables y de adeptos al comunismo.

10. Justificando los nexos con el crimen y otras consideraciones.

Los directivos de la Chiquita han aducido que financiaron a los paramilitares porque querían proteger a sus trabajadores, nada más canalla he escuchado en mi vida, pues si algo protegía y han protegido siempre, aun cuando financiaron al ELN o a las FARC, fue sus inmensas riquezas obtenidas a punta de masacres y de desplazamiento forzado, acometido todo esto, como no, por los paramilitares con el dinero pagado a estos y al amparo del Estado colombiano. Esto resulta doblemente infame puesto que todos sabemos que el gobierno en Colombia brinda a las multinacionales todo tipo de protección: jurídica, política y militar. La zona de Urabá y el Magdalena si algo están, seguro, son fuertemente protegidas por la Policía y el Ejército. Lo que buscaba la Chiquita Brands con esta estrategia era tener un poder armado no ceñido a ninguna legalidad, con lo cual el control se hacía más expedito y, además, que de acuerdo a sus intereses políticos y económicos era más conveniente financiar a un proyecto de extrema derecha que a unas organizaciones guerrilleras inspiradas por el deseo de transformar las estructuras sociales y políticas existentes. Este es un elemento clave para entender por qué decidieron dejar de contribuir económicamente a las guerrillas desde finales de los 90 y destinar su financiación a los paramilitares.

Todo lo anterior debe poner en alerta al conjunto del movimiento social y ello con el propósito de saber qué están haciendo el resto de las multinacionales que existen en Colombia. Es hora de denunciar lo que ellas hacen y de exigir la salida de todas aquellas que se encuentran comprometidas con los perpetradores. Es hora de convocar las redes internacionales de consumo responsable y de exigir que sus directivos sean castigados penal y civilmente por los delitos cometidos. Y no sólo lo anterior, esto urge desenmascarar también los estrechos nexos que el capital transmonopólico internacional tiene con el capital interno y los modos en que estos se articulan para agredir y violentar al conjunto de la sociedad. La tarea no es nada fácil, pero hay la necesidad ineludible de empezarla, me temo que ni Uribe ni los suyos están por aclarar nada, pues cada nuevo hecho que en Colombia pasa por acción o por omisión le implica dar una respuesta satisfactoria y muy a pesar de ello sigue como si lo que ahora acontece no fuera con él. ¿Que tanto resiste el teflón de Uribe? Tanto como el conjunto de la sociedad quiera y desee, sin duda. Es el momento de impulsar un Tribunal Popular de condena a las multinacionales que violan los derechos humanos y promueven la guerra en Colombia, y también que sanciones al Estado y gobierno por actuar en esa misma dirección. La lucha por la vida y la defensa de los recursos en Colombia es una cuestión urgente. La tarde apura….