Emplaza al Estado a asumir la búsqueda, identificación y restitución de los restos de los desaparecidos.
El último dictamen de la Comisión contra la Desaparición Forzada de Naciones Unidas vuelve a emplazar al Estado español a asumir la búsqueda de los desaparecidos en la dictadura y a perseguir penalmente a los autores de dichos delitos.
La ONU reconoce las medidas adoptadas en respuesta a sus anteriores recomendaciones, pero observa todavía ciertas lagunas en el proyecto de ley de memoria democrática impulsado por el Gobierno y que se encuentra en trámite parlamentario.
El Comité centra sus observaciones en la investigación de casos de desaparición forzada, búsqueda de personas desaparecidas y reparación de las víctimas del franquismo y muestra su “preocupación” por que los tribunales españoles sigan amparándose en la Ley de Amnistía de 1977 que califica de “obstáculo jurídico”.
Ante la jurisprudencia marcada por el Tribunal Supremo de que dichos crímenes habrían prescrito o les debería ser aplicable la Ley de Amnistía, el Comité recuerda que el delito de desaparición forzada no empieza a prescribir hasta que cese la desaparición es decir hasta que no se tenga conocimiento de la ubicación de la persona, dado que se trata de un delito permanente (delito de lesa humanidad), tal y como explicó en su día a este periódico el experto en Derecho Penal Internacional Miguel Ángel Rodríguez Arias.
La legislación interna no es óbice para impedir la persecución de los crímenes franquistas ya que el derecho internacional ampara a las víctimas de este delito desde los juicios de Nuremberg. (Ver artículo ‘Franquismo y Núremberg’)
Por ello, la ONU recomienda a nuestro país a que tipifique dicho delito en el Código Penal como delito autónomo (art. 167) de “desaparición forzada” especificando las penas aplicables y “garantizando que sean proporcionales a su extrema gravedad”.
Asimismo, pide que se establezca expresamente en nuestro ordenamiento jurídico que el plazo de prescripción “debe contarse a partir del momento en que cesa la misma”.
El Comité exhorta al Estado español a investigar estos crímenes “independientemente del tiempo transcurrido, y aun cuando no se haya presentado ninguna denuncia formal” y “asegurar que los autores sean juzgados y sancionados de conformidad con la gravedad de sus actos.
Añade que el Estado debe asegurarse los medios económicos, técnicos y humanos para la búsqueda de desaparecidos (fosas franquistas), y “asegurar que toda víctima de desaparición forzada pueda ejercer sus derechos a la justicia, la verdad y la reparación integral”, incluyendo indemnizaciones.
La ONU también insta a España a agilizar la creación del Banco Nacional de ADN y acelerar la tramitación de la Proposición de Ley sobre Bebés Robados que en estos momentos se encuentra paralizada en el Congreso.
Además, apunta la necesidad de garantizar el acceso a los archivos y documentos que “pudieran ser relevantes para las investigaciones y para la búsqueda de las personas desaparecidas en el pasado” y atender las solicitudes que otros Estados pudieran hacer para la investigación de casos de desaparición forzada como ha ocurrido con Argentina.