Durante décadas, políticos y periodistas enmarcaron la guerra civil colombiana (1964-2016) como un problema de narcotráfico, reduciendo su dinámica política y social a la afirmación de que las FARC no eran más que un cártel de la droga, una organización narcoterrorista disfrazada de movimiento político. Esta narrativa de la «guerra contra las drogas» sirvió como pretexto principal para la amplia intervención estadounidense desde finales de la década de 1990, en virtud de la cual Colombia se convirtió en uno de los mayores receptores de ayuda militar estadounidense a nivel mundial.
Basándome en mi reciente artículo, War of Movement, publicado en la revista Review of International Studies, explico por qué este planteamiento malinterpreta fundamentalmente cómo y por qué se intensificó el conflicto.
El artículo rechaza la idea de que la guerra de Colombia pueda entenderse como un «conflicto interno», la categoría dominante en los estudios sobre seguridad, conflictos y paz. En cambio, reinterpreta la escalada como un proceso fundamentalmente internacionalizado, moldeado por la dinámica desigual y combinada del capitalismo global y el violento proceso de reintegración neoliberal de Colombia durante la década de 1990. Este replanteamiento desvía la atención de la dudosa historia moral de que las FARC «degeneraron» en un cártel de la droga hacia la dinámica político-económica más profunda que configura el conflicto.
La rápida escalada de la guerra durante la década de 1990 fue impulsada por un proyecto de reestructuración revolucionaria pasiva, diseñado por la élite, que destruyó los medios de vida rurales, fracturó la autoridad del Estado y transformó el campo colombiano en un campo de batalla del capitalismo global. Solo en estas condiciones político-económicas cambiantes se hizo estratégicamente viable para las FARC pasar a una guerra de movimiento, lo que supuso una amenaza existencial para el Estado en 1998.
En respuesta a las presiones y oportunidades generadas por la acelerada transnacionalización de la producción desde la década de 1970, las élites políticas colombianas —sobre todo bajo el gobierno liberal de César Gaviria (1990-1994)— se embarcaron en un proyecto de reestructuración del Estado a principios de la década de 1990. Este proyecto siguió la lógica de una revolución pasiva, combinando reformas limitadas para incorporar a los subalternos con la restauración del desarrollo capitalista a través de la apertura económica y una mayor integración en los ciclos transnacionales de acumulación. Celebrado como una iniciativa de «modernización» por las élites políticas, el proyecto tenía en realidad como objetivo realinear la forma de Estado de Colombia con la dinámica evolutiva del capitalismo global.
Si bien la revolución pasiva buscaba restaurar la autoridad de la clase dominante en unas condiciones político-económicas internacionales cambiantes, reconfiguró el terreno del conflicto de una manera que, en última instancia, exacerbó las tensiones. La apertura económica reestructuró fundamentalmente el modelo de desarrollo de Colombia, haciendo que las poblaciones campesinas fueran cada vez más vulnerables a la competencia extranjera. A medida que se desmantelaban las protecciones y los subsidios básicos, las comunidades subalternas se enfrentaban a presiones de mercado ruinosas, que provocaban despojo, pobreza y desplazamiento. Esto supuso una declaración de guerra no oficial a los campesinos como clase, intensificada por una narcoburguesía empoderada que explotó la desregulación para blanquear capital a través de un violento proceso de «contrarreforma» de despojo de tierras.
Ante los efectos destructivos de la apertura económica y la contrarreforma agraria, los campesinos se dedicaron en mayor número a la producción de coca, un cultivo comercial que resultó mucho más sostenible que las fuentes tradicionales como el café, la papa, el maíz y el plátano. Ni la «codicia» ni el «resentimiento» impulsaron este cambio; se trató de una estrategia de supervivencia y resistencia basada en la clase social.
Los campesinos se adaptaron a las condiciones estructurales cambiantes por su propia iniciativa, formando una poderosa trayectoria de movilización popular a lo largo de la década de 1990. Se formaron nuevas luchas y comunidades en las zonas rurales marginales, ya que el deterioro de las condiciones en las ciudades animó a los desempleados y a los trabajadores informales a unirse a las filas de los cocaleros en el campo.
La «guerra contra las drogas» —más visible a través de la fumigación aérea de la coca— reforzó la violencia estructural de la reconfiguración neoliberal. La fumigación no solo se dirigió contra la coca, sino también contra los suministros de agua, los suelos y los cultivos de subsistencia en general, funcionando efectivamente como una forma de guerra química contra las comunidades rurales. En conjunto, estas dinámicas remodelaron las identidades de clase social y animaron a muchos campesinos a identificarse más fuertemente con la rebelión de las FARC.
Las FARC interpretaron esta coyuntura desde una perspectiva marxista, entendiendo el giro de los campesinos hacia la coca como un síntoma de una crisis más amplia del capitalismo global, arraigada en la extrema desigualdad de la tierra y la explotación de clases. En lugar de criminalizar la coca, trataron el tráfico de drogas como cualquier otro sector capitalista, sometiéndolo a impuestos y regulaciones. Al hacerlo, las FARC no solo aseguraron un aumento de los ingresos para financiar su proyecto político-militar, sino también una base social cada vez mayor entre los campesinos sometidos a violencia estructural y directa.
Sin embargo, la rápida expansión de las FARC durante la década de 1990 no puede explicarse únicamente por la generación de ingresos y el creciente apoyo de los campesinos. La reestructuración neoliberal también tuvo repercusiones más amplias. Dentro del propio proyecto revolucionario pasivo, surgieron tensiones entre las fracciones dominantes de la clase, lo que agravó la crisis de autoridad que se estaba extendiendo. Mientras que algunos se alinearon con una élite tecnocrática modernizadora y orientada al mundo global, comprometida con las instituciones liberal-democráticas y la integración en el orden mundial liderado por Estados Unidos, otros —en particular los sectores terratenientes— estaban profundamente envueltos en economías ilícitas y cada vez más alarmados por el avance de la guerrilla. Así, el proyecto neoliberal no logró estabilizar el poder ni asegurar la legitimidad, ni siquiera dentro del bloque de poder dominante. Esta fractura interna del proyecto estatal animó a sectores de la clase dominante a recurrir en mayor medida a la coacción, lo que se reflejó en el creciente apoyo de la política y la sociedad civil al terror paramilitar.
En esta coyuntura cambiante, el concepto de Antonio Gramsci de guerra de movimiento se vuelve decisivo para explicar el avance de las FARC. Gramsci entendía la guerra de movimiento como una confrontación directa por el poder estatal, posible gracias a una crisis de autoridad en la que el Estado gobierna cada vez más mediante la coacción en lugar de la hegemonía. Distinguía esto de una guerra de posición, una lucha a más largo plazo para construir una contrahegemonía en la política y la sociedad civil, centrada más en el consentimiento que en la fuerza.
Con el colapso de la legitimidad y la fractura del Estado, se abrieron nuevas oportunidades estratégicas para las FARC. Actuando en estas condiciones, la organización pasó a la ofensiva estratégica, dando prioridad al reclutamiento masivo, la expansión territorial y las operaciones militares cada vez más convencionales contra el Estado colombiano, abriendo corredores para tomar Bogotá.
Por lo tanto, la escalada de la guerra no fue el resultado de la «cartelización», una ficción despolitizadora que despoja al conflicto de sus fundamentos políticos y económicos internacionales y protege a las clases dominantes de su responsabilidad. La guerra se intensificó a través de un proyecto revolucionario pasivo diseñado por la élite que devastó las comunidades subalternas, fracturó el orden social y desencadenó una crisis de autoridad en todo el Estado integral, lo que hizo estratégicamente posible la rápida expansión de las FARC. Situada en su contexto político-económico internacional, la guerra pone de manifiesto lo que las narrativas oficiales han ocultado: la violencia política no fue una desviación de la modernización capitalista, sino un resultado constitutivo de un proyecto revolucionario pasivo a través del cual se produjo la modernización capitalista.
Oliver Dodd es profesor de Relaciones Internacionales y Estudios de Seguridad en la Liverpool John Moores University y codirector del Centre for the Study of Social and Global Justice.
Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.