Las elecciones presidenciales colombianas, del pasado 30 de mayo, se saldaron con una sorpresa: los candidatos favorables al presidente Álvaro Uribe se dispararon en la votación. El candidato del presidente, del Partido de la U, Juan Manuel Santos, a quien las encuestas daban un 37,5% de las preferencias, sacó casi diez puntos más. Y Germán […]
Las elecciones presidenciales colombianas, del pasado 30 de mayo, se saldaron con una sorpresa: los candidatos favorables al presidente Álvaro Uribe se dispararon en la votación. El candidato del presidente, del Partido de la U, Juan Manuel Santos, a quien las encuestas daban un 37,5% de las preferencias, sacó casi diez puntos más. Y Germán Vargas, de Cambio Radical, prácticamente triplicó el 3,8% que le daban las encuestas. Nada salió como preveían las encuestadoras más serias y los expertos multiplican las interpretaciones. Pero no he visto una que incluya lo que quizás sea la clave de los resultados inesperados: la narcopolítica.
Hace unos meses, Rafael García Torres, el exjefe de informática del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), el órgano de seguridad del gobierno colombiano, explicó en detalle como el narcotráfico y los paramilitares se adueñaron de la vida política en Colombia.
García Torres, parte de ese engranaje, huyó al sentir que su vida corría peligro. Pero, en su huída, habló largo y detalladamente.
Desde 1999 las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), que agrupa a paramilitares y grupos de narcotraficantes, «hicieron alianzas con políticos tradicionales de sus áreas de influencia, con el fin de apoderarse paulatinamente de la administración pública», aseguró.
Los efectos de esa alianza se hicieron sentir rápidamente.
«Para la elecciones legislativas del año 2002, celebradas en marzo, las Autodefensas lograron apoderarse de aproximadamente 40% de las curules del congreso», afirma García Torres. Y agrega: «De no haber sido por el apoyo paramilitar, Álvaro Uribe no habría obtenido esta victoria en primera vuelta», en las elecciones de ese año.
La historia vuelve ahora a repetirse. En las elecciones parlamentarias de marzo, los sectores uribistas lograron un cómodo triunfo. El Partido de la U, de los seguidores del presidente Álvaro Uribe, alcnazaron 25% de los votos, y los conservadores, aliados suyos, casi 21%, en unas elecciones en las que participaron apenas 44% de los inscritos.
«Las elecciones legislativas del pasado 14 de marzo son las más viciadas en una larga historia de fraudes y anomalías electorales en Colombia. Los resultados y el triunfo de la abstención, dejan importantes lecciones y alertas que no deben pasar desapercibida, dijo la escritora colombiana Maureén Maya.
Pero eso no es lo más grave. Citando a comentaristas colombianos, Maya agregó que, en esas elecciones «fueron elegidos 22 senadores que están en las investigaciones de la ‘parapolítica’ o son herederos de quienes están presos o condenados por estos delitos: 8 del partido de ‘la U’, 7 en el PIN, 5 en el Partido Conservador, 1 en Cambio Radical y 1 en el Partido Liberal. La influencia en la Cámara de Representantes es aún más grande…»
El PIN, un partido creado con reconocidos miembros de la narco y la parapolítica, logró un millón de votos en esas elecciones parlamentarias, lo que le valió 8 curules en el senado y 11 en la Cámara de Representantes.
Los nombres son bien conocidos y, en Colombia, cuando no hay quórum en el congreso, dice, en broma, que vayan a sesionar a la cárcel de La Picota. Ahí siempre hay quórum, porque senadores, diputados, ministros, embajadores, militares, los parientes más cercanos al presidente Uribe, incluyendo su hermano y un primo hermano, exsenador, están bajo investigación judicial o condenados por los crímenes de la parapolítca.
«En la primera administración de Álvaro Uribe (2002-2006) la burocracia, es decir los cargos y entidades, fueron distribuidos entre los congresistas recién elegidos que habían apoyado su candidatura. Esto dio como resultado que los cargos se distribuyeron entre los diferentes bloques de las autodefensas, puesto que esos congresistas, en su inmensa mayoría, le debían el haber conseguido esa curul en el congreso al apoyo paramilitar», afirmó García Torres en sus declaraciones.
En ese escenario, se celebraron el pasado 30 de mayo las elecciones presidenciales. Uribe no pudo competir, porque la Corte Constitucional rechazó su pretensión de convocar un plebiscito que le permitiera aspirar a un tercer mandato.
Nuevamente, ganó su candidato. Nuevamente votó apenas la mitad de los electores. Y el resultado no dejó de sorprender. Las encuestas, todas, daban un virtual empate entre el uribista Juan Manuel Santos, exministro de Defensa, y Antanas Mockus, exrector universitario y exalcalde de Bogotá, pero los resultados le dieron a Santos más del 46% de los votos, y apenas 21% de Mockus. Ambos irán a una segunda vuelta, que confirmará el triunfo de Santos.
«El establecimiento creó un candidato como Mockus para legitimar elecciones. Sabemos que fue ficticio y mediático su crecimiento», dijo la senadora Piedad Córdoba, para explicar el resultado electoral.
Colombia seguirá sometida a la narcopolítica, en medio de escándalos que no terminan, del descubrimiento de fosas comunes con 2.000 y 3.000 cuerpos de campesinos asesinados por los militares y los paramilitares, con 100 mil (algunos hablan del doble) desaparecidos, con índices de desigualdades sociales y pobreza solo comprables a los peores de América Latina, con una policía acusada de corrupción, de vigilancia y seguimiento a magistrados, periodistas y opositores.
La narcopolítica ha salpicado a todo el gobierno. Ciertamente, por eso, en Colombia se oye, cada vez con mayor frecuencia, que el jefe de todos debería estar sentado en el Tribunal Penal Internacional, acusado de crímenes de genocidio.
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