Mientras la oligarquía payanesa abre sus puertas al mundo para presentar un acto más en la circense tradición de su semana santa, conscientes del histórico conflicto social y armado que afronta nuestro país, recordamos con espíritu de lucha a las personas que hace cinco años sufrieron la masacre perpetrada por tropas militares y paramilitares en […]
Breve reseña de una masacre
La masacre ocurrida durante el mes de abril de 2001 se inscribe en la lista de actos de mayor barbarie en la reciente historia del departamento del Cauca. Durante varios días consecutivos, siendo los más cruentos «miércoles y jueves santo» 11 y 12 de abril, alrededor de 500 hombres pertenecientes a las tropas paramilitares del Frente Calima de las AUC en complicidad con soldados de la Tercera Brigada del Batallón Pichincha con sede en Cali incursionaron en las veredas de Patio Bonito, El Ceral, La Silvia, La Mina, El Playón, Alto Seco, Palo Grande y Río Mina, violentando y aniquilando a innumerables habitantes de la región bajo el manido argumento de que estos actuaban como colaboradores de grupos guerrilleros.
Las cifras exactas de cuantas personas fueron asesinadas nunca se conocieron, pero se considera que aproximadamente 100 habitantes nayenses murieron, siendo sometidos antes a brutales torturas; mientras que otros tantos se vieron obligados a desplazarse huyendo del terrorismo de estado.
Los hechos quedaron en la impunidad, muy a pesar de ser denunciados, inclusive comunicados y puestos en alerta ante organismos estatales meses antes de que sucediera la masacre. Como respuesta a largo plazo, en el gobierno de Uribe Vélez, que nada entiende de justicia, se aprobó abiertamente la legalización paramilitar mediante la ley de «justicia y paz».
Pero la historia no termina allí
En el año de 1993, durante el mandato presidencial de Cesar Gaviria, se ratificó la ley 70 que otorga libertades para fumigar con glifosato distintas áreas del país en las que se considere existen «cultivos ilícitos». A raíz de esta decisión la región del Naya fue asperjada y como consecuencia 28 niños murieron debido al veneno de la fumigación.
Posteriormente, en el mes de noviembre de 2005, sujetos armados, vestidos con prendas militares y encapuchados, ingresaron nuevamente por el municipio de Buenos Aires (Cauca) a la región del Naya. En el lugar La Mina quince de estos hombres, consumiendo drogas alucinógenas, indagaron de manera insistente por un líder social de la región y, a su vez, en el sector de Patio Bonito uno de ellos, respaldado por otros cien, abordó a varios de los habitantes que transitaban por el camino haciéndoles preguntas, tratándolos de manera amenazante e intimidatoria, acusándolos de tener vínculos con las guerrillas y constatando que sus nombres no se encontraran inscritos en un listado que tenía en mano.
Ante estos hechos las comunidades sentaron su voz de protesta, alertaron a las organizaciones de derechos humanos y demandaron a las autoridades nacionales tomar medidas necesarias para proteger la vida y la dignidad de quienes se encuentran en el lugar; sin embargo, salvaguardando sus intereses, tal como sucedió en el 2001, estos organismos poco hicieron al respecto.
¿Por qué el Naya?
Este salvajismo estatal que pretende exterminar la vida, la cultura y la memoria de quienes se oponen a su actuar devastador, tiene razón de ser en un sistema dominante que busca alcanzar la globalización y conservación de sus lógicas fundamentándose en el capital nacional y trasnacional.
La región del Naya ubicada entre los departamentos Cauca y Valle del Cauca, comprende un área aproximada de 190.000 hectáreas que limitan por el oriente con los cerros San Vicente y Naya, por el occidente con el Océano Pacifico, por el norte con el cambio de aguas de los ríos Yurumanguí y Naya, y por el sur con el cambio de aguas de los ríos Naya y San Juan de Micay. Su territorio comprende un bosque natural con potencialidades de tierras, agua, flora y fauna. Por su riqueza hidrográfica y su gran biodiversidad, los ojos del imperio, ocultos tras el inminente discurso del desarrollo, han estado y seguirán estando puestos en ella.
La idea de construir un Corredor Biológico Mesoamericano que iniciaría en México y terminaría en Panamá, atravesando el Chocó Biogeográfico y la Cuenca del río Naya, es uno de los proyectos por el cual más formas de violencia se han implementado en este territorio. Dicha propuesta, impulsada por el Banco Mundial (brazo económico del capital estadounidense) mediante un aporte de 25.000 dólares, es respaldada por instituciones como la Fundación Proselva, la transnacional Conservación Internacional y la Universidad del Cauca.
En este proyecto se encuentran implícitos fines relacionados con la entrada de empresas, organizaciones e instituciones multinacionales que propenden por la investigación «ambientalista», el «desarrollo» en infraestructura, la producción biotecnológica y el fomento de diversos macroproyectos.
A ello se suma la disputa que existe entre los habitantes del Naya y la Administración de la Universidad del Cauca, quien alega la posesión de estas tierras fundamentada en un decreto presidencial suscrito el 6 de octubre de 1827. En su artículo 5 el decreto en mención es claro: la universidad no tiene los derechos sobre el territorio, sino exclusivamente sobre una mina de la región; pero esta arguye lo contrario.
En una lectura equívoca, totalitaria más no ingenua, ligada a los intereses del Corredor Biológico Mesoamericano, del capital y del desarrollo, la universidad pisotea y desconoce la legitimidad del pueblo nayense como habitante y constructor de una región, una identidad, una cultura y un proyecto de vida que le otorga la facultad de proclamarse único y verdadero dueño de su territorio.
Fumigación, muerte, destrucción, intentos de desalojo y expropiación hacen parte de los innumerables mecanismos utilizados por el capital para redimensionar las formas de «ocupar» un territorio; sin embargo, frente a estas dinámicas de guerra y sostenimiento del sistema la comunidad nayense permanece en resistencia.
Una lucha por la libertad
La resistencia, entendida como una lucha que sienta sus bases en la defensa del territorio, la vida y la identidad de los pueblos, ha sido el camino por el cual los habitantes del Naya continúan avanzando para romper los lazos de opresión impuestos en su región.
Establecidos en diferentes procesos organizativos, afrocolombianos, indígenas y campesinos trabajan y se movilizan para exigir sus derechos. Desafiando la exclusión social y la continua persecución estatal construyen alternativas de empoderamiento orientadas a proteger su medio ambiente y sus recursos naturales, a consolidar el trabajo comunitario, a rescatar y reafirmar la cultura y la historia que los constituye.
En un grito de libertad, teniendo siempre presente la memoria de sus muertos, el Naya proclama: NO HABRÁ SILENCIO, NI OLVIDO.