El negacionismo que el gobierno Uribe ha puesto en práctica nos ofrece nuevas y aterradoras pruebas, aparte de la ya demostrada obsesión mantenida durante largos años, que desembocó en la situación cuyos detalles desconocemos, aunque su terrible resultado tenemos ante nuestras conciencias: la muerte el pasado 18 de junio de los once diputados del Valle […]
El negacionismo que el gobierno Uribe ha puesto en práctica nos ofrece nuevas y aterradoras pruebas, aparte de la ya demostrada obsesión mantenida durante largos años, que desembocó en la situación cuyos detalles desconocemos, aunque su terrible resultado tenemos ante nuestras conciencias: la muerte el pasado 18 de junio de los once diputados del Valle de Cauca que estaban, de hecho y jurídicamente, en poder y bajo la obligación de protección de las FARC, movimiento insurgente que les había privado de su libertad hace cinco años.
Esta organización guerrillera debe a las familias de los diputados y al pueblo colombiano una clara y cabal explicación de qué fue lo que sucedió. Debe hacerlo con entereza y coherencia. Le corresponde, siendo como es y se reclama: una parte fundamental del conflicto político armado, configurado a lo largo de estas cuatro décadas, en las que este hecho tan doloroso es apenas uno de cientos y miles sobre los cuales existe el pleno derecho a saber, de las víctimas y de la población en general, por afrontar las consecuencias más funestas.
Ese derecho a la verdad no debe separarse nunca del derecho a cultivar la inteligencia y la ética recabando la verdad acerca del conflicto. Uribe de raíz niega esa verdad, sobre las causas, los contextos y las derivaciones, una de ellas la misma doctrina que un régimen ha concebido y ha renovado para imponer su mortífera fuerza, dentro o fuera de su propia ley. Por eso, al igual que los seguidores del nazismo y de otros totalitarismos que han negado crímenes de lesa humanidad, Uribe se empeña en negar el conflicto en Colombia, o sea se propone afincar el negacionismo, para:
– ocultar ese pensamiento de seguridad y sus reciclajes en el que se han alimentado y sostenido en la impunidad las acciones sistemáticas de guerra sucia contra la población, usando el paramilitarismo entre otros instrumentos;
– encubrir la responsabilidad de quienes se han beneficiado del conflicto, ordenando el asesinato y el despojo, rentabilizando la rapiña de mil formas, que de mil formas ha normalizado tal crimen de Estado;
– rechazar el origen y el carácter social y político del conflicto, a fin de no intervenir sobre la naturaleza misma de la guerra, como confrontación surgida de causas históricas relacionadas con la crueldad del modelo económico, la exclusión social, la persecución política y el estado de sumisión a poderes neo-coloniales;
– impugnar recalcitrantemente que normas humanitarias y de regulación del conflicto sean aplicables, pues van en contravía de las líneas bélicas y belicosas (de Uribe), como la de vincular todavía más a la población civil a su plan de guerra (cuando la propia legislación del Estado colombiano ha reconocido en parte la valía del derecho de los conflictos armados o humanitario);
– objetar que sus oponentes armados son organizaciones políticas, tanto para refutar que tengan un proyecto determinado de sociedad y por lo tanto una propuesta de cara a una solución negociada al conflicto, como para prohibir que se les trate así, como interlocutores políticos, por la población y por terceros, bien dentro de Colombia, como por fuera: gobiernos, instituciones internacionales, redes globales, intelectuales, entes humanitarios, etc.
Este ha sido un gran equívoco en el que muchos han caído en estos años: creer que al anular en la letra los atributos políticos de la guerrilla, y pasar a llamarle terrorista, se está construyendo una sólida perspectiva de salida al largo conflicto armado y político. Tal calificación, que soslaya y fundamenta más crímenes e impunidades, la conocemos en el ámbito de los centros poderosos, como propia de una política internacional estadounidense y europea que no sólo aviva el fuego, sino que se contradice con sus propios enunciados realistas descendiendo al más presuntuoso oscurantismo (de esta misma matriz es lo que EE.UU. y la UE fijan respecto de Hamás en Palestina), pues en la realidad no sólo los hechos corroboran la condición política de la insurgencia, sino que es la propia realidad la que guía y obliga: si se le quiere interpelar a la guerrilla ética y políticamente por sus acciones, por este último y desgarrador hecho, por ejemplo, debe realizarse tal requerimiento no sólo reconociendo puntuales capacidades de diálogo, sino la propia entraña etico-política, pues están postulados por la insurgencia unos valores, que son justamente los que, en este momento y siempre, hay que enseñarle como despreciados o en entredicho cuando sus propias prácticas dicen lo contrario.
Tal diálogo desde el realismo que debe invocar el idealismo de la paz construida con la justicia social, que no aborta la realidad sino que la cimienta con sentidos, supone estar habilitado, no cerrando las puertas que luego la parte misma que niega debe forzadamente abrir, aparte de que para ello sería adecuado arribar con algún talante presentable (como el que se tendría en caso de no estar haciendo lo mismo en otra parte del mundo, por ejemplo la OTAN en Afganistán, donde mata semanalmente a civiles pobres, como en días pasados y desde hace años).
Tras lo sucedido con los once diputados inmolados, y no antes, un corto pero importante paso fue avanzado la semana pasada: los gobiernos de Francia, España y Suiza, propusieron a Uribe acudir a la Comisión de Encuesta, que es un organismo que el derecho de los conflictos armados prevé para investigar situaciones de infracción grave en una guerra con espantosas causas y consecuencias como la colombiana. Pero Uribe y sus asesores, como el reincidente José Obdulio Gaviria, dicen que no, pues ello supone reconocer un conflicto y una parte política en la oposición armada. Al aceptar esa propuesta, es cierto, gran parte del andamiaje totalitario que Uribe ha cualificado, empezaría a derrumbarse. Dice no en congruencia con su perversión, para que el negacionismo lo inunde todo y cristalice su tarea de muerte e impunidad. Aparece así como la condición sine quo non de la larga «solución final» que promete consumar. Las correspondencias con el embrión nazi no son casualidad. Ni son ficción alguna los muertos que tal obcecación produce y producirá.
Uno de los muertos recientes de una confrontación política y armada que se degrada, es el hermano de Ángela Giraldo, Gestora de Paz del Valle del Cauca, que en Asturias, España, en octubre de 2006 compartió con algunos de nosotros la situación de angustia y sufrimiento de los familiares de los diputados. Comprendimos su tormento, pues también allí se habló con la sensibilidad de miles de víctimas de violaciones a los derechos humanos cometidas por el Estado, dolientes de otras tragedias a las que Uribe también ha dado la espalda, como los detenidos-desaparecidos. El día 20 de ese mes tras el estallido de un carro bomba en Bogotá, Uribe volvió a ordenar sin miramientos el rescate militar de las personas retenidas por la guerrilla. Quienes compartimos mesa de ponentes con Ángela, sentimos la desolación que causaba una decisión tan brutal, y los efectos que tendría tarde o temprano. La huída del actual canciller colombiano Araujo y del policía Pinchao envalentonó a Uribe. Si el rescate militar hubiese sido un éxito, Uribe lo reclamaría como suyo. Si era un fracaso, negaría, que es lo que sabe hacer: negar. Ángela estaba de nuevo en Europa en encuentros para un Acuerdo Humanitario, cuando le ha llegado la noticia de la muerte de su hermano, en un conflicto que Uribe niega y en el que da órdenes de muerte. A Ángela y a los demás familiares de los diputados queda acompañarles con sinceridad, respeto y solidaridad.
Con ella y otras personas implicadas en la búsqueda de una paz con justicia, y específicamente en acuerdos para regular la confrontación, se suscribió la Declaración de Oviedo. En los puntos cuarto y quinto de ésta se expresó: » -Urge humanizar el conflicto y para ello el primer paso es que de forma inmediata se produzca el intercambio humanitario. Ningún acto violento por parte de los dos actores enfrentados debe ser un obstáculo ni justificación para dilatar e impedir su realización / Rechazamos cualquier tipo de acción militar que ponga en peligro la vida de las personas privadas de libertad / Hacemos un llamamiento a las partes a que den los pasos necesarios para posibilitar el intercambio humanitario que también puede abrir la puerta para acuerdos humanitarios más amplios que tengan como base el respeto integral al DIH; – La comunidad internacional, los gobiernos europeos, deben implicarse en el acompañamiento coherente en la búsqueda de la humanización del conflicto y de la solución política al mismo, y no intervenir bajo ningún concepto en alimentar la espiral de la violencia que supondría un mayor sufrimiento de la población».
España, Francia y Suiza no pueden recular tras lo dicho. La Comisión de Encuesta prevista en el artículo 90 del Primer Protocolo adicional a los Convenios de Ginebra de 1949, en medio de las lagunas del derecho convencional, es un medio aplicable en el caso colombiano, como la Comisión misma lo ha admitido, a condición de contar con el consenso de las partes contendientes. Y puede ser no sólo in casu, sino para más cuestiones y necesidades que rebosa esta fatídica historia, colmada de negaciones que reproducen la muerte. Y es obligación de la llamada sociedad civil, colombiana y europea, presionar para que aquellos gobiernos mantengan en alto y vigorosamente esa iniciativa y sea aceptada.
Las FARC deben también responder con transparencia a esta concreta demanda, sin más evasiones y evasivas. Y más en general deben dar a conocer al mundo y sustentar sobre qué principios han actuado y actuarán, si es que persisten con convicción de humanidad y no renuncian a su opción de lucha. Así sean precarias sus bases, deben discernir lo que el jurista defensor de rebeldes, Eduardo Umaña, denominó como juridicidad: las consideraciones y procedimientos que ha gestado y formula la insurgencia como parte de un proyecto de cambio de la sociedad en tal historia y contexto de confrontación. Porque si hay razones para la rebelión, cualquiera sea, hay límites de ésta que le dan justamente su valor moral, como Albert Camus lo expuso brillantemente.
En Oviedo, precisamente, pudimos recordar en el Encuentro aludido, que en otro tiempo el FMLN de El Salvador, entre otras insurgencias, dio a conocer unas normas propias, sobre sus métodos, medios y fines del combate a un sistema oprobioso. Las FARC deben sin más demora hacer explícito y público, en tanto resorte de una eticidad, el conjunto de reglas básicas que asumen, comenzando por las suyas, que le comprometen de plano y sobre las que puede establecerse un mínimo juicio. No debería contribuir a la barbarie que el negacionismo de Uribe resguarda, ni aumentar la distorsión de la realidad, ya suficientemente desfigurada por palabras como las arrojadas por el Senador Petro, del Polo Democrático, quien, con otros de su agrupación, ya no sólo condena la disensión armada, sino que se ha referido a las FARC una y otra vez como «los khemeres rojos de Camboya bajo el régimen de Pol Pot», señalando que esta organización alzada en armas vive un proceso de polpotización. Ese no es, o no puede ser, el relato y el testimonio de la rebeldía, cuya lucidez nace de los límites infranqueables, sin menoscabar con ello el derecho y la libertad de luchar, pese al cerco y a la derrota. Las FARC no pueden mirar más para otro lado, ni calcar el cinismo de su enemigo, pues como organización que se dice revolucionaria no puede ser más indolente ni causar más daño indiscriminadamente, a ciudadanos comunes, no poderosos, mientras en un país, de hambre y a la venta, los corruptos y asesinos se pasean en plena libertad para sus negocios.
Queda recordar al menos una bandera que la dignidad y la indignación que nacen de la verdad oponen a la perversión que nace del negacionismo: la que impotente ante los ciegos blindajes de las arrogancias, es agitada por quienes sufren los agravios, las ausencias, las mentiras, las iniquidades y la carga de los errores fatales. Esa bandera tiroteada, en las manos de quienes se duelen por las injusticias, será también con la que se are y siembre de memoria un futuro sin la ignominia de la tiranía:
«Señores Generales, señor Ministro, objetivo: ¡A la carga contra lo que nos queda de criminales!… Señor General Ballesteros: la Fuerza Aérea, la semana pasada, dio una noticia muy importante de la eficacia de sus operativos. No apague esos aviones, rellénelos de gasolina sin apagarlos, manténgalos bombardeando al terrorismo, para que puedan llegar auras de felicidad a las nuevas generaciones de colombianos». Discurso de Álvaro Uribe Vélez. 25 de junio de 2007. Escuela de Cadetes General Santander de la Policía Nacional.
Carlos Alberto Ruiz fue asesor de Comisión Gubernamental para la Humanización del Conflicto, Colombia