«En los mismos términos presentados por el Ejecutivo, la Comisión de Agricultura de la Cámara de Diputados aprobó, en general y en particular… el proyecto que prórroga hasta diciembre de 2018 la vigencia del DL 701, de 1974, sobre fomento forestal.» Con este párrafo, el portal de la Cámara de Diputados anunció, este miércoles, la […]
«En los mismos términos presentados por el Ejecutivo, la Comisión de Agricultura de la Cámara de Diputados aprobó, en general y en particular… el proyecto que prórroga hasta diciembre de 2018 la vigencia del DL 701, de 1974, sobre fomento forestal.»
Con este párrafo, el portal de la Cámara de Diputados anunció, este miércoles, la prórroga de la vigencia del Decreto 701 que subsidia el negocio forestal en todo el centro sur del país. Un repudiable anuncio, un inequívoco escupo en el rostro de las comunidades empobrecidas por la pérdida de servicios ambientales a causa de la expansión de las plantaciones forestales.
El Decreto de Ley 701 de 1974, es uno más de los emitidos por la Junta Militar y los civiles que otorgaron respaldo técnico. Éste consistió en el establecimiento de una bonificación para la plantación de árboles en suelos calificados como «de aptitud preferentemente forestal» junto a algunas exenciones tributarias para quienes se acogieran a este beneficio.
Según han expresado sus impulsores, el propósito de este instrumento fue favorecer la forestación en suelos requirentes de protección o de corrección, tales como los susceptibles a la formación de dunas o los que sufrían procesos de erosión. No obstante, en su texto dejaba muy pocas posibilidades para considerar un terreno no apto para forestar, afirmando que lo podían ser «todos aquellos terrenos que técnicamente no sean arables, estén cubiertos o no de vegetación, excluyéndose los que sin sufrir degradación puedan ser utilizados en agricultura, fruticultura o ganadería intensiva». Es decir, si algún terreno utilizado intensivamente no sufriera erosión, podría ser de los pocos eximidos de ser clasificado como apto.
La forestación, cuando se ha orientado al restablecimiento boscoso de un lugar, puede aportar en la conservación y recuperación del suelo, prevención de la erosión y en el almacenamiento y provisión de agua. Sin embargo, cuando se ha orientado a producir madera y subproductos para satisfacer las expectativas financieras de algunos y no las necesidades de la comunidad, la forestación ha provocado efectos inversos y este ha sido el caso del Decreto 701.
En documentos elaborados por instituciones del propio Estado, se ha afirmado que el propósito de su implementación ha sido promover la producción de materia prima para la industria maderera y de pulpa de celulosa que, desde mediados de la década de 1960, ya no tenía al bosque nativo como su principal abastecedor, sino que ya lo eran los monocultivos forestales. Ahí está su origen.
Trayectoria
El Decreto inicialmente estableció una bonificación del 75% de los gastos que los particulares incurriesen al momento de plantar árboles. Según constata la Dirección de Presupuestos (DIPRES) entre 1974 y 1997, se plantaron más de 1.700.000 hectáreas, casi todas con pinos radiata y eucaliptos, de las cuales 822.248 fueron bonificadas.
Hasta 1997, grandes propietarios accedieron a la bonificación. La escasez de terrenos disponibles bajo propiedad de las empresas forestales indujo a una reorientación de la entrega de este fondo hacia pequeños propietarios, estableciéndose para éstos una bonificación del 90% de los gastos de forestación para las primeras 15 hectáreas forestadas y un 75% a las restantes, inaugurando una nueva fuente de insumos madereros para las empresas, sin cargar con los riesgos de incendios y plagas propios de un monocultivo.
Pero el negocio no concluyó en la compra de la cosecha, sino que se amplió al de la operación en las diversas faenas bonificadas a los pequeños propietarios. Este nuevo nicho se originó en la incapacidad de éstos de solventar los gastos que estos trabajos implicaban, mientras no recibían la bonificación entregada luego de la realización de estas labores. De este modo, las empresas comenzaron a ofrecer sus servicios a cambio de la entrega íntegra de la bonificación y gran parte de la venta de la plantación a punto de cosechar. En el caso de una de las empresas pioneras en este negocio, ligada a Forestal Mininco, cobraba la bonificación más el 90% del precio de venta para la cosecha, además de controlar indirectamente el precio de compra de la madera.
En el transcurso de los 15 años en que estuvo vigente esta nueva normativa sufrió modificaciones que apuntaron a facilitar el acceso a la bonificación de pequeños propietarios, y a incluir nuevas faenas en la lista de reembolsos. Algunos de estos cambios fueron:
-La acreditación por parte de CONAF de consultoras privadas para la clasificación de suelos de aptitud forestal y sujetos a la bonificación. Si bien, no se encontraron estudios sobre el desempeño de éstas, es razonable dudar sobre su imparcialidad en tanto su rentabilidad está determinada por la rotulación de los terrenos.
-El 2011 se crea la figura del «mediano propietario» y se establecen nuevos tipos de bonificaciones. Para los pequeños, se asigna un 90% (desde entonces, la totalidad de su forestación estará sujeta a ésta); para los medianos, un 75%; para los grandes, un 50%.
-El 2010, el Decreto 701 se prorrogó por dos años más, concluyendo su vigencia el último día de 2012, por lo cual Sebastían Piñera, en octubre del mismo año envió a la Cámara de Diputados un proyecto de ley para «modificarlo y extenderlo» sin haberse aprobado durante su mandato. En el discurso del 21 de mayo de 2014, Bachelet anunció una nueva prórroga del Decreto y ésta es la que se acaba de aprobar en la Cámara de Diputados.
Condescendencia institucional
En el informe emitido por la DIPRES el año 2006 sobre el impacto del Decreto 701 se constatan situaciones reprobatorias respecto a su implementación sin ser suficientes para reorientarla.
El documento consigna errores en la tabla de costos de los procesos propios de la forestación y el manejo, provocando el pago excesivo, por parte del Estado, hacia grandes propietarios. Esto se explica porque las faenas sujetas a bonificación tienen menores costos para éstos, sin embargo las diferencias no se ven expresadas en su pago, accediendo a los mismos valores que los pequeños propietarios. También en la tabla de costos se detectó que procedimientos como el «subsolado con camellón» y la preparación de «microterrazas con escarificado» están duplicadas, induciendo a un pago erróneo por la misma acción.
La evaluación general del programa de bonificación, a través de la medición del «VAN (Valor Actual Neto) social», fue negativa por la no constatación de beneficios sociales y de externalidades positivas, al contrario de externalidades negativas, como la sustitución de bosque nativo que, entre 1980 y 1997, fue de 88.011 hectáreas avaluadas en 17.468 millones de pesos.
En la evaluación también se constata una «flexibilización de los criterios para calificar un suelo en condiciones de degradación, lo que implicó a partir del 2001 la ampliación de la superficie susceptible de bonificarse para todo tipo de propietarios. Esto en la práctica significa que, excepto los suelos de riego, todos los suelos de Chile son susceptibles de recibir la bonificación… favoreciendo en mayor medida los objetivos productivos que los ambientales…», consigna el estudio.
Los pretextos que han argüido los defensores de la industria forestal y no fueron refutados en este informe, han sido desmentidos por la realidad. La condición de nuestros territorios nos confirma que las plantaciones forestales bonificadas por el Estado no proveen ningún servicio ambiental propio del bosque, al contrario, los han hecho desaparecer acabando con la habitabilidad de los lugares que las soportan. En este sentido, puede concluirse que el propio Estado ha contribuido al agravamiento de la erosión, la pérdida y escasez de agua, el alza de la sensación térmica y disminución de la humedad donde se extienden monocultivos forestales, la pérdida de una fuente de alimentos o de provisión hídrica para su cultivo. O sea, ha auspiciado el empobrecimiento de la población.
Alto y reparación
El plan empresarial ya ha sido trazado y algunos de sus ejes, en la región del Bío Bío, son la remodelación de la Ruta 160 y la ampliación de la celulosa Arauco para producir dos millones cien mil toneladas de pulpa de celulosa, triplicando lo que hasta ahora se fabrica.
Es urgente restringir la industria forestal y establecer mecanismos de reparación del daño causado por ésta en lo social y ambiental. Es imperante restituir el bosque, para lo cual deben establecerse nuevos criterios de uso del suelo dirigidos a la conservación y al uso sustentable de éstos, poniendo fin a los monocultivos forestales. En cuanto a la bonificación que hasta ahora los incentivó, debe reorientarse a promover la recuperación del bosque, estableciendo los intereses comunitarios como único criterio rector.
La aplicación de estas medidas no será un favor de quienes todo este tiempo han cabildeado en representación de la clase empresarial, sino que sólo podrá ser producto de la lucha de las comunidades por su soberanía y su calidad de vida.
[AQUÍ PUEDES VER] Plantar Pobreza: El Negocio Forestal en Chile