El 24 de Octubre se publicó en el BOE la Orden Ministerial que dará forma a la Ley del Cine, aprobada por unanimidad en el Parlamento en 2007. Por primera vez en la historia de la democracia, el director del ICAA, Instituto de las Ciencias y las Artes Audiovisuales, que depende del Ministerio de Cultura, […]
El 24 de Octubre se publicó en el BOE la Orden Ministerial que dará forma a la Ley del Cine, aprobada por unanimidad en el Parlamento en 2007. Por primera vez en la historia de la democracia, el director del ICAA, Instituto de las Ciencias y las Artes Audiovisuales, que depende del Ministerio de Cultura, se vio obligado a hacer una defensa pública de su proyecto, concretado en esta Orden Ministerial. El acto tuvo lugar el mismo 24 de Octubre, en la sede de la Academia de Cine ante un nutrido grupo de gente del cine representativa de todas las disciplinas, productores, directores, guionistas, técnicos, distribuidores, y demás. Ignasi Guardans, el nuevo Director General del ICAA y militante de CIU, defendió un proyecto que pretende apoyar a la industria fomentando el riesgo y la competitividad, algo que, aseguró, será bueno para el empleo y para la defensa y promoción de la diversidad cultural.
Pero no se llegó a ese acto por casualidad. Semanas antes, un grupo de cineastas elaboraron un manifiesto de oposición a esta Orden Ministerial y recabaron más de 200 firmas. Argumentaban que el proyecto de Guadans atenta contra la diversidad cultural y que provocará la destrucción de no pocos puestos de trabajo. Entre los firmantes de este manifiesto, directores y guionistas, productores y críticos, y también técnicos, y algunos dirigentes del sindicato de Técnicos del Audiovisual y del Cine del Estado Español.
La importancia de esta Orden Ministerial radica en que establece nuevos criterios en el reparto del dinero que el Ministerio de Cultura destina cada año a la producción cinematográfica. El dinero público es fundamental para que el cine en el Estado español sobreviva, pero se entiende que los valores culturales deben constituirse en el criterio principal a la hora de decidir cómo se reparte este dinero, y más teniendo en cuenta que se trata del Ministerio de Cultura quien reparte. Pero el cine es un arte industrial, y eso lo ha sumergido siempre en contradicciones difíciles de superar. En este sentido el proyecto de Ignasi Guardans es muy claro. Establece criterios presupuestarios para determinar qué película es buena y, por tanto, merece recibir dinero público, dejando fuera a las películas de un presupuesto menor a dos millones de euros. Al mismo tiempo, aumenta la cantidad de dinero que va a poder recibir una película, a partir de lo cual se puede concluir que en el Estado español se van a producir muchas menos películas cada año y que el dinero que el Ministerio de Cultura dedica al cine se va a repartir entre las producciones de grandes presupuestos. Detrás de este proyecto no solo se encuentran algunos de los productores más importantes del panorama cinematográfico, auténticos «mandarines» del cine que siempre han actuado como si el Ministerio de Cultura fuera su propia casa, también se esconde la larga mano de las televisiones, que obligadas por ley a invertir una determinada cantidad de su presupuesto en cine, han dado un golpe sobre la mesa para poder reducir esta cantidad y controlar también qué tipo de cine van a financiar. No se puede olvidar que la Ley del Cine de 2007 y esta Orden que la desarrolla establecen que el Ministerio de Cultura destine parte de su presupuesto para subvenciones al cine a películas para la televisión, con lo cual no va a estar lejos el día en el que se financien desde el organismo estatal cuya función es la defensa de la cultura, productos televisivos que se enmarquen en el ámbito de lo amarillo o lo rosa, véase algunas de las películas televisivas que se han emitido últimamente, como Fago, El asesinato de los Marqueses de Urquijo o Paquirri.
El dogma liberal nos dice que lo que es bueno para las empresas es bueno para la sociedad en su conjunto. Esto es discutible. También lo es que reduciendo el número de producciones cinematográficas y subvencionando películas para televisión se esté defendiendo la diversidad cultural. El mismo dinero para menos películas supone que quien reciba recibirá más. El tema es de gran importancia. La concentración de poder en pocas manos es una mala noticia para la cultura y para la diversidad cultural. También para los trabajadores y trabajadoras. No se puede olvidar tampoco que producir menos películas va a suponer una sustancial reducción de puestos de trabajo, algo que fue negado rotundamente por Ignasi Guardans en su acto del 24 de octubre. El director del ICAA defendió, ante las acusaciones del secretario general de TACEE, el carácter social de su Orden, ya que según él, establece mecanismos para que los productores que incumplan el Convenio de la Producción Audiovisual no puedan recibir subvenciones. Sin embargo, hay que decir que estos mecanismos, de escasa eficacia, se aplican en el caso del cine de forma obligatoria, pero de forma voluntaria en las películas para televisión. Por otro lado, estas disposiciones ya se encuentran en la Ley del Cine y nada tienen que ver con el proyecto de Guardans.
Cabe añadir que el Convenio de la Producción Audiovisual, firmado por la patronal y los sindicatos mayoritarios a espaldas de TACEE, el único sindicato que tiene una implantación real entre los trabajadores y trabajadoras de la producción audiovisual independiente, ha sido impugnado por este sindicato por ilegal e injusto. Se trata de un convenio que somete a los trabajadores y trabajadoras a una situación de precariedad y de inseguridad crecientes, y que en algunos aspectos, como en la duración de la jornada laboral, puede llegar a provocar situaciones que superen incluso el marco definido por el Estatuto de los Trabajadores. El 17 de diciembre va a tener lugar en la Audiencia Nacional el juicio por esta impugnación, y aunque no parece fácil que se resuelva en favor de TACEE, esperamos que sirva para concienciar a los trabajadores y trabajadoras del audiovisual de la necesidad de organizarse y resistir ante los ataques de la patronal y del social-liberalismo de la izquierda institucional.
En resumidas cuentas, no se puede valorar esta Orden Ministerial del cine ni por su carácter social ni por su defensa de la diversidad cultural. Hay que interpretarla como una auténtica reconversión industrial del cine español, claramente liberal, que van a pagar los de siempre, los trabajadores y trabajadoras y los pequeños cineastas. Pero como toda reforma antisocial y regresiva, ha nacido acompañada de un movimiento de oposición que ha intentado articular un discurso crítico desde el primer momento. Cineastas contra la Orden forzó a Guardans a reunirse y a prometer cambios en la Orden, promesas que luego no cumplió en su totalidad. Le forzó también a ese acto público del 24 de octubre, un tipo de acto inédito hasta entonces en el ICAA. Guardans también se vio obligado a publicar la Orden Ministerial en el BOE antes de su aprobación en las instancias de la UE.
Cineastas contra la Orden hizo pública su intención de impugnar la Orden en los juzgados, con el argumento de que su letra contradice la letra de la Ley. Para llevar a cabo esta acción hay un plazo de dos meses desde la publicación de la Orden en el BOE, y Guardans quiso poner el tiempo de su parte. Le salió el tiro por la culata. Cineastas Contra la Orden envió un escrito de denuncia a la UE y ésta decidió retrasar la aprobación de la Orden hasta que no se esclarecieran las cuestiones planteadas en tal escrito. El señor Guardans se ha quedado con el culo al aire y ha provocado la paralización del proceso de concesión de ayudas al cine, ya que al haber publicado la Orden en el BOE quedó anulada la Orden anterior y, por tanto, sin base legal la concesión y convocatoria de subvenciones. Esta situación ha causado un gran revuelo mediático y ha empujado a los productores a lanzar insultos sobre Cineastas Contra la Orden, y a la Ministra de Cultura a salir en defensa de su Director General, quien guardó silencio ante la prensa mientras pasaba la tormenta. Ni que decir que la impugnación se va a llevar a cabo dentro del plazo establecido por la ley.
Ahora mismo la atención mediática en cuestiones relativas a la cultura se centra en el nuevo proyecto de Ley de Economía Sostenible y la defensa de los derechos fundamentales en Internet frente a una visión mercantilista de lo que deben ser los derechos de los autores culturales. Sin embargo, la lucha contra la mercantilización de la cultura que ha llevado a cabo Cineastas Contra la Orden sigue adelante. Se trata de un movimiento heterodoxo no especialmente politizado, pero que refleja perfectamente la posibilidad de articular resistencias al liberalismo allí donde sus consecuencias se sufren de forma más directa. La cuestión es romper con el discurso que pretende asociar estos procesos legislativos a los intereses de los trabajadores y trabajadoras. Estos están al lado de la libertad y la diversidad cultural, y ahí deben estar las organizaciones de clase.
Manel Barriere Figueroa es Secretario de Organización del Sindicato de Técnicos del Audiovisual y el Cine del Estado español (TACEE), firmante del manifiesto Cineastas Contra la Orden, y militante de En lucha.