El asesinato -hace diez años- del obrero de CICOLAC-NESTLÉ y dirigente sindical colombiano Luciano Romero Molina, sigue sin autoría intelectual. Sólo han sido condenados los autores materiales. Pero ¿quién ordenó su asesinato?, ¿quiénes se siguen beneficiando del genocidio sindical impune que le ha costado la vida a 3.064 sindicalistas colombianos? Luciano, quien contaba con medidas […]
El asesinato -hace diez años- del obrero de CICOLAC-NESTLÉ y dirigente sindical colombiano Luciano Romero Molina, sigue sin autoría intelectual. Sólo han sido condenados los autores materiales.
Pero ¿quién ordenó su asesinato?, ¿quiénes se siguen beneficiando del genocidio sindical impune que le ha costado la vida a 3.064 sindicalistas colombianos?
Luciano, quien contaba con medidas cautelares de protección ordenadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, estuvo refugiado en Gijón acogido por el Programa Asturiano de Atención a Víctimas de la Violencia en Colombia, fue asesinado el 10 de septiembre del 2005, medio año después de regresar al país.
El Fiscal General de Colombia, Mario Iguarán, intentó desviar la investigación afirmando en una reunión ante Rafael Palacios, Director de la Agencia Asturiana de Cooperación al Desarrollo -en el marco de una visita de verificación del estado de los derechos humanos- que fue un crimen pasional. Después los investigadores inventaron la tesis de que lo mataron para robarle el taxi.
En el crimen contra Luciano, practicado con sevicia y crueldad extremas, participaron elementos de un grupo narcoparamilitar de la extrema derecha en coordinación con agentes del Departamento Administrativo de Seguridad DAS, tenebrosa policía secreta que dependía del despacho del Presidente de la República, Alvaro Uribe Vélez. Además los paramilitares estaban financiados por empresas como CODEGAN, CICOLAC-NESTLÉ y PROLECHE, según confesó el jefe paramilitar SAlvatore Mancuso, extraditado por narcotráfico a los EUA.
La muerte de Luciano es un crimen de lesa humanidad pues forma parte de una persecución sistemática e impune que pretende el exterminio del sindicalismo Colombiano. Así lo reconoció el Juzgado 56 Penal del Circuito O.I.T. en un fallo del 31 de marzo/14.
Trece sindicalistas de Nestlé Colombia han sido asesinados, incluido Luciano . ¿Fatal coincidencia? ¡¡No¡¡ En esta empresa impera una cultura antisindical en la que es habitual la persecución por ser del sindicato. La empresa obligó a 200 obreros en el 2003 a renunciar al sindicato SINALTRAINAL, luego, mediante una maniobra, «vendieron» la empresa para recomprarla pero sin sindicalistas, imponiendo a los obreros no sindicalizados bajos salarios y contratos basura.
La justicia colombiana sigue eludiendo establecer la responsabilidad de las empresas en el genocidio sindical y en el caso del asesinato de Luciano la participación de Nestlé. Al circo de la impunidad se sumó la justicia Suiza y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que decidieron hace pocos días no investigarla, argumentando la prescripción de la acción penal, mientras los paramilitares continúan protegiendo a Nestlé, persiguiendo, amenazando y asesinando sindicalistas en su nombre.
Colombia no vive una situación de posconflicto y está lejos de conseguir una situación de «normalidad» en materia de respeto por los derechos humanos y sindicales, como lo pregona el gobierno colombiano y lo repiten los agentes de los monopolios en los gobiernos y en los medios masivos de comunicación . El movimiento sindical colombiano sigue en grave peligro pues continúa enfrentando con valor la impunidad, el saqueo de las materias primas y la sobre explotación de la mano de obra por parte de multinacionales que pagan terroristas y se benefician de la guerra sucia y del genocidio sindical.
Por eso se ha llevado el caso impune del asesinato de Luciano ante la Corte Penal Internacional en La Haya.
La denuncia, la solidaridad internacional y la acción valiente de los sindicatos y organizaciones sociales colombianas lograrán pararle los pies a las multinacionales minero-energéticas y agroalimentarias, impulsoras y beneficiarias del terror y del despojo. En esa larga lucha sigue siendo necesario mantener y fortalecer el Programa asturiano de acogida a sindicalistas y defensoras de derechos humanos amenazados de muerte en Colombia, acción ejemplar de cooperación orientada a defender el derecho a la vida, la paz, y la vigencia de los derechos humanos.
Colectivo de Colombianos-as Refugiados-as en Asturias «Luciano Romero Molina».
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